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Se paga hasta US$ 6.000 por tratamientos


REPRODUCCIÓN ASISTIDA

El Fondo Nacional de Recursos financia la fertilización in vitro desde mitad de abril; hay dos clínicas habilitadas y los usuarios pagan un porcentaje según sus ingresos

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“Ya veo que cada uno de nuestros casos es un mundo”, dijo un joven en una jornada sobre fertilidad. No se equivocaba. Aunque todas las parejas que estaban participando del encuentro tenían problemas para concebir, estaban realizándose tratamientos por diferentes motivos. Sin embargo, algo se repetía: esperaban con ansias que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) comenzara a pagar los tratamientos, como está estipulado en la reglamentación de la ley de reproducción asistida de marzo de este año.

Desde hace poco menos de una semana, las parejas pueden acceder a los tratamientos de fertilización in vitro –conocido como de alta complejidad– bajo el sustento del FNR, que pagará un porcentaje del tratamiento según los ingresos del núcleo familiar. Para una fertilización in vitro completa u ovodonación, el organismo aportará $ 162.200 (equivalente a US$ 5.974 según la cotización actual).

De todos modos, ese costo solamente será pagado en su totalidad por el FNR en parejas que se realicen el tratamiento por primera vez y que ganen hasta $ 30.520 entre ambos integrantes. A medida que aumentan los ingresos o la cantidad de intentos –que por ley puede llegar a tres como máximo– los usuarios deberán aportar un porcentaje del precio.

El peor de los escenarios es para quienes ganan más de $ 183.121 y realizan el tercer intento. En ese caso, deben pagar 95% de los casi US$ 6.000.

El organismo ejemplifica que si el ingreso de uno de los integrantes de la pareja es de $ 15 mil y del otro es de $ 10 mil, ambos nominales, la suma o ingreso total mensual de la pareja es de $ 25 mil, por lo que corresponde al primer tramo y el porcentaje a copagar dependerá del número de intento de que se trate. Dentro de los precios está incluida la medicación.

En el mundo, los programas de fertilización in vitro tienen una tasa de embarazo de 57%. En Uruguay es de 70%, según dijo a El Observador el especialista Guillermo Caprario.

Una pareja o mujer sola que inicie un tratamiento de fertilización asistida, ovodonación o donación de semen debe pedir a su prestador de salud que envíe al FNR una solicitud. Una vez enviada, se estudiará si el caso califica para ser solventado por el FNR. No se podrán presentar mujeres mayores de 40 años, obesas o fumadoras. Junto con la solicitud deberán enviar exámenes médicos de no más de seis meses de antigüedad.

Según establece el FNR, el formulario de solicitud del tratamiento debe ser completado y firmado por el médico tratante, preferentemente un ginecólogo especialista en reproducción. La clínica donde realizarse el procedimiento queda a elección de los usuarios. Actualmente hay dos clínicas autorizadas: el Centro de Esterilidad de Montevideo y Cerhin. Eso no significa que las otras clínicas no puedan realizar los tratamientos, sino que, por ahora, el FNR los financia en esas dos.

Una ovodonación en forma particular cuesta, aproximadamente, $ 53 mil, que incluye la compensación a los donantes y excluye los medicamentos, controles y el procedimiento de fertilización asistida que necesariamente se necesita a partir de una donación.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/303289/se-paga-hasta-us6000-por-tratamientos-/#

Juicios por fármacos: fenómeno “incipiente”


Estudio dice no es tan fuerte como en otros países pero “se intensifico”

En Uruguay existe un “incipiente pero igualmente relevante” incremento de los casos de demandas judiciales por acceso a medicamentos que se “intensificó” en 2008, indica un estudio internacional.

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Un reciente estudio regional advierte el “incipiente pero igualmente relevante” fenómeno de la judicialización en Uruguay de casos de protección del derecho a la salud, sobre todo, vinculados a la presentación de demandas reclamando el acceso a medicación por parte de pacientes.

“La judicialización, vista como el proceso creciente de reclamos presentados ante los jueces en protección del derecho a la salud, tiene diferente profundidad, alcance e impacto diferencial en los países de Latinoamérica. En algunos de ellos, el fenómeno representa un alto porcentaje de los casos que se tramitan ante los tribunales que atienden en acciones de amparo o tutela, mientras que en otros, la litigación se limita a unos pocos. La situación se ha vuelto manifiesta en algunos países como Brasil, Colombia y Costa Rica, y es también visible en Argentina. En Chile, Perú y Uruguay el fenómeno es más incipiente pero igualmente relevante”, dice el estudio.

