Población de menores infractores internados tiende a estancarse

SEGURIDAD

Colonia Berro y Montevideo:Tras un pico de 683 internos en junio, hoy hay 627

La cantidad de adolescentes infractores internados en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) aumentó sistemáticamente hasta mediados de este año, cuando comenzó a caer. Las autoridades del Sirpa consideran que, 18 meses después de que entrara en vigencia el aumento de penas para los delitos graves cometidos por adolescentes, la población detenida tiende a estancarse.

En 2012, había 350 menores de edad internados en el sistema. En junio de este año se alcanzó un récord de 683 adolescentes detenidos en el Sirpa. Hoy hay 627, la mitad en la Colonia Berro (un predio con varios centros de detención ubicado a las afuera de Pando) y la otra mitad en centros de Montevideo.

El director del Sirpa, Ruben Villaverde, informó a El Observador que “la población tiende a estancarse”, y aseguró que al finalizar este período de gobierno “habrá más plazas que muchachos internados”, con lo que el hacinamiento habrá desaparecido.

En los últimos dos años, durante la gestión de Villaverde, el Sirpa creó 321 nuevas plazas. En los próximos seis meses, las autoridades prevén la creación de otras 74 plazas.

Esto permitirá, incluso, la clausura de dos de los tres sectores del centro Ser, el de máxima seguridad de la Colonia Berro, para su “transformación radical”, en el decir de Villaverde. En ese centro se concentraron los principales problemas del sistema: hacinamiento, exceso de encierro, golpizas y abusos (ver apunte).

Subida y caída

El aumento sistemático de la cantidad de adolescentes recluidos en el sistema durante los últimos dos años se produjo por dos razones: el aumento de las penas y la reducción de la fugas.

En contrapartida, la reducción que se produjo en los últimos tres meses responde a que decenas de adolescentes cumplieron el año de internación con que fueron sancionados.
Desde el 1º de febrero del 2013, cuando entró en vigencia la ley 19.055, los adolescentes que cometieron delitos graves, como rapiña u homicidio, fueron internados por al menos un año. Por esa razón, el año pasado hubo muchos ingresos y pocas salidas. En los últimos 100 días, esa tendencia se revirtió.

Baja de los delitos

El aumento de las penas y la reducción de las fugas (desde 1.187 en 2009 a cero este año) repercutió además en la caída de los delitos cometidos por adolescentes.

En 2013 hubo 24 homicidios ejecutados por menores de edad; este año 10. También cayeron las tentativas de homicidio, de 18 a 3, y los homicidios con otra infacción como rapiña, de 10 a 3, informó el Sirpa en un comunicado de prensa divulgado el viernes.

Esta caída de los delitos graves está en sintonía con la reducción de rapiñas cometidas por adolescentes.

En 2011 fueron condenados en Montevideo por rapiñas 642 menores; en 2012, 445; y en 2013, 381. La cantidad de adolescentes condenados por rapiñas entre 2011 y 2013 cayó 41% , según estadísticas del Poder Judicial.
Fin de las fugas

Históricamente hubo más fugas que menores internados. Solo en 2009, hubo 1.187 fugas. Los adolescentes infractores entraban por una puerta al sistema y salían por otra. Delinquían, volvían a entrar y escapaban otra vez. Esto repercutía, obviamente, en un incremento de los delitos.

Esa tendencia se mantuvo hasta 2010, según datos del Sirpa a los que accedió El Observador.El 12 de abril de 2012, cuando se creó el Sirpa (para ocupar el lugar del Interj), Villaverde asumió la dirección del nuevo sistema y se propuso, como prioridad, terminar con las fugas. Y lo logró. En 2012 hubo 35 fugas; en 2013, 25; y este año ningún menor ha logrado escaparse sin que lo atrapen.

Sin embargo, siguen existiendo intentos. La semana pasada hubo varios que se lograron controlar. “Acá no se puede bajar la guardia ni un minuto”, dijo Villaverde a El Observador.

Villaverde y Salsamendi declaran hoy

El director del Sirpa, Ruben Villaverde, y el presidente del INAU, Javier Salsamendi, declaran hoy en el juzgado de Pando en calidad de testigos en el marco de una de las siete denuncias de abuso y maltrato contra menores internados en el centro Ser de la Colonia Berro por parte de funcionarios. En el marco de otra causa, el fiscal Leonardo Morales pidió el procesamiento de siete funcionarios, uno de ellos con prisión (“Popeye”, quien fue filmado por otro funcionario mientras golpeaba en el piso a un adolescente dentro del centro Ser) y seis sin prisión, entre ellos, dos exdirectores del centro Ser, Jéssica Barrios y Alejandro Araújo. La jueza Isaura Tórtora resolverá en los próximos días si procesa a los funcionarios. Mientras que Araújo tomó licencia el 16 de junio, cuando INAU y Sirpa intervinieron el centro, Barrios fue trasladada a la división Arquitectura y aún se la puede ver en la Colonia Berro.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/288683/poblacion-de-menores-infractores-internados-tiende-a-estancarse/

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Informe internacional condena reclusión de menores en INAU

FUNCIONARIO DIJO QUE EL HOGAR SER ES UN «DEPÓSITO HUMANO»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundirá hoy un informe crítico sobre la institucionalización de menores en hogares del INAU. Fundamentalmente cuestionará la situación del Hogar SER y el enfoque de las políticas sociales.

