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Presentan proyecto de ley para usar millas de viajes oficiales en pacientes


PARLAMENTO

El senador nacionalista, Javier García propuso un proyecto de ley para hacer uso de las millas generadas en los viajes oficiales en pacientes que requieran atención en el exterior del país.

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Senador por el Partido Nacional, Javier García. Foto: Archivo El País

García hizo público el proyecto este martes en el Parlamento donde dijo que «el Estado uruguayo compra con fondos que son públicos pasajes aéreos para que sus funcionarios participen en misiones oficiales en el exterior del país».

Allí el senador adujo que «sumando los tres poderes del Estado son un número muy importante de viajes al año. Las compañías aéreas tienen como política acreditar a los pasajeros “millas” que se acumulan en una cuenta personal del titular del pasaje para comprar con ese beneficio otros pasajes en esa compañía».

Para el senador es «obvio que en el caso de los funcionarios el pago del pasaje se hace con fondos públicos, pagados por toda la sociedad. Si bien el “titular” del pasaje es una persona determinada, no viaja ni por motivos particulares ni su pasaje es pagado por él. Por lo tanto no corresponde que a partir de un pasaje pagado por el Estado, luego se genere un beneficio personal».

En ese sentido García indicó que  «la sociedad es testigo de campañas públicas dónde se pide apoyo y donaciones para solventar viajes al extranjero para la realización de tratamientos médicos. Incluso el propio Estado a través del Ministerio de Salud Pública y la Cancillería recibe consultas de ese tipo».

«Por este proyecto de ley lo que se busca es dar un destino social y solidario a un beneficio (las millas) que actualmente quedan entre los funcionarios públicos que viajan en misión oficial» aseguro el legislador nacionalista.

El proyecto de ley consta de seis artículos redactados a continuación:

Artículo Nº 1 – Todo funcionario público, de cualquier jerarquía o Poder del Estado, que viaje al exterior con pasaje aéreo financiado con recursos públicos, deberá volcar las millas otorgadas por la compañía aérea a un sistema general administrado por el Fondo Nacional de Recursos.

Artículo Nº 2 – Las millas acumuladas en el Fondo Nacional de Recursos se destinarán a la compra de pasajes aéreos para pacientes que requieran viajar para la realización de tratamientos o procedimientos médicos o quirúrgicos. El paciente o un familiar responsable deberá solicitar el beneficio fundado en las razones médicas del tratamiento en el exterior pudiendo para ello adjuntar los asesoramientos que estime pertinentes, y además deberá demostrar su imposibilidad de solventar por medios propios el pasaje. El FNR será encargado de evaluar y aprobar o denegar la solicitud fundadamente. Se comprende en este beneficio a un acompañante por paciente.

Artículo Nº 3 – El Fondo Nacional de Recursos administrará las millas aéreas procediendo a establecer los mecanismos administrativos que las oficinas públicas deberán seguir con los operadores aéreos o agencias de viaje al momento de la compra de los pasajes para sus funcionarios.

Artículo Nº 4 – En el caso que no existiera un convenio marco con los operadores aéreos o agencias de viaje, los funcionarios beneficiarios de pasajes pagados por el erario público una vez en poder del pasaje deberán hacer saber ante la compañía aérea su calidad de funcionario estatal para que se destinen las millas al sistema mencionado en el artículo 1º. En caso contrario quedarán expuestos a las sanciones administrativas o judiciales que correspondan.

Artículo Nº 5 – Anualmente el Fondo Nacional de Recursos deberá publicar la cantidad de personas a quienes se les compró pasajes aéreos por este mecanismo, detallando empresas aéreas y cantidades otorgadas de millas.

Articulo Nº 6 – El Fondo Nacional de Recursos no tiene ninguna obligación de pagar pasajes por los motivos detallados si se diera la circunstancia de agotar la cantidad de millas aéreas a su disposición.

http://www.elpais.com.uy/informacion/proyecto-ley-millas-viajes-pacientes.html

Gobierno busca evitar suba de cuota mutual en enero


PARA CONTENER LA INFLACIÓN, ENVIÓ PROYECTO DE LEY

Los ministerios de Economía y Salud enviaron al Parlamento un proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal por hasta 22 puntos porcentuales de los ingresos correspondientes a cuotas que no se vierten por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y ampliar el esquema de créditos de IVA vigente, «con el objetivo de reducir el precio de la cuota mutual y de evitar el aumento previsto para enero de 2015», dice el texto.

