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El SMU se enfrenta a anestesistas y al Casmu por reforma


Implica trabajar 48 horas en un solo centro de salud

La Sociedad de Anestesiólogía del Uruguay (SAU) volvió a salir al cruce ayer contra la Convención Médica y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), por instar a los centros de salud a que se instauren cargos de alta dedicación. Advierten que intentan “topearle el sueldo y la libertad de trabajo a una profesión liberal”.

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En tanto, el SMU continúa su enfrentamiento con mutualistas como el Casmu por “no hacer las cosas como se debe” al no instaurar estos cargos. La semana pasada una delegación del sindicato se retiró de una reunión con la Comisión de Asesoramiento Multipartito (CAM), que funciona en el ámbito del Consejo de Salarios, para expresar su protesta. En estos encuentros participan las empresas, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el sindicato.

A través de un comunicado, la SAU expresó que “el 70% (de los anestesistas) está en desacuerdo con el empleo único y el 80% está en desacuerdo en limitar el ejercicio libre de la profesión”.

“Si bien el 21,3% de los encuestados opina que la estrategia de eliminar el multiempleo sería una solución buena o muy buena para revertir la falta de anestesistas en ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado), el 68% de los anestesistas considera que la eliminación del multiempleo es una medida mala o inútil o incluso una muy mala para la solución de ese problema. A lo que se agrega la falta de confianza en el posible ente regulador, ya que el 72% opina que su gestión será mala o errática”, añaden.

Retirada.

Por otra parte, según denuncia el SMU, hasta el mes de mayo, solo ocho de las 11 instituciones privadas iniciaron el proceso para instalar cargos de alta dedicación. El SMU dijo que la falta más “destacada” es Casmu, a quien catalogó como la única de las “instituciones grandes” que no cumple con un convenio firmado en noviembre de 2012 sobre la reforma del mercado de trabajo. En este sentido, denuncia que esta mutualista ya debería haber creado 24 cargos de alta dedicación.

“Es la única empresa grande que no está avanzando en la implementación de estos cargos. No están haciendo las cosas como se debe, como sí lo hicieron las otras. Entonces, cuando el Casmu nos informó esto (la semana pasada en el marco de una reunión del Consejo de Salarios) nosotros nos levantamos y nos fuimos. Lo que pedimos es que se actúe según lo firmado en el papel”, dijo a El País el secretario médico del SMU, Gustavo Grecco.

“Ahora vamos a hacer un seguimiento y esperemos encontrar un cambio en la actitud de la empresa”, añadió.

Un cargo de alta dedicación implica que un profesional pueda trabajar 48 horas a la semana en un solo centro. Según el Sindicato este es el camino para eliminar el multiempleo y atender mejor a los pacientes. La encuesta médica nacional, que sirvió para marcar la agenda de la novena Convención Médica Nacional, que culminó el pasado sábado, el 58% de los profesionales considera que el multiempleo afecta bastante o mucho la calidad del servicio. El 96% opina que lo ideal sería trabajar en uno o, como máximo, dos lugares. Sin embargo, el 60% de los médicos hoy tienen tres o más empleos.

http://www.elpais.com.uy/informacion/smu-se-enfrenta-anestesistas-casmu.html

Las nurses del Pereira Rossell presentan 170 denuncias contra MSP


“Destinaron $ 20: y no hay mejoras”

El Sindicato Único de Licenciados en Enfermería (SULE) presentará hoy 170 denuncias al Ministerio de Salud Pública (MSP) por irregularidades sucedidas desde marzo pasado en el Servicio de Recién Nacidos del Hospital Pereira Rossell.

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Es la segunda tanda de denuncias que SULE hace llegar a la cartera por problemas relacionados con la falta de personal. En febrero, el sindicato ya le había hecho llegar a la ministra Susana Muñiz otra tanda con 172 irregularidades.

“La otra vez no obtuvimos ninguna respuesta, ahora esperamos tener mejor suerte”, dijo a El País la jerarca de SULE, Ana Montans.

A través de un comunicado, el sindicato denunció que el Servicio de Recién Nacidos “ha sido puesto en situación de abandono por la negligencia de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que no ha atendido sus serias necesidades de personal” y que así se “compromete la seguridad de los pacientes”.

