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Denuncian falta de control sanitario en la frontera Norte


CARNES

En Artigas dicen que entra carne de contrabando de Brasil.

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Freddy Fernández / Artigas. 
La devaluación del real frente al dólar, además de generar perjuicios sobre la economía de este departamento enciende la luz de alerta entre productores y empresarios que denuncian “falta de controles” sanitarios y temen que la afluencia de alimentos desde Brasil traiga consigo algún problema en esa materia.
Los empresarios entregaron a El País copia de un correo enviado el 14 de abril al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre y a otros funcionarios de ese ministerio como el director general de los Servicios Ganaderos, Francisco Muzio.
El correo afirma: “Productores, comerciantes y ciudadanos del departamento de Artigas, manifiestan a usted y demás autoridades de ese ministerio, su gran preocupación por el pasaje indiscriminado de carne in natura de dudosa procedencia, lácteos, vegetales y todos los derivados por los puentes internacionales de la Concordia (Artigas-Quaraí) y Barra do Quaraí-Bella Unión, sin ningún tipo de control de parte de los funcionarios del MGAP (barreras sanitarias) allí instalados”.
Agrega que “estos funcionarios son omisos en sus funciones ya que no efectúan ningún tipo de control a los vehículos (autos, camionetas, motos, ómnibus, etc.) ni a peatones que traen productos prohibidos de ingreso a Uruguay, no solo para consumo propio sino también para la distribución en los comercios de las ciudades y áreas pobladas del departamento”.
Transcurrido más de un mes de enviada la misiva, y en virtud de que “ninguno de los destinatarios mostró interés, queremos publicitar nuestro temor”, afirmó uno de los informantes.
Los productores y empresarios artiguenses expresaron a El País sus temores, solicitando que se preserven sus identidades, temiendo eventuales “represalias” por parte de los funcionario denunciados ante el ministro.

Visita.

Esto tiene lugar en la semana que el presidente Tabaré Vázquez y otras autoridades, visitarán la ciudad mañana cuando se celebre el Congreso de la Federación Rural.
En la denuncia, que a la fecha no ha tenido ninguna repercusión a nivel ministerial, aseguran que “Artigas está siendo puerta de entrada para el contrabando indiscriminado desde Brasil y Argentina, aprovechando la devaluación de la moneda de estos países”.
En el tramo final de la carta, los denunciantes le dicen al ministro: “Como usted comprenderá se está poniendo en serio riesgo el status sanitario animal y vegetal del país que tanto esfuerzo nos ha costado a los uruguayos”.
Quien ingresa a territorio uruguayo, desde la vecina ciudad de Quaraí lo hace sin que nadie lo pare, ni lo revise, pese a que el nexo entre ambas ciudades es un puente, a diferencia de lo que ocurre en Rivera donde la frontera es seca y hay más de cinco kilómetros de planta urbana compartida y por ende no hay control de ingreso o salida.
Pese a que en el puente cumplen tareas policías, aduaneros y funcionarios del MGAP, no interceptan el paso, ni revisan ningún vehículo. Extremo que El País pudo comprobar, en las reiteradas ocasiones que ingresó a Artigas proveniente de Quaraí.

 

 

Historia clínica electrónica para todo el sistema de salud en 2018


LANZAMIENTO

El Clínicas y La Española utilizan la primera específica para oncología

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Desde setiembre de este año, los oncólogos del Hospital de Clínicas y la Asociación Española dejaron atrás el papel y pasaron a escribir las historias clínicas de sus pacientes en computadora, con la puesta en marcha de la historia clínica electrónica oncológica.

Para María Julia Muñoz, presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, la historia clínica electrónica enfocada en el cáncer permitirá que el tratamiento de los pacientes mejore. “Va a mejorar la capacidad de interactuar de los oncólogos del país y el enfoque hacia los enfermos”, dijo ayer en el lanzamiento de la nueva historia clínica oncológica.

Este nuevo sistema se enmarca dentro de un proyecto llevado adelante por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic), en conjunto con la Presidencia, el Ministerio de Slaud Pública (MSP) y el Ministerio de Economía, y a partir de un programa denominado “Salud.uy”.

El proyecto de la historia clínica electrónica nacional comenzó en 2012 y la idea es que en 2018 todos los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud cuenten con una historia clínica electrónica, según anunció el director de “Salud.uy”, Jorge Forcella, durante la presentación.

A lo largo de estos tres años que restan, la historia clínica electrónica irá ganando terreno en los centro de salud de todo el país. “Nuestro objetivo es que a lo largo de 2015 todos los prestadores lo incorporen”, sostuvo Forcella.

Para 2016, esperan que un 40% de los usuarios tengan su historia clínica electrónica, en 2017 el 80% hasta llegar al 100% en 2018.

En ese sentido, el presidente electo Tabaré Vázquez, profesor grado 5 de oncología, destacó durante la presentación de ayer, que uno de los objetivos para el próximo gobierno es lograr que Uruguay sea el primer país en América Latina en digitalizar las historias clínicas de toda la población. “No es el fin de nada, es el principio de muchas cosas”, dijo sobre la historia clínica electrónica oncológica.