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«Es propósito del Poder Ejecutivo continuar desarrollando todas aquellas acciones que coadyuven al control de la inflación, como forma de protección de los sectores de ingresos fijos, particularmente asalariados y pasivos», dice la iniciativa legal.

La ley estará vigente desde el primer día del mes de su promulgación y hasta el 30 de junio de 2016, fecha en la cual culmina el proceso de incorporación de jubilados y pensionistas al Fonasa.

Una medida similar tuvo lugar en abril, como parte del paquete de acciones impulsadas por el gobierno para evitar que la inflación alcanzara (en aquel momento) los dos dígitos.

En esa ocasión se dispuso la exoneración de IVA para frutas y verduras, y la exoneración de IVA sobre el cargo fijo de las tarifas de UTE y Antel que el gobierno planea mantener porque se evalúa de forma positiva en sus resultados. «La medida no tiene fecha de vencimiento», dijo semanas atrás a El País, el ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara. Otra medida adoptada fue la rebaja en el precio del 5 de oro de 33%.

Los primeros meses del año fueron los de mayor presión inflacionaria, pero a partir de abril la suba de precios comenzó a moderarse. A mediados de año también se dispuso una rebaja en el precio de la tarifa eléctrica de UTE de 5,5% en promedio que sirvió para combatir la suba de precios.

Los precios del consumo aumentaron 0,15% en noviembre respecto a octubre, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y la inflación fue de 8,05% en los 12 meses cerrados a noviembre.

Ahora el gobierno pretende aliviar las presiones inflacionarias en enero, un mes que tradicionalmente son fuertes por el ajuste de los salarios y el aumento de las tarifas públicas. Todo hace indicar que UTE ajustará al alza sus tarifas y en Ancap, su vicepresidente Germán Riet dijo a El País días atrás que hasta marzo, al ente no le dan los números para bajar.

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http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/gobierno-busca-evitar-suba-cuota.html

Aduanas admite que no controla la venta de cigarrillos ilegales


TABACO

La política para limitar el contrabando se concentra en rutas y fronteras

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El Senado debate desde hace algunas semanas un proyecto de ley que termina de prohibir la publidad de cigarrillos en todos sus términos. Los kiosqueros se han quejado al señalar que la medida los perjudicará porque los dejará en desventaja frente a los vendedores de cigarrillos ilegales. Sin publicidad, argumentan, ya no tendrán cómo competir con los cerca de
$ 30 que cuestan las cajillas de contrabando, cuando las suyas valen en el entorno de los $ 80.

En ese marco, los senadores invitaron a una delegación de la Dirección Nacional de Aduanas para que les informara acerca de los controles al contrabando de tabaco. De alguna manera, el oficialismo –que defiende el proyecto de ley– esperaba demostrar con ese aporte que los contrabandistas no la tienen tan fácil.

Sin embargo, la estrategia falló: el personal de Aduanas que concurrió al Senado este martes reconoció que no aplica ningún control a los vendedores informales, lo cual dejó perplejos a los legisladores frenteamplistas y dio pie a la oposición para criticar la política antitabaco.

Según consta en el acta de la sesión, el senador Luis Gallo, de Asamblea Uruguay, planteó como “hecho evidente” que “hay lugares de venta de cigarrillos de contrabando que están a la vista de todo el mundo. Entonces, además del control que se hace en la entrada y en la circulación de los productos de contrabando, ¿se considera que hay que actuar en las bocas de salida? ¿Hay un programa para actuar ahí, o la práctica de la que hablamos se hace en forma libre, prácticamente sin control?”, preguntó.

El gerente del Área Operativa de Aduanas, Andrés Méndez, se sinceró: “Específicamente para eso no tenemos ningún programa. La estrategia es evitar el ingreso, allí donde vienen los mayoristas; es ahí donde podemos concentrar los recursos. No nos sirve correr detrás de un kiosquero que vende uno o dos cartones, porque eso insumiría muchísimos recursos que, por otra parte, no tenemos. Podríamos pasar días y días en las camionetas, vigilando, para juntar dos bolsas con cigarros. Por eso, la estrategia diseñada es otra”.

