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Sumario de ASSE a una médica es anulado por demorar cuatro años


FALLO

TCA consideró que violó el derecho de la profesional a ser juzgada en plazo

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En momento en que el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fue cuestionado por pretender sancionar a un médico que denunció carencias en un hospital –y luego debió dar marcha atrás–, el organismo recibió otro golpe a su actuación. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló un sumario que ASSE le inició a una médica debido a que se prolongó por cuatro años, plazo ilegítimo y violatorio del Pacto de San José de Costa Rica, que consagra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

El sumario se inició en mayo de 2006 para determinar la eventual responsabilidad administrativa de la médica en la atención a una paciente que falleció en el hospital Maciel. En 2007, el sumario se amplió. En julio de 2010 la médica pidió a ASSE la clausura del sumario puesto que hubo varios dictámenes que aconsejaron el archivo de las actuaciones. A partir de ese momento, el proceso sumarial quedó paralizado.

ASSE, por su parte, justificó la demora en que se trató de un procedimiento excesivamente confuso y en que se realizaron pericias con conclusiones opuestas.

En la sentencia a la que accedió El Observador, el TCA señaló que ASSE incumplió “su deber de instruir y resolver en plazo los recursos administrativos” y por lo tanto violó el Pacto de San José de Costa Rica.

En este caso, la profesional estuvo más de cuatro años bajo sumario administrativo, con suspensión preventiva y retención total de haberes.

El médico que ASSE designó instructor del sumario concluyó primero que la médica “había incurrido en una falta administrativa grave”.

Ante esa conclusión, se le dio traslado y la médica propuso nueva prueba en su defensa. En noviembre de 2007, se amplió el sumario. “A la luz de los nuevos elementos de juicio disponibles, las conclusiones del sumariante variaron radicalmente”, afirmó la sentencia. Finalmente el médico sumariante pidió “que no se aplique sanción a ala sumariada al no haber existido falta administrativa grave”.

Luego, la Comisión Honoraria de Salud Pública (encargada de resolver sobre casos de denuncias de mala praxis) emitió un dictamen en el que concluyó que “la actuación de la profesional no fue la apropiada”.

El documento volvió al Departamento de Sumario de ASSE y de allí al sumariante, quien ratificó lo ya dicho en el sentido de que no correspondía responsabilizar administrativamente a la médica.

Aún así, el sumario siguió tramitándose hasta que en 2010 la profesional pidió el archivo, y ante la falta de respuesta de ASSE recurrió al TCA, organismo que le dio la razón.

“Por lo tanto, aun si se entendiera que no existe un plazo reglamentario vigente y aplicable al caso que nos ocupa, que consagre la caducidad de la pretensión punitiva del Estado (“caducidad del sumario”), correspondería elucidar si el procedimiento disciplinario seguido contra la actora ha tenido una duración que quepa calificar como de razonable”, expresó el TCA.

Agregó que el proceso disciplinario debió durar como máximo dos años ya que es lo que establece el artículo 223 del decreto 500 de 1991.

“Es evidente que, constatada la caducidad del procedimiento sumarial, el Directorio de ASSE debió ordenar la clausura y el archivo de las actuaciones. Sin embargo, ni siquiera examinó el petitorio” de la médica, expresó el fallo.

Volviendo al Pacto de San José de Costa Rica, el TCA opinó que los criterios de duración razonable del debido proceso se aplican también a los procesos administrativos, y citó jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A juicio del TCA , ASSE no puede plantear, como lo hizo, que la participación de la médica demoró el proceso. “Basta con repasar el expediente para advertir que la sumariada propuso una sola vez” pruebas y ello “no supuso ningún obstáculo para su avance”.