Abandonar el papel implica que los usuarios puedan acceder a toda su historia médica y que los médicos puedan realizar un seguimiento de sus pacientes sin necesidad de trasladar la historia de un lado a otro y gracias a notificaciones que les informan si están siguiendo los tratamientos. “El enfermo tiene la seguridad de que en su historia clínica se recogen todos sus datos. Es seguridad para todos los enfermos”, dijo Tabaré Vázquez.

En el caso de la historia clínica electrónica oncológica, está adaptada específicamente al trabajo de los oncólogos, pero la información que los médicos ingresan se vuelca a una única historia clínica a la que puede acceder otro profesional que no se dedique a tratar el cáncer.

“Los tratamientos oncológicos se comandan desde el escritorio del oncólogo, se reciben en el hospital y a su vez el oncólogo sabe cuál fue la reacción del paciente”, explicó Forcella.

Unificar criterios

A partir de la implementación de la historia clínica electrónica, los médicos deberán usar criterios comunes a la hora de hacer indicaciones o de ingresar el tratamiento y diagnóstico de un paciente. El primer elemento a unificar es el nombre de los medicamentos.

“Tiene que haber contenidos clínicos uniformes. Un medicamento se tiene que llamar de la misma forma en todas las instituciones. Son estándares bajos para poder operar”, señaló Forcella.

El motivo principal para utilizar los mismos términos es que la historia clínica electrónica permite crear bases de datos a las que todos los especialistas tendrán acceso.

“Esto favorece la medicina basada en la evidencia”, dijo en la presentación Lucía Delgado, profesora del departamento de Oncología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

Delgado señaló que el fácil acceso a la historia de un paciente al ser electrónica evita que se repitan estudios y genera información técnica “homogénea y de alta calidad”.

En la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ya se comenzó a utilizar la historia clínica electrónica en mayo del 2011, a través del programa “Siembra”, que funciona en conjunto con ANTEL.

En toda la Red Asistencial del Primer Nivel, los médicos de medicina general, pediatría y en el medio rural cuentan con computadoras en las que ingresan los datos de sus pacientes  y pueden acceder a ellos desde cualquier centro de salud que esté dentro del programa.

Los cambios de la historia clínica electrónica

Accesibilidad

La historia clínica electrónica no requerirá ser trasladada, no ocupará lugar y funcionará en red.
Datos

Los médicos podán cruzar datos de otros centros y crear bases de datos.
Seguimiento

Notificará a los médicos sobre los tratamientos de sus pacientes.
Letra

Para Tabaré Vázquez la letra de los médicos es un problema a la hora de tener que leer un diagnóstico o tratamiento.  Con la historia clínica electrónica ya no será necesario que los médicos escriban a mano.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/294997/historia-clinica-electronica-para-todo-el-sistema-de-salud-en-2018/

Mujica le da una mano a Vázquez y aumenta el precio de los cigarrillos


CONTROL DEL TABACO

El gobierno subirá el Imesi a los cigarrillos por primera vez en esta administración; las cajas de 20 costarán $ 3 más. El presidente electo quiere aumentarlo pero su promesa de no subir impuestos se lo impide

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Por primera vez en cinco años, el gobierno aumentará el precio del tabaco, a través del ajuste al Impuesto Específico Interno (Imesi) que se había mantenido estático en todo el período. Desde que José Mujica asumió como presidente en 2010, el precio de los cigarros y los productos derivados del tabaco solamente se modificaron  por la inflación y no por el Imesi. El presidente electo Tabaré Vázquez tenía la intención de seguir aumentando el Imesi cuando asumiera la presidencia, pero durante la campaña se comprometió a no aumentar la carga tributaria global, lo que generaba una contradicción en su discurso y le impedía hacerlo.

Ahora, a casi dos meses de que Mujica termine  su mandato y le pase la posta a Vázquez, los cigarros pasarán a costar $ 3 más por la suba de ese impuesto que tanto preocupa al próximo presidente.

El anuncio del aumento lo realizó ayer la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, en una presentación sobre los resultados de las políticas antitabaco de este gobierno. En tanto, el ministro de Economía, Mario Bergara, dijo a El Observador que el decreto que reglamenta el aumento está terminado y que el Imesi a las cajas de 20 cigarros pasará de $ 38 a $ 41, lo que equivale a un aumento del 8% sobre el precio de cada cajilla. Una caja de 20 sale en promedio $ 78.

Durante el anterior gobierno de Vázquez el aumento del Imesi fue continuo, al punto de que, si hubiera aumentado desde 2010 como lo hizo a partir de 2005, hoy el Imesi de los cajas de 20 cigarrillos sería de unos $ 57, lo que implica que cada caja costaría $ 19 más del valor actual. Incluso, dos meses después de que Vázquez asumiera como presidente, los cigarros pasaron a costar un 10% más.

Por no haber aumentado el Imesi en estos cuatro años, se perdieron US$ 300 millones, según dijo el economista Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CEIT), Dardo Curti, al programa No toquen nada de Océano FM en noviembre.

Rindiendo cuentas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Centro de Cooperación Internacional de Control del Tabaco (CCIT) presentaron ayer las últimas cifras sobre consumo de tabaco en Uruguay. Según una encuesta realizada por Cifra, en cinco años el número de personas que fuman descendió un 13% y pasó de 33% en 2009 a 20% en 2014. Este año dejó de fumar el 22% de los hombres y el 17% de las mujeres. Aunque tradicionalmente fumaban más los hombres que las mujeres, cada vez la diferencia entre ambos es más pequeña.