Advirtió que ASSE viola el decreto 399/08 de Salud Pública, que establece que “se deberá contar en las áreas de cuidado intensivo con un Licenciado en Enfermería por guardia” y uno “cada cuatro camas en total y no más allá de seis”.

Montans sostuvo que “a veces hay una sola licenciada y dos auxiliares para 30 pacientes. O sea, estamos generalmente sobrecargados”.

El sindicato señaló que la violación del decreto 399, además de generar “riesgos médico legales, conlleva aún gran estrés laboral que perjudica la salud de los trabajadores”. Además, precisó que por la falta de personal a veces los licenciados “se ven obligados a asumir tareas que se encuentran fuera de su descripción del cargo”.

Dinero perdido.

Montans contó que en la última rendición de cuentas se destinaron 20 millones de pesos para fortalecer el Servicio de Recién Nacidos del Pereira Rossell, pero advirtió que “no se tienen noticias de lo que se va a hacer o lo que se hizo con ese dinero”.

Luego de la primera denuncia hecha al MSP, el sindicato no tuvo respuestas de la cartera, pero sí fue recibido por el director del Hospital. En ese encuentro, según contó Montans, se les prometió que con los 20 millones de pesos se les iba a enviar más personal.

“Nos recibió el director, nos dijo eso, pero todavía no pasó nada. Ya pasaron tres meses. Luego le pedimos otras reuniones, pero no quiso recibirnos”, precisó la jerarca de SULA.

Por otra parte, Montans manifestó que incluso se han sobrecargado más de trabajo, puesto que se habilitaron otras seis camas para nacimientos naturales, algo que no había en el sector, puesto que este está destinado para CTI pediátrico y neonatal.

“Está muy bueno tener más camas. A nosotros nos gusta nuestro trabajo y cuanto más posibilidades haya, mucho mejor. El problema es que no hay personal para atender a todos”, sostuvo Montans, quien advirtió que a veces hay un solo licenciado en Enfermería para las seis nuevas camas.

Desde principios de este año las licenciadas idearon un sistema por el cual se anotan todas las irregularidades al terminar la jornada, luego se juntan y son enviadas el MSP.

Faltan reemplazos

Para el Sindicato Único de Licenciados en Enfermería (SULE) el problema por la falta de personal se da por la gran cantidad de certificaciones ocasionadas por el estrés laboral, la jubilación del personal de más edad, y la falta de reemplazos. “Cuando una se va, después no toman a nadie”, sostuvo la líder sindical, Ana Montans. Estas dificultades no tocan solo al Pereira Rossell, sino que también han sido denunciadas por los directores del Clínicas, Maciel y Pasteur. Según el último Censo de Enfermeros, cuyos datos fueron presentados por el MSP este año, en Uruguay hay un déficit de 9.251 nurses.

http://www.elpais.com.uy/informacion/nurses-pereira-rossell-presentan-denuncias.html

Ministerio apoya al FNR; sindicato presentaría propuesta de cambio


SMU DEFINIRÁ LA ENTREGA DE UN PROYECTO AL MSP; EL PARLAMENTO TIENE LA PALABRA

El Ministerio de Salud Pública (MSP) salió ayer al cruce de las autoridades del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y sostuvo que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) “seguirá existiendo y brindando las prestaciones de forma ininterrumpida”.

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En tanto, desde el sindicato, se sostuvo que el próximo martes se evaluará la presentación formal de un proyecto que ponga fin al FNR y cambie este por una Agencia de Evaluación para la Tecnología en Salud. Esta no dependería más del MSP.

La propuesta de las autoridades del SMU nace ante la ola de juicios a los que se enfrenta el FNR y a lo que la gremial consideran un “conflicto de intereses”, dado a que el Fondo además de evaluar qué práctica o medicamento es eficaz para un pacientes, al mismo tiempo es quien administra el dinero.

“Esta idea ya la presentamos en la opinión pública y ahora hay que presentarla formalmente”, dijo ayer a El País el vicepresidente del SMU, Gerardo Eguren. El pasado miércoles, el presidente del sindicato, Julio Trostchansky, había señalado que “va siendo hora de que el FNR desaparezca”.

La polémica se instaló tras publicarse en El País la historia de Javier Barboza, un hombre de 51 años con melanoma maligno con metástasis, que ya perdió en primera instancia un juicio contra el FNR y el MSP. Estos se niegan a pagar el tratamiento que su médico asegura que necesita.