El trabajo indica que en 2008 “el proceso de judicialización se intensificó” tanto “en el número de reclamos como en las prestaciones reclamadas, incrementándose en el 2009 aunque sin alcanzar dimensiones graves como en el caso de Brasil, Colombia y Costa Rica”.

“El fenómeno se comenzó a percibir como un problema serio a nivel local por parte de los prestadores, reguladores y financiadores del sistema de salud”, sostiene el trabajo del grupo denominado SaludDerecho, que está integrado por diversas organizaciones internacionales, entre ellas el Instituto del Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

El trabajo, publicado en el libro “Diálogos construyendo futuro en Derechos Fundamentales-Una experiencia latinoamericana sobre procesos de cambio en derecho a la salud y políticas públicas”, señala que en Uruguay “se reclaman únicamente medicamentos no priorizados porque no hay incumplimiento de los prestadores en relación a los priorizados”.

El documento, que está disponible desde ayer en el sitio web del Poder Judicial, indica que en Uruguay se creó una base de datos electrónica para que los magistrados que reciben reclamos de este tipo puedan consultar jurisprudencia sobre la temática. Sin embargo, el documento sostiene que “los jueces aún no han interiorizado dicha consulta como parte de su dinámica cotidiana”.

“Este `fracaso` nos enseña que hay algo más que debe estudiarse o hacerse para que los jueces se incentiven y desarrollen el hábito de utilizar la información allí contenida”, expresa el informe, en el que en nombre de Uruguay participaron la directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (Ceju, institución del Poder Judicial donde se forman los jueces), Nilza Salvo, la abogada asesora del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Leticia Gómez y el abogado y socio del estudio Rueda, Abadi & Pereira, Santiago Pereira Campos.

“En Uruguay, a partir de diciembre de 2013, las dos entidades que son objeto más frecuentemente de sentencias de condena por prestaciones no priorizadas (Ministerio de Salud Pública y Fondo Nacional de Recursos) han emprendido una actividad de registro y seguimiento del cumplimiento efectivo de las sentencias, así como de la efectividad para el paciente de la aplicación de la prestación no priorizada”, agrega el informe del grupo SaludDerecho, en su capítulo sobre Uruguay en relación a los reclamos judiciales de medicamentos.

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Nuevo recurso judicial contra el FNR por stents


Proveedora: Recurrió a la Justicia por un nuevo llamado

La polémica por la adjudicación de los stents coronarios del FNR volverá a tener una instancia a nivel judicial, ya que la empresa que hizo caer el contrato presentó un recurso ante la Justicia contra la decisión del organismo de volver a licitar.

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La empresa Lentix S.A., que en febrero hizo caer la adjudicación de stents cardiológicos del Fondo Nacional de Recursos (FNR) en base a una acción judicial, volvió a llevar el caso a la Justicia ya que el organismo ratificó su decisión de realizar una nueva licitación.

El pasado 5 de febrero, el Tribunal de Apelaciones Civil de 3° Turno ordenó al FNR dejar sin efecto la adjudicación de la compra de stents que en noviembre de 2012 había otorgado a la firma Nafferton S.A. (por US$ 7,2 millones) tras una acción impulsada por Lentix S.A., que alegó que su oferta era más conveniente.

Tras el fallo judicial, el FNR decidió realizar otro llamado, cosa que Lentix S.A. rechaza porque sostiene que ello no corresponde en base a la sentencia, y por tal razón presentó una nueva acción judicial.

La abogada de Lentix S.A., Beatriz Fernández, dijo a El País que el nuevo reclamo judicial recayó nuevamente en el Tribunal de Apelaciones Civil de 3° Turno, que inicialmente fue el que intervino en el caso.

Fernández expresó que la sentencia dictada en febrero “anuló solamente la adjudicación y por tal motivo el FNR no puede volver a hacer una licitación, porque eso implica incumplir el fallo”.

La abogada sostuvo que el FNR “está incumpliendo con lo que dice la sentencia y lo está haciendo doblemente, porque le siguen comprando stents al mismo proveedor en base a un contrato directo”.

Fernández afirmó que Lentix S.A. “va a ir hasta las últimas consecuencias con su reclamo”, y adelantó que la empresa ya está preparando una demanda civil contra el FNR.