En los últimos días la relatora sobre Derechos Humanos de la Niñez de la (CIDH), Rosa María Ortiz, visitó diversos hogares del INAU que albergan a adolescentes infractores y niños abandonados en condiciones de ser adoptados.

Sus conclusiones, si bien advierten mejoras en algunos centros, cuestionan duramente las condiciones de reclusión en el Hogar SER, que así suma un nuevo informe condenatorio. Antes lo hicieron la Institución Nacional de Derechos Humanos y unas treinta organizaciones sociales que, incluso, exigieron la renuncia del director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde.

«Por más buena voluntad y más allá de los esfuerzos y los cambios que uno puede ver, se puede observar el ejemplo muy positivo de (Hogar) Ituzaingó y, enfrente, el ejemplo de todo lo negativo, de lo que no debe ser: el Hogar SER. Entonces, uno puede ver el esfuerzo, se redobló el presupuesto y se duplicó el número de funcionarios, pero el desafío es que los niños no pasen a ese sistema. El sistema de protección y el sistema de justicia juvenil representan el fracaso de las otras políticas. Si los chicos entran ahí es porque fracasaron las otras políticas», sostuvo Ortiz el pasado miércoles cuando compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El Hogar SER, junto a otros del Sirpa, ha estado a lo largo del año cuestionado por informes y denuncias judiciales que aluden a golpizas, torturas, hacinamiento y pésimas condiciones para los internos.

En su visita al país, Ortiz fue acompañada por el director adjunto de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriel Winter. El funcionario fue más explícito aun al hacer uso de la palabra en el Parlamento.

«Hay una cosa que nos llamó la atención con la relatora. Precisamente, en la visita a los establecimientos de privación de libertad encontramos el hogar Ituzaingó, que es un modelo y cruzando la calle, a 100 metros, el hogar SER. En el mismo establecimiento conviven dos modelos absolutamente opuestos. Eso muestra que lo que hablamos es posible. En ambos casos se trata de menores infractores del interior y de Montevideo, con distintas tareas. En un mundo se convive sin rejas, manipulando cuchillas de hojas de 25 y 30 centímetros sin que pase nada, estaban haciendo ravioles en clara armonía. Incluso, había un chico del interior que se dedicaba a tareas de agroproducción. No había ningún problema. El otro caso (Hogar SER), lamentablemente, es un depósito humano». 

Críticas.

Ortiz cuestiona una tendencia excesiva del Estado a institucionalizar niños y adolescentes, con el destino de un enorme presupuesto que no revierte las causas sociales que llevaron a esos jóvenes a estar allí y la ausencia de coordinación entre la políticas sociales estatales.

«Hoy en día, luego de visitar las instituciones, soy consciente de su mejoramiento en muchos aspectos pero, lastimosamente, es triste ver que recursos tan grandes se inviertan en un reducido número de niños, que son menos de cinco mil (en condiciones de ser adoptados). La cantidad de recursos que se invierte ahí debería dedicarse, sobre todo, a los lugares de donde vienen estos niños. Los sistemas de protección tienen que ser la alerta para decir: «De tal lugar están viniendo tales problemas que precisan ser atendidos para prevenir». Y no solamente tiene que apuntarse a mejorar eso otro, aunque es cierto que la atención tiene que ser adecuada, que no debe haber una revictimización. De cualquier manera, la revictimización empieza en el momento en el que el niño entra al sistema, ya sea de protección o de adolescentes en conflicto con la ley. Entrar a ese sistema, aunque le llamemos de protección, significa un costo muy fuerte para los niños», afirmó.

Según Ortiz, pese a los cambios del marco jurídico destinado a proteger a la infancia y la adolescencia, «siguió la fuerte apuesta a una institución tipo patronato que se ocupa de los niños con problemas y no operó la fuerza del cambio en el sentido de comprender que atender a los niños no implica solo atender a los que tienen problemas. Atender a los niños tiene que ver con atenderlos antes y para que no tengan problemas. Y esto otro tiene que ser una parte muy reducida del presupuesto que se invierta».

