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Más de 32 mil beneficiarios dejarán de cobrar asignaciones por inasistencia a clase


El presidente del BPS informó en conferencia de prensa que de este total, el 71% se corresponde a hogares de mayores de 14 años. La suspensión significa un ahorro de aproximadamente 36.5 millones de pesos por mes

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El Banco de Previsión Social (BPS) suspenderá el pago de asignaciones familiares a 32.558 beneficiarios debido a la inasistencia de niños y jóvenes a clase, anunció este martes en conferencia de prensa el presidente del BPS, Ernesto Murro. Esta cifra corresponde al 6% del total de asignaciones familiares que otorga el organismo, las cuales ascienden a más de 530.000.

El jerarca explicó que estas 32.558 asignaciones suspendidas corresponden a hogares donde los niños o jóvenes no se inscribieron o matricularon para concurrir a la escuela o al liceo. Estas cifras surgen del cruzamiento de datos entre el BPS y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

De esta manera, a partir de julio recibirán asignaciones familiares un total de 498.000 hogares aproximadamente.

De los 32.558 hogares que se verán afectados por la suspensión de la pensión, anunciada este martes, el 71% (23.312) corresponden a hogares de adolescentes mayores de 14 años. Este dato, Murro estableció que es “destacable”.

Murro adelantó que a partir del próximo cruzamiento de datos, que se hará el 31 de julio, se recortará la asignación a los hogares de alumnos que tengan más de un 10% de inasistencias injustificadas.

El jerarca reconoció que dentro de los 32.558 hogares puede existir un pequeño porcentaje de casos errados, los cuales se solucionaran lo más rápidamente posible. Si se verifica el error, se reestablecerá el pago a la familia.

Murro pidió disculpas por estos errores y dijo que muchos de estos corresponden, por ejemplo, a alumnos que se fueron del país, niños que pasaron al liceo, pero continúan siendo parte de los datos de Primaria, o que ya están trabajando y no estudian más, o finalmente, por diferencias en la forma de escribir nombres y apellidos.

Murro destacó que por primera vez en la historia se hizo un cruzamiento utilizando también información de personas que reciben asignaciones familiares y que asisten a escuelas privadas. “Se trabajo intensamente en forma tripartita con la gente del sistema integrado de información, los tres consejos de enseñanza primaria secundaria y UTU”, dijo.

Ahora, “se abre un mes de plazo para aquellos que deseen reinscribirse en el sistema educativo”, informó el jerarca. Y agregó: “En cada departamento del país se buscará una forma fluida lo más directa posible con los beneficiarios que se les suspende el pago, de informarles con antelación al 1º de julio que tienen el pago suspendido”.

Montos
De acuerdo a los cálculos de BPS, el total de asignaciones que se suspenden corresponden a entre 10.0000 y 12.000 hogares. Y que, aquellos que se mantienen de acuerdo al plan viejo, cobraban entre 300 y 400, mientras que los que son parte del sistema viejo cobraban alrededor de 1.400 pesos si eran estudiantes de liceo.

De acuerdo a esto,  se dejará de pagar al menos en el primer mes, casi 33 millones de pesos (23.498 estudiantes del nuevo plan que no asisten más multiplicado por 1.400 pesos) y tres millones y medio de pesos por aquellos que se rigen por el plan viejo (correspondiente a 9060 estudiantes que no se matricularon multiplicados por 400 pesos).

Esto da un total aproximado de 36 millones y medio de pesos que por lo menos en julio no se pagarán.

Reinscripción

“Si la persona en el mes de plazo posterior a la suspensión, se reinscribe, el BPS comenzará el pago. Pero recordemos que ya el 31 de julio está previsto un segundo cruce de información”, dijo Murro.

En el segundo cruce de información comenzará a prestarse atención a las inasistencias, cuyo criterio establece que si se da más de un 10% de faltas injustificadas, se pierde el año.

