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Comienza el cultivo de la marihuana que desde marzo se venderá en farmacias


En marzo se estará vendiendo la marihuana en las farmacias, mientras que en diciembre comeinza el cultivo estatal de la droga.

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El mes que viene se estaría realizando el primer cultivo estatal de marihuana para su venta en farmacias, posiblemente a partir del mes de marzo según informó radio Uruguay.

En pocos días se conocerán las empresas ganadoras del segundo llamado a licitación para producir cannabis cuya producción será comercializada en las farmacias, de un total de 18 que se presentaron a la licitación, que comenzarán a cultivar en diciembre, según informó Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND).

En tanto, se está culminando de acondicionar el predio donde se instalarán las licenciatarias para efectuar sus cultivos, que está ubicado en las cercanías de Libertad, departamento de San José, que contarán con instalaciones galpones que albergarán las plantaciones en condiciones de invernadero destacó la citada emisora estatal.

Para la JND el precio debería rondar en un dólar por gramo de marihuana, lo cual es considerado insuficiente por parte de las empresas, ya que sostienen que hay que incluir el margen de ganancia de las farmacias cuya gremial – el Centro de Farmacias – por otra parte, tampoco han ratificado definitivamente su beneplácito con la iniciativa, como decía Calzada.

En este sentido, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, aunque admitió la polémica generada por la reglamentación del cannabis, remarcó los beneficios que ofrecerá la medida para combatir el consumo abusivo de otras sustancias y se congratuló por las políticas que en la materia ha desarrollado este gobierno.

Calzada y Olesker participaron este miércoles en la firma de acuerdos interinstitucionales entre diversos organismos del Estado para coordinar acciones en la lucha contra el consumo abusivo de drogas y el tratamiento de los pacientes problemáticos, según explicó el titular del Ministerio de Desarrollo Social.

http://www.republica.com.uy/comienza-el-cultivo-de-la-marihuana-que-desde-marzo-se-vendera-en-farmacias

Hay entre unas 40.000 y 50.000 personas afectadas por demencia


TRABAJAN EN PROYECTO MULTIDISCIPLINARIO PARA PLAN NACIONAL DE DEMENCIA

Demencia

Se está trabajando en el primer Plan Nacional de Demencia. En charla con Ser Médico, la Dra. Victoria Repiso, presidenta de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares (Audas), señaló que este plan tiene cuatro objetivos fundamentales: sensibilizar y generar conciencia social sobre este tema, mejorar la preparación de los médicos involucrados, crear un protocolo de actuación para generar un diagnóstico y tratamiento precoz, y crear centros de atención.

Se trata de un proyecto multidisciplinario impulsado por Audas y que cuenta con la colaboración de representantes del Ministerio de Salud Pública y de Desarrollo Social, además de profesionales de diversas disciplinas médicas. Esperan tenerlo finalizado para marzo de 2015.

Al no existir políticas públicas para la demencia en Uruguay, no hay cifras oficiales. Según la opinión de Repiso “este tema no ha sido prioridad del MSP”.  Sin embargo, es sabido entre los médicos que hay una alta incidencia de esta enfermedad en nuestro país: “Los neurólogos estiman que hay entre unas 40.000 y 50.000 personas afectadas. Y se están diagnosticando unos 3.000 nuevos casos todos los años. En esto incide el hecho de que somos el país más envejecido de toda América Latina, y justamente este es el primer factor de riesgo para las demencias”, explica la especialista. A nivel mundial se calcula que hay 44 millones de afectados.

Día Mundial del Alzheimer

El pasado 21 de setiembre se celebró el Día Mundial del Alzheimer. La fecha fue elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer con el objetivo de dar a conocer la enfermedad, difundir información relevante y solicitar el apoyo y solidaridad de la población, de instituciones y de organismos oficiales.

En este contexto, el pasado viernes 19 de setiembre, Audas realizó la conmemoración oficial con una serie de presentaciones asociadas al tema.

El Dr. Mario Stoll habló sobre la “Utilidad de factores genéticos en la prevención del alzheimer y la enfermedad cardiovascular”. Por otra parte, la Dra. Felicia Hor realizó un taller denominado “¿Podemos reducir el riesgo?”. El evento contó con la presencia de alrededor de 60 personas, en su mayoría familiares de pacientes con alzheimer.

