Inspecciones de Trabajo: cada vez más denuncias

FISCALIZACIONES

Dado el incremento de las denuncias, la Inspección General del Trabajo aumentó la cantidad de fiscalizaciones, llegando este 2014 a 8.000 inspecciones y 400 expedientes en proceso.

 

La plantilla de controladores es actualmente de 120, divididos según las áreas. Ante incumplimientos, se utilizan mecanismos que van de la amonestación a la sanción y hasta la clausura.

Este año se registró un crecimiento importante de expedientes, que incluye lo relativo a condiciones ambientales y generales de trabajo, es decir, por un lado salud y seguridad y, por otro, documentación, tanto sea planilla de trabajo, recibos de pago, horas extras, personal registrado y cobertura del Banco de Seguros del Estado (BSE), detalló la inspectora general de Trabajo, Cristina Demarco.

También hubo un aumento notable de los números vinculados a la labor de la Inspección, añadió Demarco en extensa entrevista con la Secretaría de Comunicación.

En lo que va de 2014 ya se realizaron más de 8.000 inspecciones en ambos ámbitos. A esto se suman los controles que se realizan tras esas intervenciones (se les da un plazo para que cumplan y por ende se concurre a verificar que fue así). En ese mismo lapso ingresaron más de 400 expedientes de denuncias de acoso laboral, maltrato, destrato, discriminación, acoso sexual y todo lo vinculado a los derechos inespecíficos.

“Hay más control y hay más denuncias. Nosotros actuamos por operativo determinado por el jerarca, por rama de actividad o por denuncias. Hicimos muchos, pero también se incrementó el número de denuncias”, explicó.

Este resumen es un balance tras conmemorarse el 17 de noviembre el Día de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS), según lo establecido por el decreto 472/2005, aniversario que coincide con una etapa de celebraciones de importantes hitos en lo referente a la seguridad y salud en el trabajo.

Por ejemplo, en esa misma fecha se cumplieron 99 años de promulgada la Ley 5.350 de Trabajo Obrero, que creó el primer cuerpo de inspectores laborales para controlar el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas, y se considera formalmente la conformación de la Inspección como tal. Asimismo, se recuerda la reciente conmemoración del centenario de la Ley N° 5.032 de Prevención de Accidentes de Trabajo.

En este escenario y a pocos días de finalizar el año, Demarco realizó una puesta a punto del accionar de la dependencia que representa y su evolución en los últimos años.

Explicó que en este mandato se hizo hincapié en los sectores de la construcción y del área rural, con más salidas al interior del país para recorrer lugares que nunca habían sido inspeccionados, a la vez que tuvo más injerencia en la detección de personal extranjero en determinadas actividades.

Otra área en la que se incrementaron los controles ministeriales fue en el relevamiento del personal doméstico. Si bien hace cinco años que viene creciendo en fiscalización, de alguna forma la difusión de la normativa se reflejó luego en las inspecciones.

Actualmente se desempeñan en la tarea 120 inspectores, de los cuales 60 se abocan a condiciones generales y la otra mitad a la seguridad y la salud.

Demarco indicó que en estos años se logró una profesionalización de los inspectores, como es el caso de muchos de los que están abocados a condiciones ambientales, que son especialistas en la materia con títulos medios o universitarios, y el de los técnicos prevencionistas. Lo mismo ocurre en condiciones generales de trabajo.

El personal se ha capacitado mucho más. En los últimos cinco años la capacitación adquirió relevancia y la concientización, la sensibilización y el llegar al interior del país se da mucho más que en años anteriores.

Omisiones y sanciones

“Muchas empresas aún no tienen la planilla de control de trabajo y hay personal sin anotar. Eso es bastante grave, porque incide en lo que es la historia laboral de la persona y, cuando se quiera jubilar, esos años no son fácilmente reconocidos”, advirtió.

“También tenemos algún caso de personal extranjero sin la debida documentación para trabajar en el país, y hay muchos casos en los que no existe la afiliación al Banco de Previsión Social y al Banco de Seguros del Estado. En esos casos estamos pasando el oficio correspondiente a los organismos”, agregó.

Demarco aseguró que “hay empresas que son infractoras natas, que se siguen reiterando las infracciones e, incluso, no vienen a interesarse por los expedientes, llegan a la clausura administrativa (por seis días en los que empleador debe abonar los salarios), porque no cumple reiteradamente”, señaló.

De todas formas, producto de la campaña de sensibilización que se lleva adelante, una parte importante del personal empresario toma conciencia y se están dando grados de cumplimiento.

