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Descarga de frustración contra escuelas


Violencia en la educación

Frustración, cambios en el mercado laboral y escuelas sin recursos. Estos son algunos de los argumentos que manejan sociólogos para explicar la violencia contra los centros educativos. Las autoridades lo relacionan con una violencia generalizada.

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En solo una semana cuatro centros educativos fueron robados o destruidos, dejando sin clase a más de 1.000 niños.

El caso más notorio fue el de la escuela de Flor de Maroñas, donde un grupo de jóvenes alcoholizados y drogados irrumpieron en la mitad de la madrugada del domingo 22 a robar lo poco que pudieron encontrar. En su camino, incendiaron cinco salones, dejándolos totalmente inutilizables.

El martes fue el turno de un jardín de infantes del Cerro, que fue robado y vandalizado. Y el viernes le tocó a una escuela del barrio Maldonado, que resultó con vidrios rotos y grafitis en las paredes. (Ver página A10)

Todo indica, además, que este no será el último caso.

“Hay una sociedad más violenta y más transgresora que se expresa con comportamientos hacia instituciones, edificios o eventos: el incendio a un contenedor, la violencia en una cancha de fútbol, los desbordes en un concierto de rock o el vandalismo en una plaza”, ejemplificó el director de Primaria, Héctor Florit.

Según Florit, estos actos de vandalismo responden a cambios que la propia sociedad está experimentando.

“Son manifestaciones de una sociedad contemporánea que, tanto en Uruguay como en otros países, tiene señales de debilitamiento de las identidades colectivas”, dijo.

“Las escuelas son espacios públicos que están en todos los barrios y no es de extrañar que un servicio que tiene 2.350 locales tenga el mismo nivel de violencia y vandalismo que otras instituciones”, agregó.

Frustración.

En este sentido, sociólogos coinciden en que las escuelas ya no cumplen con las expectativas que la sociedad deposita en ellas, lo que genera frustración en las personas.

“El ideal de la escuela como promotor de posiciones de ascenso social cae”, dijo a El País la socióloga Nilia Viscari. Según la investigadora, hasta la década de 1960 el ascenso social estaba relacionado con la permanencia en el sistema escolar.

“Con el estancamiento económico, este ascenso social de aquellos que se titulan en la enseñanza media superior y la universidad difícilmente ocurre”, explicó Viscari.

El sociólogo Luis Eduardo Morás coincide. “Existen importantes sectores que no encuentran las respuestas adecuadas a sus problemas” en las escuelas, afirmó.

“Yo le `toqué` (prendí) fuego a la escuela”, dijo uno de los jóvenes que incendió el local de Flor de Maroñas. Este, al igual que otro de los jóvenes que ingresaron esa noche al centro educativo, habían cursado toda la Primaria en la institución.

Hoy, con 20 años, el joven ya no vivía con su familia (hoy está procesado), tiene problemas con el consumo de drogas y ya había sido acusado de incendiar la casa de una vecina. Estaba apartado del sistema.

“La institución escolar encuentra grandes dificultades estructurales y civilizatorias para cumplir su finalidad histórica”, explicó Morás. “Culminar la educación Primaria e incluso el primer ciclo de Secundaria ya no asegura a los sectores más pobres el acceso a un empleo formal y digno. Posiblemente, esa pérdida de respeto a la institución se relacione con el deterioro del rol instrumental que tuvo la escuela en el pasado”, explicó el sociólogo.

Sin embargo, además de su función histórica, la escuela tiene hoy otra carga que es difícil de cumplir.

“Se le agregaron funciones que exceden largamente la posibilidad de satisfacer (…) Se espera que los maestros eduquen, socialicen y continenten situaciones complejas, cubriendo los déficits familiares y comunitarios”, dijo Morás.

En pocas palabras, se trasladan funciones que antes cumplían las familias al propio centro educativo.

“Es una demanda exagerada e injusta para un educador que no está preparado para esas tareas y, a la vez, es también fuente de frustración para los padres que esperan algo que una maestra no puede brindar”, agregó.

