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«Hay una estigmatización de las familias más pobres»


JORGE FERRANDO

El vicepresidente del INAU afirmó que la Justicia no duda en procesar con prisión a madres cuyos hijos incurrieron en ilícitos. Sin embargo, dijo, no aplica la misma vara con casos de violencia doméstica; padres que incumplen pensiones alimenticias, y de accidentes causados por jóvenes que robaron autos a sus padres. «Hay una estigmatización de las familias más pobres», dijo.

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Jorge Ferrando. Foto: Archivo El País

-En una semana hubo cuatro procesamientos de madres por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. ¿Los jueces exageran de la medida privativa de libertad?

-Más que exagerando, me parece que hay una tendencia en toda la sociedad a pedir más control, más prisión y más represión. Entiendo que, en líneas generales, la gestión del Ministerio del Interior es muy buena y que hay un incremento de la privación de libertad tanto de adultos como de adolescentes. Sin embargo, la sensación de seguridad en la población no mejora. Quiere decir que hay algo en la solución que no funciona adecuadamente. Además hay una estigmatización de las familias más pobres.

-¿De parte de la Justicia?

-Hay otras situaciones como la violencia doméstica. Hay miles de denuncias al año sobre violencia doméstica. Muchas veces los varones padres incurren en situaciones violentas a veces físicas o amenazas psicológicas que afectan a las mujeres y a sus hijos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no son privados de libertad. Hay situaciones en otros sectores sociales donde se generan omisiones a la patria potestad. Por ejemplo, por no hacerse cargo de la pensión alimentaria o mentir en los ingresos para pasarle menos a los hijos.

-Sin embargo, este tipo de conductas no se sancionan penalmente.

-En muchos casos tengo la impresión que no. Por lo menos no son noticias. O adolescentes que les roban los autos a sus padres y luego protagonizaron accidentes. O manejan una moto sin ningún tipo de precaución y también tienen accidentes.

-¿Hay una omisión de la Justicia por no intervenir en estos delitos con la misma dureza como lo hace con los casos de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad?

-Nos está faltando más diálogo entre los actores para tener una política más coherente donde las distintas partes actuemos en el mismo sentido. El juez en su razonamiento considera que tiene un montón de casos para resolver: tengo el marco de la ley, esta me habilita a esto y tomo la medida. Otros jueces enfocan su trabajo en un modo diferente cuando resuelven problemas en el ámbito familiar. Recurren a técnicos del INAU o a programas estatales. Cuando emiten un fallo toman en cuenta todos los elementos. Acá también está faltando con más fuerza la figura del defensor de los niños. Prácticamente no aparecen en estos casos y los niños siempre tienen derecho a una defensa. El defensor de los niños y la fiscalía tienen un papel que cumplir.

-Antes, los padres eran procesados cuando descuidaban a sus hijos. Ahora corren riesgo aquellos padres cuyos hijos delinquen. ¿Qué opina?

-En el Poder Judicial no hay una posición única. Observo que hay formas diferentes de actuación de los jueces de acuerdo a su autonomía. No dudo de que los padres y madres somos los primeros responsables de nuestros hijos. No tenemos que tener una mirada condescendiente con padres o madres que viven en la pobreza. El Estado tiene que intervenir y apoyar para que esas familias puedan desarrollarse. Cuando las familias fallan y no hay condiciones para una adecuada crianza de los niños, sin duda que tenemos que hacer prevalecer los derechos de los hijos para que estén cuidados, sean educados y alimentados. Pero es un problema pensar que todo se resuelve en los juzgados. Muchos de los problemas sociales no se resuelven en los juzgados sino en el barrio, programas sociales, escuelas y liceos. Los jueces tienen un nivel de saturación importante con la cantidad de casos que deben atender y hay un excesivo destaque de todo lo represivo. Frente a un problema vamos a la Policía o al juez o hacemos justicia por mano propia. Ello no soluciona los problemas de convivencia.

-¿Cree que hay incremento de la judicialización de los casos de omisión de los deberes de la patria potestad?

-Interiorizándome un poco más de la situación del niño y los dos adolescentes que rapiñaron a un repartidor de gas en Cerro Norte, veo que dos madres tenían trabajo fijo y que trabajaban muchas horas al día. Los padres de estos niños estaban presos o habían salido hace poco de la cárcel. Gran parte de las responsabilidades de ingresos de dinero en esos dos hogares recaían en las mujeres. Allí me surgen dos tipos de interrogantes: en primer lugar, si corresponde una actuación y una sanción desde el punto de vista de la justicia penal cuando se tratan de madres que no incitaban a sus hijos a robar sino que, en todo caso, no le estaban dando los cuidados necesarios. La segunda interrogante surge sobre la medida de prisión. Me parece que cuando se trate de mujeres madres de varios hijos, que tienen una fuente de trabajo, una medida no privativa de la libertad sería mucha más positiva desde el punto de vista de la superación del problema y de no empeorar aún más la situación de esa familia. La prisión de esa madre sin duda impacta en el resto. Ya no solo no puede atender adecuadamente al niño que protagonizó un hecho delictivo sino que tampoco puede atender a los otros hijos porque está presa.

-Muchas de estas mujeres integran hogares monoparentales y son jefas de hogares.

-Es así. Esas dos madres cuando salgan de la prisión, es muy posible que pierdan sus trabajos. La situación de esas familias será peor. Será más estigmatizante y no va a cumplir con el rol de rehabilitación y reinserción social que una medida judicial requiere. Creo que los jueces podrían dialogar más con el INAU, con el Mides o el MSP cuando tiene que tomar una decisión para buscar que su fallo se encuadre integralmente en una situación familiar y no solo en un hecho en sí. Es dudoso si corresponde una intervención de la Justicia Penal.

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