La reinscripción se hace más difícil en el caso de primaria, de acuerdo a lo que dijo Wilson Netto. “Ahí es donde tenemos que indagar con más detalles, porque el último cruce es del año 2.000, por lo que tenemos que estar constantemente revisando y analizaremos, de todos los estudiantes que en algún momento pidieron un pase a primaria, cuál es su situación realmente hoy”, y agregó: “Hay muchos de estos niños que no están matriculados, que han generado un pase de primaria hacia algún lugar, y lo que estamos viendo es qué destino tuvo. Muchos pases seguramente son también para muchos niños que no están en el país. Hacemos este instrumento para acercarnos a los procesos de educación sino para ir persona a persona”.

No hay sorpresas
Murro estableció que “en general, el que no inscribió a su hijo, a su nieto, a su menor a cargo en un centro de estudios ya sabe que no cobrará la asignación”.

Para Netto, las razones de abandono pueden ser varias: “Son muchas variables, una, ya a partir de los 15 es el trabajo. Muchos de estos jóvenes pueden estar hoy trabajando y no estén participando de ese modelo o ese proyecto para el cual trabajamos que es la convivencia de la educación y el trabajo. Son muy distintas las situaciones”.

“Hay un trabajo muy fuerte de poner en valor la educación. No juega solamente la obligatoriedad de la educación, sino de poner en conocimiento la importancia de la educación y la importancia que tiene para estos jóvenes en el mundo de hoy. Es un trabajo que venimos desarrollando en conjunto con el Mides y con muchas organizaciones sociales del país”, finalizó.

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Trabajadores públicos con más poder de compra


Ministro brenta

El ministro Brenta afirmó que el poder de compra de los trabajadores públicos ha mejorado de 2005 a la fecha, en todos los años.

Al respecto subrayó: “Ese es el elemento que hay que discutir; es opinable que el aumento ha sido suficiente o insuficiente, pero nadie puede dudar que los trabajadores públicos han aumentado su poder de compra desde que el Frente Amplio ganó el Gobierno”

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, detalló a la Secretaría de Comunicación que los salarios públicos aumentaron en los primeros once meses de 2012 en un 11,9%, mientras que los privados lo hicieron en un 12,3%. Asimismo el salario real de los trabajadores públicos aumentó un 3,3% y el de los privados en un 4,7%. Las cifras definitivas del año 2012 serán presentadas en el próximo Consejo de Ministros, el miércoles 30 de enero, luego de que el Instituto Nacional de Estadística presente el informe de diciembre sobre la evolución del índice medio de salarios.

Brenta añadió que para el sector público se establecieron partidas presupuestales adicionales en un contexto de reestructuras que se están concretando en los distintos ministerios. “Por eso el crecimiento de los salarios es mucho mayor al ajuste anual realizado en el mes de enero”, puntualizó.

Por otra parte, el jerarca expresó que el salario real del sector público continúa por encima del salario real del sector privado, entre un 10% y 15% en promedio. “Si bien en estos últimos años esta brecha se ha ido reduciendo, todavía hay una brecha a favor de los trabajadores públicos”, acotó.

Brenta adelantó que los salarios públicos seguirán mejorando su capacidad de compra en los próximos años. Al respecto, expresó: “Independientemente de los incrementos globales, se realizarán incrementos variables en función de los compromisos de gestión, acordados con los trabajadores en el marco de la reforma del Estado”.

Política salarial

“La estrategia del gobierno es tratar de continuar con el proceso de incremento del salario real de los trabajadores, manteniendo su vinculación con el crecimiento de la actividad económica en términos globales y sectoriales”, agregó el ministro.

Brenta aseveró que la economía del país “seguiría creciendo en el año 2013″, aunque a una tasa un poco más moderada. “En nuestra opinión el salario debe acompañar este proceso para tratar de mejorar la distribución del ingreso en la sociedad uruguaya, cosa que hemos logrado en estos años de gobierno”.

Volviendo a mi Paisito!!!


MIDES presentó informe

Más inmigrantes y retornados

El Mides presentó la investigación “Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay. Inmigrantes y retornados: acceso a derechos económicos, sociales y culturales”.

Los expertos destacan los esfuerzos del Estado en materia de contención a inmigrantes y retornados pero advierten que aún hay carencias de coordinación entre las instituciones públicas para facilitar su inserción laboral y social.