“La difusión y sensibilización está haciendo tomar conciencia de que es preferible tener a la empresa en forma legal o formalizada que estar por fuera”, agregó.

La Ley 15.903 ofrece un mecanismo de amonestación, sanción o clausura, en ese orden de prelación, según la gravedad del asunto.

La amonestación implica solamente un aviso, un alerta que deja registrado un antecedente ante el Ministerio de Trabajo, mientras que la sanción supone la aplicación de una multa económica en unidades reajustables.

En cuanto a la clausura, existen la administrativa, cuando persiste el incumplimiento y ya no alcanza con poner multas e intimar porque igual no acata, y está la preventiva, que es cuando el inspector de trabajo en el espacio laboral ve un riesgo evidente para la salud y la integridad física del ser humano que está trabajando allí y, por ello, inmoviliza el andamio, la hormigonera o lo que sea necesario en el momento.

Para levantar una clausura se deben presentar los estudios correspondientes o cambiar la forma de trabajo y volverlo más seguro. A toda esta actividad se suma lo que en seguridad y salud se genera en las tripartitas del sector.

“Casi todas las tripartitas de rama tienen un ámbito aquí. En este momento tenemos más de 16, algunas de las cuales funcionan mejor, otras peor, pero estamos con eso armado, formado y se fueron generando en los últimos cinco años”, puntualizó.

“Son todos de ramas de actividad, la más antigua es la construcción y la química que ya venía funcionando, pero a lo largo de estos 10 años y con más ímpetu en los últimos cinco, se formaron metalúrgica, call centers, láctea, muchas que vienen trabajando para seguridad y salud en el trabajo”, detalló.

“La tripartita madre de todas estas, donde llegan los problemas que no se pueden resolver en las bipartitas de empresas o en las tripartitas de la inspección, es la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, indicó Demarco.

http://www.republica.com.uy/inspecciones-de-trabajo-8-000-intervenciones-y-cada-vez-mas-denuncias

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Reproducción asistida: debaten precio al no conocer la demanda

SALUD

Gobierno negocia con clínicas para establecer cuánto costarán las intervenciones

Luego de reglamentadas las técnicas de baja complejidad de la ley de reproducción asistida, viene la etapa más compleja: reglamentar las de alta complejidad que serán las más costosas. Para eso, tres clínicas privadas tienen un papel protagónico al ser las encargadas de prestar sus servicios cuando ello suceda y comiencen a ser financiadas por el Fondo Nacional de Recursos (FNR).

Las clínicas están negociando con el FNR cuál será el presupuesto destinado a cubrir las fertilizaciones in vitro (los tratamientos de alta complejidad). Uno de los puntos a tener en cuenta dentro de la negociación es tener una estimación de cuánto aumentará la demanda. Sin embargo, especialistas sostienen que eso no será posible. “Nadie lo puede decir, nadie lo puede averiguar, no se puede estimar. De repente, lo estiman y contrato a 10 funcionarios más, pero, si la estimación no es acertada, ¿qué hago con esos funcionarios?”, dijo a El Observador Roberto Suárez, director de la Clínica Suizo Americana (ex CIRA), una de las tres que ofrecerá los tratamientos.

Según explicó el especialista, tener un estimativo de la cantidad de tratamientos podría influir en el costo. “La forma de hacerlo serio es ser cauteloso. Por ejemplo, un año entero de trabajo con un costo que sepamos que vamos a poder hacer las cosas bien. Y después irlo ajustando de acuerdo a la demanda”, indicó, y destacó el trabajo del FNR para poder llegar a un acuerdo.

En esa clínica tienen capacidad para hacer unos 800 tratamientos al año y llegar a un máximo de 1.200.

Cada fertilización in vitro, sumada a la criopreservación de embriones (congelarlos cuando se obtuvo una cantidad mayor a la que se quiere transferir a la mujer) tiene un costo de US$ 7.000.

Para la doctora Marisa Dellepiane, de la clínica Gestar, tampoco es fácil estimar cuántas personas accederán a los tratamientos una vez reglamentada la ley. En esa clínica calculan que 600 personas se los realizan anualmente. “Eso podrá llegar a aumentar al doble, pero no creo que se aumente mucho más  de 1.200 por año”, dijo.

Dellepiane sostuvo que los tratamientos cuestan US$ 4.800 sin la medicación. A eso hay que sumarle US$ 1.700 dólares por la internación de la mujer y los gastos en medicación, que pueden ir de los US$ 800 a los US$ 3.000, dependiendo de la cantidad que necesite.