Barboza debe tratarse con Vermurafenib, un fármaco que le cuesta 7.000 dólares por mes y que él no puede costear. Esta droga no está en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) que el MSP actualiza una vez por año, para muchos médicos un tiempo demasiado prolongado considerando la velocidad en que se mueve la ciencia hoy. Otros, en tanto, advierten que algunos abogados y médicos a veces se mueven en virtud de sus lazos con la industria farmacéutica. (Ver entrevista a Homero Bagnulo).

Alarma.

El MSP sostuvo ayer que recibió “cientos” de llamadas debido a la alarma que generó la propuesta de Trostchansky y Eguren, apoyada también por el expresidente del SMU, Martín Rebella, y, según supo El País, por algunos dentro del propio FNR.

La cartera, que aseguró recibir una gran cantidad de llamadas de usuarios del FNR alarmados, exhortó a “todos los actores sociales, gremiales y políticos, a discutir por los canales correspondientes a las propuestas fundadas y con sustento técnico”.

El Ministerio invitó a “evitar generar incertidumbre y alarma en la población objetivo, la cual precisamente está altamente sensibilizada por un problema de salud”. Según el MSP, el Fondo brinda cobertura a 265.000 usuarios.

El vicepresidente del SMU, Eguren, recordó que el Fondo fue creado por ley, así que, pese a la propuesta, el estudio del tema queda en manos del Parlamento.

El presidente de la comisión de Salud del Senado, Alfredo Solari (Vamos Uruguay), señaló ayer a El País que en su opinión en “el FNR debe continuar funcionando, pero volviendo a su objetivo inicial: financiar la introducción de nueva y costosa tecnología hasta que se vuelva común su uso y pueda ser trasplantada a las instituciones prestadoras del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”.

Para esto, propone Solari, el Fondo debería “justificar periódicamente, cada cinco años, los procedimientos que ha cubierto hasta ese momento. Si esa justificación no existiere o si la misma no fuere aceptable, la cobertura de esos tratamientos deberá trasladarse, ajustando en lo necesario las cápitas que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) paga a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a las mutualistas y a los demás prestadores”.

Solari sostiene que de esta manera disminuirían los juicios que se hacen contra el FNR. El año pasado se hicieron 70 amparos contra el Fondo, que ganó 57, perdió 12 y uno está aún pendiente de la sentencia.

En el mismo tono que Solari se expresó el diputado nacionalista Javier García, miembro de la comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que dijo que “eliminar el FNR es un enorme retroceso” y que esto “aumentaría la desigualdad entre los que más tienen y la mayoría de los uruguayos que no puede acceder a alta tecnología y a alto costo”.

De todas formas, García señaló que el Fondo necesita cambios. “Lo que hay que hacer es eliminar las prácticas que se financian y que ya no son de alta tecnología. Hay que definir qué es alta tecnología hoy, no podemos tener los criterios de la década del 80”, sostuvo.

El diputado advirtió que hay prácticas como la diálisis y las prótesis que ya no son de alta tecnología y que estas deberían ser financiadas por los prestadores y no por el FNR.

El País también se comunicó ayer con el exsubsecretario del MSP, Miguel Fernández Galeano, que participó de la discusión sobre la desaparición del FNR en Twitter y allí hizo una fuere defensa del organismo, advirtiendo que “las decisiones de la Comisión Técnica Asesora del FNR se realizan con independencia técnica evitando conflicto de intereses”. De todas formas, señaló que no haría más declaraciones debido a que tiene un cargo en la OMS.

Otros que no quisieron opinar sobre el tema fueron los senadores Carlos Moreira (Alianza Nacional) y Luis Gallo (Asamblea Uruguay), ambos de la comisión de Salud del Senado, y el diputado frenteamplista, Carlos Gamou, de la comisión de Salud de Diputados.

