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Salud Pública discrepa con la limitación a farmacias


EN LA CARTERA DUDAN QUE SEA CONSTITUCIONAL EL DECRETO ANTI-MONOPÓLICO

Con la oposición del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Poder Ejecutivo prevé limitar por ley a 15 la cantidad de farmacias que puede gestionar una persona física o jurídica.

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Con la oposición del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Poder Ejecutivo prevé limitar por ley en 15 la cantidad de farmacias que puede gestionar una persona física o jurídica. Esa medida ya fue adoptada en noviembre por decreto, pero la intención del gobierno es que ante los cuestionamientos de algunos empresarios, la disposición adquiera rango legal.

Según pudo saber El País, la iniciativa es rechazada por la Dirección General de la Salud (Digesa) del MSP y la División de Evaluación Sanitaria, que es la dependencia ministerial que se ocupa de otorgar las habilitaciones a las farmacias. De todos modos, como el proyecto proviene del Poder Ejecutivo, será remitido al Parlamento.

Una fuente del MSP dijo que el proyecto llegó a la secretaría de Estado «ya digerido». El informante puso en duda la constitucionalidad de la medida, al igual la legalidad del decreto que ya está vigente que fue recurrido administrativamente por varios empresarios y que podría ocurrir que terminase siendo anulado en su momento por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

El diputado nacionalista Pablo Abdala criticó la medida del gobierno y remitió un pedido de informes al respecto a la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz. Abdala apuntó primero a algo que ahora el Ejecutivo intenta subsanar y le preguntó a Muñiz cuál es el fundamento jurídico de establecer la regulación de la actividad de las farmacias por decreto y no por ley. A juicio del legislador, se afectan derechos de rango constitucional, que solo pueden limitarse a través de una norma legal y por razones de interés general. Abdala también pregunta si el Poder Ejecutivo consideró, al momento de la aprobación del decreto, que las disposiciones del mismo podrían afectar la libertad de trabajo y la de comercio de distintos particulares. Asimismo quiere saber «si el verdadero propósito de la administración fue «ganar tiempo», como lo declaró el presidente de la República (José Mujica), a la espera de un proyecto de ley que estaría en elaboración para regular la actividad del sector».

«Si, como sostiene el resultando 3 del referido decreto, la intención del gobierno es combatir las «posiciones dominantes» en el mercado, cómo habrá de alcanzarse ese objetivo si hay grupos económicos con más de noventa establecimientos y la norma no tiene efecto retroactivo?», pregunta Abdala.

Quiere saber «considerando que el decreto deja sin efecto los centros de distribución de medicamentos (categoría 5, droguerías) de las farmacias de primera categoría, cuál es el modelo de gestión que el Ministerio de Salud Pública (MSP) se propone impulsar en materia de inspección y de control».

Techo.

Por último, inquiere «si el Poder Ejecutivo evaluó el riesgo de someter al Estado a la posibilidad de ser demandado por responsabilidad patrimonial, en la perspectiva de que se afecten intereses económicos por decreto y desconociendo el principio de igualdad».

Abdala explicó a El País que las dos grandes cadenas de farmacias, «Farmashop» (con 93 locales) y «San Roque» (con una treintena), no controlan, juntas, más del 15% del mercado. «He estudiado el tema y entiendo que con esto se puede lograr el efecto inverso al que se busca. Hay muchas farmacias que son de empresas familiares o grupos medianos a los que se les pone un techo que les impedirá crecer», sostuvo el legislador. El diputado blanco entiende que la regulación «es muy mala e infundada».

Además, la actividad que se busca regular «nunca» podría serlo a través de un decreto, consideró el legislador. Abdala convocará por este asunto a la ministra Muñiz a la Comisión de Salud Pública.

