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Mides: desconocimiento de requisito para cobrar asignación no sorprende


MIDES

“El desconocimiento de los requisitos es realmente bajo”, dijo el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social Juan Labat, en entrevista con El Observador

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En las oficinas del Banco de Previsión Social o del Ministerio de Desarrollo Social se puede iniciar la solicitud para recibir la asignación familiar para trabajadores de bajos ingresos o la que se otorga a hogares vulnerables a través del Plan de Equidad. En ambos casos, los funcionarios exigen al momento de la inscripción un montón de documentos que acreditan la vinculación con los sistemas educativo y sanitarios. Una vez que el beneficiario empieza a cobrar la asignación, los controles se relativizan. Para Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides, esto no necesariamente es negativo porque uno de los objetivos de la transferencia es aumentar el ingreso.

La encuesta del Instituto de Economía revela que el conocimiento de las condicionantes para cobrar asignación familiar es bajo…

Es bajo, realmente bajo.

¿Lo sabían en el Mides?

Teníamos una idea, sí. No teníamos una medición cabal del asunto. En general, en este tipo de programas, se da. Se dio en el Plan de Emergencia, al principio del Plan de Equidad.

No con valores tan bajos, pero también se dio. Tiene que ver con el ejercicio real o no de los controles. A partir de este año, que un montón de gurises dejaron de cobrar por no ir, va a haber más conciencia, va a ser más conocido.

El hecho de que durante años no se sacaran asignaciones por inasistencia, ¿no es una mala señal para los beneficiarios?

Es una discusión. Está bien, pero si le sacás la asignación lo que hacés es sacarle ingresos a una familia que tiene niños en situación de pobreza, que no están logrando los mínimos necesarios para su desarrollo. Si todo eso lo hago para lograr que vayan al liceo, pero no lo logro, o lo logro solo en un 3%, te volvés a plantear la pregunta: ¿es por acá la cosa? Porque ahora en lugar de tener una privación tienen dos. Esa es la discusión sobre cómo hacer que la política sea efectiva, y no es nada fácil. Con el control claramente ganás credibilidad en el sistema, pero el costo que tiene es que hay un grupo de hogares que viven peor que antes.

¿Cómo se difunden los requisitos?

Cuando te presentás en el mostrador del BPS tenés que entregar todos los papeles que garantizan que sos hábil para cobrar: que asiste al sistema educativo, que tiene los controles de salud, certificado de tenencia de los niños que viven contigo.

Ahí la persona se entera, ¿pero qué pasa después?

En realidad tiene que mandar a los niños a la escuela y al liceo por obligación, por ley, ni siquiera por la asignación. Te puedo garantizar que tampoco saben que por ley tienen que mandarlos. En serio. Uno cuando hace este tipo de cosas se desayuna de ciertas realidades sociales.

¿Pero alguien le vuelve a recordar a la persona cuáles son los requisitos para cobrar la asignación? ¿Hay algún tipo de difusión? Porque, si no, puede decir ‘a mí nadie me dijo’ o ‘a mí nadie me controló’.

Te puedo garantizar que hay un montón de respuestas posibles. Las personas pueden decir que no saben aún sabiendo, porque hay algo que en sociología es muy común y es dar la respuesta socialmente aceptada.

Muchos padres que saben que no es correcto que su hijo no vaya al liceo pueden decirte ‘ah, pero yo no sabía’. Independientemente de eso, por los números del estudio, es obvio que hay mucha gente que de verdad no lo sabe o no lo recuerda.

En ese sentido se pueden hacer campañas. Y se han hecho. Cuando resurgió la asignación familiar, en 2008, durante todo 2008 y 2009 se hicieron campañas para que la gente fuera a cobrar la asignación familiar.

¿Y se logró?

Estaba previsto que en abril de 2009 se hubieran inscripto unos 170 mil hogares a los que les correspondía cobrar.

Hete aquí que en ese momento, con una furiosa campaña del BPS, se presentaron 30 mil.

