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Informe internacional condena reclusión de menores en INAU


FUNCIONARIO DIJO QUE EL HOGAR SER ES UN “DEPÓSITO HUMANO”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundirá hoy un informe crítico sobre la institucionalización de menores en hogares del INAU. Fundamentalmente cuestionará la situación del Hogar SER y el enfoque de las políticas sociales.

Hogar Ser

En los últimos días la relatora sobre Derechos Humanos de la Niñez de la (CIDH), Rosa María Ortiz, visitó diversos hogares del INAU que albergan a adolescentes infractores y niños abandonados en condiciones de ser adoptados.

Sus conclusiones, si bien advierten mejoras en algunos centros, cuestionan duramente las condiciones de reclusión en el Hogar SER, que así suma un nuevo informe condenatorio. Antes lo hicieron la Institución Nacional de Derechos Humanos y unas treinta organizaciones sociales que, incluso, exigieron la renuncia del director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde.

“Por más buena voluntad y más allá de los esfuerzos y los cambios que uno puede ver, se puede observar el ejemplo muy positivo de (Hogar) Ituzaingó y, enfrente, el ejemplo de todo lo negativo, de lo que no debe ser: el Hogar SER. Entonces, uno puede ver el esfuerzo, se redobló el presupuesto y se duplicó el número de funcionarios, pero el desafío es que los niños no pasen a ese sistema. El sistema de protección y el sistema de justicia juvenil representan el fracaso de las otras políticas. Si los chicos entran ahí es porque fracasaron las otras políticas”, sostuvo Ortiz el pasado miércoles cuando compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

El Hogar SER, junto a otros del Sirpa, ha estado a lo largo del año cuestionado por informes y denuncias judiciales que aluden a golpizas, torturas, hacinamiento y pésimas condiciones para los internos.

En su visita al país, Ortiz fue acompañada por el director adjunto de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriel Winter. El funcionario fue más explícito aun al hacer uso de la palabra en el Parlamento.

“Hay una cosa que nos llamó la atención con la relatora. Precisamente, en la visita a los establecimientos de privación de libertad encontramos el hogar Ituzaingó, que es un modelo y cruzando la calle, a 100 metros, el hogar SER. En el mismo establecimiento conviven dos modelos absolutamente opuestos. Eso muestra que lo que hablamos es posible. En ambos casos se trata de menores infractores del interior y de Montevideo, con distintas tareas. En un mundo se convive sin rejas, manipulando cuchillas de hojas de 25 y 30 centímetros sin que pase nada, estaban haciendo ravioles en clara armonía. Incluso, había un chico del interior que se dedicaba a tareas de agroproducción. No había ningún problema. El otro caso (Hogar SER), lamentablemente, es un depósito humano”. 

Críticas.

Ortiz cuestiona una tendencia excesiva del Estado a institucionalizar niños y adolescentes, con el destino de un enorme presupuesto que no revierte las causas sociales que llevaron a esos jóvenes a estar allí y la ausencia de coordinación entre la políticas sociales estatales.

“Hoy en día, luego de visitar las instituciones, soy consciente de su mejoramiento en muchos aspectos pero, lastimosamente, es triste ver que recursos tan grandes se inviertan en un reducido número de niños, que son menos de cinco mil (en condiciones de ser adoptados). La cantidad de recursos que se invierte ahí debería dedicarse, sobre todo, a los lugares de donde vienen estos niños. Los sistemas de protección tienen que ser la alerta para decir: “De tal lugar están viniendo tales problemas que precisan ser atendidos para prevenir”. Y no solamente tiene que apuntarse a mejorar eso otro, aunque es cierto que la atención tiene que ser adecuada, que no debe haber una revictimización. De cualquier manera, la revictimización empieza en el momento en el que el niño entra al sistema, ya sea de protección o de adolescentes en conflicto con la ley. Entrar a ese sistema, aunque le llamemos de protección, significa un costo muy fuerte para los niños”, afirmó.

Según Ortiz, pese a los cambios del marco jurídico destinado a proteger a la infancia y la adolescencia, “siguió la fuerte apuesta a una institución tipo patronato que se ocupa de los niños con problemas y no operó la fuerza del cambio en el sentido de comprender que atender a los niños no implica solo atender a los que tienen problemas. Atender a los niños tiene que ver con atenderlos antes y para que no tengan problemas. Y esto otro tiene que ser una parte muy reducida del presupuesto que se invierta”.