Gallo, que antes había señalado a Aduanas como “el organismo de contralor” por excelencia, no volvió a intervenir. El único senador que habló luego de las palabras de Méndez fue Luis Alberto Lacalle, que tildó la situación de “paradojal”. Lacalle se refirió con ironía al hecho de que los cigarrillos legales tengan controles sanitarios, restricciones de venta e impuestos, mientras que los ilegales se venden sin vigilancia y sin información sobre qué contienen exactamente.

El gerente de Aduanas señaló que la política de control del tabaco ilegal pasa esencialmente por los operativos en la frontera. Afirmó que en 2013 se incautaron US$ 700 mil en cigarrillos de contrabando. “El año pasado, por ejemplo, hicimos un par de operativos en la frontera norte con Brasil, los cuales arrojaron personas detenidas”, alegó.

Méndez también mencionó que recientemente se inaguraron cuatro “sedes regionales de vigilancia móvil” en Rocha, Salto, Dolores y Tranqueras, para tener “mayor presencia y eficacia” en las rutas.

Consumo de tabaco ilegal bajó, pero poco

Según datos de la Dirección General Impositiva y la empresa de análisis de mercado Euromonitor,  el consumo de cigarrillos en Uruguay viene bajando desde 1999, aunque la caída se frenó a partir de 2010. Bajó más la venta de los productos legales (-36,7%) que de los que ingresaron por contrabando (-9,7%), A su vez, en 2013 se comercializaron 27 millones de cajillas de cigarrillos ilegales cuando 15 años atrás se vendían 30 millones.

http://www.elobservador.com.uy

Proyecto de ley busca la eliminación del mercurio para el 2020


El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para proteger la salud humano y el ambiente de las emisiones de mercurio y otras sustancias residuales. Uno de los objetivos es eliminar los termómetros con este metal para el 2020.

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La utilización del mercurio puede constituirlo en una neurotoxima que afecta los riñones y muchos sistemas corporales como los sistemas nervioso, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, hematológico, inmunológico y reproductivo.

Para el 2020 se espera prohibir la producción y el intercambio comercial de algunos productos que contienen mercurio, como pilas, lámparas fluorescentes, algunos tipos de jabones y cosméticos, instrumental médico no electrónicos como termómetros y aparatos de medición de presión arterial.

En Uruguay las posibles fuentes de emisión son: incineradores de residuos, fundiciones de metales no ferrosos y cementeras. Además considera que se deberán concentrar los esfuerzos para implementar nuevos procesos de fabricación de cloro y soda con electrodos de mercurio.

Especifica los daños que puede ocasionar a la atmósfera y el aumento del riesgo para la especie humana en caso de afectar a las cadenas alimenticias, principalmente por dispersión en el agua y consumo de peces afectados.

La normativa también consagra exigencias que abarcan a la totalidad del ciclo del mercurio con las implicaciones para los sectores económicos, de la construcción, electricidad, minería, agricultura, pesca, amalgamas dentales, entre otras e incluye un artículo dedicado a mejorar aspectos de salud.

Más información en el proyecto de ley adjunto a este artículo en formato PDF.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
Fuente Presidencia
VA

Proyecto de ley obliga a filmar todas las cirugías


LA IDEA ESTÁ BASADA EN LAS «CAJAS NEGRAS» DE AVIONES

La Asociación Cuidar la Vida, que preside la madre de Rodrigo Aguirre, fallecido en una operación, presentó un proyecto de ley para que se instalen en todos los blocks quirúrgicos sistemas de audio y video que permitan filmar las cirugías.

Establecen como «instrumento indispensable» uso de dispositivos de audio y video en  blocks quirúrgicos. AP

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El joven Rodrigo Aguirre, hermano del director técnico Diego Aguirre (ex-Peñarol), murió en el año 2007 luego de ser sometido a una operación quirúrgica con anestesia local, una cirugía menor. El anestesista fue condenado a tres años de cárcel por el homicidio culpable del joven de 23 años.

