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Hospital vuelca a la calle aguas servidas


Edil de Paysandú denuncia al centro asistencial de ASSE

El edil nacionalista Claro Suárez denunció en la Junta Departamental que el principal hospital público de Paysandú “Luis Galán y Rocha” remite aguas servidas a la vía pública. En la última sesión del deliberativo, Suárez afirmó que la Dirección de Higiene de la Intendencia local notificó sobre la situación a las autoridades del centro de salud.

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“Desde el edificio del Hospital `Luis Galán y Rocha` se vierten aguas servidas a la vía pública, aunque esto nos parezca increíble. Tengo conocimiento de esto porque la dirección encargada, cumpliendo con su deber de custodia de la higiene pública del departamento, ha aplicado una advertencia al citado nosocomio”, dijo el edil, según publicó El Telégrafo.

“Verter aguas servidas directamente a la vía pública es un atentado directo a la salubridad de todos y seguramente que todos en esta sala estaremos de acuerdo en que esto es inadmisible. Ningún edil ni habitante de nuestra ciudad puede admitir que esto suceda”, aseveró.

“Estos dislates no pueden pasar porque los focos contaminantes arrancan de algo insignificante y de ninguna manera podemos aceptar que desde el organismo público rector, que debe velar por la salud de todos los sanduceros, ocurran estos desaciertos”, afirmó el edil nacionalista.

Velero de lujo amarra en Punta del Este

El velero “Pumula”, uno de los más lujosos del mundo, se encuentra amarrado en el muelle principal del puerto de Punta del Este. Fue uno de los 18 mega-yates que pasaron por Rio de Janeiro durante la disputa del Mundial de Fútbol. Dotado de tecnología de última generación y de insuperable confort, es considerado como “uno de los más extraordinarios de los últimos tiempos”. Fue diseñado por el estudio Dykstra Naval, y el interior construido con roble y cuero. Construido en el año 2012 tiene 36,58 metros de eslora.

http://www.elpais.com.uy/informacion/hospital-vuelca-calle-aguas-servidas.html

 

Promueven castraciones masivas de perros en los asentamientos


Prevé multa de $ 18. 250 para quienes no la cumplan

La Intendencia de Montevideo pretende hacer obligatorias las castraciones de perros en algunos barrios “vulnerables” como los asentamientos. Para los tenedores de canes que no cumplan con la nueva normativa, se prevé una multa de $ 18.250.

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La Junta Departamental de Montevideo abordó con carácter de “grave y urgente” una propuesta de la IMM para establecer la obligatoriedad de la castración de perros y su respectivo tratamiento, dadas las patologías dérmicas, parasitarias o infecciosas que desarrollan los canes “en distintos barrios, zonas y viviendas de gran vulnerabilidad de la ciudad”.

En abril de este año, la comuna remitió a la Junta el planteo para abordar el problema de la tenencia de perros en los asentamientos y las condiciones sanitarias de los mismos.

Si bien no hay números oficiales, se calcula que unas 200.000 personas viven en asentamientos y que estos lugares hay un promedio de tres canes por vivienda.

La directora profesional del Servicio de Salubridad Pública de la Intendencia, Beatriz Mato, fue una de las personas que sugirió que en zonas en las que los perros presentan patologías en la piel (como sarna y hongos), distintas parasitosis (áscaris, tenias) y enfermedades infecciosas (como la leptospirosis), “debería ser obligatoria la castración de aquellos y su posterior tratamiento”.

El director de la División Salud de la Intendencia, Pablo Anzalone, fue más allá y sugirió que en algunos casos se podría llegar a declarar la “insalubridad pública”, ya que de acuerdo al digesto municipal, “ello podría ser una condición para aplicar la obligatoriedad de la castración y medicación”.

Finalmente, la Junta Departamental aprobó en días pasados un decreto en el que se señala que “la Intendencia de Montevideo podrá establecer la obligatoriedad de la castración de estos animales, ya sean machos o hembras, y su respectivo tratamiento posterior, en todas aquellas zonas donde su proliferación y las condiciones en las cuales viven generen problemas de salud pública”.

La Intendencia ya ha actuado en distintos barrios, y las castraciones han alcanzado incluso a los gatos.

Multa.

El nuevo decreto señala que detectada la situación de insalubridad, “se intimará al tenedor del perro al tratamiento”. Y que en caso de incumplimiento, “se aplicarán las sanciones correspondientes” de acuerdo al decreto 16.299.

El decreto aludido refiere a “focos o situaciones de insalubridad” y advierte que la “no erradicación en los plazos acordados” dará lugar a una multa de 25 UR ($ 18.250).

Durante la discusión del tema en la Junta, hubo ediles que advirtieron que la multa será muy difícil de cobrar a personas de escasos recursos.

El decreto prevé que tanto la medicación como la castración se realicen dentro del marco del convenio que existe entre la Comisión Honoraria de Zoonosis y la Intendencia de Montevideo desde el año 2007.