Si bien destacó la existencia de políticas educativa, sanitarias y el programa «Uruguay Crece Contigo», sostuvo que «todavía sobresale en Uruguay la fuerza tan grande» de la institucionalización. «Setecientos adolescentes (infractores) privados de libertad y alrededor de tres mil niños en instituciones comen un presupuesto enorme, porque atenderlos implica tres turnos de funcionarios. Entonces, uno ve un hogar que tiene unos cuarenta o cincuenta niños y cincuenta funcionarios. Eso es muy costoso y a los niños no les sirve estar institucionalizados. Ahí no se aprende la vida cívica ni sobre las relaciones familiares. Ahí se aprende sobre la segregación, el maltrato y la exclusión. Los hijos de esos chicos terminan en las instituciones», afirmó.

El Estado está «para atender a las familias que no saben cómo hacerse cargo de sus niños, en lugar de que esas familias tengan el servicio del Estado en la comunidad», explicó.

Según Ortiz «es absurdo gastar tanto dinero para dar una atención que perjudica a un niño en lugar de destinarlo a la familia, para que tenga apoyo en una buena guardería, soporte psicológico o ayuda en la búsqueda de trabajo».

También apuntó a la «desarticulación» de los programas sociales y la ausencia de coordinador. «No es que no existan, sino que no hay comunicación entre ellos. Los programas de atención a los niños no se vinculan estrechamente con los programas de prevención», dijo.

Informe sobre situación de la niñez en el INAU

El martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe «Derechos del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo poniendo fin a la institucionalización en las Américas». El trabajo cuestiona aspectos de las políticas estatales de Uruguay hacia la niñez.

Se señala que en Uruguay, así como en Guatemala, México y Paraguay, la Comisión tuvo conocimiento «de situaciones en las cuales niños y niñas de diversas edades compartían instalaciones y servicios con personas adultas ingresadas en el mismo centro; este tipo de situaciones han sido detectadas en particular en establecimientos residenciales que prestan cuidados a personas con algún tipo de discapacidad o con alguna condición médica».

En el caso concreto de Uruguay, alude a una institución «que aloja a más de 80 personas con discapacidad de todas las edades; en su mayoría ingresan siendo niños o adolescentes pero permanecen allí aún alcanzada la mayoría de edad dadas las escasas posibilidades de integración familiar y comunitaria. Al respecto, la Comisión enfatiza la necesidad de que existan secciones especializadas para el tratamiento y atención de la población infantil y adolescente, separadas de las secciones y de las instalaciones para adultos.

La comisión señala que Uruguay, así como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y República Dominicana, ha sido observado en reiteradas ocasiones por «la excesiva utilización de la institucionalización de niños».

La Comisión celebra que Uruguay haya aprobado legislación que establece un plazo máximo de permanencia de los niños pequeños en las instituciones.

Experta en DD.HH.

La Comisión Interamericana la designó como Relatora para los Derechos Humanos de la Niñez el 26 de enero de 2012. Se graduó en comunicación social y es experta en los derechos de niños y niñas. Fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y asesora de Derechos Humanos y Diversidad Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República del Paraguay. Es fundadora y miembro de varias organizaciones de derechos humanos, como Decidamos, Global, Tekoha, Callescuela y Taller de Comunicación y Educación Popular. En 2003 recibió el premio Mujer Paraguaya de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia.

http://www.elpais.com.uy/informacion/informe-internacional-condena-reclusion-menores.html

Estado viola DD.HH de menores infractores, afirma informe oficial

INSPECCIÓN: HACINADOS Y ENCERRADOS TODO EL DÍA; LA LECTURA ESTÁ PROHIBIDA

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) detectó que en la mayoría de los centros de reclusión del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) los menores viven hacinados y se violan sus derechos más elementales.

La Institución relevó las condiciones de reclusión en todos los centros del Sirpa y en la enorme mayoría comprobó problemas de hacinamiento, higiene y trato. Los jóvenes pasan hasta 23 horas al día encerrados y hacinados, en celdas sin ventilación, duermen en el piso y, en algunos centros, les prohíben el acceso a material de lectura.

Se coincide en señalar que las condiciones verificadas impiden la rehabilitación y reinserción social de los infractores.

En los centros no hay un régimen de convivencia y normas de funcionamiento presentadas por escrito, ni una adecuada notificación de sanciones. Es común la práctica de aplicar sanciones colectivas por conductas individuales. Padres de menores pidieron a la Institución que no hagan denuncias porque, aseguran, luego llegan las represalias por parte de los funcionarios (ver nota aparte).

Los informes repiten que las condiciones constatadas «vulneran el derecho a la dignidad, integridad, salud, educación, recreación, cultura y participación» de los menores internados, principios consagrados por la ley nacional y los pactos internacionales a los que adhiere Uruguay.