Respeto.

Y, mientras algunas generaciones atrás los padres respetaban y respaldaban la palabra de los maestros, hoy algunos se enfrentan a estos hasta con los puños.

Sucedió, por ejemplo, en el barrio Maroñas, donde una madre, molesta porque una compañera de clase le habló mal a su hija de cinco años, arribó al centro educativo, amenazó y forcejeó con la maestra.

Este fue el cuarto episodio de este tipo ocurrido desde que comenzó el año lectivo el 10 de marzo.

“Los padres, cuando observan que los profesores o maestros dan señales que ratifican el fracaso escolar por vía del maltrato a los alumnos, del rechazo al diálogo con el padre o su mala atención en la escuela. Devuelven esta violencia estructural agrediendo a la escuela”, explicó Viscardi. “Esta agresión significa un rechazo a la condición social que la escuela no modificará”.

“Habría que preguntarse qué significan los maestros y el sistema educativo para aquellos a los que excluye”, cuestiona, por su parte, la socióloga Marcia Barbero.

“Esto no justifica la agresión, solo quiero señalar que quizá la agresión sea una forma -mal tramitada- de canalizar reclamos”, agregó.

Según Barbero, “muy probablemente la consideración social de la profesión como la de la institución se hayan modificado”, y aclaró que esto no se ciñe solamente a la educación pública.

Para prevenir estas situaciones, explicó, el centro educativo no tendría que expulsar al diferente, la educación debería recobrar sentido y las instituciones deberían trabajar en el sentido de pertenencia.

http://www.elpais.com.uy/informacion/descarga-frustracion-contra-escuelas-vandalismo.html

PUNTO FINAL A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES


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Gritar a los hijos empeora su conducta y los vuelve agresivos


CIENCIA

Investigadores analizaron a más de 900 jóvenes entre 13 y 14 años de Estados Unidos, los que al ser interpelados por sus padres con gritos y ofensas, tenían más síntomas depresivos y problemas de comportamiento.

5228ab67163d8En la actualidad, los padres no suelen recurrir al castigo físico para disciplinar a sus hijos adolescentes. Pero sí es bastante habitual que usen un lenguaje duro para hacerlo: gritan o descalifican cuando no saben controlarlos.

El problema es que en ambos escenarios lo que sucede es que el menor empeora su conducta, se pone agresivo y se ve afectado por síntomas depresivos. Esto es lo que concluye una investigación realizada por las universidades de Pittsburgh y Michigan, en Estados Unidos, cuyos resultados publicó ayer la revista Child Development.

Según los autores, trabajos anteriores demuestran que la mayoría de los padres recurre al maltrato verbal de sus hijos en algún momento de su adolescencia.

Lo que el estudio demuestra es que lejos de reducir el problema de conducta, el uso de palabras hirientes lo agrava. De hecho, producto de este maltrato, muchos adolescentes terminan participando en conductas vandálicas, antisociales y agresivas.

Saber poner límites

Lo que explica esta situación es que los padres, cuando se sienten desesperados, recurren a una malentendida disciplina, ya que no saben poner límites a sus hijos.

 

Elías Arab, psiquiatra de la Unidad de Adolescentes de la Clínica Las Condes (Chile) cree que también es un error tratar de poner límites suplicándole a los hijos que obedezcan. “El límite debe ser una instrucción clara, precisa, firme y consistente”, dice el especialista.

Por ejemplo, si se le pone al hijo o hija una hora de llegada y no la cumple, la próxima vez no sale. Y se hace así. Arab advierte que, en todo caso, los límites deben ser pocos. “Del tiempo que pasamos con nuestros hijos, no más del 20% debe estar dedicado a esto. El 80% restante es para compartir, y no caer en eternos sermones con amenazas y chantajes”, añade.

Para Alfonso Cox, psicólogo clínico de niños y jóvenes, el castigo verbal “crea una situación en la que es difícil para el niño defenderse, y que le causa daño en su estima y también dolor psicológico”.