La presentación fue realizada por la Asesoría en Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), junto con la Organización para las Migraciones, entre las actividades por el Día Internacional de las Personas Migrantes. Participaron: el subsecretario del Mides, Lauro Meléndez, el director de la Asesoría Macro en Políticas Sociales Andrés Scagliola, la representante en Uruguay de la Organización Internacional para las Migraciones Alba Goicoechea y la embajadora de la Repúblicadel Perú en Uruguay, Aída García.

Los objetivos del trabajo se centraron en realizar un diagnóstico de las formas de integración social de los nuevos flujos de inmigrantes y retornados y proponer acciones para la derivación de estas personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Como resultado, los expertos valoraron el progreso que significó la aprobación de la Ley 18.250 aunque advirtieron que falta aún una mayor coordinación entre las instituciones públicas que facilite la documentación. En ese sentido, sugirieron que se simplifique el intrincado itinerario administrativo que deben atravesar las personas que llegan al país para obtener la documentación. Algunas propuestas al respecto fueron crear un portal único de acceso y aprobar un protocolo administrativo para inmigrantes.

La investigación fue coordinada por Beatriz Diconca, del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República (UdelaR).

En los últimos diez años se radicaron en Uruguay 24.512 personas extranjeras.

En diálogo con la Secretaría de Comunicación, Scagliola sostuvo que el estudio demuestra que las migraciones son un fenómeno que presenta vulnerabilidades en relación con el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

A juicio del técnico del Mides, los desafíos están centrados en las políticas públicas que consagre estos derechos y que posibilite que “se migre de país pero no de derechos”.

“Todavía persisten dificultades para el acceso a la documentación, para la protección del derecho al trabajo, se registran situaciones de irregularidad e informalidad en el empleo y dificultades para el acceso a la vivienda”, sostuvo Scagliola.

El técnico destacó que hay un fenómeno mundial que es la feminización de las migraciones. En Uruguay, por ejemplo, la migración peruana, en un 60% está representada por mujeres. En tal sentido, advirtió que en nuestro país los inmigrantes se insertan en sectores de baja calificación, como el servicio doméstico en el caso de las mujeres y el sector de la pesca y la construcción en el caso de los hombres.

Según los datos recogidos en la investigación, en base a los datos preliminares del Censo 2011, en los últimos diez años (2000-2011) se radicaron en Uruguay 24.512 personas. De ellas, 8.587 son argentinos; 4.239 brasileños; 1.005 peruanos; 1.328 de otros países de América del Sur; 2.205 de Estados Unidos y 1.893 de España.

Retornaron 33.788 personas

Según Scagliola, la situación de los uruguayos retornados es diferente a la de la migración latinoamericana. “Si bien se han hecho habilitaciones importantes para el retorno de los bienes, la emigración supuso una descapitalización, la venta de una casa de los bienes para poder sustentar ese proyecto migratorio y en general el retorno está asociado a la idea de un proyecto que fracasó en el exterior, entonces hay un componente psicológico importante que hay que atender y hay un componente de un desarraigo que hay que volver a arraigar”.

El estudio académico advierte sobre las dificultades que muchos retornados tienen para reinsertarse en los circuitos, fundamentalmente laborales, lo que evidencia que como país no estamos preparados para el retorno ni institucional ni culturalmente. En ese sentido, recomienda generar y potenciar espacios de participación social vinculados a inmigrantes y retornados.

De acuerdo a los datos aportados por la publicación, en los últimos diez años regresaron al país 33.788 personas. Un total de 7.955 provenientes de Argentina; 3.074 de Brasil; 6.434 desde Estados Unidos; 9.127 desde España.

Además de los avances normativos, desde el programa Identidad del Mides se han comenzado a desplegar estrategias de contención en lo que hace a la obtención de documentación, acompañando el proceso de tramitación administrativas por los organismos del Estado así como la generación de espacios de diálogo para la reinserción de la población migrante.