Otra de las clínicas que participa de la negociación es el Centro de Esterilidad de Montevideo (CEM). Su director, Gerardo Bossano, sostuvo que el aumento en la demanda por la reglamentación  tiene que ser previsto para poder ofrecer servicios con la misma calidad con las que se brindan hoy en día.

Bossano dijo que, dentro de los US$ 7.000 aproximados que cuesta cada tratamiento, las clínicas tienen una ganancia –también aproximada– de unos US$ 300.

En cuanto a la negociación con el FNR, el especialista señaló que otro de los puntos que se han manejado es cuánto demorarán en cobrar las clínicas. “El Estado no paga ni a los 30 ni a los 60 días”, dijo, aludiendo a tratamientos que no tienen que ver con la fertilización.

El gobierno estima que a principios de diciembre los tratamientos de alta complejidad estarán reglamentados. Por ahora, el FNR ofreció pagar US$ 5.000, aunque las clínicas pretenden que se llegue a los US$ 7.000.

De todos modos, el FNR no cubrirá la totalidad del tratamiento en todos los casos. Dependiendo del poder adquisitivo de cada mujer o pareja, existirán franjas de precios que los usuarios deberán abonar. En el peor escenario, una persona tendrá que pagar 80% del tratamiento. Cuando en setiembre el gobierno anunció la reglamentación de las técnicas de baja complejidad, estimó que 12 mil parejas pedirían el tratamiento en el primer año de aplicado. Luego, esa cifra se estabilizaría en 6.000. De todos modos, esto no aplica para los de alta complejidad.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/291785/reproduccion-asistida-debaten-precio-al-no-conocer-la-demanda/

Mujica dijo que no sabe lo que pasará en el futuro con la ley de marihuana

PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO

El presidente contestó sobre lo que sucederá con la ley en el próximo gobierno y respondió que no puede saber «lo que pasa mañana».

Foto: Reuters / Archivo

Al ser consultado por la aplicación de la ley de la marihuana en un próximo gobierno, el presidente de la República, José Mujica, respondió que no puede saber “lo que pasa mañana”. A su vez, defendió el plan de su gobierno para legalizar el cannabis al afirmar que es un “trabajo serio”.

“Se está trabajando y hay cosas muy serias. Hay un conjunto de laboratorios extranjeros que piden participación en ramas de aplicación médica e investigación. Es una cosa muy seria, hecha con mucha prolijidad, pero no hay nada de improvisación o talenteo. Entonces aunque no convenzan, yo pediría respeto para la gente que ha trabajado en el tema y por lo menos como banco de prueba el Uruguay está haciendo un esfuerzo muy serio”, aseguró.

Por otra parte, Mujica se mostró preocupado por el futuro de la izquierda en Europa. “Tengo miedo, los veo agarrando para la peor derecha, como en el caso de Francia. Para la xenofobia, agarrarse con los que vienen desesperados de África en una especie de neocolonialismo. A la izquierda la veo con mucha duda y mucha incertidumbre”, insistió.

“Nosotros en América también andamos tanteando creíamos que el mundo era más fácil de cambiar y nos encontramos que no era sencillo. De repente cuando el pueblo mejora y entra a vivir mejor, a veces se pone hasta más egoísta… es complicado el bicho humano”, concluyó Mujica.

El mandatario realizó estas declaraciones luego de participar de la presentación del libro “Marihuana, la flor del cáñamo” de Daniel Vidart.

http://www.elpais.com.uy/informacion/jose-mujica-marihuana-proximo-gobierno.html

El fin de la papa chip

Alimentación escolar

La nueva ley solo prohíbe la publicidad de alimentos con sal o azúcar agregada, y no la venta, pero cada centro educativo la aplica con diferentes criterios

A la hora del recreo los niños se acercan preocupados a la cantina. “¿Qué toca hoy?”, preguntan. Es que el Colegio Corazón de María determina qué tipo de alimentos pueden llevar o comprar cada día de la semana (comida casera, fruta, cereales, mientras que los viernes tienen vía libre), y hay niños que se lo toman muy a pecho. En el colegio Sagrada Familia los cantineros dejaron de vender caramelos a los alumnos de primaria, pero los propios padres son quienes los compran para dárselo a sus hijos.