“La complejidad de las actuaciones involucradas en el sumario no resultaba un obstáculo para que ese se desarrollara en un tiempo razonable. Y menos aún, para que el procedimiento se dilatara por más de cuatro años”, expresó el fallo.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/291940/sumario-de-asse-a-una-medica-es-anulado-por-demorar-cuatro-anos/

Washington Lauría: “Los médicos que no tienen objeción de conciencia del aborto se van a sobrecargar”


CATEDRÁTICO DE GINECOLOGÍA

El especialista formó parte del grupo que presentó un recurso de nulidad ante el TCA

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El grupo de 100 médicos que solicitó el año pasado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la nulidad de del decreto que reglamenta la ley de Interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la suspensión de once artículos del mismo decreto tuvo casi un año después un fallo preliminar. Hace dos días se conoció que el TCA suspendió la ejecución de diez de los once artículos. El ginecólogo y profesor titular de la Clínica de Ginecotocología B del hospital de Clínicas, Wáshington Lauría, calificó la resolución como un “reconocimiento de la justicia uruguaya” y admitió que, sin la objeción de conciencia tal cual estaba planteada, el número de abortos realizados puede disminuir. A continuación, una síntesis de la entrevista con El Observador.

¿Todo ese grupo de médicos está en contra de la ley o solo de la reglamentación?

Dentro de los que impugnábamos la ley hay opiniones muy dispares. Algunos objetamos el IVE por lo que es el IVE en sí, y otros que lo objetaban porque la ley adolecía de un montón de fallas jurídicas, que fue lo que tuvo en cuenta el TCA. Se llegó a decir en ámbitos del Ministerio de Salud Pública que los jefes de servicio no podíamos tener objeción de conciencia. Después no se repitió más, pero en una reunión se dijo. Se habló también de regular la objeción de conciencia. Hasta se nos llegó a decir desde el MSP que corríamos el riesgo de ser denunciados por los pacientes si dejábamos en claro nuestra opinión. Después se habló también de regular la objeción de conciencia.

Si no todos estaban en contra de la ley en general, ¿qué buscaban con pedir la nulidad de algunos artículos?

Recuperar los derechos del médico en la consulta, que tengamos una objeción de conciencia real y que actuemos en la entrevista médica con el paciente de acuerdo a nuestro real saber y entender dentro de lo que marca la ética y la moral.

¿Le ha tocado derivar algún caso a otros médicos?

Sí, claro. Pero había un problema con eso y es uno de los artículos que objetamos: la objeción de conciencia estaba un poco dirigida. Si yo estoy en contra del IVE, ¿por qué tengo que pedirle la ecografía, el grupo sanguíneo, el RH y después derivar a un grupo? Yo me puedo negar perfectamente si estoy contra. Eso fue lo que tuvo en cuenta el tribunal.

Uno de los artículos que pidieron anular fue el de objetar por escrito. ¿Por qué consideraban que limitaba sus libertades?

Yo creo que los que estamos convencidos 100% no tenemos problema. El problema es que a lo largo de la carrera médica hay gente que se siente más presionada o menos presionada. Y lo que hacés por escrito, escrito queda. Es un documento que queda y se empiezan como a confeccionar listas de quién objetó y quién no.

¿Había miedo de que existieran presiones al dejarlo por escrito?

No a los que somos mayores, pero sí en los más jóvenes. Uno se puede negar a un hecho verbalmente; no hay por qué dejarlo por escrito, que es lo que ampara ahora una de las resoluciones del TCA.

¿Considera que esto va a bajar la cantidad de abortos que se practiquen?

Eso se puede dar, sí. Yo creo que muchas de las conductas del ser humano desde el punto de vista del cuidado de su salud dependen de la información que reciba. Si uno asesora correctamente ayuda a que se elija en un sentido o en el otro. Se va a sobrecargar a la gente que no tiene objeción de conciencia y que se dedica a hacer las interrupciones voluntarias del embarazo.

¿Cuánto puede influir su concepción sobre el aborto en la decisión de una paciente?

Depende cuán convencidos estemos. Tampoco hay que hacer un uso deshonesto del conocimiento para influir sobre esa persona.