Según explica, “los gritos, insultos y descalificaciones dan cuenta de que el adulto se quedó sin herramientas educativas, ya que este maltrato no es una disciplina formadora”. Para Cox, un grito puede inhibir una conducta, pero no hay un aprendizaje del comportamiento deseado”.

Lo bueno, dicen los expertos, es que este problema puede revertirse, buscando un acercamiento con el hijo, llegando a acuerdos y compartiendo más tiempo.

http://www.elpais.com.uy

Derecho a saber, y a saber qué hacer


ANÁLISIS

En nuestro país, los delitos sexuales, desde el atentado violento al pudor a la violación, son más comunes de lo que se cree. Detrás de cada una de esas historias, que solo a veces se transforman en noticia, encontraremos mucho miedo, dolor, sensaciones de indefensión e inesperadas repercusiones en las vidas afectadas, que probablemente nunca conoceremos. La información no siempre se divulga.

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Merece una reflexión aparte la actitud casi permanente de las autoridades de no informar a las comunidades involucradas cuando se cercioran de que están frente a un potencial violador serial que, por sus características, merece estar en el conocimiento de las potenciales victimas, por su propia seguridad.

Parece necesario que exista una estrategia comunicacional que hoy es inadecuada en esta materia. Uno se sorprende que ante la noticia de la existencia de ataques por parte de un violador, con un patrón de conducta similar en determinada zona geográfica, no se informe en tiempo y forma a la sociedad. Y que tampoco se divulgue cuál es la ruta que debe seguir una víctima luego de un episodio de esta índole.

Por eso, aquí van algunas pautas básicas:

Dar noticia a la familia apenas llegue al hogar.

Dar noticia a la policía y traslarse a un centro asistencial, o en su defecto requerir la presencia medica donde esté.

Se debe conservar, en una bolsa de nylon, toda la ropa que tenía puesta la víctima cuando ocurrió el hecho. Es fundamental para obtener evidencia.

Pueden existir indicios relevantes en el cuerpo de la víctima para identificar al agresor y deben ser recogidos profesionalmente por el medico. Por lo tanto, se recomienda no higienizarse hasta haber pasado por las revisiones necesarias.

En cualquier servicio médico ofrecerán la orientación y apoyo necesario. Los médicos deberán tomar las muestras que se requieran para proteger indicios, así como aquellas acciones que verificarán el estado de salud integral de la persona afectada.

Requerir apoyo psicológico especifico, para el probable tránsito en ámbitos judiciales.

*Psicólogo especializado en perfiles criminales; ex comisario de Policía

 

http://www.elpais.com.uy

Análisis político de la semana


Los uruguayos y la violencia social

La sociedad, aquí y en el mundo, está cada vez más violenta. Lo vemos en los espectáculos deportivos, en la convivencia callejera, en los centros de enseñanza, en el interior de los hogares, en la forma en que se materializan robos, asaltos, en los homicidios, en los que la gran novedad de este 2012 que culmina, han sido los “ajustes de cuenta”

Los accidentes de tránsito, y las “picadas”, se enmarcan en estos fenómenos, en los que la “pulsión de muerte”, triunfa tantas veces, y hasta el final. Las raíces de estos hechos son variadas, y el deterioro en los lazos de convivencia acumula varias décadas, con algunos mojones importantes (pensemos en las secuelas de las crisis de 1982, y del 2002, en que la cosmovisión neoliberal era hegemónica en los círculos gobernantes).

El 20 de junio, el gobierno enfrentó el tema, dio a conocer un documento (“Estrategia por la vida y la convivencia”), propuso 15 medidas (una, la de la “legalización de la marihuana”, para frenar al enemigo principal: la pasta base y, detrás, el narcoterrorismo), y convocó a todos, a una reflexión responsable. “La seguridad y la convivencia democrática, avanzan con más y mejores escuelas o empleos –señalaba el documento presentado-, pero ello no es suficiente. Tampoco avanzan únicamente con el incremento de penas, más policías en las calles y personas encarceladas. Es necesario articular un conjunto de acciones que logren un equilibrio dialéctico y una síntesis, que permitan revertir una tendencia basada en la intolerancia que se ha profundizado en la sociedad uruguaya”.