Esta son algunas de las situaciones que se han generado a partir de la la implementación en marzo de 2014 de la ley de promoción de hábitos saludables en establecimientos educativos, la cual promueve una alimentación saludable en los centros educativos, como forma de prevenir el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, así como otras enfermedades vinculadas, y regula los alimentos que pueden publicitarse.

Juan Pablo Speranza, vocero de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), explica a El Observador que existe a nivel general una mala interpretación de la nueva regulación. Se cree que se prohibe la venta en las escuelas de determinados alimentos, cuando en realidad “lo único que se prohíbe de acuerdo al texto de la ley es la publicidad en los establecimientos educativos de aquellos grupos de alimentos y bebidas que no estén incluidos en el listado mencionado en el artículo 3°” de la norma.

A su vez, recomienda que determinados productos estén incluidos en la merienda escolar pero no prohíbe la venta de otros, agrega (ver Lo que dice la ley).

El Observador realizó una recorrida por algunos centros educativos, tanto públicos como privados, para conocer el grado de cumplimiento de la normativa. Como resultado, se percibe que las cantinas cumplen con lo solicitado por la ley 19.140, con diferentes grados de rigurosidad.

Por ejemplo, en la escuela Nº 70, de Aguada, se anuncia en un cartel colocado en la puerta de entrada al local que “está prohibido traer a la escuela galletitas, alfajores, jugos o snacks. Sólo se autoriza una fruta o cereales”. Al ser una escuela de tiempo completo, en la que se proporciona el alimento a los niños, esta prohibición se aplica a las meriendas. La fruta y los cereales están permitidos en el segundo recreo, durante la tarde, explicó una maestra.

Todo empieza en casa
Una postura menos rígida es la que predomina en la escuela Nº 2, ubicada en el Centro. Sandra, la maestra de quinto año, señala a El Observador que el primer día de clases la dirección de la escuela explicó la situación a los alumnos y pidió apoyo a las familias.

La escuela recomendó los tipos de alimentos que deben llevar los estudiantes, aunque no todos los padres cumplen con lo solicitado. Sandra habló con sus alumnos en clase, y sabe que otras maestras también lo han hecho,  para inculcar nuevos hábitos de alimentación entre los niños, aunque aclara que a veces se hace difícil “sin apoyo de la casa”.

Algo similar sostiene Graciela, encargada de la cantina del Colegio y Liceo Corazón de María. Cuenta que los niños vienen de casa con paquetes de papas fritas, que en la cantina no se venden a excepción de los días viernes, “que es el día de merienda libre”.

Ese colegio instauró un régimen para los alumnos de primaria en el que dependiendo del día, se lleva un tipo determinado de comida, para lo que cuentan con el respaldo de la cantina, que ese día ofrece una mayor variedad de productos específicos.

Además, a partir de este año se ofrecen frutas y productos caseros, como tortas y flan. Graciela asegura que desde la dirección de la institución hay una preocupación por el cumplimiento de lo establecido por el MSP y el Ministerio de Educación.

Si bien en secundaria no se mantiene el mismo régimen, Graciela cuenta que “se han desacostumbrado” a comer snacks y alfajores porque ya no tienen tanta visibilidad. A esto contribuye el retiro de la publicidad ordenado por la ley, algo que se repite en todas las instituciones visitadas.

De todas maneras, Graciela reconoce que la ley ha tenido un impacto negativo en las finanzas de la cantina. “Han bajado las ventas, los niños traen más comida de casa”, explica.

La misma situación perciben Daniel y Elizabeth, los encargados de la cantina del Colegio Sagrada Familia. La recaudación es menor, pero los costos siguen siendo los mismos.

De hecho, tuvieron que contratar a otra persona para elaborar alimentos, ya que han incrementado la cantidad de productos caseros que producen para cumplir con lo establecido en la ley, con énfasis en los alimentos horneados, como empanadas.

En cuánto a los snacks, antes tan demandados, los han retirado, entre ellos el maní con sal agregada, que ha sido sustituido por el tipo “japonés”, ya que es horneado. Tampoco venden alfajores con símil chocolate, aunque si los que tienen chocolate puro.

A su vez, han cancelado la venta de churros y tortas fritas, que hasta el año pasado eran populares entre los alumnos.  También decidieron mover el expositor de golosinas, que anteriormente era de los más visibles. Ahora está en un lugar elevado, donde los niños no alcanzan a ver y de hecho dejaron de venderles caramelos a los escolares.

En la cantina del Colegio Sagrada Familia destaca la presencia de publicidades de chicles Beldent. Los responsables aclaran que no tuvieron que retirarla ya que esa marca puntual está permitida, por no contener azúcar.

