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Justicia y Policía actuarán con ANEP contra deserción


APROBARON UN ESTRICTO PROTOCOLO PARA DETENER EL ABANDONO EDUCATIVO

El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), busca detener el grave problema que significa el abandono del sistema educativo por parte de los estudiantes.

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El abandono del sistema es uno de los problemas centrales; el Codicen sale a combatirlo.

Para ello, a partir del próximo año lectivo, pondrá en práctica un protocolo de actuación para garantizar que todos los niños y adolescentes alcanzados por la obligatoriedad de la enseñanza no queden fuera del sistema. El mismo consta de varias etapas que involucran en una primera instancia al maestro y en la más extrema a la Policía y la Justicia, además de un seguimiento personal informático.

La idea había comenzado a analizarse en 2013 por las autoridades de la educación y ya a finales de ese año se habían aprobado los lineamientos generales presentados por el consejero de la oposición en el Codicen, Daniel Corbo. Los mismos daban lugar para comenzar a avanzar en el documento.

Tras un año de trabajo, en el cual también estuvieron involucrados representantes de Primaria, Secundaria y UTU, y donde intervinieron diversos actores y organismos del Estado, se logró en la sesión del Codicen del pasado martes 9 de diciembre aprobar un protocolo de referencia y una serie de “recomendaciones” para buscar poner fin a la deserción.

El documento, al cual accedió El País, establece los pasos y las actuaciones a seguir cuando se constata “una vulneración del derecho a la educación o situaciones de riesgo para el pleno ejercicio” del mismo.

Se identifican como problemas la no inscripción de los niños y adolescentes en el sistema educativo, el estar inscripto y no concurrir, el haber concurrido y dejar de hacerlo, y también el hecho de “concurrir parcialmente, tener asistencia esporádica o intermitente”.

Para atacar tales situaciones, antes del comienzo de los cursos se realizarán “campañas de alcance masivo” para difundir el derecho a la educación, los “consiguientes deberes de los responsables legales” y los mecanismos de los que estos pueden ser objeto en caso de incumplir sus obligaciones. 

También se creará un sistema operativo digitalizado de información y seguimiento a nivel central y en red con los Consejos de Educación, para hacer un contralor en tiempo real de la trayectoria de cada uno de los alumnos, “en todos los años de escolaridad obligatoria”.

Tres faltas.

Si bien la deserción viene siendo señalada como un problema central en la enseñanza, en Secundaria es donde más golpea. Por ejemplo, entre los jóvenes de 15 a 17 años, sólo el 54,1% completó el Ciclo Básico, según cifras del Codicen. Así, está previsto que el sistema “dispare una serie de alertas” cuando detecte una situación que comprometa el cumplimiento de la obligatoriedad o que vulnere el derecho de los estudiantes a formarse. Se instalará un software adecuado, habrá un equipo operador y un protocolo para activar ante el aviso de incumplimiento.

En la Educación Media, luego de tres faltas consecutivas sin justificación intervendrá directamente el director del centro educativo, y de persistir la situación “tomará cartas en el asunto el inspector de Institutos y Liceos a efectos de su intervención e intimación a los responsables legales, con indicación de los pasos siguientes a dar en el plano de la policía comunitaria o la Justicia”.

Disuasión.

El Codicen presentará al Poder Judicial y al Ministerio Público y Fiscal (MEC) una petición para que haya especial consideración de las situaciones que involucran vulneración de los derechos de niños y adolescentes, con el objetivo de lograr de los juzgados correspondientes “actuaciones disuasivas de las omisiones”.

Se manifestará en dicha comunicación que es intención de las autoridades de la educación poner en conocimiento de las sedes la situación en cuestión, una vez agotadas las instancias pedagógicas y comunitarias. Incluso, la ANEP pedirá una reunión con la Suprema Corte de Justicia por esto.

El protocolo prevé que cuando las vías pedagógicas se agoten en el intento de evitar el abandono, se dará lugar a las acciones policiales y judiciales. En el primer intento se activará el mecanismo de la Policía comunitaria, hecho al que está determinado que se llegue por medio de la notificación del director del centro educativo o del inspector correspondiente.

“El objetivo es que el policía concurra al hogar para hablar con los padres o adultos a cargo del niño afectado e intimarlos a regularizar la asistencia al centro educativo”, dice el plan. Se establece que si siguen las faltas, el director deberá informar al comisario de la zona para pasar el caso al juzgado letrado de Familia (en la capital) y a los juzgados letrados de Primera Instancia (en el interior).

Se plantea que si el juzgado de Familia agotó los mecanismos de control y persuasión, puede —en caso de entenderlo pertinente— “derivar el caso a la Justicia Penal para que se adopten las medidas que correspondan conforme a la ley”.

Está previsto que la denuncia se pueda realizar por los juzgados pertinentes o el Codicen, y las causales pueden ser por “omisión de los deberes a la patria potestad y/o desacato”.

Las claves del plan

uEl protocolo aprobado plantea llevar a cabo campañas publicitarias y de sensibilización para difundir los derechos de niños y adolescentes a la educación y los consiguientes deberes de sus responsables.

uCrear la Comisión de Seguimiento de las Trayectorias Escolares (Cosetre) en la ANEP para garantizar el derecho a la educación. En la misma se integrarán el Mides, Interior, BPS e INAU, además de los delegados de los Consejos de la ANEP.

uCreación y/o puesta en marcha del sistema digitalizado de información y seguimiento de las trayectorias escolares en los niveles de obligatoriedad.

uPresentar en los juzgados de familia y en las fiscalías penales y de menores un oficio requiriendo una consideración especial y una acción diligente a las situaciones que involucren vulneración de derechos a la educación.

uCoordinar con la Dirección del Registro de Identificación Civil para recibir información de los niños inscriptos en ese registro nacidos entre el 1° de mayo del año anterior y el 30 de abril del año en curso, correspondiente a la franja etaria de cuatro años.

uAdoptar resolución que haga preceptivo para todos los colegios e institutos privados, autorizados y habilitados, la entrega periódica de información circunstanciada sobre todos los estudiantes matriculados en los mismos y sobre los pases otorgados con sus destinos.

Localizarán niños y adolescentes que no se anoten para estudiar

El protocolo aprobado por el Codicen establece una serie de pasos para localizar a los niños y adolescentes en edad de escolaridad que no fueron inscriptos, y vincularlos al sistema educativo.

Se detalla que dentro de las dos semanas posteriores al inicio de los cursos, la “Comisión de Seguimiento de las Trayectorias Escolares procederá a verificar la inscripción de niños y adolescentes considerando la edad y nivel educativo en el que deberían estar incluidos. Para eso se verificará la información de los centros educativos habilitados y también se solicitará información al BPS sobre los beneficiarios de Asignaciones Familiares. Se pedirá al INAU información sobre la situación de escolarización de los niños y adolescentes que estén a su cargo. También, para garantizar que el universo de niños a partir de los cuatro años (alcanzados por la obligatoriedad) se encuentran inscriptos y cursando, se coordinará con la Dirección Nacional de Identificación Civil el acceso a la información de los niños inscriptos en ese registro, comprendiendo a todos aquellos nacidos entre el 1° de mayo del año anterior al 30 de abril del año en curso.

“El sistema de localización de los niños y adolescentes se hará a partir del número de cédula de identidad como dato identificatorio”, precisa.

http://www.elpais.com.uy/informacion/justicia-policia-actuaran-anep-contra.html

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