En febrero de este año ambas partes firmaron un nuevo acuerdo de complementación para realizar una campaña masiva de esterilizaciones gratuitas de perros “en zonas de riesgo del departamento”. El convenio incluye el diagnóstico ecográfico de hidatidosis humana en las poblaciones que habitan las zonas urbanas y rurales “y la ejecución de dispositivos educativos, tanto en ámbitos formales como informales”.

Los números.

En el blog del director de Salud de la Intendencia, Pablo Anzalone, se señala que de 2011 a 2013, las castraciones de canes llegaron a 16.425, y que las de los gatos -que comenzaron en 2012- a 1.179. “Al mismo tiempo, se trató a los animales con antiparasitarios y contra la sarna”, anotó el jerarca.

Según información a la que accedió El País, en 2009 se realizaron 3.451 castraciones de canes en 55 asentamientos de Montevideo, lo que indicaría que en los últimos años hubo un aumento sustancial de intervenciones en animales.

Las cifras del problema

Según cifras difundidas por el director de Salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone, de 2011 a 2013 las castraciones de perros llegaron a 16.425. Y las de gatos -que comenzaron en 2012-, a 1.179. La primera cifra arroja un promedio de 15 intervenciones quirúrgicas a perros cada día.

Se calcula que unas 200.000 personas viven en asentamientos y que hay un promedio de 3 canes en viviendas de contexto crítico.

El nuevo decreto señala que detectada la situación de insalubridad, “se intimará al tenedor del perro a realizar el tratamiento”. El incumplimiento dará lugar a una multa de 25 UR ($ 18.250).

La norma prevé que tanto la medicación como la castración se realicen en el marco del convenio que existe entre la Comisión de Zoonosis y la Intendencia desde 2007.

http://www.elpais.com.uy/informacion/promueven-castraciones-masivas-perros-asentamientos.html

Niegan destituir funcionarios con problemas de adicción a drogas


INTENDENCIA SOSTIENE QUE EL SEGURO MÉDICO CUBRE EL TRATAMIENTO

Ediles de la Junta Departamental rechazaron la destitución de tres funcionarios con problemas de adicción a drogas y reclaman a la IMM que desarrolle un protocolo que incluya el seguimiento de los empleados con estos problemas.

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Desde la Intendencia Municipal de Montevideo se sostiene que los funcionarios tienen un seguro de salud -Casmu- y que es allí donde deben ser tratados los problemas de adicción.

En la Comisión de Legislación de la Junta Departamental capitalina, ediles del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional coincidieron en rechazar las solicitudes de venia para destituir a tres funcionarios con reiteradas faltas a trabajar y serios problemas de adicción -dos por estupefacientes y uno por alcohol- y les queda otra por analizar.

Los curules recibieron días atrás a jerarcas de la IMM y el viernes pasado y decidieron no votar estas destituciones por considerar que se trata de personas con una enfermedad, que deben ser tratadas y no destituidas.

Opinaron además que la comuna debe implementar un protocolo para los funcionarios con problemas de adicción, que incluya un seguimiento de cada caso, los tratamientos indicados, su grado de cumplimiento y que en los casos graves de problemas laborales y con esa información incluida en los expedientes es que se podría solicitar la venia de destitución del empleado.

Enfermedades.

El edil nacionalista (lista 71) Miguel Di Ruocco dijo a El País que votó en contra de las destituciones porque considera que “las adicciones son una enfermedad y así debe ser considerado por la IMM”. “No se pueden plantear destituciones sin estudio médico previo que se informe en el expediente”, por eso un protocolo “debería establecer pautas médicas, registrar si el funcionario las cumple y así evitar la destitución. Si no cumple el protocolo sí se tramitará la destitución”, opinó el edil.

 

“Hay un problema atrás que hay que tratarlo y la Intendencia no lo hace. No alcanza con mandarlo a seguro de paro o de enfermedad. Hay que ayudar a esas personas, en general son buenos funcionarios, cuando no tienen problemas de drogas están muy bien y arrastran problemas familiares por la adicción”, agregó.

En tanto, la edila frenteamplista (lista 5005) y presidenta de la comisión de Legislación, Rosana Paredes, hizo hincapié en que el hecho generador de las solicitudes de destitución es que “incumplieron con el deber de asistir a trabajar, ese el hecho generador de la sanción y no la adicción”.

Agregó que el incumplimiento “debe ser gravísimo” y que las “formalidades jurídicas se cumplieron” en estos casos, pero que surgió la preocupación de los ediles, “lo que habla de la madurez del sistema político sobre un fenómeno social viendo cómo ayudamos dando garantías al ciudadano y que los recursos humanos de la intendencia sean bien gastados”.

El edil colorado (lista 2000) Mario Barbato, dijo que no se cuestiona el análisis normativo jurídico por el que se arribó a las solicitudes de destitución. “Pero de algún modo hay una causa humanitaria atrás que la administración no está pudiendo resolver. Encontramos un círculo vicioso en que las ausencias son producto de una enfermedad”, afirmó.