Los otros 140 mil no se presentaron. Después fueron llegando de a 3 mil o 4 mil y aumentando muy paulatinamente el número de beneficiarios que podrían haber cobrado desde abril, pero por distintos factores (cómo se da la comunicación, los tiempos de la gente para hacer los trámites, los tiempos para conseguir los papeles…) no lo hicieron.

Estas cosas no tienen nada de automático. Son largos procesos. Al día de hoy  no se llegaron a inscribir los 500 mil que en algún momento esperamos que cobraran la asignación. Hoy son del orden de los 400 mil.

Entonces sí se hicieron campañas para difundir los requisitos.

Sí, se hicieron. Fueron globales sobre las asignaciones, pero incluían las contrapartidas. Es un tema polémico, que a los políticos les encanta discutir. Lo único que me preocupa es que cuando discutan no haya un parámetro de cuánto gasta Uruguay en relación al PBI, o cuánto gastan otros países. Porque se habla como si Uruguay gastara fortunas en transferencias monetarias…

¿Cuánto gasta Argentina, por ejemplo?

No tengo cifras precisas ahora, pero del orden de dos veces lo que gastamos nosotros. No es una diferencia menor.

¿Y Brasil?

En este último período está gastando mucho más por los planes Brasil Sin Miseria, y con un paquete mucho más integral de políticas que va más allá de las transferencias.

No estamos en la punta ni lejos de los países que más gastan en estas cosas. Es verdad que hemos mejorado el gasto público en esto, pero no pienses que de tu sueldo van $ 100 a las asignaciones; irán $ 1 o $ 2.

Perfil

Juan Pablo Labat trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social desde su creación, en 2005. Primero fue asesor de la subsecretaría, que ocupaba Ana Olivera. Desde ese rol realizó el seguimiento de la ejecución del Plan de Emergencia (Panes) entre 2005 y 2008. A partir del 2009 trabajó en la Unidad de Seguimiento de Programas como responsable del equipo que asesoraba a la subsecretaría. En 2010, cuando Ana María Vignoli asumió la titularidad del ministerio, fue nombrado director de Evaluación y Monitoreo. Esa área abarca la supervisión de todo lo vinculado a la gestión del Mides en el territorio.

http://www.elobservador.com.uy

Asignaciones: beneficiarios desconocen que tienen que mandar a sus hijos a la escuela


ASIGNACIÓN FAMILIAR

Seis de cada diez no lo saben. La encuesta fue realizada por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas en convenio con el Mides

La asignación familiar, según dice el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es “una prestación de seguridad social que el Estado, a través del Plan de Equidad, utiliza para estimular su permanencia en el sistema de enseñanza y el control de la salud”.

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Paradójicamente, solo el 40% de los padres o madres beneficiarios dicen saber que para cobrar el dinero es necesario que sus hijos vayan a la escuela. Apenas el 18% es consciente de que la asistencia de su hijo al liceo es un requisito para recibir la transferencia. A su vez, solo el 16% tiene presente que los controles de salud de sus niños y/ adolescentes son una condición para ser beneficiarios de una asignación familiar. Hay beneficiarios que no son capaces de mencionar uno solo de esos requisitos: 21% dice que no hay ninguna condición y 15% admite no saber cuáles son las condiciones. Estos son algunos de los resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, en convenio con el Mides, para evaluar el impacto del programa de asignaciones familiares que fue lanzado en 2008 en el marco del Plan de Equidad. Fueron presentados en un seminario realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a principios de diciembre. Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides, dijo a El Observador que si bien en el ministerio no contaban con una “medición cabal del asunto”, sí tenían una “idea” de la situación. “(El conocimiento de las condiciones) es bajo, muy bajo”, lamentó Labat.

A su entender, parte de esos porcentajes pueden explicarse por el estímulo de dar la “respuesta socialmente aceptada”. Es decir, si un padre no manda a su hijo a la escuela pero sabe que debería hacerlo, opta por simular desconocimiento. De todos modos, el jerarca reconoció que “es obvio que hay mucha gente que de verdad no lo sabe o no lo recuerda” (ver entrevista en  página 3).