Con respecto a las políticas antitabaco, el 88% de la población dijo estar a favor. Fumar no es una excusa para no estar de acuerdo: el 76% de los fumadores aprueba las políticas de control del tabaco, mientras que el 15% las rechaza. Las personas que fumaron y ya no lo hacen son las que más apoyan las medidas (93%).

Otro dato que surgió de la encuesta es que la aprobación a las políticas no está relacionada con un partido político en particular. Entre los votantes del Frente Amplio el 96% las apoya, mientras que el 82% de los que se identifican con el Partido Nacional y 84% de los votantes del Partido Colorado.

Uno de los “logros” que la ministra Muñiz destacó fue el descenso en la cantidad de jóvenes que consumen tabaco. Mientras que en 2011, el 20,2% de los adolescentes de entre 13 y 17 años fumó tabaco, en 2014 el porcentaje se ubicó en 15,5%, según la última encuesta de la Junta Nacional de Drogas.

“Es un gran trabajo para nosotros. Todos los uruguayos nos hemos comprometido muchísimo. Desde el gobierno, los equipos asistenciales, la Comisión de Lucha Contra el Cáncer y también en los hogares, en las escuelas, en los ambientes de trabajo todo el mundo tuvo una posición activa para el combate al tabaco”, destacó la ministra.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 20% fuma, otro 20% fumó y dejó y un 60% hoy no fuma, según la encuesta de Cifra.

Para Ana Lorenzo, directora técnica del CCIT e integrante del programa para el control de tabaco del MSP, el descenso en el número de jóvenes que fuma está directamente relacionado con las políticas antitabaco. “Hay un grado de cumplimiento de la población con respecto a la reglamentación. Hoy consumir tabaco ya no es aceptable socialmente”, sostuvo.

Nuevo trabajo

Luego de que la tabacalera Philip Morris cerrara su fábrica en Uruguay, tras haber comenzado un litigio con el Estado por las políticas contra el tabaco, los trabajadores de esa empresa quedaron sin trabajo casi repentinamente.

A partir de ese cierre, esos trabajadores se unieron en una cooperativa y firmaron un convenio con el MSP para trabajar en tareas de promoción de salud, prevención del tabaquismo y control del cumplimiento de las leyes que regulan el tabaco. A un año de su fundación, la Cooperativa 21 de Octubre –lleva ese nombre porque fue el día que cerró la empresa–, ha colaborado en la fiscalización de 7.000 lugares públicos y privados.

(Producción Andrés Oyhenard y Pedro Dutour)

Philip Morris “sin escrúpulos”

“Nosotros defendemos primero nuestra soberanía y nuestro derecho como Estado a elegir por la salud y esto no implica perjudicar al mercado”, dijo la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, sobre el juicio promovido por la tabacalera Philip Morris, que Uruguay afronta desde principios de 2010.

En la presentación de la última encuesta sobre tabaco presentado ayer, la ministra destacó que las políticas antitabaco aplicadas por el Estado “no se moverán”, más allá de cuál sea el resultado del juicio. “(En caso de perder) nos va a doler mucho tener que pagar, pero siempre lo que paguemos será meor que el costo en vidas, en enfermedades. Por ese motivo, las políticas no son reversibles”, sostuvo.

Muñiz calificó a Philip Morris de “empresa sin escrúpulos”,  por “ocultar durante años” cuáles eran las consecuencias en la salud de la salud. “Inclusive llegaron a ocultar que mataba a más personas por año que la guerra”, agregó la ministra.

A principios de 2013, Philip Morris deberá presentar sus escritos. Luego será el turno de Uruguay de dar a conocer nuevos argumentos en contra del litigio. En noviembre de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reiteraron su apoyo al gobierno uruguayo sobre las políticas antitabaco como manera de apoyar, a su vez, a Uruguay en el litigio con la tabacalera. El prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, había dicho a El Observador en esa oportunidad que está pautada una nueva audiencia para octubre de 2015, que puede ser la definitiva.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/294433/mujica-le-da-una-mano-a-vazquez-y-aumenta-el-precio-de-los-cigarrillos-/

Vázquez usará registro de usuarios de marihuana para “rehabilitarlos”


CANNABIS

Su equipo elaboró un programa de prevención para aplicarlo en liceos

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El candidato por el Frente Amplio (FA), Tabaré Vázquez, propone utilizar el registro de consumidores de marihuana creado con la ley que habilitó la venta de esa sustancia en farmacias para ofrecerles atención. En caso de acceder a la presidencia, Vázquez también impulsará el plan “Liceo sin adicciones” como herramienta para prevenir el consumo de alcohol y drogas entre adolescentes.

La ley de regulación de la marihuana fue una de las normativas más criticadas por la oposición durante la administración de José Mujica. El tema también se metió en la campaña y tomó mayor visibilidad, sobre todo antes de la interna.

Mientras Vázquez apoya la iniciativa y remarca la necesidad de innovar en la lucha contra el narcotráfico, las fórmulas blanca y colorada anunciaron que la derogarán en caso de ser gobierno.

Ayer, en entrevista con radio Rural, el candidato oficialista fue consultado sobre si no existe una contradicción entre el combate a la drogadicción y la venta de marihuana en farmacias.