Nutricionistas al poder
Para cumplir con la normativa se ha incorporado en varios centros educativos privados la presencia de nutricionistas, que asesoran a la institución en cuanto a la alimentación que se le puede proporcionar a los alumnos. Esto sucede tanto en el Colegio Sagrada Familia como en el Colegio Seminario, donde este año se realizaron algunos ajustes en el menú, como el retiro de la barras de chocolate de más de 30 gramos y la prohibición de vender bebidas con azúcar a todos los alumnos, con la excepción de los que cursan el bachillerato, afirma el encargado.

Aclara sin embargo, que ya trabajaban desde antes para ofrecer alimentos sanos.

La nutricionista Luciana Lasus manifiesta que la ley ha representado un gran paso en el cambio de hábitos de alimentación de los niños, más allá de que considera que la ley promulgada es más “lavada” que la planteada originalmente.

De todas formas, destaca que se ha comenzado a tomar conciencia, tanto por parte de niños como de los padres (más allá de las excepciones) de la importancia de la buena alimentación.

La postura empresarial
Según Speranza, el vocero de la Ciali, las empresas buscan “ser parte de la solución” en la búsqueda de generar una política de hábitos saludables. En las cantinas visitadas, las heladeras de bebidas ya no exhiben el nombre de la marca, sino que fueron cubiertas por la propia empresa distribuidora con mensajes que refieren a mantener una vida sana.

Además,  las industrias trabajaron en la elaboración de nuevos productos que cumplan con lo establecido en la ley incluso desde antes de su aprobación.

Desde la Ciali se considera que la ley “regula aspectos que no estaban regulados”, y que ayuda a combatir la informalidad. Las industrias reciben de buena forma este tipo de normas, ya que imponen controles (por ejemplo, para definir si un producto es adecuado para ser vendido en las escuelas), y “los controles no molestan”, asegura.

(Producción: Nicolás Tábarez)

 

Empresarios y marihuana: «Nos trasladan a nosotros el problema»

SOCIEDAD

Firmas extranjeras preocupadas por ley que regula la marihuana. «El decreto lejos de sancionar como falta grave el consumo de cannabis en el lugar de trabajo lo termina contemplando», dicen

Para ver el documento pulse aqui.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) recibió varias consultas de empresas extranjeras, algunas multinacionales, preocupadas porque entienden que la ley que reglamentó la producción y consumo de marihuana “vulnera sus libertades” en cuanto a la forma de actuar frente al caso de trabajadores que sean encontrados en sus labores  bajo los efectos del cannabis, reveló  a El Observador el gerente de esa gremial empresarial, Claudio Piacenza.

Un documento jurídico de la Cámara de Comercio establece entre otras cosas que la ley contiene «un sinnúmero de contradicciones». Señala que «el artículo 40 de la ley indica la prohibición de fumar o mantener encendidos productos de cannabis psicoactivo en «espacios cerrados que sean un lugar o espacio de trabajo. Los vehículos de taxímetro, ambulancias, transporte escolar y otros de transporte público, tales como ómnibus, trenes, naves, aeronaves, etc, con o sin pasajeros, se encuentran comprendidos en el término lugar o espacio de trabajo».

Los empresarios indican en el documento que «además, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 todo conductor que tenga afectada su capacidad debido al consumo de cannabis psicoactivo se encuentra inhabilitado para conducir cualquier categoría de vehículos que se desplacen en vía pública. Dicha solución debió recogerse en el ámbito laboral, prohibiendo el trabajo a quienes se encuentren afectados en su capacidad por el consumo de cannabis».

Sin embargo, indican que el decreto, «lejos de sancionar como falta grave el consumo de cannabis en el lugar de trabajo lo termina contemplando y traslada al empresario el consumo problemático de cannabis de sus empleados, obligación que concierne al Estado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución que reza: ‘El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país'».

Según pudo saber El Observador, entre las empresas involucradas, se encuentran el gigante agrícola Monsanto y la planta de celulosa finlandesa-chilena Montes del Plata.
El ejecutivo de la CNS  precisó que gran parte de las empresas extranjeras que operan en el país ya cuentan con “protocolos de seguridad e higiene de trabajo” para actuar en la materia, los que se contradicen con la norma aprobada, la  que solo habilita a aplicar  sanciones e insta  a explicarle a él o a los implicados los efectos nocivos de la droga.
Al menos una de las empresas denunciantes es representada por el estudio jurídico Hughes & Hughes.