Eso es lo que se ha venido haciendo: recuperar o construir espacios públicos, desarrollar mesas de seguridad y convivencia, impulsar proyectos de integración comunitaria (fomentando del deporte), agravando penas en el caso del tráfico de la pasta base, la corrupción policial y la minoridad infractora; creando un fondo de indemnización para las víctimas de los delitos más graves (lo administra el BPS, y las pensiones rondan los 15 mil pesos), haciendo que la unidad especializada en seguridad en el tránsito (Unasev), que ahora dispondrá de helicópteros nuevos, para el traslado rápido de heridos, desarrollara una acción preventiva más eficaz (en 2012, disminuyeron en 130 las muertes, y hubo 4 mil heridos menos, respecto al año anterior).

Pero el hecho de mayor proyección histórica, ha sido que el aparato del Estado responsable de prevenir y conservar el “orden público”, inició una reestructura operativa y un despliegue, a partir del 3 de enero, sin antecedentes. Como el 96% de los delitos violentos se concentran en el área metropolitana de Montevideo, los cambios de dieron en ese territorio. El modo organizativo vigente desde la década de 1930, fue sustituido por otro: la capital del país, fue subdividida en cuatro zonas, en cada una de las cuales, están las seccionales (con otros roles), e investigaciones (antes concentrada en San José y Carlos Quijano). Un nuevo Centro de Comando (con una tecnología avanzada), recibe denuncias (teléfono 911), monitorea (tele-vigilancia; móviles con GPS), y coordina. La institución, aparte de renovar íntegramente su equipamiento en comunicaciones, incorporó más vehículos (patrulleros, motos), posee más personal (450, en una primera etapa), y todo está siendo controlado por un sistema satelital. La Policía Técnica, recibió, además nuevos equipos, y se avanzó en la creación de oficinas especializadas (un ejemplo es Crimen Organizado e Interpol, tan exitosa en el caso de los “enfermeros asesinos”).

El 18 de diciembre, Día de la Policía, fueron inauguradas dos nuevas comisarías: la 25 en camino Maldonado y Susana Pintos (existían 24 seccionales desde 1978), y la 28, en la ruta 102 (Colonia Nicolich, Canelones). En una ceremonia cumplida ese día en Plaza Independencia, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló que en el 2012, si bien aumentaron los homicidios, a partir de julio, se notó un freno en los hurtos (10% menos), el abigeato (11%), y hay un claro descenso en los accidentes de tránsito (casi 30% menos).

En un libro que publico días antes (“Reforma penitenciaria. Plan, acción, evolución”) el funcionario afirmó que “(la seguridad y todo lo que ella engloba) en nuestro país, y en particular en el ámbito político, se ha constituido (para la oposición), en una herramienta para capitalizar e incidir en el electorado”, lo que representa “un verdadero éxito del gobierno”. Invocando una reflexión del politólogo Luis Eduardo González, dijo que “ello se da, porque el gobierno ha logrado solucionar los problemas de primordial preocupación en la ciudadanía: el empleo, la mejora del salario, las jubilaciones y las políticas sociales”. Uruguay, recuerda, sigue conservando “los índices más bajos de inseguridad en la región”. El libro, reúne parte de la información sobre los cambios producidos en el ámbito carcelario en los últimos años. Es su respuesta, por escrito, a la decisión de los blancos, que en la interpelación del 5 de junio se fueron de sala, al considerar “una tomadura de pelo”, que durante horas, Bonomi explicara qué planes estaba ejecutando su cartera. Para el ministro, esta actitud fue “vergonzosa” y demostrativa del electoralismo dominante.

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