“No se facilita el acceso a la droga. El muchacho que está en la droga la va a comprar en el mercado negro de cualquier manera. Ahora, regularizado el consumo de marihuana, la va a tener que comprar bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, va a haber un registro de consumidores de drogas y ese registro de consumidores de drogas, a través del expendio de las mismas por las farmacias, va a permitir tener un mayor conocimiento de quienes están en el tema de las drogas y va a tener el Estado la posibilidad de intentar en una etapa más temprana lograr la rehabilitación de esta persona”, respondió Vázquez. “Además les va a garantizar un consumo de una droga más pura que la que puede conseguir en el mercado negro”, agregó.

Las características del registro de consumidores fue uno de los temas más discutidos durante el debate parlamentario de la ley, incluso en el seno de la izquierda.

Aunque en un principio se planteó como un registro anónimo e incluso hubo iniciativas de expendio de marihuana al público sin necesidad de registro, los consumidores deberán aportar sus datos personales en oficinas estatales como primer paso a la compra.

La reglamentación de la ley estableció que los consumidores que compren en farmacias deberán concurrir en primera instancia a las oficinas del Correo con su cédula de identidad y constancia de domicilio y registrar sus dos dedos índice. Allí a cada uno se le dará un “algoritmo de identificación” que quedará en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA). Al mismo tiempo, recibirán un tique y un número de usuario. En las farmacias el comprador deberá registrar su índice en un dispositivo.

En diciembre pasado, el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo reveló que la “lista” se utilizará para “generar medidas específicas con esos usuarios para eventualmente estimular que abandonen el consumo”. Incluso se refirió a la posibilidad de repartir “folletería” a los consumidores.

Educar contra las drogas
Vázquez sostuvo que, además de luchar contra el narcotráfico, el texto tiene dos propósitos principales: educar desde temprana edad para evitar el consumo de drogas y brindar “oportunidades” al adicto “de ser rescatado de un problema terrible”.

En ese sentido, anunció que sus asesores diseñaron un plan para la prevención del consumo problemático de alcohol y otras drogas para aplicarlo en instituciones educativas.

“Este plan está muy bien pensado y lo vamos a aplicar fuertemente. Se debe trabajar sobre prevención y educación para que todos sepamos que no hay que consumir drogas. El organismo humano en condiciones buenas de salud no necesita consumir drogas. Trabajar en la prevención y educación para evitar el consumo de drogas va a ser una tarea central porque muchas veces la drogas está muy vinculada a los delitos, y sobre todo a los delitos violentos”, dijo Vázquez.

Una campaña “muy rara”; de fotos y Facebook

El candidato por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, afirmó ayer en radio Rural que la campaña electoral es “muy rara”, en el sentido que no hubo continuidad en la tónica propuesta por los presidenciables. “Es una campaña electoral muy rara. No termina de acomodarse en un trillo que diga vamos por acá. Si vamos a dar propuestas o si vamos a discutir de gobiernos anteriores”.
Vázquez también informó que el 29 de setiembre comenzará su última gira por el interior. Narró algunas ocurrencias de sus anteriores recorridas y destacó la presencia de los jóvenes en las movilizaciones de la izquierda. “Es la campaña de los celulares y de las fotos. Sacan una y si no quedó bien te piden otra porque la quieren subir al Facebook”, dijo Vázquez.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/288072/vazquez-usara-registro-de-usuarios-de-marihuana-para-rehabilitarlos/#

Solari hará un pedido de informe al MSP por violación de Constitución del director de ASSE


POLÍTICA

El presidente de la comisión de Salud del Senado aseguró que si el ministerio no toma medidas, realizará la denuncia ante la Corte Electoral

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El presidente de la comisión de Salud del Senado, Alfredo Solari, hará un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública (MSP) para que el organismo se pronuncie sobre los comentarios políticosdel director de ASSE, Alfredo Silva.

En su cuenta de Facebook, el jueves pasado Silva incitó a votar por Tabaré Vázquez, algo que está penado por el artículo 77 de la Constitución para los directores de servicios descentralizados.

Según explicó a El Observador, Solari pedirá que Silva aclare “si ese texto le pertenece o no” y si “fue expresado por él, o por alguna otra persona”. En caso de que se confirme que fue el propio director quien escribió ese mensaje en su cuenta de Facebook, también solicitará al MSP que explique “qué medidas piensa adoptar”, ante la violación de la constitución del director de ASSE.

“Quiero tener la certeza de que es su declaración, de que él se hace responsable, y que el ministerio tiene conocimiento. En función de eso, haré la denuncia ante la Corte Electoral”, agregó el legislador colorado.

El artículo 77, de “delitos electorales”, establece que le corresponde a la Corte Electoral sancionar y penar. Para actuar, la Corte necesita una denuncia que “deberá ser formulada ante ésta por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos”. Sin perjuicio de lo que haga la Corte Electoral, dice la Constitución, “en todos los casos se pasarán los antecedentes a la Justicia Ordinaria a los demás efectos a que hubiere lugar”.