La economista Andrea Vigorito, responsable del equipo del Instituto de Economía que realizó el estudio, comentó a El Observador que luego de procesar la encuesta se percataron de que, tal como había quedado formulada, la pregunta sobre las condiciones podía dejar algún margen de duda. “Las personas que cobran asignaciones familiares tienen algunas obligaciones. ¿Podría decir alguna que conozca?”, se cuestionó. La especialista sostuvo que un grupo de gente pudo haber respondido pensando en aquellas condiciones que efectivamente el Estado controla. Se excusó de hacer otros comentarios hasta tanto no terminen de redactar un informe sobre los datos que se entregará al Mides a mediados de enero.

Controlar o no

Desde que existen las asignaciones familiares para hogares vulnerables, solo una vez se aplicó un método sistemático y generalizado para controlar la asistencia a la escuela o el liceo de los beneficiarios de entre 6 y 17 años. El resultado fue la suspensión en octubre de 36.798 asignaciones correspondientes a niños y adolescentes que no se inscribieron en los cursos de 2013 o que superaron las inasistencias admitidas.

Para Labat, aplicar controles estrictos sería optar por promover la construcción de capital humano, suponiendo que los controles llevarán a que más personas se vinculen con los sistemas sanitario y educativo. A su vez, esto contribuiría a generar “credibilidad” en el programa de asignaciones. Sin embargo, esa elección también implicaría  disminuir la transferencia y afectar los ingresos de las familias, que según el jerarca es el otro objetivo principal de la transferencia. “Como muchas otras transferencias condicionadas que se dan en el mundo, la asignación quiere cumplir con las dos cosas a la vez. Si yo le pago a cien hogares y no controlo demasiado, garantizo que hay cien hogares que estarán mejor porque tendrán más ingresos. Si controlo, les voy a terminar pagando a 80 pero voy a priorizar la construcción de capital humano”, explicó el sociólogo.

La aplicación de controles estrictos este año es, según Labat, un “hito” que consolida cuál es la postura del gobierno al respecto.

Un 3 % no iría al liceo si no cobrara asignación

El estudio del Instituto de Economía concluye que el programa de asignaciones familiares no tiene “efectos robustos” en los controles de salud, en el estado nutricional, en la asistencia al sistema educativo, en el rezago escolar, en el acceso a la vivienda o en la fecundidad. A su vez, revela que el 3% de los liceales o estudiantes de UTU no iría a clase si no cobrara la asignación. Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides, dijo a El Observador que lo que halló el informe “es lo obvio”.
Según él, las asignaciones familiares no tienen un “alto impacto” porque los montos “no son significativos”. “Al contrario de los que muchos piensan, Uruguay gasta bastante poco en transferencias monetarias a la pobreza”, afirmó Labat. En total, según datos del Mides, de $ 100 que gasta el Estado, $ 2 se destinan a transferencias monetarias.
En ese sentido, el jerarca afirmó que las asignaciones logran una “mejoría muy chiquita”, que “ni en broma alcanza para lograr cambios”. “No esperes que si tenés una población con problemas de asistencia, al darle una de estas transferencias mejore más del 3 o 4 % el nivel de asistencia que tenían antes”, aseguró. Labat cree que para que las asignaciones familiares tengan más efecto deberían aumentarse los montos.
“Una de las recomendaciones en políticas es que si establecés un premio, que sea significativo. Si no es apreciable, no va a ser tanto el esfuerzo que hagas para percibirlo”, explicó. En ese sentido, opinó que una posible política para fomentar la permanencia en el sistema educativo puede ser, justamente, aumentar la asignación.
De todas formas, el sociólogo del Mides sostuvo que los aumentos deberían efectivizarse luego de “revisar el sistema de estímulos”. Por ejemplo, consideró que la asignación por liceal debería ser mayor y separarse aun más de la transferencia por escolar, porque implica más esfuerzo. A su vez, sugirió imitar el modelo argentino, en el cual un 20% de la transferencia se otorga al finalizar el curso, de modo de estimular la permanencia. En Uruguay la asignación familiar se cobra mensualmente.

http://www.elobservador.com.uy

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