“La genética de los trastornos cardiovasculares y la genética del alzheimer tienen algunas similitudes. Siempre decimos que lo que es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro, ya que la sangre debe llegar al cerebro en las mejores condiciones (…) Para reducir el riesgo es importante cuidar la parte cardiovascular. Este es un factor de riesgo, también la diabetes, el tabaquismo y el alcohol”, afirmó Repiso.

http://www.republica.com.uy/afectadas-por-demencia/

MIDES procura que emprendimientos sociales se inserten en sector privado


El Ministerio trabaja con población vulnerable en prácticas de empleo y capacitación en sus programas sociolaborales. Promueve la creación de cooperativas sociales y emprendimientos productivos. Procura reforzar la formación, promover la formalización laboral y apoyar con estrategias de venta y un sello que los identifique como productos sociales.

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El fin es que salgan fortalecidos y se inserten en el sector privado. En entrevista con la Secretaría de Comunicación, el titular de Desarrollo Social, Daniel Olesker, habló de los programas sociolaborales que el Ministerio impulsa.

Se trata de generar mecanismos de reinserción laboral para los sectores que tienen más dificultades para entrar normalmente en el mercado de trabajo. Ese mecanismo se divide en dos grupos; uno, de más precariedad en cuanto a las condiciones de ingreso al mercado con Uruguay Trabaja y, otro, con una serie de programas que trabajan en una inserción más formal.

El programa Uruguay Trabaja pretende darle una práctica laboral a las personas sobre todo en obra pública (escuelas, plazas públicas, hospitales), y capacitación. Son condiciones para integrar esta opción estar desocupado al menos dos años y no haber culminado el Ciclo Básico.

El programa está definido por ley y el presupuesto admite unos 3100 cupos. El primer año (2008) se presentaron 26 mil postulantes, el segundo año 20 mil, el tercero 14 mil, el año pasado 8500.

El llamado de este año se estima que se ubicará por debajo de la última cifra. “Esto demuestra que la cantidad de personas con estas condiciones de desocupación de larga duración y no culminación del ciclo básico se viene reduciendo”, reflexionó el ministro.

Tras varios años de implementación se plantearon una serie de cambios frente a la última Rendición de Cuentas. El primer cambio que requirió aprobación de ley implicaba que una parte de la población objetivo del programa (21 %) no compitiera en el sorteo, que por su mayor vulnerabilidad en relación a la media pudieran ingresar directamente al Programa.

La segunda modificación apuntaba a los lugares donde se desarrollaba Uruguay Trabaja. Se redujo la cantidad de cupos en Montevideo y se incrementó en el interior, fuera de las capitales departamentales.

Otro cambio, que no es posible implementarlo en todos lados, es el aumento de la cantidad de días de capacitación. El programa tiene cuatro días de trabajo activo y uno de capacitación. La idea es generar tres de trabajo y dos de formación.

“Cuando se compara a las personas al comienzo y al final del programa se comprueba el éxito. Son en su mayoría mujeres menores de 40 años con hijos a cargo, levantan la autoestima, lograron sentirse parte de la sociedad, pero cuando buscan trabajo sus capacidades son relativas”.

Este aspecto es uno de los que se procura mejorar, dijo el ministro. Para ello este año se incrementarán las capacitaciones específicas, que están pensadas en función de las áreas de desarrollo del lugar.

Hay programas en los que ingresan personas con condiciones de vulnerabilidad, pero ya transitaron por programas del MIDES, explicó el jerarca. Se destacan cuatro ejes; en los dos primeros, MIDES apoya cooperativas sociales y emprendimientos.

Por un lado, la formación de cooperativas sociales para lo cual se requiere estar en situación de vulnerabilidad económica. El Estado las puede contratar directamente; ventaja que es comparativa.

En esta Administración se duplicó la cantidad de cooperativas, llegando a 280. Las mismas involucran a más de 3.000 personas. Olesker reconoció que hay poca diversidad de rubros.

Por otra parte, el financiamiento de emprendimientos de familias, personas o grupos que requieren apoyo. Para eso existe un Fondo, a través del cual se aprueban unos 500 proyectos anuales.

Hay otros dos mecanismos de subsidio o apoyo para la generación de empleo. El programa “Nexo”, una agencia de intermediación laboral que incluye un estudio psicológico de los jóvenes, además de un acompañamiento. Esta herramienta trabaja directamente con programas como Jóvenes en Red, proveyendo personal capacitado.