Si bien destacó la existencia de políticas educativa, sanitarias y el programa “Uruguay Crece Contigo”, sostuvo que “todavía sobresale en Uruguay la fuerza tan grande” de la institucionalización. “Setecientos adolescentes (infractores) privados de libertad y alrededor de tres mil niños en instituciones comen un presupuesto enorme, porque atenderlos implica tres turnos de funcionarios. Entonces, uno ve un hogar que tiene unos cuarenta o cincuenta niños y cincuenta funcionarios. Eso es muy costoso y a los niños no les sirve estar institucionalizados. Ahí no se aprende la vida cívica ni sobre las relaciones familiares. Ahí se aprende sobre la segregación, el maltrato y la exclusión. Los hijos de esos chicos terminan en las instituciones”, afirmó.

El Estado está “para atender a las familias que no saben cómo hacerse cargo de sus niños, en lugar de que esas familias tengan el servicio del Estado en la comunidad”, explicó.

Según Ortiz “es absurdo gastar tanto dinero para dar una atención que perjudica a un niño en lugar de destinarlo a la familia, para que tenga apoyo en una buena guardería, soporte psicológico o ayuda en la búsqueda de trabajo”.

También apuntó a la “desarticulación” de los programas sociales y la ausencia de coordinador. “No es que no existan, sino que no hay comunicación entre ellos. Los programas de atención a los niños no se vinculan estrechamente con los programas de prevención”, dijo.

Informe sobre situación de la niñez en el INAU

El martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe “Derechos del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo poniendo fin a la institucionalización en las Américas”. El trabajo cuestiona aspectos de las políticas estatales de Uruguay hacia la niñez.

Se señala que en Uruguay, así como en Guatemala, México y Paraguay, la Comisión tuvo conocimiento “de situaciones en las cuales niños y niñas de diversas edades compartían instalaciones y servicios con personas adultas ingresadas en el mismo centro; este tipo de situaciones han sido detectadas en particular en establecimientos residenciales que prestan cuidados a personas con algún tipo de discapacidad o con alguna condición médica”.

En el caso concreto de Uruguay, alude a una institución “que aloja a más de 80 personas con discapacidad de todas las edades; en su mayoría ingresan siendo niños o adolescentes pero permanecen allí aún alcanzada la mayoría de edad dadas las escasas posibilidades de integración familiar y comunitaria. Al respecto, la Comisión enfatiza la necesidad de que existan secciones especializadas para el tratamiento y atención de la población infantil y adolescente, separadas de las secciones y de las instalaciones para adultos.

La comisión señala que Uruguay, así como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y República Dominicana, ha sido observado en reiteradas ocasiones por “la excesiva utilización de la institucionalización de niños”.

La Comisión celebra que Uruguay haya aprobado legislación que establece un plazo máximo de permanencia de los niños pequeños en las instituciones.

Experta en DD.HH.

La Comisión Interamericana la designó como Relatora para los Derechos Humanos de la Niñez el 26 de enero de 2012. Se graduó en comunicación social y es experta en los derechos de niños y niñas. Fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y asesora de Derechos Humanos y Diversidad Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República del Paraguay. Es fundadora y miembro de varias organizaciones de derechos humanos, como Decidamos, Global, Tekoha, Callescuela y Taller de Comunicación y Educación Popular. En 2003 recibió el premio Mujer Paraguaya de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia.

http://www.elpais.com.uy/informacion/informe-internacional-condena-reclusion-menores.html

Estado viola DD.HH de menores infractores, afirma informe oficial


INSPECCIÓN: HACINADOS Y ENCERRADOS TODO EL DÍA; LA LECTURA ESTÁ PROHIBIDA

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) detectó que en la mayoría de los centros de reclusión del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) los menores viven hacinados y se violan sus derechos más elementales.

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La Institución relevó las condiciones de reclusión en todos los centros del Sirpa y en la enorme mayoría comprobó problemas de hacinamiento, higiene y trato. Los jóvenes pasan hasta 23 horas al día encerrados y hacinados, en celdas sin ventilación, duermen en el piso y, en algunos centros, les prohíben el acceso a material de lectura.

Se coincide en señalar que las condiciones verificadas impiden la rehabilitación y reinserción social de los infractores.

En los centros no hay un régimen de convivencia y normas de funcionamiento presentadas por escrito, ni una adecuada notificación de sanciones. Es común la práctica de aplicar sanciones colectivas por conductas individuales. Padres de menores pidieron a la Institución que no hagan denuncias porque, aseguran, luego llegan las represalias por parte de los funcionarios (ver nota aparte).