Consultado por El Observador sobre su comentario, Silva respondió: “Esa es mi declaración como ciudadano, está muy claro lo que puse. Es un Facebook personal. Simplemente me expresé como cualquier ciudadano de este país”.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/280003/solari-hara-un-pedido-de-informe-al-msp-por-violacion-de-constitucion-del-director-de-asse/

Uruguay cambia su estrategia en juicio contra Philip Morris


POLÍTICA ANTITABACO

El Estado quedó expuesto a pagar cifra millonaria por errores cometidos

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El gobierno de Uruguay cambiará toda su estrategia en el juicio iniciado por la tabacalera Philip Morris por la política antitabaco que comenzó el expresidente Tabaré Vázquez hace 14 años y que la actual administración acentuó con nuevas limitaciones a la venta de cigarrillos.

Fuentes oficiales dijeron a El Observador que el país hará “correctivos” en su accionar, ya sea en los aspectos de forma como de contenido, buscando revertir la actual situación donde el Estado quedó expuesto a perder un juicio millonario. Se estima que aún quedan tres años de litigio.

La próxima instancia será hacer una presentación de los argumentos del país de priorizar razones de salud pública por encima de una inversión, lo que está previsto para el 29 de setiembre. Luego vendrá “la réplica” de Philip Morris y más adelante será “la dúplica” que es la presentación final que hará Uruguay.

Vázquez enfrentó  a la tabacalera Philip Morris que respondió con un juicio contra Uruguay por su política antitabaco, que según la compañía afecta la libertad de empresa y de inversión.

Apenas asumió el presidente José Mujica intentó desactivar ese litigio pero luego de escuchar la posición de Vázquez a favor de la salud de la población, el gobierno decidió seguir para adelante. Sin embargo, las noticias sobre la marcha del contencioso no son favorables a los intereses de Uruguay, según fuentes gubernamentales.

El 3 de julio de 2013, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (Ciadi) la tabacalera ganó la primera batalla, cuando el organismo se declaró competente para entender en la demanda  en la que Uruguay está acusado de violar un tratado de protección de inversiones firmado por el país sudamericano con Suiza, donde la empresa tiene su casa matriz.

Philip Morris pide un resarcimiento de las pérdidas ocasionadas a sus negocios por la normativa uruguaya de US$ 2 mil millones, así como la reversión de algunas de esas nuevas normas.

Fallo en la estrategia

Luego se supo que el gobierno uruguayo cometió una serie de errores estratégicos que podrían llevarlo a perder el juicio, pero además le harían perder su imagen de país confiable para las inversiones, según explicó una fuente de la cancillería.

El gobierno contrató al abogado Daniel Hugo Martins como perito para realizar un dictamen en la instancia del juicio ante el tribunal del Ciadi. Esa decisión sorprendió, ya que Martins está litigando contra el Estado en un juicio iniciado por el empresario Fernando Barboni que reclamó US$ 1.000 millones por los predios de la estación de AFE.

El problema en este juicio fue que el abogado de la tabacalera, Carlos Delpiazzo, sabía que Martins iba a defender argumentos contra los que, antes, había escrito lo contrario.
Martins planteó que la Ciadi no era competente y se basó en la ley 16.110, del tratado de inversiones entre Uruguay y Alemania, que establece que para poder iniciar una instancia arbitral previamente hay que agotar la vía de la Justicia local.

Pero Delpiazzo planteó que esa ley no está vigente porque fue derogada por una reforma constitucional de 1997, a lo que el tribunal de la Ciadi le dio la razón.

Martins había dicho eso en Uruguay, pero cambió su postura ante el Ciadi y así se lo hizo notar la tabacalera.

El fallo del Ciadi señaló también que en su informe pericial Martins opinó que las disposiciones de la ley 16.110 que contemplan la posibilidad de acumular ante el TCA las acciones anulatorias y reparatorias son compatibles con el nuevo texto constitucional. La tabacalera dejó en claro que esta posición se contradice con las publicaciones anteriores de Martins.

Tabacalera presentó sus argumentos

El último movimiento del juicio entablado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ocurrió el 4 de marzo en que las tabacaleras presentaron  sus argumentos en el litigio que mantiene con el estado uruguayo. El abogado que representa al estado uruguayo, Paul Reichler, confirmó la recepción de la documentación de las tabacaleras. “Era esperado. No hay nada nuevo en la documentación. El próximo paso es para que Uruguay presente sus contra argumentos”, dijo Reichler a la AFP.

http://www.elobservador.com.uy/

Odisea para cobrar y pagar facturas


VECINOS DE LOS PUEBLOS MÁS PEQUEÑOS DEBEN RECORRER KILÓMETROS PARA PAGAR

Los políticos que en tiempo electoral recorren el país han escuchado un reclamo unánime: en los pueblos con menos cantidad de habitantes no hay quien se haga cargo de los pagos de jubilaciones y las cobranzas de impuestos o tarifas de los entes.

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En su reciente visita al pueblo Tomás Gomensoro, varios vecinos pidieron al expresidente Tabaré Vázquez que hiciera lo posible para que se instalara una agencia de cobranza, y así no verse obligados a viajar 30 kilómetros hasta Bella Unión, para pagar los recibos de los servicios estatales.

El candidato se mostró sorprendido de que la empresa UTE ya no cobre las facturas en sus locales. Fuentes empresariales de las redes de cobranzas y pagos, que pidieron reserva, indicaron a El País que Vázquez mandó consultar a su asesores sobre las alternativas para solucionar el problema.