El cuarto componente es la Ley de Empleo Juvenil que comprende una serie de subsidios para las empresas que contraten jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

En este contexto, se detectaron dos problemas, uno vinculado a los costos para legalizarse, que se comenzó a solucionar con la creación del monotributo social; y otro relativo al mercado donde vender sus productos. Para este último se implementó una marca social y se trabaja en una estrategia de comercialización.

La idea es que estos emprendimientos, sobre todo los cooperativos, salgan de la cobertura que le brinda el sector público y comiencen a insertarse en el privado que reúne el 85 % de la demanda en Uruguay, transformándose en cooperativas de producción o en empresas privadas comunes, y dejen “el paraguas de protección” de la cooperativa social que la misma ley define como “un instrumento de transición”.

Montevideo. Uruguay
Unoticias
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Mortalidad infantil en Uruguay baja de 20,4 a 9,3 por mil nacidos vivos entre 1990 y 2012


OBJETIVOS

En el Informe País Uruguay 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se destacan los avances logrados desde 1990 a 2012 en cuanto a reducción de mortalidad infantil.

mmm-e1través del documento se expresa que la tasa de mortalidad infantil experimentó una reducción de 11 puntos porcentuales entre 1990 y 2012, ya que pasó de 20,4 a 9,3 por mil nacidos vivos.

Asimismo, se indica que en los últimos años el registro incluyó a nacidos vivos menores de 500 gramos. Si no se consideran estos últimos, se observa que la tasa de mortalidad infantil ajustada ha sido, en 2012, de 8,6 por mil.

La directora de Salud, Marlene Sica, expresó que es necesario “mantener la tendencia decreciente pero aumentar el ritmo”.

Remarcó que las metas nacionales incluidas en los objetivos del milenio “son bien exigentes”.

“Hay que resolver la infantilización de la pobreza y mejorar la captación precoz y el control del embarazo”, expresó Sica.

Reducción de la pobreza

Por otro lado, en el Informe País Uruguay 2013 se manifiesta que la pobreza, en base a ingreso de los hogares, “se redujo a la mitad que en el año base 1990, superando la meta ya que en 2012 alcanzó el 12,4% de las personas”.

Mientras que la indigencia se redujo al 0,5 %, lo cual implica que “la meta está siendo alcanzada”.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, señaló que “hay un segmento de la población que se encuentra en el primer escalón de la distribución del ingreso (5 % más pobre) a los cuales los esfuerzos de las política pública no les ha llegado”.

“No obstante están mejor que en el año 2004 porque reciben transferencias monetarias que les permiten comer y hacer changas en el mercado informal de trabajo. El desafío para el próximo gobierno sería ejecutar un plan similar al ‘Plan Siete Zonas’ para este  segmento de la población”, dijo Olesker.

http://www.lr21.com.uy

“No es cierto que la política social se enfrente a la política económica”


COMPROMISO DE GOBIERNO, SE DUPLICÓ EL GASTO SOCIAL

Olesker

Daniel Olesker rechazó varios “mitos” con los que se juzga el trabajo social del gobierno del FA.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Okesker, rechazó de plano las afirmaciones de quienes dicen “que los pobres no trabajan” y que todo lo que se paga en impuestos va para este sector social. “Si sumo la asignación familiar, la tarjeta Uruguay Social y la Asistencia a la Vejez, que son las tres asignaciones típicas, llego a gastar en un año 5.000 millones de pesos, es el 0,5% del PBI y el 1,66 del gasto público uruguayo. O sea que nadie paga sus impuestos para que esto se gaste en las tarjetas”, recalcó.

Descartó también la creencia de que la política social se enfrente con la política económica en el gobierno frenteamplista, ya que entre 2004 y 2012 “se duplicó el gasto social”.

Aseguró que se ha logrado llevar adelante una verdadera reforma del Estado y una demostración de gestión pública eficiente “al visitar 80 mil hogares del país en 15 meses, un promedio de 8 visitas por día, y se logró reformular el índice de carencias críticas”, lo que permite asegurar “que hoy la tarjeta Uruguay Social está perfectamente focalizada”.

¿Qué distingue a la política social del FA de los anteriores gobiernos?

Dos cosas. La primera es que la política social se enfoca desde el lado de las reformas de acceso universal. La reforma de salud que modificó el sistema de salud drásticamente, la del sistema educativo que cambió la manera de organizar la educación. La reforma laboral que reprodujo los Consejos de Salarios, que cómo habrán sido de buenos que hoy ni Bordaberry ni Lacalle Pou dicen que van a volver al pasado cuando no se los convocaba.