Los informes repiten que las condiciones constatadas “vulneran el derecho a la dignidad, integridad, salud, educación, recreación, cultura y participación” de los menores internados, principios consagrados por la ley nacional y los pactos internacionales a los que adhiere Uruguay.

El informe, al que accedió El País, fue presentado ayer en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

En el Centro de Medidas de Contención hay celdas para cuatro personas en las que viven ocho. “Esto dificulta cualquier tipo de clasificación, tratamiento individualizado o seguimiento de la sanción que tiene una naturaleza socio-educativa”, afirma el informe. “Gran cantidad de jóvenes no tienen camas y duermen en el piso”, acota. “Las celdas 9 y 10 -que recomienda clausurar- no cuentan con las condiciones mínimas indispensables para alojar a una persona. El estado de las mismas es deplorable, su aspecto denigrante, la higiene es pésima, el calor sofocante, agobiante, irresistible. El baño no reúne las condiciones mínimas de higiene, decoro y dignidad”, afirma el Inddhh.

Los jóvenes pasan entre el 80% y 90% de su tiempo adentro de las celdas. “Impera el ocio, el tedio, el tiempo vacío y displacentero. La vida en el Centro transcurre y se organiza en torno al encierro”, sostiene el documento de 54 páginas.

En el Centro Sarandí hay jóvenes que duermen en el piso. Sin embargo, el informe del Inddhh dice que “esta carencia” es utilizada por el equipo de trabajo como una “oportunidad de trasmitir valores apelando a que los adolescentes sean solidarios y roten en el hecho concreto de dormir en el piso”.

En el Centro SER, la Institución afirma que las condiciones son “totalmente inadecuadas para albergar la cantidad de jóvenes en situación de encierro” y el estado de los baños es “deplorable”, además de constatar falta de higiene “en general”.

En el Centro Las Piedras, en noviembre de 2013, había 46 internos cuando la capacidad locativa es adecuada para 25, lo que obliga a varios jóvenes a dormir en el piso. Además, hay un solo baño para todos y los adolescentes pasan en sus celdas 16 horas al día.

En el Centro Desafío, que aloja a adolescentes de 13 a 15 años, la densidad poblacional es del 153%, lo que se considera “crítico” según los estándares internacionales. Las celdas carecen de luz natural y ventilación adecuada. Los jóvenes están encerrados la mayor parte del día en sus celdas, faltan actividades educativas, recreativas y laborales.

El Centro de Internación Provisoria recibe a jóvenes de 13 a 17 años, pero su condición no es tan “transitoria” porque allí pasan más de dos meses. La Institución constató que en la celda 1, donde cohabitan 11 jóvenes, no hay una sola ventana que permita la entrada de aire y luz, por lo que reclama su clausura hasta que se realice la abertura. Además, los gabinetes higiénicos no tienen puertas y el día de visita la densidad poblacional del centro es de 188%.

“El encierro de los jóvenes durante la mayor parte del día es la regla general, por lo que se prioriza su seguridad por sobre las medidas socioeducativas que posibiliten y beneficien desde su ingreso al sistema una efectiva inserción social”, afirma el documento.

“La prohibición de tener material de lectura no se corresponde con los objetivos de las medidas socio-educativas asignados a las sanciones en el sistema de responsabilidad penal”, agregó.

La asistencia médica depende de la disponibilidad del Centro Desafío. “Dadas las condiciones de hacinamiento y encierro a las que están sometidos los adolescentes, deberían instrumentarse medidas sanitarias preventivas y recorridas diarias del servicio médico”, sostiene el Inddhh.

En el Centro de Internación de Adolescentes Femeninas el hacinamiento es “general”, a lo que se suma “falta de higiene e inexistencia de privacidad del espacio para realizar sus necesidades fisiológicas”.

“La Convención sobre los derechos del niño prohíbe someter a los niños a tratos crueles, degradantes o inhumanos, así como también ordena al Estado brindar a los adolescentes privados de libertad un trato acorde a su dignidad humana, en este sentido algunas de las situaciones narradas por las adolescentes parece transgredir estas disposiciones, sin perjuicio de que algunas condiciones edilicias observadas en las que están alojadas las adolescentes constituyen per sé un trato indigno”, acota la inspección.

En el Centro Burgues el hacinamiento es del 175%. “Las condiciones de hacinamiento e instalaciones son intolerables y coliden con la finalidad perseguida en un sistema de responsabilidad penal juvenil propio de un Estado Social de Derecho”, afirma el Inddhh.