El fenómeno se repite en otras localidades y con otros candidatos; la gente también reclama un lugar en donde cobrar jubilaciones y pensiones.

Para los privados, pagar y cobrar en localidades pequeñas “no es rentable”, por el costo de los implementos de seguridad que exige la normativa.

Un comerciante que pretenda instalar una sucursal de las agencias de cobros y pagos necesita contar con un local que posea blindaje, iluminación especial, alarmas, guardia armado y un sistema informático potente. A esto se agregan costos fijos altos relacionados al mantenimiento, seguros contra todo y gastos destinados a cubrir las remesas de dinero.

Se debe desembolsar entre US$ 20.000 y US$ 25.000 para cumplir con los requisitos de seguridad que exige el Ministerio del Interior, según una importante fuente empresarial.

“En un pueblo de 1.000 o 2.000 habitantes, el negocio de pagos y cobranzas en red puede dejar una ganancia de unos $ 5.000 por mes. Eso hace impracticable la apertura de nuevas sucursales en ese tipo de mercado”, afirmó otro empresario del sector.

Los consultados entienden que de “mantenerse los actuales requisitos de seguridad”, será “imposible” que los privados asuman la tarea en localidades pequeñas.

El asalto a la sucursal Pocitos del Correo, en agosto de 2013, donde hubo dos muertos, profundizó la paulatina retirada de cobradores y pagadores en los pueblos más pequeños. Desde ese entonces el Correo dejó de pagar y cobrar.

A esto se suma que en algunos lugares los pagadores del BPS se niegan a hacer su tarea por miedo a la delincuencia.

Adrián Peña, un caudillo colorado de Canelones aseguró a El País que un centenar de pasivos dejó de cobrar su jubilación en pueblo Tapia, porque los funcionarios alegaron sentirse inseguros al pagar en un club social de la localidad, sin ningún sistema de apoyo.

El BPS decidió dejar de enviar pagadores a esa localidad. Por tanto, los pasivos deben trasladarse 12 kilómetros a la vecina ciudad de San Jacinto, para hacerse de sus haberes.

En ese contexto, Peña ordenó a sus ediles, en la Junta de Canelones, que reclamen a la Intendencia un incremento de las frecuencias de ómnibus entre Tapia y San Jacinto.

En Paysandú, el BPS hace una gira de pagos por 37 localidades. En algunos pueblos se pagan menos de 10 recibos. La particularidad que tiene es que el pago lo hacen en un camión blindado de una empresa privada. Años atrás, el BPS hizo un llamado para todo el país y se presentó esa empresa para hacer los pagos en Paysandú.

Facturas.

En el pueblo Las Flores, en el departamento Rivera, los vecinos tienen que trasladarse a Minas de Corrales o hasta Ansina, localizada en el departamento de Tacuarembó, para pagar facturas o cobrar. En ambos casos recorren 45 kilómetros.

En Cerrillada, localidad ubicada frente al homónimo brasileño, los vecinos juntan los recibos y se los entregan “a la dueña del boliche. Cuando ésta va a Rivera, los paga”, afirmó Sonia, una vecina del lugar.

Los pobladores de Achar, Curtina y Paso del Cerro, en Tacuarembó, también se sienten afectados con las medidas de seguridad implementadas desde el Correo uruguayo. A ello se suman decenas de pueblos rurales a los cuales llegó la electrificación rural pero no hay donde pagar su consumo.

La edil del Partido Nacional Greysi Araújo, elevó una nota a la Dirección Nacional de Correos para informar y reclamar por la situación de unos mil ciudadanos de Achar que no pueden abonar sus facturas en esa localidad.

“La resolución del Correo está generando un enorme perjuicio a esa población”, explicó en la carta.

En Achar no hay bancos, solamente podían pagar en el Correo. “Los habitantes de nuestra localidad y zonas de influencia, a la hora de pagar los servicios deben desplazarse 50 kilómetros hacia la ciudad de San Gregorio de Polanco”, explicó.

En tal sentido, Araújo confirmó que la comunidad espera que algún vecino viaje hacia alguna localidad para pedirle que efectúe el pago.

Para abonar la factura se debe esperar que algún vecino se dirija a Paso de los Toros (a 70 kilómetros), a San Gregorio (a 50 kilómetros) o a Tacuarembó (a 100 kilómetros).

La legisladora departamental de Tacuarembó agregó que “el Correo, como empresa de todos los uruguayos, debería rever la resolución y mantener los servicios que tenía”.

En Salto, los habitantes de Villa Constitución y Belén, los de mayor población del departamento, se organizan trasladándose hasta la ciudad capital en ómnibus, llevando varias facturas para no generar recargos a las espera de las posibles gestiones que reconsideren el estado de cosas actual.

Villa Constitución dista a 50 kilómetros de Salto y tiene unos 2.600 habitantes. Ir y volver a la capital tiene un costo de pasaje de $ 160. Las expectativas son pocas en cuanto a que el Correo retome la función de recaudación. Hay algunas personas que se han vuelto pequeñas empresas para hacer la función de mensajeros. Cobran $ 100 pesos por factura, por el riesgo de trasladar caudales entre dos ciudades.

“Ya hubo gente que se quedó con el dinero de algún vecino, pero no se ha querido denunciar para no quedar mal”, dijo un comerciante que niega a cumplir este “servicio”.