Encuesta de Unasev


Uruguayos piden más control en tránsito pero incumplen normas

Encuesta de Unasev revela descenso de la percepción de la peligrosidad

Un uruguayo muere cada cada 17 horas como consecuencia de accidentes de tránsito. Pese a que la ciudadanía advierte de que se está frente a un problema, en casi el 90% de los siniestros hay un error humano como causa de la tragedia. El Barómetro de Seguridad Vial 2012, presentado ayer por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y realizado por la consultora Radar, revela que la población uruguaya ha bajado su percepción de peligrosidad de ciertas conductas imprudentes al volante pero, contradiciéndose, reclama más fiscalización.

En una escala de 0 a 10, en la que 0 es “no me preocupa nada” y 10 es “me preocupa muchísimo”, el índice entre  los uruguayos es de 8,4, con una minúscula diferencia con el año anterior (8,5). No obstante, el asunto está en el cuarto lugar de la lista de los problemas prioritarios de la ciudadanía. Al tope está la delincuencia (33%), seguida del consumo de drogas (28%) y el consumo de alcohol (19%). Solo el 13% de la población respondió que el gobierno debería atacar el problema del tránsito, que es la principal causa de muerte de menores de 34 años. Cada punto porcentual equivale a 20.000 personas.

Irrespetuosos
Según datos de la Unasev, más de la mitad de los fallecidos durante el primer semestre de este año circulaban en una moto. El casco fue utilizado solo en la mitad de los accidentes fatales. No obstante, el Barómetro revela una baja percepción de la importancia de este dispositivo. Solo el 11% de los encuestados contestó que la falta de casco es la causa más frecuente de accidentes de moto. Y más abajo, con el 10% de las respuestas, aparece el alcohol, el que interviene en unos 500 siniestros al año. El exceso de velocidad fue la causa más mencionada (40%). Respecto al casco, uno de cada 10 motociclistas consultados dijo que no lo usa nunca.

Los hábitos menos aplicados por los uruguayos son el uso del cinturón de seguridad en el asiento trasero (48% contestó que no lo hace nunca o casi nunca); mientras que el 37% no lleva a niños en el asiento adecuado para ellos. Otros datos del informe demuestran que son frecuentes los cumplimientos irregulares de las normas. Por ejemplo, más de un tercio de la población dijo que no tiene la costumbre de respetar los límites de velocidad. Dos de cada 10 no se colocan siempre el cinturón de seguridad. El 12% dijo que no respeta siempre los carteles de pare y ceda el paso y el 13% dijo que no se detiene en las cebras.

Respecto a otras conductas imprudentes, el 4% contestó que siempre conduce hablando por el celular mientras maneja su auto; un nivel similar a aquellos que lo hacen en moto. A estos se le suma el 37% que lo hace con frecuencia. Otro 4% reveló que conduce después de beber un vaso de cerveza, una copa de vino o un whisky. Mismo guarismo para aquellos que lo hacen después de haber consumido drogas. Las cantidades señaladas marcan una espirometría positiva de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Si se agregan las respuestas de quienes lo hacen con frecuencia o algunas veces se alcanza al 23% de la población. El 3% dijo que siempre conduce después de haber tomado un litro de cerveza, medio litro de vino o tres whiskies, cantidades correspondientes a un nivel de 0,8 gramos de alcohol.

Estos datos anteriores se complementan con la baja percepción de peligrosidad de ciertas conductas. Todos los indicadores respecto a infracciones de tránsito y conductas imprudentes descendieron entre 2011 y 2012. Por ejemplo, mientras que 84% respondió el año pasado que es “peligrosísimo” cruzar un semáforo con luz roja, este año la cifra cayó a 73%. Otra caída brusca se detectó en la percepción de peligrosidad de conducir una moto sin casco (de 70% a 59%), manejar cansado o con sueño (de 75% a 63%), conducir hablando por el celular (de 62% a 50%) y llevar a niños sin sillita (de 54% a 41%).

Contradictorios
Con todo, ocho de cada 10 uruguayos contestaron que consideran como muy eficaces las estrategias de tolerancia cero al alcohol e incrementar las espirometrías para reducir los accidentes de tránsito. Alrededor del 70% de la población dijo que hay que endurecer las sanciones y la exigencia para otorgar la libreta de conducir y que hay que aumentar la presencia de policías o inspectores de tránsito. Un 17% indicó que no son eficaces las campañas de comunicación.

el observador.

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