Tras escuchar las declaraciones de directores municipales, Barbato dijo que en estas situaciones “la IMM lo que expone como argumento es que los funcionarios tienen seguro de salud, que ese servicio lo da el Casmu, que es el que debe asumir estos casos”.

Consideró que los mandos medios “deben estar alerta ante estas situaciones, actitudes erráticas o falta de presentismo son indicativos de que algo que está ocurriendo”. “Hay mucho para avanzar en el sistema de salud ocupacional, los informes llegan a la Junta prácticamente sin informes médicos ni las causas de las licencias médicas”, sostuvo.

Seguro de salud.

El director del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IMM, Jorge Basso -quien fue uno de los jerarcas que concurrió a la Comisión de Legislación-, defendió la actuación de la comuna en estos casos.

“En la medida que se han incorporado muchos funcionarios, porque también se ha promovido el retiro incentivado de muchos otros, se ha renovado fuertemente el personal y la población ingresada tiene más o menos las mismas características que la población del país”, dijo Basso a El País.

Agregó que hay “una política que se ha consolidado a lo largo del tiempo”, la que establece “el seguimiento y atención a través del seguro de salud que la Intendencia tiene con una institución mutual, un ámbito donde son atendidas estas personas”. “Se hace seguimiento de que concurran y si tienen dificultades económicas hay mecanismos para ayudarles y no pierdan las consultas”, añadió.

Basso dijo que hay “casos marginales y raros de ver” en que las dificultades imposibilitan reinsertar a los funcionarios que previamente faltaron muchos días “y esos son los motivos por lo que se promovieron estas destituciones. Pero el grueso de la población que tiene este problema, con las dificultades que esta patología genera, logra un funcionamiento dentro de lo esperable”, acotó.

Destacó que IMM hace actividades preventivas y “cuando ocurren casos se intenta asegurar que sean atendidos”.

Causas de pedidos de destitución

En promedio, a la Comisión de Legislación de la Junta Departamental le llegan por año entre cinco y 10 solicitudes de venia de destitución de funcionarios municipales, según cálculos de algunos ediles consultados.

La mayoría son aprobadas por unanimidad o amplia mayoría de los ediles y refieren a causales graves, como la ineptitud moral para ejercer el cargo.

Uno de los casos se concretó en el año 2012 y tras un sumario administrativo que duró un año y medio -existiendo previamente un procesamiento judicial del año 2009- y refirió a un funcionario que “almacenaba” pornografía infantil.

En 2011, la Junta Departamental dio su venia para la destitución de un funcionario acusado de abusar de una persona aparentemente con discapacidad intelectual.

Declaraciones de unos cuantos

Jorge Basso

Gestión Humana de IMM

Hay “una política que se ha consolidado a lo largo del tiempo”, la que establece “el seguimiento y atención a través del seguro de salud que la Intendencia tiene con una institución mutual (Casmu). Ese es el “ámbito donde son atendidas estas personas”.

Miguel Di Ruocco Edil Partido Nacional

“Las adicciones son una enfermedad y así debe ser considerado por la IMM”. “No se pueden plantear destituciones sin estudio médico previo que se informe en el expediente”. Un protocolo “debería establecer pautas médicas”.

Mario Barbato

Edil Partido Colorado

“Hay una causa humanitaria atrás que la administración no está pudiendo resolver. Encontramos un círculo vicioso en que las ausencias son producto de una enfermedad. Hay mucho para avanzar en el sistema de salud ocupacional” de la Intendencia”.

Elena Lequio

Presidenta de ADEOM

“Para poder seguir atendiéndose no los pueden destituir. Es un reclamo pero no hemos tenido eco en la administración. Creemos que no hay irrecuperables, que pueden mejorar y en algunos casos reinsertarlos en otro lugar de trabajo”.

http://www.elpais.com.uy

Prostitutas se movilizan para acceder a viviendas


GRUPO “VISIÓN NOCTURNA”

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La coordinadora general del colectivo “Visión Nocturna” que nuclea a integrantes de la zona litoral y norte del país, Karina Núñez, dijo que desde 2007 asesoran a la Comisión Nacional de Apoyo a este núcleo, creado a través de la Ley 17.515.

Nuñez, oriunda de Fray Bentos, señaló que en Río Negro trabajaron junto a la diputada Graciela Cáceres en la elaboración de “una Ordenanza Departamental que contiene 35 artículos, pero permanece trancada en la Junta Departamental y en el área jurídica de la Intendencia de Río Negro”.

Se calcula que hay unas 17 mil trabajadoras sexuales en todo el país y “estos datos se desprenden de un muestreo estimativo realizado entre 2009 y 2010.

De un total de 6.785 mujeres que se atienden en las policlínicas de ASSE, hay tres ejerciendo la prostitución sin controles sanitarios”, expresó.

En la última reunión efectuada en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, asistieron unas diez interesadas en acceder a núcleos habitacionales, en tanto, Nuñez explicó que no están interesadas en conformar ‘guettos’, sino construir a través de nuestros derechos”.

Fuente: El Telégrafo

 

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