Liropeya Camblor de Aguirre, madre de Rodrigo y presidenta de la Asociación Cuidar la Vida, presentó a la Comisión de Salud del Senado un proyecto de ley para instalar cámaras en los blocks quirúrgicos como forma de preservar la seguridad de los pacientes. Ahora la organización espera que los senadores concedan un pedido de audiencia para comenzar a tratar la propuesta.

La iniciativa de cuatro ar- tículos a la que accedió El País establece como «instrumento indispensable» el uso de dispositivos de audio y video en las salas de operaciones de todos los centros de salud (públicos y privados) del país.

Para hacer la propuesta, la asociación partió de la base de la experiencia de las «cajas negras» utilizadas en la aviación para registrar la actividad de los instrumentos y las conversaciones en la cabina de los aviones.

Además se tuvo en cuenta el uso de videocámaras en actos quirúrgicos de países como Japón. Camblor explicó que allí se permite la filmación de las intervenciones quirúrgicas por parte de los mismos familiares del paciente.

«Después del fallecimiento de mi hijo siempre pensé en hacer algo para que no volvieran a suceder este tipo de equivocaciones, para que se filmaran las operaciones y quedara registrado, por si pasa un accidente o una catástrofe como la que nos pasó, para que no haya dudas», señaló Camblor.

 

El proyecto también declara como instrumento esencial la digitalización de todas las fichas quirúrgicas (registro de todos los acontecimientos, personas e instrumentos utilizados que participen o formen parte del acto quirúrgico).

La idea es que la información contenida en la ficha «sea inviolable» y pueda ser consultada con la orden judicial correspondiente, como forma de brindar las máximas garantías a médicos, pacientes y familiares.

A su vez, se obliga al equipo médico de las instituciones públicas y privadas a realizar «la pausa quirúrgica», previo al acto médico (en la cual se procede a revisar todos los elementos, instrumentos y personas que estarán presentes durante el acto quirúrgico).

En la exposición de motivos del proyecto se explica que «la complejidad de las organizaciones y los procedimientos actuales disponibles para la atención de la salud han hecho que se produzcan en forma creciente situaciones que pueden ocasionar graves perjuicios a los pacientes, lesiones irreparables y aun la pérdida de la vida». A su vez se advierte que los eventos adversos a los que incurre el personal de salud, «por el desconocimiento o falta de aplicación de las precauciones que son universalmente exigibles», pueden ir desde la falta de precaución en la fabricación de insumos, la utilización de vías inadecuadas de administración de fármacos y alimentos hasta la carencia en la observación de normas técnicas elementales.

«Estos hechos que pueden producir graves daños y aun la muerte de personas, son responsabilidad de la organización sanitaria, a través de sus instituciones prestadoras, de las instituciones educativas que forman personal idóneo, y de los profesionales y técnicos actuantes. Por tal motivo consideramos necesaria la articulación entre distintos elementos que medien como garantes entre médicos y pacientes», asegura.

«Filmar todo es una seguridad»

En una carta que dirigió al senador Alfredo Solari (presidente de la Comisión de Salud del Senado), Liropeya Camblor -madre del joven Rodrigo Aguirre fallecido en 2007 tras una intervención quirúrgica- explicó sus razones para presentar el proyecto de ley que obligaría a mutualistas y hospitales a filmar cirugías.

«Sería un bien para la seguridad del paciente y también para los profesionales actuantes, tener todo filmado. La autenticidad fiel de la ficha anestésico quirúrgica es de valor para los futuros médicos y también para muchos médicos cuando una cirugía es diferente y conlleva mayores riesgos. Siempre teniendo la privacidad del enfermo», argumentó Camblor.

La madre del joven fallecido sostuvo que «dadas las circunstancias hay que tomar medidas de estricta vigilancia, porque es una de las formas de que pongan atención aquellos profesionales que toman la profesión como una maquinita de hacer dinero olvidando lo más importante que es cuidar la vida de cada paciente».

Camblor indicó que este tipo de mala praxis «no pueden volver a suceder», pero siguen existiendo. Por lo que llamó a «tomar medidas urgentemente».

En memoria de Rodrigo Aguirre, todos los 14 de abril de cada año se celebra el Día de la Seguridad del Paciente.

http://www.elpais.com.uy

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