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Solari hará un pedido de informe al MSP por violación de Constitución del director de ASSE


POLÍTICA

El presidente de la comisión de Salud del Senado aseguró que si el ministerio no toma medidas, realizará la denuncia ante la Corte Electoral

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El presidente de la comisión de Salud del Senado, Alfredo Solari, hará un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública (MSP) para que el organismo se pronuncie sobre los comentarios políticosdel director de ASSE, Alfredo Silva.

En su cuenta de Facebook, el jueves pasado Silva incitó a votar por Tabaré Vázquez, algo que está penado por el artículo 77 de la Constitución para los directores de servicios descentralizados.

Según explicó a El Observador, Solari pedirá que Silva aclare “si ese texto le pertenece o no” y si “fue expresado por él, o por alguna otra persona”. En caso de que se confirme que fue el propio director quien escribió ese mensaje en su cuenta de Facebook, también solicitará al MSP que explique “qué medidas piensa adoptar”, ante la violación de la constitución del director de ASSE.

“Quiero tener la certeza de que es su declaración, de que él se hace responsable, y que el ministerio tiene conocimiento. En función de eso, haré la denuncia ante la Corte Electoral”, agregó el legislador colorado.

El artículo 77, de “delitos electorales”, establece que le corresponde a la Corte Electoral sancionar y penar. Para actuar, la Corte necesita una denuncia que “deberá ser formulada ante ésta por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los partidos”. Sin perjuicio de lo que haga la Corte Electoral, dice la Constitución, “en todos los casos se pasarán los antecedentes a la Justicia Ordinaria a los demás efectos a que hubiere lugar”.

Consultado por El Observador sobre su comentario, Silva respondió: “Esa es mi declaración como ciudadano, está muy claro lo que puse. Es un Facebook personal. Simplemente me expresé como cualquier ciudadano de este país”.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/280003/solari-hara-un-pedido-de-informe-al-msp-por-violacion-de-constitucion-del-director-de-asse/

Piedras en el camino de la minería


LAVALLEJA RECHAZA LA EXTRACCIÓN DE HIERRO A CIELO ABIERTO

La resolución de la Junta Departamental de Lavalleja que declaró al departamento libre de minería a cielo abierto y el referéndum que impulsa Tacuarembó alientan a quienes se oponen a Aratirí, pero su alcance legal es dudoso.

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Por 19 votos a favor contra 10 en contra, la Junta Departamental de Lavalleja declaró toda el área rural departamental reserva ambiental, con lo que prohíbe las explotaciones de extracción a cielo abierto de cualquier metal. La moción cuenta con el apoyo de la jefa comunal Adriana Peña. La primera señal política clara contra el megaemprendimiento minero de Aratirí para la extracción de hierro – que también abarca a Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó y Durazno- fue recibida con alegría y “como un triunfo” por parte de los movimientos sociales que se oponen de plano al proyecto minero.

No obstante, hay serias dudas sobre la real capacidad de los gobiernos municipales para prohibir la actividad en sus departamentos ya que es regulada por la ley de Minería de Gran Porte aprobada recientemente.

El diputado Álvaro Delgado aventuró un “problema legal muy complejo” porque no queda claro si las directivas de ordenamiento territorial de cada departamento pueden imponerse sobre la ley y la normativa nacional. “Esto requiere de una interpretación jurídica muy compleja y no estamos en condiciones de determinar el verdadero alcance de los pronunciamientos municipales sobre el tema”, indicó.

El constitucionalista Martín Risso dijo a El País que se requiere de un profundo estudio de las normativas municipales y nacionales para dar una opinión definitiva.

“La Constitución no habilita este tipo de decisiones de un gobierno departamental. Pero hay que revisar la ley de ordenamiento territorial y las leyes orgánicas municipales para dar una opinión. No hay competencia constitucional para hacer esto y debería haber una habilitación legal para que se tomen este tipo de decisiones a nivel municipal”, dijo.