Proceso en tela de juicio

El FNR financia aquellos medicamentos que están dentro del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTC). Este es actualizado una vez por año por el MSP, que tiene una comisión técnico asesora que le dice a la ministro de turno cuáles medicamentos sería conveniente incluir. Esta está integrada por: dos representantes del MSP, uno del FNR, uno de las mutualistas de Montevideo, uno de las mutualistas del interior y uno de ASSE. Por otra parte, hay un decreto del año 2010, del Poder Ejecutivo, que establece que el MSP para incluir cualquier medicamento en el FTM, debe esperar antes por una evaluación y una aceptación del impacto presupuestal que realiza el Fondo. O sea que, si bien es el MSP el que determina, en el caso del anexo del FNR tiene que haber un análisis previo. El MSP luego resuelve las condiciones en que se va a otorgar el medicamento, para qué patologías. Si de una mutualista o un hospital de ASSE solicitan el tratamiento con un medicamento, eso llega al FNR y se analiza por un ateneo médico. Lo que se revisa es si el diagnóstico justifica el tratamiento con ese fármaco.

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Paciente con cáncer se juega la vida en tribunal de apelaciones


MSP Y FNR NO LE SUMINISTRAN EL MEDICAMENTO QUE PRECISA

Javier Barboza tiene 51 años y un melanoma maligno con metástasis que lo pone al borde de la muerte. Necesita un medicamento que cuesta 7.000 dólares por mes, mucho más de lo que puede pagar, y el MSP y el FNR se niegan a suministrárselo.

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Se muestra tranquilo, esperanzado e incluso con ánimo. El único síntoma evidente de su enfermedad es su ropa, unos talles más grandes de los que permite su delgadez. Tiene cuatro hijos, dos menores, de siete meses y ocho años, y dos nietos. “Cuando ella quedó embarazada -dice y señala con la cabeza a su compañera- no sabía que iba a aparecer esto”.

A Barboza lo diagnosticaron en febrero del año pasado y desde ese entonces vive dentro de una pesadilla. Sin embargo, todo comenzó mucho antes, en 2004, cuando descubrió un lunar en una de sus axilas. Terminó siendo un melanoma maligno. Se lo extirparon y le recomendaron que se controlara durante los próximos cinco años. Sumamente cuidadoso, Barboza siguió haciéndose los exámenes pasado este tiempo. Nueve años después descubrió un lunar en el mismo sitio. Fue de inmediato al médico y resultó ser un melanoma maligno con metástasis.

Desde ese momento comenzó a tratarse. Quimioterapia, radioterapia y una lluvia de medicamentos que suelen agotarlo y hacerlo sentir impotente. “Hay días que me quedo acostado y digo `qué ganas de tener ganas`”, se lamenta y sonríe.

En el camino, también le encontraron metástasis en la vesícula y esta le fue extirpada. “Los médicos no se explican cómo no me agarró otros órganos, de todos modos sé que tarde o temprano eso va a pasar, por eso necesito el Vemurafenib”, advierte.

Este medicamento, una droga suministrada solo por el laboratorio Roche, tiene un costo de 3.500 dólares la caja, con pastillas suficientes para 15 días de tratamiento. Es exclusivo para pacientes con melanoma maligno metástico de la mutación BRAF V600E, o sea que sirve solo para el 5% de las personas que tienen este tipo de cáncer. Y adentro de este grupo está Barboza.

El juicio.

 

Este padre de familia, que recomienda a cada rato cuidarse del sol, al que apunta como el gran culpable de su enfermedad, se juega su próxima batalla a mediados de febrero, cuando luego de la feria judicial espera que el tribunal de apelaciones se expida e inste al Fondo Nacional de Recursos (FNR) o directamente al Ministerio de Salud Pública (MSP) a entregarle el medicamento.

La sentencia a primera instancia fue dictada el 4 de diciembre de 2013. Allí Barboza perdió tanto ante el FNR como ante el Ministerio. Un dato curioso: dos días después la Justicia falló ante un reclamo de una paciente con la misma enfermedad y obligó a la cartera a que le entregue el Vemurafenib. Lo mismo pasó en 2012 con el reclamo de otro joven.

“Esperamos que esta sentencia sea revocada por el tribunal de apelaciones”, dice enfática Carolina Rebagliati, abogada de Barboza que tiene vasta experiencia en defender a pacientes que reclaman por un medicamento caro.

Rebagliati tiene confianza en que “la Justicia va a hacer lo que debe” y, por eso, impulsa con Barboza una campaña de donación, a través de una cuenta en Abitab (N°39898), que permitirá a su cliente hacerse de las primeras dosis del Vemurafenib. Si se recauda más plata que la necesaria o se pierde el juicio y debido a su costo se decide no hacer el tratamiento -pues una vez que se empieza este no puede detenerse-, Barboza asegura que el dinero será donado a una institución que trate a pacientes con cáncer.

