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En dos años se duplicaron los reclamos por daño ambiental


MEDIO AMBIENTE

El Mvotma debió utilizar $ 40 millones para contratar más personal

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Mientras actores políticos y sociales cuestionan el impacto ambiental de distintas obras proyectadas por el gobierno –como la inversión en magaminería de Aratirí, el puerto de aguas profundas en Rocha, o el puente de Laguna Garzón–,  las denuncias por problemas ambientales crecieron gradualmente en los últimos dos años.

Durante el año 2012 el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) recibió 100 denuncias por problemas ambientales, informó el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, durante su comparecencia del jueves ante la comisión de Hacienda de Diputados, en el marco de la discusión parlamentaria de la Rendición de Cuentas.

El centenar de denuncias recibidas el año pasado por el ministerio casi duplica a las 60 que hubo en 2010. El ritmo de crecimiento de reclamos es sostenido ya que en 2011 fueron 80 los problemas ambientales advertidos.

El gobierno discute la aplicación de políticas de prevención ambiental para distintas obras o inversiones y a su vez enfrenta cuestionamientos por la calidad del agua, la multiplicación de denuncias denota un incremento de la preocupación de la población por los fenómenos ambientales.

“Hemos tratado de desarrollar la denuncia como un método de apoyo en la gestión ambiental desde la sociedad”, dijo Rucks. Además, el año pasado la cartera recibió 75 solicitudes de acceso a la información pública.

En relación a las sanciones aplicadas, en 2012 hubo 65 multas por un total de 11.720 Unidades Reajustables (cerca de $ 7 millones), seis apercibimientos a emprendimientos por omisiones, y diez suspensiones de actividades.

Más inversión
Del mismo modo que crecieron las denuncias, en los últimos años aumentaron la cantidad de empresas que solicitan permisos para realizar emprendimientos con riesgo ambiental, según informó el director nacional de Medio Ambiente.

En 2012 fueron aprobadas 179 solicitudes de autorizaciones ambientales previas. Hubo 80 que pertenecieron al rubro forestal, 59 a proyectos de minería, 39 a proyectos de construcción en la faja de defensa de costa (tanto urbanizaciones como grupos de viviendas localizadas en esas áreas) y 12 a proyectos de energía, en su mayoría eólica. Además fueron aprobados 22 proyectos industriales.

“El gran desafío que tuvo la Dinama en el 2012 fue dar respuesta, desde el punto de vista de la gestión ambiental, al proceso del desarrollo económico y social del país, que debería acompañarse y acompasarse de medidas de fortalecimiento de las capacidades de gestión, sobre todo de mayor eficiencia y eficacia en el desempeño institucional”, dijo Rucks a los parlamentarios.

Durante la sesión, la evolución de la cantidad de proyectos fue advertida al señalar los estudios de impacto ambiental que realizó la cartera sobre la totalidad de proyectos. En cuatro años, la cantidad de informes casi se duplicaron. Mientras en  2008 hubo 30 estudios de impacto, en 2012 fueron 56.

Rucks señaló que el incremento de la actividad administrativa en la cartera llevó al Mvotma a aumentar la cantidad de funcionarios, para lo que dispuso de un presupuesto de $40 millones.

“En cuanto a las autorizaciones ambientales de operación, de nueve aprobaciones en 2008, pasamos a aprobar 40 en el 2012”, ejemplificó el jerarca.

Defendieron política de vivienda

Durante su comparecencia en el Parlamento, el Ministerio de Vivienda defendió la política de incentivo a la inversión privada en viviendas de interés social, una iniciativa que permite acceder a la casa propia a familias de clase media.
“En el año 2012, de las 4.002 viviendas que ingresaron en 118 proyectos aspirando a los beneficios que otorga esta ley, fueron 2.527 las que efectivamente, en ese período, obtuvieron la promoción e iniciaron obras”, dijo la directora nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry. La ley que habilitó esa política facilita la financiación  del inmueble. Mediante el Banco Hipotecario, la persona debe entregar  entre el 10% y el 30% del costo final del inmueble y el resto es financiado en cuotas a 20 o 25 años.

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Zona de exclusión de cultivos en los ríos genera polémica


CALIDAD DEL AGUA

Se exige más estudios y rigurosidad al Ministerio de Vivienda

santa-lucia_276898El metraje para la zona sin laboreo de tierra y uso de agroquímicos será una de las pulseadas más difíciles para la protección del río Santa Lucía, fuente de agua potable para 1,6 millones de uruguayos. Las medidas propuestas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ya fueron calificadas como “poco serias” por organizaciones civiles y legisladores que pretenden más severidad, al tiempo que expertos en fertilidad del suelo consideran que no se deben aplicar medidas generales sin conocimiento específico del terreno.

El Ministerio de Vivienda propuso una exclusión de 40 metros para cursos principales (Santa Lucía y San José), 20 metros para afluentes de primer orden (arroyo Canelón Grande) y 100 metros para embalses. La Intendencia de Canelones, por su parte, ya anunció que promoverá una franja de exclusión de 100 metros alrededor de la laguna del Cisne, que abastece de agua potable a gran parte de Ciudad de la Costa.

Y el diputado del Partido Nacional, Carmelo Vidalín, presentó un proyecto de ley que busca prohibir las aplicaciones aéreas de químicos a una distancia inferior a 500 metros de cursos de agua; así como también impedir las aplicaciones terrestres mecanizadas a menos de 300 metros.

La restricción vigente es de 30 metros para las fumigaciones aéreas y 10 metros para las terrestres; salvo en áreas cercanas a centros educativos y centros poblados donde se debe respetar una veda de 500 y 300 metros, respectivamente.

“No es de extrañar que existan propuestas diferentes en Uruguay cuando recién se están implementando estas medidas. Existe una gran incertidumbre al respecto”, apuntó Carlos Perdomo, profesor titular del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía.

El experto indicó a El Observador que el ancho óptimo de las franjas va a depender de las condiciones locales del suelo, como la pendiente del terreno, la porosidad de los suelos y la presencia del monte ribereño. En este sentido, 20 metros podrían ser suficientes en una zona con vegetación tupida y un suelo bastante impermeable. Pero, según explicó Omar Casanova, experto en fertilidad de suelos, 200 o 300 metros podrían ser “muy peligrosos si no hay una barrera física” entre el curso de agua y los vertidos de efluentes industriales cercanos y sobre suelos muy permeables. Perdomo, su colega, afirmó: “Para poder hacer estimaciones más precisas habría que tener datos de investigación local, que no existen o son incipientes”.

La propuesta de estos técnicos al comité de cuenca del río Santa Lucía es que no se establezcan diferentes medidas. “Eso de poner 20, 50, o 100, más bien es un problema. Lo importante es poner vegetación y que nos aseguremos que los sedimentos no lleguen a las fuentes superficiales”, dijo Casanova. Respecto a la propuesta de Vidalín, el ingeniero agrónomo agregó que hay que sopesar que demasiada rigurosidad puede redundar en desobediencia. “Las peores leyes son las que no se cumplen”, señaló. Sí compartió que se debe extremar la precaución de los embalses, puesto que allí no hay movimiento de agua y sufren procesos más rápidos de eutrofización (enriquecimiento en exceso con nutrientes). “Son los que más se perjudican con la erosión”, aseveró.

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