En el período anterior se aprobaron 28 leyes de derechos laborales y la reforma de la red de protección social, en particular de la introducción de la asignación universal por hijo, que antes del FA estaba orientada solo a los hijos de los que trabajaban. Como si esta asignación fuera un derecho del padre o la madre y no del niño.

Esas 4 reformas a las que hay que sumar otra de carácter económico pero de alto impacto social, que fue la tributaria que redujo de manera sustantiva los impuestos a los sectores de menores ingresos.

Pobreza de 40 a 12%, indigencia de 4,5 a 0,5, el índice que mide la desigualdad de 0,45 a 0,38 entre 2004 y 2012. El desempleo bajó de 13,7 a 6,1 y los salarios reales que mejoraron un 4º% en estos años, donde el salario mínimo creció un 250% y los salarios, por ejemplo, de la vestimenta 70%, servicio doméstico 120%.

Cuando asumimos el salario mínimo cabía 6 veces en el salario medio, gran brecha. Hoy cabe 3 veces.

¿Es cierto que la política social se enfrenta a la política económica?

Todo lo logrado hasta ahora se acompañó de una política de gasto público social. Esto es importante para los que creen que la política social se enfrenta con la política económica en el gobierno frenteamplista. Se duplicó el gasto social entre 2004 y 2012.

Si tomamos 5 rubros, educación, salud, ASSE, asignaciones familiares y el gasto en INAU. Los sumo y a peso de hoy se gastaba en 1998, 30 mil millones de pesos; en la crisis del 2002 se mantuvo ese presupuesto. Hoy gastamos 70 mil millones de pesos. De ellos se llevan 50 mil ANEP y ASSE.

Mucha gente piensa que sus impuestos van solo para los pobres

Hay dos cosas que en la calle se dicen. Una es que los pobres no trabajan y otro es que yo pago mis impuestos y se lo dan todo a los pobres y a mí no me dan nada. Los sectores formales mejoraron notablemente sus salarios y hoy tienen salud para toda su familia y los sectores medios y bajos fueron de los más beneficiados.

Si sumo la asignación familiar, la tarjeta Uruguay Social y la asistencia a la vejez, que son las tres asignaciones típicas, llego a gastar en un año 5.000 millones de pesos, es el 0,5% del PBI y el 1,66 del gasto público uruguayo. O sea que nadie paga sus impuestos para que esto se gaste en las tarjetas.

Si yo gano 20 mil pesos es el 1,66%, o sea, $ 320 van para las transferencias monetarias y el resto para salud, educación, vivienda, seguridad y Policía.

¿Qué es lo que se hizo con la tarjeta Uruguay Social?

Hay 8 cosas que definen lo que hicimos. En primer lugar visitamos 80 mil hogares del país en 15 meses, un promedio de 8 visitas por día. La mitad de ellas significó modificar la situación de la persona ya sea porque no tenía la tarjeta o porque se la sacamos porque su situación había mejorado. Se reformuló el índice de carencias críticas con el que se calculaba la prestación y hoy podemos asegurar que la tarjeta está perfectamente focalizada.

Las tarjetas son 1.200 millones de pesos, el trabajo de focalización que nos permitió llegar incluso a lugares muy lejanos nos costó 35 millones, es decir, que con el 3% de lo que gastamos lo refocalizamos. Esto es reforma del Estado, es gestión pública eficiente.

Se logró mejorar la prestación con la eliminación del IVA para la canasta. Y se eliminó la restricción que establecía que para tener tarjeta había que tener hijos menores de 18 años. Además decidimos trabajar en un colectivo altamente vulnerable al que se le otorgó tarjeta, que es el colectivo trans.

Hoy estamos en 60 mil tarjetas porque cada vez menos gente la necesita, pero sin embargo el segmento de pobreza más dura era muy difícil de resolver. Entonces en lugar de reducir el monto de la transferencia, se resolvió que todo lo que se ahorre sirva para aumentar la prestación en el núcleo más duro de 30 mil hogares. En ellos se duplicó el valor. Ya llevamos 26 mil otorgadas dobles y hasta fin de año llegaremos a las 30 mil.