http://www.elpais.com.uy

Planta de residuos hospitalarios no tiene autorización de Dinama


SOCIEDAD

Aborgama debió conseguir la Autorización Ambiental de Operación en 2010; Ecotecno, su competencia, la denuncia ante Defensa de la Competencia

planta-residuos-hospitalarios_295624Distiklos S.A., de nombre comercial Ecotecno, que el 16 de octubre de 2013 inauguró una moderna planta de tratamiento de residuos hospitalarios en Las Piedras, prepara una denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas contra las empresas del rubro Aborgama, AT&T y Trenal por posición dominante del mercado a pesar de que no cuentan con una Autorización Ambiental Previa (APP) actualizada y su correspondiente Autorización Ambiental de Operación (AAO) ante la omisión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
Ecotecno, a la vez, presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 4º Turno contra la Intendencia de Canelones por haber negado el inicio de la operación de la planta cinco días antes de su inauguración a pesar de que el proyecto había sido considerado viable por la Dirección General de Gestión Territorial y Vivienda y Acondicionamiento Urbano de la comuna el 1º de octubre de 2012. La planta, considerada la más moderna del país y por la que se invirtió US$ 1 millón, nunca llegó a abrir y su personal fue enviado al seguro de paro.
En falta
Aborgama (cuya planta de Montevideo tiene una capacidad de 240 toneladas mensuales), AT&T y Trenal concentran el 95% de los residuos hospitalarios del país. La única competencia es Olecar S.A. que opera en Melo (Cerro Largo) y trata los residuos generados en el norte.
La capacidad instalada de Ecotecno es suficiente para absorber el 30% de los desechos: 2,4 toneladas por día. Por ejemplo, todo el sector público genera 135 toneladas por mes. El Ministerio de Salud Pública (MSP) no tiene registro de la cantidad generada por el sector privado.
La AAP de Aborgama data del 14 de diciembre de 2005. Nunca fue renovada. El Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios de 2009 (decreto Nº 586)  establece la obligatoriedad de contar con una AAO, la autorización definitiva para el plan de construcción y de operación. La norma establecía un plazo de un año para que las empresas ya instaladas iniciaran los trámites correspondientes ante la Dinama so pena de multas económicas y de clausura. La AAO debe renovarse cada tres años.
No obstante, Aborgama la pidió el 23 de julio de 2013, un día después de que Dinama le concedió la AAP a Ecotecno. Por lo tanto, la mayor empresa de tratamiento de residuos hospitalarios peligrosos del país ha estado funcionando sin el nuevo requisito por los últimos tres años; es más, ya tendría que contar con su segunda AAO. Según el expediente 2013/14000/09102, al 25 de noviembre solo le faltaba la firma de la autoridad correspondiente para su adjudicación. La Dinama le concedió la AAO a Ecotecno el 21 de octubre.
Fuentes del sector explicaron a El Observador que Aborgama debería haber renovado primero la AAP debido a que la tecnología disponible ya no es la misma y la empresa pudo haber introducido cambios en la operación. Por ejemplo, Aborgama no tritura los residuos y, por lo tanto, eso no está comprendido en su AAP ni en su futura AAO. Ecotecno compró una máquina francesa que tritura los desechos para luego esterilizados lo que reduce la carga contaminante. A Ecotecno se le exigió, además, contar con un almacenamiento refrigerado para los residuos en caso de desperfectos en las instalaciones.
El Observador no pudo comunicarse con el director nacional de medio ambiente Jorge Rucks, ni con directivos de Aborgama.
Cambio a último momento
La resolución Nº 13/05484 de la Intendencia de Canelones dejó sin efecto una tomada por dos direcciones generales que concedían la viabilidad del emprendimiento en carácter precario y revocable para el emplazamiento de la planta en una zona suburbana de Las Piedras.
El secretario general de la Comuna Canaria, Yamandú Orsi, explicó a El Observador que el intendente Marcos Carámbula nunca llegó a autorizar la instalación de la planta –que contaba con la AAP de Dinama– sino que Ecotecno solo había recibido la venia de dos directores generales, lo cual no es suficiente.
Otro argumento que pesó en la decisión del jefe municipal es que la ubicación “no es el mejor lugar” para recibir una empresa que pretende operar a nivel nacional con residuos peligrosos. “Es una zona densamente poblada”, apuntó. Orsi explicó que el plan de ordenamiento territorial para la zona propone la construcción de un parque lineal para un futuro.
La planta está ubicada con frente a la calle Pouey y Camino Vecinal de Las Piedras donde, a su vez, se encuentran una estación de transferencia de residuos domiciliarios, el viejo relleno sanitario de la ciudad, una cantera abandonada y una estación de OSE.
Consultado respecto a una eventual relocalización dentro del departamento, Orsi dijo que deberá ser estudiado. Pero agregó: “No es una preocupación fundamental de Canelones resolver este problema”.