La ley establece tres formas de acceder a la marihuana: el autocultivo, la compra en farmacias y a través de los clubes de membresía. El decreto reglamentario establece que las vías de acceso a la droga serán excluyentes: los usuarios deberán elegir solo un camino. Por lo tanto, quienes integran un club no podrán cultivar plantas en sus hogares ni comprar en farmacias. En cualquiera de las opciones, los usuarios deberán registrarse ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), según la ley.

El poder del sindicato
El artículo 42 del decreto reglamentario de la ley establece expresamente que “queda prohibido fumar, mantener encendidos, consumir o ingerir productos de cannabis durante la jornada de trabajo, sea en los lugares de trabajo o en ocasión de trabajo y en general el tiempo en que el trabajador se encuentre a la orden del empleador”. También establece la prohibición de laborar cuando el trabajador tenga afectada su capacidad para la realización de sus tareas debido al consumo previo de cannabis psicoactivo.

El problema empieza a la hora de una eventual penalización del infractor ya que la reglamentación de la ley prevé la creación de “comisiones bipartitas de seguridad y salud en el trabajo” y allí comienza  a tallar el peso de los gremios.
La reglamentación establece que “en los casos que no esté debidamente instalada la comisión referida, deberá procederse de la misma manera con la organización sindical de base, y de no existir la misma, con la organización sindical de rama.
Por ejemplo, si un trabajador de una fábrica metalúrgica es encontrado fumando un porro en una  fábrica  de tornillos, primero se hará lugar  a la voz del sindicato de base de la empresa y luego, llegado el caso, pesará la voz del gremio de esa rama fabril, en ese caso, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra).

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El reciclaje llegó a la formalidad: así se hace

BASURA REUTILIZADA

La primera planta de clasificación de residuos todavía no concretó ninguna venta por el bajo volumen de materiales depositados por la población

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9FRXBxGEc

El proceso es muy simple: un camión lleva los materiales reciclables y los deja en una plataforma donde se realiza una primera preclasificación; luego se colocan en una cinta transportadora para separarlos por bolsones. Más tarde se pesan y se enfardan. Todo se realiza bajo techo y en dos horarios: de 6 a 13 y de 13 a 20.

Esto es toda una novedad para los trabajadores de las plantas de clasificado de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) en el marco de la ley de Envases nº 17.849. Muchos se desempeñaban de manera informal en cooperativas y en la calle. Ahora ganan un sueldo y aportan al Banco de Previsión Social.

En la planta del barrio La Paloma trabajan 28 personas (12 mujeres y 16 hombres); en la nueva instalación en Chacarita de los Padres, llamada Géminis, fueron empleados 40 exclasificadores callejeros. En total, la IMM prevé emplear a 132 personas en cuatro plantas.

A La Paloma llegan los residuos originados en los municipios A (Paso de la Arena a Pueblo Victoria) y B (Ciudad Vieja a Cordón); mientras que Chacarita de los Padres es el destino de los envases de los municipios E (La Blanqueada a Unión) y F (Manga a Bella Italia). Pero el principal problema es la cantidad.

La materia prima proviene de dos instancias que se basan de la buena voluntad del vecino: la precalificación domiciliaria y llevar la bolsa con los vidrios, plásticos, cartones, nailon y latas a cualquiera de los 500 contenedores de plástico de tapa naranja ubicados en los supermercados de su barrio.

Los trabajadores preferirían no depender de los residuos domiciliarios y sí recibir el descarte de escuelas, supermercados, panaderías y otros comercios, puesto que se trataría de volúmenes mayores y, según Claudio Viera, coordinador de operación del turno matutino de La Paloma, perteneciente a la ONG Solidaridad, “ahí se podría ver la diferencia”; pero, contrario a su deseo, ellos “ya tienen su mercado”.

Con más material se puede acceder a mejores precios. Los trabajadores de La Paloma pueden percibir $ 2 por cada kilo de cartón suelto, o $ 3 por cada kilo en depósitos pequeños o medianos. Pero podrían ganar hasta $ 5 si tuvieran el volumen suficiente para venderle a un depósito mayor.

Un fardo pesa entre 90 y 110 kilos. Esto significa que hoy ganan $ 330 cuando podrían alcanzar los $ 550, es decir, 66% más. Otros precios que manejan los trabajadores son $ 8 por cada kilo de papel blanco y $ 7 por cada kilo de botellas de plástico. Un fardo de botellas ronda los 70 kilos.
El mejor negocio sería vender cobre a $ 100 el kilo pero no se tiene la forma de procesarlo en la planta. Hoy se acumulan parte de motores, bobinas y cables que solo se pueden vender como chatarra. Muchos trabajadores se dedicaban a la venta informal de este metal antes de ingresar a la ONG Solidaridad.