Finalmente hace pocos días, al detectar dificultades de acceso a la compra de los alimentos, ya sea por problemas geográficos o porque los comerciantes se aprovechaban de cierto monopolio, decidimos agregarle a la tarjeta el monto del pasaje ida y vuelta a la ciudad más cercana. Y eliminar la restricción que impedía que los grandes supermercados no podían adherirse a los comercios solidarios.

Lo último que hicimos es definir un monto de las tarjetas para atender situaciones especiales. Nos pasó cuando los trabajadores quedaron sin trabajo por una mala zafra de la naranja, ahora la duplicamos para los perjudicados por las inundaciones en el Interior o en los casos en que se encuentra alguna otra situación crítica.

Informe País 2013 detalla avances en reducción de mortalidad infantil

Cayó 11 puntos porcentuales entre 1990 y 2012, con valores que pasaron respectivamente de 20,4 a 9,3 por mil nacidos vivos. El objetivo nacional en Objetivos del Milenio es llegar a 6,8 por mil. La directora de Salud del MSP, Marlene Sica, destacó que hay que mantener la tendencia decreciente pero aumentando el ritmo.

La directora Marlene Sica participó en la presentación del Informe País Uruguay 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio realizada el jueves 17 de octubre en la Sala de Prensa de la Torre Ejecutiva. En la oportunidad destacó que las metas nacionales contenidas en los objetivos del milenio “son bien exigentes”. Y agregó que, en lo que refiere a la mortalidad infantil, son claramente notorios los avances del país.

En referencia a la mortalidad infantil, señaló que hay que mantener la tendencia decreciente pero es necesario aumentar el ritmo de reducción. “Hay que resolver la infantilización de la pobreza y mejorar la captación precoz y el control del embarazo”.

Tasa: 8,6 por mil

El documento señala que en los últimos años el registro incluye a nacidos vivos menores de 500 gramos. Si no se consideran estos últimos, se observa que la tasa de mortalidad infantil ajustada ha sido, en 2012, de 8,6 por mil.

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Nuevo proyecto permite a padres pedir internación de hijos adictos


NACIONAL – PARLAMENTO

El FA cambió texto del gobierno para internar de forma compulsiva

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La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) resolvió discutir un proyecto sustitutivo al del gobierno para establecer la posibilidad de internar de forma compulsiva a personas adictas. El nuevo texto fue redactado por el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Ernesto Agazzi, y permite a padres de hijos adictos ordenar la internación por parte del nuevo organismo público especializado, mientras la propuesta inicial del Poder Ejecutivo proponía aplicar el procedimiento de internación solo a quien fuera encontrado en vía pública, espacios públicos o privados no habitados. La nueva versión prevé la internación de quien presente un estado grave de “alteración psíquica”, producida por drogas, en un ámbito privado.

El proyecto de Agazzi comenzó a ser analizado por la comisión de Salud del Senado en la tarde de ayer. El lunes, los legisladores de la coalición de izquierdas decidieron analizar esa versión y dejar de lado por el momento el proyecto que regula el mercado de la marihuana, informó La Diaria.

El texto, al que accedió El Observador, difiere en varios aspectos con el original enviado por el gobierno, y que formó parte del paquete de medidas “Por la Vida y la Convivencia”. Ahora el FA plantea la creación de un consorcio público en la órbita de la Presidencia, integrado por Salud Pública, Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

“El que, en un ámbito privado, se presentare en estado de grave alteración psíquica, producida por sustancias estupefacientes, podrá ser trasladado a un centro asistencial, a requerimiento de la jefa o jefe de hogar, para lo cual se solicitará al personal del consorcio la conducción de la persona a los efectos de que sea evaluada y asistida sanitariamente si correspondiere”, dice el artículo 6º del proyecto redactado por Agazzi.

Para incluir también las situaciones con adictos en vía pública establece que el procedimiento establecido en la ley “sustituirá” al previsto en el Código Penal.

Así, los padres que conviven con sus hijos adictos y no ven salida posible al drama, mientras la situación genera violencia familiar, deterioro en las personas y en ocasiones delitos para conseguir droga, pueden pedir la internación.

El FA propone en la nueva redacción, además, agregar penas de faltas a las personas adictas que provoquen conductas por fuera de las “buenas costumbres”, como indica el artículo 361 del Código Penal. Cuando se proceda a la internación contra la voluntad de los adictos, de hecho, el equipo del consorcio encargado del caso deberá comunicar al juez de faltas de turno los datos del atendido.