Comunicaciones sin respuesta

El recurso de amparo presentado por Ecotecno advierte que se informó al intendente sobre el proyecto el 29 de setiembre de 2011 y que no se le formuló ninguna objeción. El 27 de marzo de 2012, la Dinama le otorgó la categoría B (de impactos ambientales moderados) y la Declaración de Viabilidad Ambiental de Localización. El organismo fue el que le notificó a la Comuna Canaria. Tampoco se formuló ninguna objeción. Entre el 5 de setiembre de 2012 y el 2 de octubre de 2012 se procedió a la difusión pública del proyecto y se comunicó personalmente a la intendencia el Informe Ambiental Resumen del Proyecto. La comuna tenía un plazo de 45 días para expedirse. El decreto Nº 586 establece que, si no hay respuesta, “se considerará que no existen observaciones”. El 1º de octubre las direcciones generales adjudicaron el Certificado de Viabilidad de Emplazamiento de la planta por un plazo de tres años. Y el 27 de mayo de 2013 la intendencia autoriza la disposición final de los residuos en el vertedero Cañada Grande. Pero se le negó operar a Ecotecno cinco días antes de la inauguración. Ecotecno realiza la recolección de residuos domiciliarios en Ciudad de la Costa y Pando y, a juicio de Orsi, su desempeño no amerita ninguna crítica.

 

Regasificadora: Vecinos reclaman que no hay condiciones, ni garantías para firmar la autorización y anuncian acciones


Los vecinos afirman que pasada la audiencia constataron que no existe tampoco un estudio “serio” en materia ambiental y social.

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Agregan que el estudio realizado no toma en cuenta los riesgos de seguridad, realidad social, el impacto ambiental, las zonas productivas, ni las comunidades que allí habitan.

Denuncian que los espacios de «participación» son utilizados como insumos para que la empresa acomode su proyecto, y no evaluados de manera objetiva por los técnicos de la Dinama.

También que la metodología y acción de la empresa en el territorio, fomenta la fragmentación y la violencia, ya en las observaciones a la Dinama anunciaron “lo dañino que es para el proceso de estudio que la empresa este ofreciendo beneficios económicos y puestos de trabajos antes de que se autorice el proyecto”.

Agregan que las presiones políticas para acelerar y aprobar el proyecto, el ocultamiento de información, la fragmentación del proyecto, la metodología clientelística de la empresa, la precariedad del estudio ambiental y social son señales claras de un proceso turbio, sin transparencia, ni participación, que no dan garantías a la ciudadanía.

En ese sentido exigen que no se firme la autorización de la Regasificadora en Puntas de Sayazo, que el gobierno presente el proyecto completo para la zona oeste de Montevideo y que la IMM realice la planificación estratégica del territorio correspondiente.

Agregan que la DINAMA debe realizar el estudio de impacto acumulativo de los diversos proyectos.

“Hay una variedad de proyectos que modificara radicalmente el territorio, que debe ser tomado con seriedad, con transparencia y con participación, debe haber estudios integrales, serios y responsables”.

Advierten que si el Poder Ejecutivo sigue avanzando, iniciarán acciones legales para que se brinden garantías a la ciudadanía y se respeten los derechos de nuestras comunidades.

Montevideo, Uruguay
Unoticias
MP

 

Regasificadora: Dinama realiza audiencia pública


La Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) realizará este lunes la audiencia pública sobre la instalación de la planta regasificadora en Puntas de Sayago, pese al reclamo de un grupo de vecinos que había solicitado su postergación por entender que todavía no tienen la información necesaria para estar presentes en esa instancia.

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Los vecinos sostienen que han presentado documentos con rigor científico que cuestionan la obra por el impacto negativo tendrá en la zona y que no han tenido una respuesta oficial de las autoridades. En tanto, desde el Gobierno se niega que esos estudios pongan en duda la instalación de la planta en el oeste de la ciudad.

http://www.espectador.com

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