Negativa.

La razón que aducen el MSP y el FNR para no entregar el medicamento es que este no forma parte del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), que el propio Ministerio actualiza una vez por año.

En el recurso de apelación Rebagliati señala que la cartera recae en una contradicción al incluir el Vemurafenib en la lista de medicamentos permitidos para su uso, pero no agregarlo al FTM, y que se viola la Constitución por dejar a Barboza desprotegido de “derechos fundamentales del individuo” como lo son “la salud y la vida”.

Sobre la negativa del FNR, Rebagliati recuerda que la competencia de este, que fue creado “con la finalidad de responder a la problemática planteada por los medicamentos y tecnologías médicas de alto costo, en base a criterios de universalización y equidad”, fue fijada con anterioridad al decreto del Poder Ejecutivo que creo el FTM. Por esto, advierte, “mal podrían normas que son cronológicamente anteriores limitar la competencia del organismo”.

Única esperanza.

La manera de fijar la política de entrega de medicamentos enojan al oncólogo Eduardo Lasalvia, médico de Barboza, que sostiene que la actualización del FTM una vez por año es contraria a la velocidad en que hoy aparecen las nuevas soluciones para tratar enfermedades como el cáncer.

Lasalvia asegura que en el caso de Barboza ya se “han agotado todas las vías de tratamiento propuestas hasta el momento” y que el Vemurafenib es hoy “la única esperanza”.

El oncólogo reconoce que este medicamento no será la solución definitiva, pero al menos servirá para mejorar su calidad de vida y darle tiempo a la ciencia para que aparezca una nueva droga. “En materia de oncología se están inventando cosas todos los días”, advierte Lasalvia.

“Con Vemurafenib, Barboza va a vivir más y mejor. Esta realidad es incontrastable. Esto nos permite mayor tiempo de vida, mayor tiempo libre de síntomas y nos da tiempo para la eventual aparición de nuevas drogas o de nuevos procedimientos que nos permitan mejorar su pronóstico”, señala el oncólogo.

De hecho, el Vemurafenib, que ya fue autorizado por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos y por su equivalente en Europa, la EFSA, existe apenas desde 2012. Barboza sostiene que si esta hubiera sido su situación en 2004, quizá su destino habría sido incambiable. “Pero ahora tengo suerte, existe una solución”, señala.

“No lo paga el juez, lo pagamos todos”

Javier Barboza se siente disgustado por las declaraciones del director del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Alarico Rodríguez, que días atrás dijo que “hay enfermedades raras que tienen un costo asumible, pero hay otras que son inasumibles para cualquier país”.

En este sentido, Barboza señaló que con el cáncer, igual que con las enfermedades raras, “hay quienes parecen creer que esto jamás les puede pasar”.

“La realidad es que a cualquiera le puede pasar de necesitar un medicamento caro. Incluso le puede pasar al juez que me dijo que no, que me dijo que no pese a estar mirándome cara a cara, y a haber escuchado a los peritos y a los médicos… Además, tampoco lo paga él, lo pagamos todos”, precisó.

Barboza, advirtió que por la actividad que desempeña -se dedica a la venta de terrenos- ha pagado “muchísimos impuestos”. Y que espera que de alguna manera el Estado hoy le devuelva esa plata salvándole la vida.

“No es que vengo de otro lado, de otro país a reclamar algo… Vengo a pedir lo que siento que me corresponde. Insisto en que el juez también puede necesitarlo; pero ojo, no le estoy deseando esta enfermedad a él ni a nadie, solo digo que hay que tener en cuenta que a cualquiera le puede pasar. Lamentablemente es así, es la vida”, concluyó.

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Adiós a los alfajores y gaseosas en las escuelas


MSP INSTA A LAS CANTINAS A VENDER SOLO COMIDA SALUDABLE A PARTIR DE MARZO

A partir de marzo, las cantinas de las escuelas y liceos no tendrán más bebidas cola, snacks, alfajores, ni otros alimentos considerados dañinos para la salud. En el marco de la ley N° 19.140, el MSP instará a vender solo comida y bebida saludable.