El senador frenteamplista Luis Gallo (Asamblea Uruguay) informó a El Observador que la nueva redacción aportada por Agazzi intenta “dejar de lado el espíritu represivo para hacer el proyecto más sanitarista”. Gallo admitió que hay “discusión” sobre si aplicar o no delitos de faltas a quienes se encuentren en situaciones de “alteración psíquica” producto del consumo de drogas.

Según el procedimiento propuesto en la nueva ley redactada por Agazzi, el adicto es ingresado al centro asistencial respectivo de forma “inmediata” bajo la responsabilidad de los profesionales del nuevo consorcio público. Dentro de las seis horas de ingresada la persona al centro, el equipo técnico deberá elaborar un informe preliminar para evaluar la situación sanitaria del adicto y, con esos elementos, considerar la conveniencia o no de que permanezca en el centro médico. Será el juez quien decidirá, en base a los informes médicos, qué tipo de tratamiento y por cuánto tiempo deberá recibir el adicto. Si los médicos entienden que la persona debe quedar internada, tendrán que redactar dentro de las 24 horas de ingresado un nuevo informe para que el juez decida sobre el caso, dice el nuevo proyecto.

http://www.elobservador.com.uy

Todavía extranjeros


Peña Peruana en la Ciudad Vieja. (archivo, agosto de 2007)
Peña Peruana en la Ciudad Vieja. (archivo, agosto de 2007) 

Todavía extranjeros

Los procesos de integración no han logrado frenar la discriminación hacia los inmigrantes en la región.

El italiano obrero o agricultor, el español comerciante. El imaginario sobre los inmigrantes en Uruguay está todavía atado a las características de la inmigración durante el siglo XIX. Sin embargo, en los últimos años, más de la mitad de los inmigrantes que llegaron a Uruguay provinieron de Argentina y Brasil, un patrón que se repite en la región. Éste y otros datos surgen del informe “Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay”, que se presentará mañana, y que echa por tierra otro imaginario: el de la tolerancia como característica casi innata del “ser uruguayo”.

La tolerancia implica un respeto distante. La convivencia -vivir junto con otros- supone un aprendizaje y un involucramiento mucho mayor con el “otro”. Ambos conceptos se ponen a prueba en el contacto con los migrantes, en el que el “otro” pasa de ser una abstracción a un colectivo o persona concretos, que desafían nuestros códigos y nuestra forma de ver el mundo.

Mañana se presentará un informe que aborda el tema de los migrantes en Uruguay y el respeto a sus derechos económicos, sociales y culturales. Fue elaborado por la investigadora Beatriz Diconca, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República, mediante una consultoría de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y bajo la coordinación del Área de Perspectivas Transversales de la Asesoría Macro en Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

La primera constatación es que en materia de cifras de inmigrantes por país de nacimiento, Uruguay no se distancia demasiado del patrón que presenta la región, caracterizado por el retorno de un porcentaje relevante de los nacionales que residían en el exterior -en Brasil, por ejemplo, los retornos de nacionales entre 2000 y 2010 representaron 65% del total de inmigrantes en ese período- y por una inmigración mayoritariamente intrarregional. Los datos de Brasil y Uruguay que figuran en los cuadros no distinguen entre los inmigrantes nacidos en otro país y los nacionales que retornaron. Si se excluyen los retornados, en los tres países del Cono Sur la inmigración mayoritaria proviene de la región. En Paraguay y en Chile todavía no se conocen cifras recientes en la materia porque ambos están realizando y procesando los datos de los censos efectuados este año.

En América del Sur y el Caribe la migración se feminiza cada vez más. En este fenómeno inciden tanto la progresiva incorporación de las mujeres al mercado del trabajo como la feminización de la pobreza, señala el informe de la FHCE. En Uruguay, los migrantes provenientes de Paraguay y de Perú son mayoritariamente mujeres (60,2% y 58,4% respectivamente).

Inmigrantes en Uruguay

Las personas que llegan a Uruguay pertenecen a los quintiles de más altos ingresos y tienen un alto nivel educativo, según el informe de la FHCE. Esta tendencia es más marcada entre los inmigrantes que llegan de América del Sur, América Central y América del Norte. En esto puede incidir el alto nivel educativo y de ingresos de los uruguayos que retornan. Del total de inmigrantes, 57,4% está ocupado, 4,8% está desocupado y 37,8% es inactivo (mayoritariamente jubilados).