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Juan Canessa, explicó a El Observador que en breve se difundirá una campaña para fomentar la clasificación en el hogar y divulgar la ubicación de los puntos de entrega voluntaria. “Falta machacar un poco más”, dijo.

Todavía falta

La IMM había prometido un ingreso de aproximadamente $ 18 mil en la mano. El salario se compone de un salario mínimo nacional −aportado por la Cámara de Industrias del Uruguay− más un porcentaje de lo procesado por la planta. No obstante, Viera dijo a El Observador que todavía no cobraron más de $ 8.000 porque aún no se concretó ninguna venta. Para hacerlo se necesita más volumen de material reciclable. Mientras eso no sucede, los trabajadores tienen la sensación de que será “imposible” alcanzar esa cifra.

El director de Desarrollo Ambiental explicó que la carga no es un impedimento. “Recibimos un montón de llamados de empresas que quieren comprar”, aclaró.

En su opinión, el obstáculo es que todavía no se ha creado un fideicomiso que atenderá desde la planilla de funcionarios hasta la concreción de las ventas y es el que completará el salario. “En el interior, los trabajadores son los que venden. Si hacíamos eso era repetir lo mismo que hasta ahora”, agregó.

Mientras que los trabajadores no ganan el dinero prometido, muchos continúan clasificando en sus hogares, sin romper del todo el vínculo con la informalidad.

Actualmente, la planta de La Paloma procesa un camión por turno. Si el material llega con pocos residuos orgánicos entreverados, la carga se puede clasificar en tres horas. La capacidad operativa es suficiente para recibir seis camiones diarios y separar y enfardar 25 toneladas semanales. “Hoy llegamos a los 700 kilos por turno”, comentó.

Viera indicó que el camión de la mañana siempre es el más sucio. “Trae mucha comida y yerba. Complica y ensucia”, afirmó. Los papeles manchados, por ejemplo, pueden ser reutilizados pero “no se les puede dar un plus”. Pero se han encontrado cosas peores: desperdicios de carnicerías, residuos hospitalarios y animales muertos.

También llegan objetos que rompen la cinta transportadora, o telas y cueros que no sirven para el reciclaje. Muchas veces solo pueden rescatar 400 kilos de un camión que les deja 2.000 kilos; incluso, una vez, tuvieron que descartar 1.800 kilos. “La gente no tiene conciencia”, expresó. Canessa, por su parte, indicó que todavía falta capacitación para saber qué se puede aprovechar.

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NUEVA LEY DE ADOPCIÓN

Niños abandonados deberán ser integrados a un hogar en 24 horas

El proceso de adopción puede insumir un año y puede extenderse hasta 5 años, según jerarca del INAU

