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Una política compleja


PREVENCIÓN Y PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

violencia-domestica

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) integra el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y, además, se comprometió a través de su Comisión de Igualdad de Género, a contribuir al avance de la igualdad de oportunidades para ambos sexos.

Por eso y porque detectó la presencia del problema en su propio funcionariado, este año realizó una actividad a la que convocó a la ex senadora Margarita Percovich para disertar sobre las complejidades de una política pública en la materia.

“El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha ido ampliando la mirada desde la discusión de la Ley 17.514 de violencia doméstica, que una vez promulgada ha costado mucho que sea bien aplicada por la complejidad de las relaciones interpersonales, la incompatibilidad con viejos marcos jurídicos y la complejidad de una política que debe involucrar a todo el Estado”, evaluó Margarita Percovich, actual coordinadora de la organización no gubernamental Ciudadanías en Red (CIRE) en el MTSS.

 

Un poco de historia

Un breve raconto histórico muestra que las demandas del movimiento de mujeres hicieron visible el problema a partir de la recuperación democrática. Había instrumentos internacionales ratificados por Uruguay, pero no se habían traído a la legislación nacional. En 1987 y 1990 se crearon los primeros servicios para las víctimas de la sociedad civil y públicos, respectivamente. En 1995 se tipificó por ley el delito de violencia doméstica y su prevención se incluyó en el Programa de Seguridad Ciudadana. En 2000 se presentó un proyecto de ley integral, que era un plan en sí mismo, pero para cuya instrumentación no se contaba con presupuesto. Por fin en 2002 se aprueba la Ley 17.514, para lo cual se contó con el apoyo de legialadores, especialistas y el Ministerio Público Fiscal.

Esta ley trae una declaración de interés general que por primera vez coloca al Estado como responsable de la protección de las víctimas. Redefine el problema en términos más amplios y agrega la violencia económica, de la que todavía no se hablaba. Crea un organismo interinstitucional -en el que también está representada la sociedad civil- como el Consejo Nacional Consultivo y le encomienda elaborar un plan de lucha contra la violencia doméstica.

 

Recomendaciones desoídas

No obstante, advierte Percovich, no es suficiente. Las recomendaciones a los Estados del Comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Convención de Belem do Pará, demandan también tipificar el feminicidio, derogar o modificar las normas retrógradas que persisten en el resto de la legislación -aplicable en el caso uruguayo especialmente al capítulo del Código Penal sobre delitos sexuales, basado en el honor de la familia y del hombre y no en la dignidad de la persona-; no utilizar la mediación por la diferencia de poderes entre las partes; facilitar a las víctimas el acceso a la justicia; elaborar protocolos para asegurar la unidad de las acciones; fortalecer las unidades especializadas en violencia doméstica, capacitar a jueces y equipos técnicos, incorporar la perspectiva de género en las sentencias, extender los servicios especializados, generar información estadística que sea comprensible para todas las instancias del Estado.

 

Cambiar desde la raíz

Percovich pasó revista a algunas de las dificultades que se evidencian en la aplicación de la Ley 17.514.

A las cuestiones locativas y de logística, se suma la escaséz de técnicos preparados.

En el área penal el procedimiento es rígido; faltan protocolos más precisos para la policía y los jueces.

Cuando se establece el retiro del agresor de la casa común, no se prepara debidamente a la víctima. Ella tiene derecho a quedarse en el hogar, pero primero hay que consultar si quiere hacerlo. También para que reclame en caso de que el agresor se vaya no solo con sus cosas personales, sino también con aquellas que necesita la familia para seguir funcionando.

“Todo debe arrancar en la modificación de los patrones culturales que aplican niñas y niños en sus relaciones interpersonales. Si no, seguimos atacando el problema, no previniéndolo. No se debe tener miedo, hay que involucrarse en el tema”, concluyó Percovich.

http://www.republica.com.uy

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