¿Por qué solicitaron la nulidad del artículo sobre los casos en los que se puede practicar un aborto?

Porque es muy genérico.  Nosotros queremos casos más estrictos, más restringidos. Científicamente comprobables.

Cuando se comenzó a aplicar la ley, muchos médicos no la conocían. ¿Eso sigue pasando?

Sí. No tenemos que mentirnos, existe la comodidad del ser humano. Entonces,  si alguien no conoce puede pensar que es más fácil abstenerse que aplicarla.

¿La Facultad de Medicina se va a pronunciar sobre este tema?

De ninguna manera. Esto no es una posición de la cátedra, ni de la Facultad de Medicina. Son posiciones personales. Somos un grupo muy heterogéneo: hay algunos catedráticos y hay profesores.

Claves

Nulidad

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) suspendió la aplicación de once artículos del decreto que reglamenta la ley de Interrupción voluntaria del embarazo, relacionados con la objeción de conciencia.

Reclamo

El año pasado, un grupo de 100 médicos había presentado la solicitud de que los artículos se suspendieran. También impugnaron todo el decreto.

Preliminar

El fallo del TCA suspende la ejecución de diez artículos del decreto como medida cautelar. Aún falta que el TCA se pronuncie sobre la nulidad que puede hacer caer todo el decreto o puede restablecer estos artículos suspendidos.

Grave

 El TCA consideró que los artículos de objeción de conciencia generaban un daño “grave” a los profesionales.

Derivar

Los médicos que se opongan a realizar un aborto siguen estando obligados a derivar el caso, pero no tienen que participar en ningún paso del proceso.

Escrito

Con la derogación de los artículos la objeción de conciencia ya no debe constatarse por escrito.

Derecho

Según establece la sentencia del TCA, es un derecho “fundamental” que se reconozca la objeción de conciencia.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/289995/washington-lauria-los-medicos-que-no-tienen-objecion-de-conciencia-del-aborto-se-van-a-sobrecargar/

MSP presentará recurso por fallo contra el aborto


SMU PIDE NO NEGARLE LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES

El MSP presentará un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para que revea la suspensión de 11 artículos del decreto reglamentario de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tras el reclamo de 100 ginecólogos.

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Ley de interrupción voluntaria del embarazo se votó en ambiente reñido. Foto: L.Carreño.

“En menos de una semana vamos a presentar un recurso”, informó ayer a El País el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo. “Todo está siendo estudiado por el departamento de jurídica. Recién hoy (por ayer) nosotros nos enteramos del fallo, y nos pusimos a trabajar con la celeridad que corresponde”, explicó.

De todas formas, Briozzo advirtió que “si se confirma el fallo, habrá que hacer los cambios correspondientes al decreto” que reglamenta la ley. Pero aclaró que ello “no significará grandes cambios” y resaltó que el sistema “seguirá funcionando normalmente”.

La suspensión de los artículos del decreto reglamentario que dispuso el TCA implica una ampliación en lo que respecta al alcance de la objeción de conciencia de los médicos ante la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La decisión habilita a los médicos a abstenerse en participar de todas las actividades preparatorias o posteriores a la realización de un aborto.

Los profesionales tampoco estarán obligados a firmar el formulario IVE, lo que debía hacerse en la primera consulta para que se procediera al proceso que terminaría en la interrupción del embarazo. También quedarán liberados de presentar por escrito su objeción de conciencia ante el prestador para el que trabajan.

Igualmente se suspendió el artículo que no permite a los médicos exponer su experiencia profesional y sugerir alternativas al aborto, para hacer a la paciente torcer su decisión.

De todas formas, sobre este punto, Briozzo advirtió que aunque el artículo 12, el que fue suspendido, manifiesta que “la intervención del equipo será el asesoramiento en temas técnicos con encare de disminución de riesgo y daño, sin la imposición de las convicciones filosóficas o personales de sus integrantes”, el artículo 2, que no fue suspendido, advierte que “se deberá promover el respeto a la autonomía de la mujer” y que “el personal de salud interviniente debe abstenerse de imponer sus valores y creencias, así como sus visiones filosóficas y personales”.