Temor: piden no denunciar

En la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos presentaron su informe y revelaron que los propios padres de los menores internados envían cartas pidiendo que no se denuncien las situaciones porque, aseguran, luego sus hijos son víctimas de represalias. Concretamente se aludió a un hecho constatado en el Hogar SER.

Los titulares del Inddhh revelaron que presentaron una denuncia penal por hechos irregulares detectados en uno de los centros de detención.

También señalaron que hay castigos colectivos, como por ejemplo impedir el acceso de los menores a los baños.

http://www.elpais.com.uy

Las leyes que se vienen y las que pueden fracasar


NACIONAL – PARLAMENTO

El sistema penal juvenil es resistido por las bases del Frente Amplio que piden discutirlo

El tiempo y la campaña electoral serán enemigos del Frente Amplio (FA) en el afán de cumplir con la aprobación de los proyectos prioritarios de su agenda en el período legislativo vigente. Las discusiones y definiciones programáticas, así como de candidatos, pero también los actos y recorridas proselitistas por todo el país, reducirán las energías destinadas a la agenda legislativa.

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En esa lista hay leyes pesadas. Algunas que recién empiezan a ser discutidas pero tienen el compromiso público de ser sancionadas antes que el presidente José Mujica se vaya de la Torre Ejecutiva. En la izquierda juran y perjuran que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios) será aprobada antes de octubre de 2014. Sin embargo, la administración le adjudica importancia a otras iniciativas que no tendrán un camino fácil, y algunos ya piensan que será difícil su aprobación.

De la lista de proyectos prioritarios del FA, la ley que regula el consumo, distribución y expendio de bebidas alcohólicas y la que endurece las penas a menores infractores van camino al archivo.

“No sé si nos va a dar el cuero”. La confesión pertenece a la diputada Susana Pereyra (MPP), nueva coordinadora de bancada de diputados del Frente Amplio. Lo dijo a El Observador sobre la posibilidad de aprobar en este período la ley sobre el alcohol. “No es que no tengamos ganas, no se si  nos va a dar el cuero para sacarla, por todo lo que implica. Este tipo de proyectos hay que mirarlos porque tienen varias puntas. Cuando uno legisla a lo apurado, después se tarda más”, comentó la legisladora.

El proyecto sobre responsabilidad penal juvenil fue enviado por el gobierno el 19 de julio y se encuentra en la comisión de Constitución y Legislación del Senado. Las primeras dudas para su aprobación surgieron el viernes, en la reunión semanal de la Mesa Política de la coalición de izquierdas. Allí, cuando los legisladores repasaron la agenda legislativa, los delegados de las bases de Montevideo pidieron más información para discutir el proyecto, informó a El Observador el secretario político del FA, Gerardo Rey. El planteo generó inquietud en la izquierda, ya que demuestra la resistencia que puede generar en algunos sectores del oficialismo esa iniciativa. Ese proyecto es una respuesta a la consulta popular impulsada por el Partido Colorado y los sectores herreristas del Partido Nacional, para modificar la Constitución con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.

Para la diputada Pereyra, de todos modos, el proyecto será aprobado, aunque sea un desafío coordinar los tiempos legislativos con la actividad electoral.

La agenda de prioridades legislativas del FA la completan otros proyectos importantes, como la regulación de la marihuana, la creación de una universidad de la educación, la ley de medios, el código penal y el código del proceso penal. También la ley de orgánica policial, el de la reproducción asistida, minería de gran porte y código aduanero.

A juicio del diputado socialista Roque Arregui (excoordinador de bancada), no deberían existir dudas sobre la aprobación de las leyes prioritarias. Sin embargo, admitió que la actividad electoral de los legisladores, con viajes permanentes al interior del país, complicará el tratamiento de los proyectos. La diputada de Asamblea Uruguay, Daniela Payseé, dijo a El Observador que la agenda legislativa del oficialismo es “bastante pesada”, pero confió en que se pueda cumplir antes de finalizar el período legislativo.

Consciente de las dificultades, la coordinadora de bancada del FA insistirá en acordar criterios entre diputados y senadores, para que los proyectos no deban ir y volver de una cámara a otra. La regulación del alcohol, a su modo de ver, tiene que ser discutida hasta “el cuajo”, porque en ese tema “no le podes pifiar”, dijo Susana Pereyra.

http://www.elobservador.com.uy

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