Por otra parte, una firma de cobranzas ha intentado animar a dos o tres dueños de negocios de la Villa para que instalen ese servicio, pero sin éxito. Entre lo que tienen que invertir y la baja rentabilidad que les significaría, no les resulta atractivo.

Doña Nilsa, vecina de la zona de chacras, se lamenta de que ya no puede pagar más la factura de UTE en la Villa, y como muchos recurrió a una amiga para que la asistiera.

“No es bueno andar con plata ajena, pero a mí me dificulta subir al ómnibus y pagar $ 160 solo para ir por un recibo; entonces estoy abusando de una vecina para que me solucione el problema”, dijo.

En Belén, los vecinos están muy preocupados. Los separan 90 kilómetros de Salto y un pasaje vale $ 240 para recorrer 180 kilómetros. El alcalde Gustavo Viera hizo oír su voz y transmitió la inquietud en torno al cese del servicio de cobranzas que brindaba el Correo Nacional. No ha recibido respuestas.

Producción: Luis Pérez (Salto); Patricia Mango (Canelones); Freddy Fernández Rivera y Artigas); José Esteves (Tacuarembó); Marco Rivero (Paysandú); Víctor Rodríguez (Durazno).

RECLAMOS INTERNOS SIN SOLUCIÓN

Néstor López Arezo, edil del Frente Amplio de Rivera, hace un año alertó sobre las dificultades que tendrían que enfrentar los pobladores de pequeñas localidades, donde UTE no cobra más. Días atrás, cuando la Mesa Política del FA recibió al director de UTE, Walter Gómez, el edil de izquierda volvió a la carga. En esta ocasión, sugirió que el ente energético, y los demás, “hagan un convenio con ANTEL, que permita cobrar las facturas a través de un 0900, y mediante una llamada del celular, los vecinos puedan pagar sus facturas”. Sostuvo el edil que “en todos los boliches de campaña, se venden tarjetas”.

El diputado por Durazno Martín Tierno, del Frente Amplio, pidió que las facturas de UTE vuelvan a cobrarse en la sucursal de Blanquillo y no en el local del Correo. Al hacer uso de la palabra en la Cámara de Representantes, el legislador dijo que había intentado reunirse con el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, pero sin embargo hasta el presente no recibió respuesta.

En marzo pasado, el diputado por Tacuarembó, Edgardo Rodríguez (FA), denunció que 700 contribuyentes de Achar no podían pagar sus facturas, por las medidas adoptadas en el Correo. El legislador mantuvo un contacto con la presidenta del Correo, Solange Moreira, quien dijo que se buscaría una solución que hasta el momento no llegó.

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Extenderán programa de salud bucal a la educación media


MSP Y ANEP

La universalización del programa a todas las escuelas del país es otra de las metas

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Luego de que el año pasado estuviera en riesgo su continuidad, el Programa Escolar de Educación para la Salud Bucal se afianza dentro de la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP) y “redobla la apuesta” del gobierno de Tabaré Vázquez. Dentro de sus próximos objetivos se encuentra la universalización de la atención bucal en todas las escuelas del país y su extensión a la educación media (Secundaria y UTU).

“En el gobierno de (Tabaré) Vázquez este programa fue un programa insignia; en este gobierno, (José) Mujica intentó y logró institucionalizarlo dentro de este ministerio, luego de un proceso complejo. Hoy el programa está funcionando dentro del MSP y se redobla la apuesta del gobierno de Vázquez”, dijo ayer el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo durante el lanzamiento de la octava Semana de Salud Bucal.

El programa que nació de una iniciativa de la exprimera dama, María Auxiliadora Delgado, abarca actualmente a 399 escuelas y atiende a unos 60.000 niños de todo el país, el 19% de la matrícula total de Primaria. De este total, 53.163 niños pertenecen a escuelas urbanas y 6.508 a escuelas rurales.

Hasta el año pasado el programa dependió directamente de Presidencia de la República, pero a partir de la Rendición de Cuentas de 2012 – y luego de un período de incertidumbre donde corrió riesgo su continuidad – pasó a ser una unidad ejecutora del MSP.

Universalización y extensión
El objetivo principal del programa, que se mantiene hasta el día de hoy, es la atención de los niños que concurren a escuelas de contexto crítico o escuelas rurales, quienes muchas veces no pueden acceder a la atención de un odontólogo. Sin embargo, la nueva meta que se han fijado las autoridades es universalizar el programa a todas las escuelas y extenderlo a Secundaria y UTU.

“Hasta ahora nos hemos concentrado en el fortalecimiento del programa dentro del MSP y recién estamos comenzando a trabajar en el cronograma para cumplir con estos objetivos”, dijo a El Observador la directora nacional de Salud, Marlene Sica.

El primer paso para su universalización será la utilización de consultorios ambulantes en ómnibus, que recorrerán distintos barrios como La Teja, Gruta de Lourdes, entre otros, que complementarán el trabajo que se realiza en las escuelas de la zona y buscarán llegar a más niños. “Ya tenemos un ómnibus que donó Cutcsa y tres de Primaria para que recorran los barrios y trabajen en prevención, educación y asistencia”, explicó a El Observador el consejero del Codicen, Néstor Pereira, quien no pudo especificar a cuántos niños más se ampliará la atención.