Los argentinos que llegan al país son sobre todo de clase media y media alta y residen en San José, Maldonado y los departamentos del litoral (Colonia, Soriano, Río Negro), según el artículo de Javier Taks “Antecedentes y desafíos de las políticas de migración en Uruguay”, publicado en el libro Estado actual y perspectivas de las políticas migratorias en el Mercosur (de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).

Los brasileños, en tanto, residen principalmente en los departamentos fronterizos con ese país. Son mayormente asalariados rurales y estudiantes, así como trabajadores zafrales de la construcción en balnearios del este.

Los migrantes peruanos, según el mismo autor y según el informe “Perfil migratorio de Uruguay de la OIM (2011)”, están empleados en trabajos de baja calificación, mayoritariamente en el sector de la pesca, en la construcción y en el trabajo doméstico. La mayoría de ellos vive en la Ciudad Vieja y el Centro. El informe de la FHCE llega a la misma conclusión respecto de los inmigrantes peruanos. Señala, además, que las mujeres inmigrantes bolivianas también consiguen empleo mayoritariamente como trabajadoras domésticas, mientras que los varones del mismo país se insertan sobre todo en la construcción.

Desiguales

A mediados de año se conoció por medio de una denuncia de la ONG Cotidiano Mujer la situación de mujeres bolivianas que trabajaban en una mansión en Carrasco sin cumplir con las normas laborales y migratorias vigentes y en condiciones de explotación. La Ley 18.250 sobre migración aprobada en 2008 establece en su artículo 8: “Las personas migrantes y sus familiares gozarán de los derechos de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación en pie de igualdad con los nacionales”. Sin embargo, y pese a los avances institucionales registrados en las últimas administraciones, persiste la discriminación en materia laboral y cultural.

Los ámbitos en los que se ejerce la discrimación, “probablemente asociada a rasgos fenotípicos de determinadas etnias”, son “numerosos y variados”, señala el informe de la FHCE a partir de entrevistas a los inmigrantes. Los entrevistados afirman que los discriminan en el acceso a la vivienda, en los comercios, en la calle y en los lugares de trabajo. En general las agresiones no son denunciadas, por temor a represalias o porque la denuncia se visualiza “como la exposición a un riesgo más de destrato, y de dudosa eficacia, beneficio o utilidad para quien sufrió la discriminación”, apunta el informe. Tampoco está claro dónde deben presentarse denuncias de este tipo ni cuál es el procedimiento, por lo que el informe recomienda difundir información al respecto y realizar una campaña de sensibilización para la no discriminación dirigida a la población nacional.

En setiembre del año pasado, la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomendó a Argentina adoptar medidas “enérgicas para eliminar los estereotipos discriminatorios” hacia los inmigrantes, fundamentalmente aquellos provenientes de Senegal, Paraguay y Bolivia. Sugirieron a Argentina reforzar las inspecciones laborales, las multas y otras sanciones a los empleadores que explotan a inmigrantes o que los someten a formas de trabajo forzado, así como promover la formalización de estos trabajadores. Pidieron especial protección a las trabajadoras domésticas, para las que debe existir, según alertó la ONU, mecanismos efectivos de denuncia de sus empleadores en caso de que violen sus derechos.

Según un artículo de Elaine Meire Vilela publicado en la revista Scielo, titulado “Desigualdade e discriminação de imigrantes internacionais no mercado de trabalho brasileiro”, en Brasil existe una discriminación laboral negativa hacia los bolivianos, paraguayos, peruanos y uruguayos (tienen menores retribuciones salariales que los brasileños, por ejemplo). En cambio, la discriminación es positiva (tienen mejores condiciones laborales) en el caso de los argentinos, chilenos, coreanos y chinos.

La integración tiene muchas dimensiones, pero una es básica y explica muchos desencuentros y encuentros en otros terrenos: la cultural. En su última cumbre de presidentes del 30 de noviembre, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) resolvió iniciar un proceso de “construcción de la ciudadanía suramericana, dando prioridad a la dimensión migratoria”. Específicamente, acordaron buscar la ampliación de los acuerdos regionales existentes en la materia y conformar un grupo de trabajo que estudie el tema y presente un informe en la próxima reunión de cancilleres de la Unasur, con propuestas y proyectos que “sienten las bases de la ciudadanía suramericana”.

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