Si bien la abogada aclaró que todavía no está definido el monto de la indemnización que planteará la empresa, remarcó que al tratarse de una adjudicación de US$ 7,2 millones el juicio “va a ser por un monto realmente importante”.

Transparencia.

El Tribunal de Apelaciones Civil de 3° Turno, en una sentencia emitida el pasado 5 de febrero, hizo lugar al reclamo de Lentix S.A. y dejó sin efecto la adjudicación que, a su vez, había establecido el monopolio en la adquisición de stents, cosa que en su momento había sido duramente cuestionada por los cardiólogos.

Para anular la adjudicación en favor de Nafferton S.A., la Justicia tomó en cuenta que su oferta era US$ 77.746 más costosa que la de Lentix. Tras la sentencia, el FNR inició el proceso para llevar a cabo un nuevo llamado a interesados en proveer los stents.

El Tribunal de Apelaciones Civil de 3° Turno, en una sentencia emitida el pasado 5 de febrero, hizo lugar al reclamo de Lentix S.A. y dejó sin efecto la adjudicación que, a su vez, había establecido el monopolio en la adquisición de stents, cosa que en su momento había sido duramente cuestionada por los cardiólogos.

Lentix entiende que no corresponde efectuar una nueva licitación, sino que a la luz del fallo judicial, el FNR debe adjudicarle el contrato. Y por esa razón el 11 de abril la empresa presentó una intimación ante el Tribunal de Apelaciones Civil de 3° Turno contra el organismo, pero la sala se declaró incompetente para dar curso a la intimación.

En febrero, cuando anuló la adjudicación del contrato de adjudicación de stents del FNR a la empresa Nafferton S.A., la Justicia cuestionó con dureza el proceder del organismo.

El fallo afirmó que “no hay dudas de que el acto original impugnado es contrario al pliego, por cuanto lo único que explicita como fundamento de su dispositivo es el criterio del mejor precio que atribuye al ganancioso de la licitación”.

La resolución acusó al FNR de “ocultar los reales motivos” por los que optó por la oferta de Nafferton S.A. cuando la de Lentix S.A. era más conveniente. Y eso “supone privar de la transparencia necesaria”.

En tal sentido, el fallo también indicó que “resulta al menos sospechoso” que el FNR no haya explicado sus argumentos cuando la empresa reclamante presentó una nota. El organismo nunca fue claro en las razones de “por qué se calificaba como mejor precio uno que era más oneroso”.

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“Algunos abogados tienen vínculos con farmacéuticas”


HOMERO BAGNULO | EXDIRECTOR DEL FNR

“El Fondo Nacional de Recursos es algo muy adelantado; sería muy triste que se pierda por presiones corporativas” dijo el exdirector del FNR, Homero Bagnulo.

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-¿Qué opina del planteo que hizo el SMU para que “desaparezca” el FNR y se cree una Agencia de Evaluación para la Tecnología en Salud?

-Lo que pasa es que los médicos no quieren que los controlen. El gran pecado del FNR ha sido implantar en Uruguay el control de la gestión de la medicina. Y esto, desde la época que yo estaba y hasta ahora, ha generado muchísimos enfrentamientos y discusiones bastantes profundas con el SMU. En general lo que pasa con los médicos, acá y en todos los países, es que no les gustan los organismos de contralor para los medicamentos que indican y los procedimientos. Pero la medicina en el mundo pasa por los controles y los países que tienen peor control tienen peor medicina y peores resultados.

-¿Y dónde queda aquí el papel de los pacientes? ¿Qué pasa con aquellos que reclaman ciertas drogas que sostienen que les pueden salvar la vida?

-Claro, los pacientes desesperados por el mal pronóstico que tienen se aferran a lo que los médicos les prometen. Esto pasa muy a menudo. Quiero recordar el caso de una paciente con cáncer de mama metastásico, fue hace un par de años, ella hizo a nivel de los medios una gran campaña. El Fondo dijo que esa medicación a la paciente no le iba a servir y que su pronóstico vital era de unos pocos meses. Luego esto se concretó. Cuando el Fondo actúa, hace un pronóstico, y considera que tal medicación va a tener un nivel de eficacia escaso, eso es muy traumático para los pacientes, pero bueno, es la responsabilidad que se tiene. A veces uno de los problemas que hay es que en estos temas médicos se hace un seguimiento en el momento pero después no se sigue lo que sucede.