Briozzo consideró que la suspensión de los artículos “no modifica nada, porque el Ministerio ya ha sido respetuoso con las diferentes decisiones, y no ha obligado a nadie a presentar nada por escrito”.

Y sostuvo que Salto, un departamento donde hasta principios de este año ningún ginecólogo aceptaba hacer abortos, “es un ejemplo paradigmático, porque se respetó la voluntad de todos los profesionales”.

Llamado a médicos.

Desde el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), en tanto, llamaron a los ginecólogos a no negarle la atención a sus pacientes.

El ginecólogo Francisco Cóppola sostuvo que la suspensión a la decena de artículos que hizo el TCA, “no modificará el trabajo de los médicos”, y que son “muy pocos” los que presentaron el recurso, si se compara con la cantidad de ginecólogos que hay en el país, “que son más de 600”.

“Los que firmaron son casi todos de Salto, donde ya se sabía que esos médicos no realizaban abortos y tampoco participaban de las instancias previas”, señaló Cóppola.

Por otro lado, el referente del SMU, que también es profesor adjunto de la cátedra de ginecología de la Facultad de Medicina, hizo un llamado a los médicos a que “no se nieguen a atender a sus pacientes”.

“No hay que confundir la objeción de consciencia con retirarle la atención a los pacientes que lo necesiten”, expresó el médico a El País.

Dictamen.

En tanto, el abogado Agustín Amonte, quien junto a su colega Gianni Gutiérrez asesora al grupo de ginecólogos que se oponen al decreto, dijo a El País que el procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Rafael Ubiría, ya se pronunció a favor de declarar la nulidad de la disposición. El dictamen no es vinculante para los ministros del TCA, que resolverán sobre el fondo del asunto en los próximos meses.

Amonte agregó que tras la suspensión de 11 artículos del decreto reglamentario de la ley de aborto por parte del TCA, cómo se realizarán los procedimientos “es un problema del Ministerio de Salud Pública”.

Denuncian que mala atención en parto ocasionó muerte de bebé

El senador colorado Alfredo Solari denunció que un bebé falleció en el departamento de Artigas, debido a la mala atención que su madre recibió durante el parto.

“Claudia Balbuena es una mujer casada, madre de cuatro hijos, de 36 años, residente de la ciudad de Artigas, que cursó un embarazo normal, bien controlado dando a luz a un varón que pesó 4.600 gramos el 31 de julio de este año. El parto fue muy traumático, causando una serie de fracturas y parálisis a su bebé, Ian Milan Viera Balbuena. Esas complicaciones le causaron indecible sufrimiento y lo llevaron a varias internaciones en su corta vida, falleciendo finalmente dos semanas después de nacer, el 14 de agosto. La clave de este nefasto resultado está en cómo fue atendido el parto”, sostuvo Solari, a través de un documento que hizo público con el título: “Planteo frustrado por falta de quórum de la Comisión Permanente”.

Los padres del bebé fallecido enviaron días atrás una carta a la dirección del Hospital de Artigas, la cual Solari hizo pública en su escrito. Ahí increpan a las autoridades preguntándoles por qué no se realizó la ecografía obligatoria a las 39 semanas de embarazo, para determinar si se haría un parto normal o por cesárea. También cuestionaron por qué en el parto de la mujer no había ni ginecólogo, ni pediatra. Por qué no fue el médico de guardia cuando la partera pidió ayuda. Por qué el bebé al nacer fue, siempre según su carta, “tironeado”, lo que llevó a “quebraduras, parálisis de un brazo y derrame interno de sus ojos”.

http://www.elpais.com.uy/informacion/msp-presentara-recurso-fallo-contra.html

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