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Diputado del MPP propone penalizar insultos a docentes


ir al psicólogo o trabajo comunitario como castigo

El diputado del Espacio 609, Walter De León, propuso agregar a la ley de Faltas que se penalice con hasta 30 días de trabajo comunitario a quienes utilicen palabras o gestos ofensivos hacia docentes de enseñanza pública y privada.

docente

Desde que comenzaron las clases, el pasado 10 de marzo, hubieron cinco procesamientos de padres por agredir a maestros, tres en Montevideo, otro en Rocha y el último en Rivera.

El caso más reciente se produjo a comienzos de junio, con una madre que golpeó a una maestra en una escuela de Rivera. El juez actuante la procesó por un delito de “violencia privada” y le impuso medidas sustitutivas durante 120 días, que deberá cumplir en una dependencia policial.

Los gremios docentes afirman que las situaciones de amenazas y agresión verbal y física son cada vez más comunes. Atento a esta situación, el diputado De León, integrante del MPP, presentó un proyecto de ley para que dicha conducta se incluya dentro de la ley de Faltas y se castigue.

El artículo 360 de la Ley 19.120 prevé de 7 a 30 días de trabajo comunitario para quienes participen en desórdenes en espectáculos públicos, agravien u omitan asistencia a la autoridad o revendan entradas. De León propone incluir otro inciso para que se castigue a quien “se dirigiere a docentes de enseñanza inicial, primaria y media, de instituciones públicas y privadas, utilizando palabras o gestos ofensivos”.

“Este proyecto de ley al tipificar como falta el insulto entendido como la utilización de palabras o gestos ofensivos hacia los docentes, busca disuadir la realización de este tipo de conductas y evitar que se llegue a la difamación, a la injuria y/o a la agresión física, con todas las connotaciones negativas que ello conlleva, ya que estamos ante delitos propiamente”, sostuvo el legislador en su exposición de motivos.

“En la actualidad es moneda corriente que una madre o un padre, una hermana o hermano mayor, una tía o un tío le grite al docente profiriéndole insultos o pidiéndole explicaciones sobre una determinada situación que involucra al menor, lo que sucede sin ningún tipo de consecuencias negativas para el insultante, al no estar esta conducta `atrapada` por ningún tipo penal”, agrega De León.

El diputado dijo a El País que si bien la ley prevé de siete a treinta días de trabajo comunitario para las conductas que penaliza, en su caso propone que se aplique solo en caso de incumplimiento de una medida previa, como puede ser la consulta obligada con un psicólogo. “Lo del trabajo comunitario quedará librado al juez, pero será aplicado solo si no cumple con esta instancia previa con el psicólogo. Acá no se busca judicializar la educación, sino el diálogo y la mediación. Este proyecto está dirigido a los mayores de edad, aunque también está comprobado que hay alumnos que le pegan a los maestros, pero este es otro problema, no entra dentro de este proyecto”, dijo De León a El País.

Explicó que el proyecto apunta a penalizar gestos o palabras agresivas que se producen antes de la agresión física. “Si la comunidad educativa es testigo que una persona se dirige de mala manera, con prepo, con insultos, eso cae dentro de este artículo”, indicó.

En la exposición de motivos el legislador afirma que “los docentes conviven cotidianamente con sentimientos de inseguridad que menoscaban su profesión, y la elección misma de la profesión docente. El deterioro de la imagen profesional ha ido en aumento. Los docentes se desempeñan en un ambiente cargado de insatisfacción y de promesas: mejoras salariales, mejores ambientes físicos de trabajo, estudiantes que concurren a diario, apoyo de las familias… pero eso no siempre implica una idea cumplida”.

Consideró que si bien no es nuevo el problema de la violencia en las instituciones educativas, “es momento de que legislativamente se atienda a este fenómeno. Recientes hechos de pública notoriedad así lo demuestran” y “el Estado debe proteger a todos”.

Queja de Unasev a jueces

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) envió una nota a la Suprema Corte de Justicia en la que solicita que los jueces apliquen la ley de faltas para los casos de motociclistas que conducen sin cascos, libreta o son menores de edad. La Unasev entiende que los jueces se han focalizado en aplicar la ley de faltas, casi exclusivamente, para la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, pero espera que se “extremen esfuerzos” para controlar y penar las otras conductas.

http://www.elpais.com.uy/informacion/diputado-mpp-propone-penalizar-insultos.html

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