-¿Qué papel juegan los laboratorios en esto?

-Está demostrado que algunos de los abogados patrocinantes tienen vínculos muy directos con las empresas farmacéuticas. Actúan reiteradamente, en las mismas situaciones, los mismos abogados. Se conoce, en algunos casos, no quiero generalizar, que hay una vinculación con la industria farmacéutica. Usted sabe que con el gobierno y con el MSP actual no tengo ningún tipo de vinculación, no tengo ningún cargo y no soy oficialista, y mi relación con el Fondo está vinculado a la educación médica y a los temas de seguridad, que nada tienen que ver con los medicamentos. Y desde mi imparcialidad lo que puedo decir es que en muchos lugares del mundo el FNR se ve como algo muy adelantado dentro de la gestión sanitaria. Se ha tratado de copiar este modelo. Sería muy triste que por presiones corporativas Uruguay perdiera esto. Creo que algunas de las críticas que se hacen nos llevan a jugar a la ruleta rusa, porque después no se sabe lo que se va a conseguir. Por un enfermo que no obtiene lo que él quiere, y que lo solicita de todas formas posibles, a veces muy estridentes, no hay que olvidar a los que sí lo obtienen. Claro, estos no aparecen, no declaran, no mandan cartas.

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Madre acciona contra MSP por un fármaco para su hijo


JUSTINO, DE 5 AÑOS, PADECE UNA RARA ENFERMEDAD

Laura Hernández, de 36 años, presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud Pública para que se hiciera cargo de un medicamento, muy costoso, que precisa su hijo. Ganó la instancia, pero el MSP apeló y el fallo fue revocado.

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Canelones | Patricia Mango

“Que el gobierno se haga cargo” del derecho a la vida de Justino, es el reclamo que Laura Hernández está haciendo para conseguir la medicación que necesita su hijo, de 5 años.

El niño padece la enfermedad de Niemann-Pick, una rara patología neurodegenerativa, que no tiene cura.

El caso es único en el país y el costo del medicamento, que alivia o retarda las complicaciones, es de $ 261.000 por dosis, aproximadamente.

La enfermedad de Niemann- Pick, causada por una mutación genética, se caracteriza por la falla de una enzima que no deja salir al exterior los lípidos y el colesterol que se acumulan en el bazo, hígado y cerebro; con el tiempo la enfermedad degenera todos los órganos.

Según rememoró Laura, la situación quedó en evidencia durante una consulta médica: la pediatra notó, al palparlo, que el bazo era muy grande para la edad del niño. La consulta surgió luego de tres días continuados de vómitos.

En enero de este año, tras ir y venir a varias consultas, supo lo que tenía Justino. Es que el Banco de Previsión Social (BPS) y la Fundación Niemann-Pick (de Argentina) enviaron muestras de sangre a Italia.

“Al principio no lo asumí, fue con el correr de los días, cuando empecé a informarme”, comentó en diálogo con El País.

Sin ayuda.

Al obtener una negativa por escrito de su mutualista y del Fondo Nacional de Recursos, al no tener respuestas ni del Ministerio de Salud Pública ni del BPS para el tratamiento de su hijo, Laura decidió interponer un recurso para que le entregaran la medicación. “Gané la primera instancia; el MSP debía proveerme el medicamento dentro de las 48 horas siguientes al fallo, lo cual nunca sucedió”, aseguró.

Esa cartera de Estado -sostuvo Laura- apeló y el fallo fue revocado. “O sea, Justino se quedó sin medicación.

El alcalde de Sauce, Rubens Otonello -ciudad donde viven madre e hijo- envió un mail a todos los medios del departamento, relatando la situación de Laura y su hijo, y explicando que el 12 de junio la mujer presentó una acción de amparo ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7º Turno, “con el fin de que el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos efectuaran la entrega de la medicación que fue negada”. Otonello agrega que “por la sentencia Nº 30/2013 del 18/06/2013 el MSP fue condenado a aportar al niño, en plazo de 48 horas, el medicamento Miglustat.

Laura explicó que cabe una tercera instancia en el juicio, pero el proceso “llevaría mucho tiempo y urge” que su hijo tome la medicación.

La única medicación que existe para tratar esta enfermedad es el fármaco Miglustat.

“Si bien no la cura, es lo único que existe hoy en el mundo para frenar o enlentecer los síntomas de esta enfermedad”, apuntó.

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