El informe, al que accedió El País, fue presentado ayer en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

En el Centro de Medidas de Contención hay celdas para cuatro personas en las que viven ocho. «Esto dificulta cualquier tipo de clasificación, tratamiento individualizado o seguimiento de la sanción que tiene una naturaleza socio-educativa», afirma el informe. «Gran cantidad de jóvenes no tienen camas y duermen en el piso», acota. «Las celdas 9 y 10 -que recomienda clausurar- no cuentan con las condiciones mínimas indispensables para alojar a una persona. El estado de las mismas es deplorable, su aspecto denigrante, la higiene es pésima, el calor sofocante, agobiante, irresistible. El baño no reúne las condiciones mínimas de higiene, decoro y dignidad», afirma el Inddhh.

Los jóvenes pasan entre el 80% y 90% de su tiempo adentro de las celdas. «Impera el ocio, el tedio, el tiempo vacío y displacentero. La vida en el Centro transcurre y se organiza en torno al encierro», sostiene el documento de 54 páginas.

En el Centro Sarandí hay jóvenes que duermen en el piso. Sin embargo, el informe del Inddhh dice que «esta carencia» es utilizada por el equipo de trabajo como una «oportunidad de trasmitir valores apelando a que los adolescentes sean solidarios y roten en el hecho concreto de dormir en el piso».

En el Centro SER, la Institución afirma que las condiciones son «totalmente inadecuadas para albergar la cantidad de jóvenes en situación de encierro» y el estado de los baños es «deplorable», además de constatar falta de higiene «en general».

En el Centro Las Piedras, en noviembre de 2013, había 46 internos cuando la capacidad locativa es adecuada para 25, lo que obliga a varios jóvenes a dormir en el piso. Además, hay un solo baño para todos y los adolescentes pasan en sus celdas 16 horas al día.

En el Centro Desafío, que aloja a adolescentes de 13 a 15 años, la densidad poblacional es del 153%, lo que se considera «crítico» según los estándares internacionales. Las celdas carecen de luz natural y ventilación adecuada. Los jóvenes están encerrados la mayor parte del día en sus celdas, faltan actividades educativas, recreativas y laborales.

El Centro de Internación Provisoria recibe a jóvenes de 13 a 17 años, pero su condición no es tan «transitoria» porque allí pasan más de dos meses. La Institución constató que en la celda 1, donde cohabitan 11 jóvenes, no hay una sola ventana que permita la entrada de aire y luz, por lo que reclama su clausura hasta que se realice la abertura. Además, los gabinetes higiénicos no tienen puertas y el día de visita la densidad poblacional del centro es de 188%.

«El encierro de los jóvenes durante la mayor parte del día es la regla general, por lo que se prioriza su seguridad por sobre las medidas socioeducativas que posibiliten y beneficien desde su ingreso al sistema una efectiva inserción social», afirma el documento.

«La prohibición de tener material de lectura no se corresponde con los objetivos de las medidas socio-educativas asignados a las sanciones en el sistema de responsabilidad penal», agregó.

La asistencia médica depende de la disponibilidad del Centro Desafío. «Dadas las condiciones de hacinamiento y encierro a las que están sometidos los adolescentes, deberían instrumentarse medidas sanitarias preventivas y recorridas diarias del servicio médico», sostiene el Inddhh.

En el Centro de Internación de Adolescentes Femeninas el hacinamiento es «general», a lo que se suma «falta de higiene e inexistencia de privacidad del espacio para realizar sus necesidades fisiológicas».

«La Convención sobre los derechos del niño prohíbe someter a los niños a tratos crueles, degradantes o inhumanos, así como también ordena al Estado brindar a los adolescentes privados de libertad un trato acorde a su dignidad humana, en este sentido algunas de las situaciones narradas por las adolescentes parece transgredir estas disposiciones, sin perjuicio de que algunas condiciones edilicias observadas en las que están alojadas las adolescentes constituyen per sé un trato indigno», acota la inspección.

En el Centro Burgues el hacinamiento es del 175%. «Las condiciones de hacinamiento e instalaciones son intolerables y coliden con la finalidad perseguida en un sistema de responsabilidad penal juvenil propio de un Estado Social de Derecho», afirma el Inddhh.

Temor: piden no denunciar

En la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos presentaron su informe y revelaron que los propios padres de los menores internados envían cartas pidiendo que no se denuncien las situaciones porque, aseguran, luego sus hijos son víctimas de represalias. Concretamente se aludió a un hecho constatado en el Hogar SER.

Los titulares del Inddhh revelaron que presentaron una denuncia penal por hechos irregulares detectados en uno de los centros de detención.

También señalaron que hay castigos colectivos, como por ejemplo impedir el acceso de los menores a los baños.

http://www.elpais.com.uy