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Jugos con un 100% de fruta, bizcochuelos hechos con aceite (sin manteca ni margarina), postres elaborados con leche (pero con un máximo de 12,2 gramos de azúcar cada 100 mililitros), frutas y cereales. Estos son algunos de los alimentos autorizados para vender en las instituciones educativas. Y, visto esto, es un hecho que la apariencia de las cantinas cambiará radicalmente a partir de este año.

La ley N° 19.140, que establece la protección “de la población infantil y adolescente que asiste a establecimientos escolares y liceales, públicos y privados, a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables”, fue propuesta por el diputado nacionalista Javier García, votada el año pasado y aún no reglamentada. Sin embargo, ya se pondrá en práctica a partir de marzo, cuando empiece el año lectivo.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) desarrollaron la lista de alimentos convenientes para vender en las instituciones educativas.

La directora general de Salud del MSP, Marlene Sica, dijo a El País que también se mantuvieron reuniones con la Cámara de Industria, y que “todas las partes” apoyan la implementación de la nueva ley.

La lista, a la que accedido a El País, que si bien no es definitiva tiene los lineamientos generales de la versión final, se separa en tres grupos: uno de “alimentos y bebidas naturales o mínimamente procesados”, otro de “alimentos procesados envasados que cumplan con los límites establecidos en cuanto al contenido calórico y de nutrientes” y otro de “preparaciones envasadas en el punto de venta” (ver esquema aparte).

“Aquí no se busca limitar las cosas que se venden, sino establecer cómo y en qué cantidades. Las cantinas no van a poder vender más determinados productos, como refrescos y snacks, pero obviamente va a haber una transitoriedad para que no se genere un perjuicio económico”, precisó Sica.

 

El directora de Salud también señaló que se hará una evaluación en los centros educativos, comúnmente de doble turno, donde se entregan bandejas alimenticias a los alumnos, para que los menús que se brinden cumplan con los lineamientos que marca la ley.

Por otra parte, también desaparecerán los saleros de los comedores de los centros educativos y tampoco se les permitirá a los alumnos agregar condimentos a platos que ya estén elaborados.

En cuanto a los niños y adolescentes que vayan con la merienda o el almuerzo desde su casa, se invitará a los padres -aunque sin obligación- a que no lleven a los centros aquellos alimentos que están prohibidos. “También se van a fomentar días de frutas, o de otros alimentos sanos”, precisó Sica.

Promoción.

El proyecto del MSP, acorde con la ley 19.140, no solo incluye la prohibición de vender ciertos alimentos en las cantinas de escuelas y liceos, sino que también establece un plan de promoción de buenas prácticas alimenticias. Este consistirá en publicidad en varios medios de comunicación y en la entrega de un librillo a todos los alumnos.

Sica también señaló que se implementarán medidas de contralor para que las cantinas cumplan con lo dispuesto por el Ministerio. Por un lado, se establecerá que los directores de los centros hagan un relevamiento de lo que se vende. También se realizarán inspecciones desde el MSP, y se espera que las empresas que venden los productos prohibidos no se los vendan a las cantinas.

“De todos modos, nosotros no queremos sancionar, sino concientizar”, remarcó la directora de Salud.

Las cifras

26,6%

Son los jóvenes uruguayos en edad liceal que sufren sobrepeso, según la II Encuesta Mundial de Salud Adolescente de 2012.

28,6%

Son los varones en edad liceal que tienen sobrepeso, según la misma encuesta; en las chicas, en tanto, esta cifra cae a 24,9%.

Se controlarían los comercios cercanos

“Hay una gran preocupación que nosotros tenemos y es qué es lo que va a pasar con quienes tienen locales enfrente a los centros educativos. Fuera del marco normativo (de la aún no reglamentada ley N° 19.140), estamos trabajando en esto para buscar una solución”, precisó a El País la directora general de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Marlene Sica.

La jerarca expresó así su preocupación por todos aquellos locales que se encuentran en las inmediaciones de las escuelas y los liceos y que, evidentemente, seguirán vendiendo productos como refrescos, alfajores y snacks, que se prohibirán en las cantinas de los centros.

“Una de las formas es delimitar una distancia”, aventuró Sica. Pero, consultada por El País, dijo no saber aún cómo llevar a cabo esto teniendo en cuenta, por ejemplo, la existencia de supermercados cerca de las escuelas y liceos.

“Estamos aún trabajando en eso, discutiéndolo. La ley es un punto de partida para seguir pensando”, añadió Sica.

http://www.elpais.com.uy

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