Según adelantó este emprendimiento estará en marcha “muy pronto” y para llevarlo a cabo seis odontólogos del Codicen se sumarán al equipo de profesionales que hoy trabajan en el programa (97 odontólogos y 17 higienistas), agregó Pereira.

Respecto a la extensión del plan a la educación media, el jerarca manifestó que este año lo que se quiere es consolidar el programa para “poder asegurar a los odontólogos la continuidad de su trabajo”, una vez que los alumnos ingresan en Secundaria o UTU. En este sentido, expresó que actualmente ya hay jóvenes que estudian en educación media y que reciben atención del programa. “Son niños que generaron una confianza con el profesional que los atendía y, de otra manera, no podrían continuar con el tratamiento”, explicó. Lo que pretenden ahora las autoridades es institucionalizar esta experiencia en toda la educación media. Sin embargo, todavía no hay una fecha prevista para su oficialización.

A partir de ayer y hasta el viernes 11 el MSP, ANEP y la UdelaR celebrarán la octava Semana de la Salud Bucal.

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MSP gastó más de US$ 1 millón en vacunas contra papiloma pero no las recomienda


El expresidente Tabaré Vázquez afirmó que “se debe utilizar la vacuna” y la academia también

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Cinco meses después de haber lanzado la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), y habiendo gastado US$ 1,2 millones para cubrir las dosis de 24 mil niñas de 12 años, el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, dio un paso hacia atrás y advirtió que el Ministerio de Salud Pública (MSP) “ofrece” la vacuna, pero “no la recomienda”.
Si bien Briozzo siempre fue enfático en que la vacuna por sí sola era insuficiente para prevenir el cáncer de cuello de útero, nunca había ido tan lejos. “La vacuna no se va a recomendar en este período porque hay evidencias a nivel internacional y hay que estudiar el tema porque hay bastantes dudas”, dijo ayer el jerarca a la salida de un acto oficial.
Sin embargo, las declaraciones de Briozzo van en contra de la mayoría de la academia y chocan con figuras médicas del oficialismo.
El expresidente y oncólogo Tabaré Vázquez dijo a El Observador que “se debe utilizar la vacuna contra el VPH”. Agregó que es “partidario de utilizar todas las armas de diagnóstico, terapéuticas, preventivas, de investigación,en fin, educativas, en la estrategia de lucha contra el cáncer”.
A su vez, la presidenta de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y exministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, consideró “importante” vacunar a “todas” las niñas de 12 años y así aprovechar que el MSP ya adquirió las dosis (ver En línea).
Tampoco hay nuevos estudios que ameriten un cambio de posición del MSP. El presidente de la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay (SGU), Gustavo Ferreiro, dijo a El Observador que “nada ha cambiado a nivel académico”. La Organización Mundial de la Salud sigue recomendando la vacuna, por lo que la SGU también. “No nos llegó ninguna información que nos haga cambiar de posición. Por eso, no entendemos las afirmaciones de Briozzo”, alegó Ferreiro.
Briozzo declaró: “El ministerio la ofrece porque desde el punto de vista ideológico la economía no es una barrera para el acceso a los servicios. Nos comprometimos a eso y las vacunas están ofrecidas, no recomendadas. Lo económico aquí no determina que una chica o su entorno decidan la vacunación”.
Advirtió que la vacuna puede tener efectos adversos “graves”, como enfermedades neurológicas, y consecuencias “leves”, como la pérdida del conocimiento en el momento de la inoculación. Mencionó que a nivel mundial hay “gran preocupación” por unos “pocos casos” de alteraciones en el nivel de plaquetas.
De esta forma, Briozzo insistió con un tema que a nivel de la academia está laudado. De hecho, un informe técnico redactado por una comisión asesora del MSP resolvió hace más de un año que la vacuna no solo debía darse, sino que debía incluirse en el esquema de vacunación porque se considera “segura” y “eficaz”.
El diputado nacionalista Javier García, impulsor de la vacunación obligatoria, criticó el cambio de postura del MSP y aseguró, en diálogo con radio Rural, que Briozzo aceptó vacunar “a regañadientes”.
Las declaraciones de Briozzo surgieron luego de que El País informara que solo se vacunó el 20% de las niñas a las que está dirigida la campaña. l

Cortocircuitos en el MSP otra vez

Prácticamente a la misma hora que el subsecretario Leonel Briozzo dijo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no recomienda la vacuna para prevenir el cáncer de cuello de útero, la ministra Susana Muñiz afirmó que la vacuna es una “herramienta importantísima”.

A la salida del Consejo de Ministros, Muñiz aclaró que la vacuna “no es la única medida”. Coincidió con Briozzo en que a nivel internacional se reportaron efectos adversos y “por eso no es obligatoria”, aunque reconoció que no se notificaron casos en Uruguay.

Además, aseguró que el MSP “difundió” que las niñas de 12 años debían vacunarse. La falta de comunicación entre las autoridades no es nueva en este tema. A mediados de 2012, el exministro Jorge Venegas anunció que se vacunaría contra el VPH cuando había acordado con Briozzo lo contrario. Venegas lo desautorizó y adoptó como suya la posición del expresidente Tabaré Vázquez, que defiende la vacuna.

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