Cuando un niño sea abandonado, o no pueda seguir viviendo con su familia, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tiene 24 horas para integrarlo a un hogar sustituto. Ese hogar deberá ser en primera instancia el de un integrante de su familia biológica, también una familia seleccionada del Registro Único de Aspirantes por el INAU o una familia de acogida. En último término se dispondrá la internación provisional.Así lo establece la ley 19.092 que modificó los artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia vinculados a la adopción y que fue promulgada el 17 de junio pasado.Ese texto fija al juez de Familia la obligación de resolver la situación de niños abandonados en un plazo de 45 días en el caso de los menores de 2 años y de 90 días para los de más edad, para “integrar” el menor a otro hogar. “Antes no había un plazo estipulado para que el juez decidiera si el menor se separaba de su familia biológica o no. El trámite se demoraba porque a veces se tenía que ubicar a la familia y verificar el abandono”, explicó el presidente del INAU, Javier Salsamendi. A partir de los cambios a la ley 17.823, el juez tendrá un plazo máximo de 90 días para pronunciarse.Por otra parte, la ley modifica el trámite de la adopción, que se inicia cuando la Justicia recibe el caso de un niño cuya familia de origen no puede o no quiere criar. Antes de darlo en adopción, el juez debe confirmar la procedencia del menor y verificar, a través de un informe psicológico y social, que el niño debe ser asignado a una nueva familia.Si el juez ratifica la condición de adoptable, comienza un segundo proceso en el que se establece la ruptura del vínculo del menor con su familia biológica.Un tercer trámite es el que completa el procedimiento, cuando la nueva familia se pronuncia interesada en registrar al menor como su hijo legal, siempre y cuando ningún otro integrante de su familia de origen esté dispuesto a recibirlo. El proceso total puede insumir “como mínimo un año, y puede extenderse hasta cinco años. Depende de la situación, del juzgado y de la historia del niño. Hay historias más complejas que otras y el juez necesita más tiempo”, dijo a El Observador la directora de Adopciones, Beatriz Scarone.Adoptantes tienen prioridadOtro cambio que establece la ley es que, luego de los plazos estipulados, el niño podrá convivir de forma transitoria con los padres adoptivos. “Se invierte el orden. Antes esta posibilidad no existía, y el menor iba con una familia sustituta o se quedaba en un hogar del INAU hasta que se cumpliera la separación definitiva de los padres biológicos. Ahora la prioridad la tiene la familia adoptante”, manifestó Salsamendi.Sin embargo, esto no significa que la adopción sea definitiva, sino que los posibles padres adoptivos podrán convivir con el niño mientras dure el proceso. “Es un desafío para la Justicia y para el instituto también. Tendremos que ver cómo funciona en la práctica”, expresó el jerarca.Durante el embarazoLa ley introduce también la posibilidad de que la madre pueda decidir, desde el momento en que queda embarazada, si desea dar a su hijo en adopción. En este caso, el texto expresa que el servicio de salud atenderá a los padres para que puedan quedarse con el niño en “condiciones de dignidad” y evitar así que se vean obligados a darlo en adopción.En caso de que el menor no pueda vivir con su familia de origen se verificará la condición de adoptable. Aunque se haya cumplido el proceso de separación definitiva del niño con su familia biológica, sus padres de origen deberán ratificar su deseo de darlo en adopción luego de los 30 días del nacimiento. De todas formas, que los padres puedan decidir dar a su hijo en adopción no los habilita a elegir cuál será la nueva familia.Familias AmigasEl programa Familias Amigas, que funciona desde 2012, brinda la posibilidad de que el niño pueda tener un hogar mientras está en trámite el proceso de adopción. La psicóloga Mariana Silvera, quien trabaja en el Plan Nacional de Acogimiento Familiar del INAU, dijo a El Observador que “la condición para formar parte del programa es que solo pueden quedarse con el menor de forma transitoria”.En la actualidad, el INAU cuenta con 160 familias amigas encargadas de cuidar de los niños mientras dura el proceso de adopción. Estas tienen bajo tutela a más de 260 menores.El plan cuenta con diferentes modalidades. Quien quiere tener a cargo a un niño puede elegir hacerlo únicamente a tiempo parcial (los fines de semana o algún día puntual) o a tiempo completo.Niños esperando una familiaEl INAU cuenta con 25 niños esperando para ser adoptados. Sin embargo, en el Registro Único de Aspirantes a la Adopción hay anotadas 83 familias, pero ninguna de ellas está dispuesta a recibirlos.La directora de Adopciones del INAU explicó que los motivos por los que las familias no quieren hacerse cargo de estos niños varían: “O vienen de historias complejas, maltrato, abuso, o tienen vínculos con hermanos más grandes y (las familias adoptantes) no quieren asumir esa responsabilidad. A partir de los 5 años del niñito se vuelve más complicado que lo adopten. Qué difícil que es creer que la gente se quejaba por las demoras en los trámites judiciales”. Padres, 15 años mayor que el niño Según establece la ley, el niño puede ser adoptado luego de que se haya separado definitivamente de su familia de origen. Además, el menor tiene que haber convivido al menos un año con la familia adoptante y que las condiciones hayan sido favorables para su desarrollo. Por otra parte, el niño (o su defensor, en caso de que el menor no sea capaz de hacerse entender) debe estar de acuerdo en vivir con su nueva familia. Por último, los padres adoptantes deben tener más de 25 años y ser 15 años mayores que el niño que desean adoptar. Adopciones internacionales La nueva norma permite también las adopciones internacionales. En ese caso deberán actuar los jueces de Familia del domicilio del adoptado. Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia única de forma personal. En caso de que los futuros padres adoptivos no puedan presentarse ante el juzgado, el juez podrá fijar otra audiencia, pero no permitirá la representación por apoderado. Para salir del país, la ley establece que el niño podrá viajar acompañado por al menos uno de quienes solicitan la adopción, siempre que el juez lo autorice.

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