 

El catedrático en derecho civil, Juan Andrés Ramírez, también dijo a El País que es dudoso el alcance de las decisiones que toman las intendencias en este tema, y prefirió no dar una opinión concluyente. No obstante, recordó que la ley de Minería de Gran Porte, en su artículo 7mo. señala que la actividad solo puede realizarse en suelo categorizado como rural, lo cual es competencia única de los gobiernos municipales.

A nivel político prevalece el apoyo y la intendenta Peña parece ser la única con disposición a enfrentar la actividad minera en su departamento.

En Tacuarembó, la Comisión “Por la Vida y el Agua” espera que la Corte Electoral valide las más de 13.000 firmas presentadas para promover un referéndum que se pronuncie sobre la minería a cielo abierto en el departamento.

El jefe comunal de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, dijo a El País que esperará a que la Corte Electoral se pronuncie sobre las firmas presentadas para el referéndum, y que de promoverse el mismo aguardará su resultado para luego respetarlo y proceder en consecuencia. No obstante, señaló que hay que “estar abierto a escuchar” y aunque admitió que no maneja el tema minero, recordó que cuando se inició la forestación “hubo muy malos augurios y hoy es una actividad que ha ayudado mucho al crecimiento de Tacuarembó”.

Ezquerra dijo que no tiene claro si la autonomía departamental le permite oponerse a la ley que regula la minería de gran porte, aunque señaló que de haber un pronunciamiento popular “habrá que hacer lo posible por cumplirlo”.

La comisión presentó las firmas el pasado 27 de junio y reclama por “las demoras excesivas de la Corte que no le hacen bien a nuestro sistema republicano ya que perjudican la confianza en los organismos del Estado”. La Corte se pronunciará sobre la validez de las firmas en las próximas horas, se confirmó a El País.

Sebastián Ríos, de la comisión de Tacuarembó, afirmó a El País que la resolución de Lavalleja “es un triunfo del movimiento a nivel nacional” y dijo que no descarta “un efecto contagio” en los ediles de su departamento que los lleve a seguir el mismo camino.

El intendente de Durazno, Benjamín Irazábal, dijo a El País que respetará la ley de minería y permitirá el emprendimiento en su departamento aunque se encargará de que cumpla con todas las garantías medioambientales necesarias.

“En Cerro Chato hay opiniones dividas sobre la minería pero este no es un partido de fútbol donde se puede hinchar por uno u otro bando. Estamos dentro de una explotación minera regulada por una ley que las empresas deben cumplir. Nosotros somos la policía territorial y vamos a hacer cumplir la ley”, dijo. Por su parte, el jefe comunal de Rocha, Artigas Barrios, tampoco objetará el emprendimiento. Dijo a El País que esperará los informes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sobre el mineroducto que atravesaría su departamento llevando el hierro producido por Aratirí al Océano Atlántico antes de hacer cualquier valoración sobre su conveniencia.

“Desde que existe el oleoducto de José Ignacio, por ejemplo, no hubo accidentes importantes. Supongo que se habrán tomado medidas de previsión para que fuera así. Esto es lo mismo, tengo mucha confianza en la Dinama”, comentó Barrios. El intendente dijo también que no tiene noticias de ningún movimiento organizado contra la minería a cielo abierto en su departamento ni ha recibido planteos en ese sentido. “Hay gente preocupada por el puerto de aguas profundas”, reconoció. No obstante, en el departamento hay grupos de vecinos de la cadena de balnearios oceánicos que ya anunciaron su presencia en la marcha contra la minería a cielo abierto que hoy se llevará a cabo en Montevideo.

En Treinta y Tres la Comisión en Defensa de la Tierra el Agua y los Recursos Naturales recabó más de 4 mil firmas que acompañaron un petitorio -no vinculante- para que se declare al departamento área protegida libre de megaminería metalífera a cielo abierto, tal como ocurrió en Lavalleja. El documento se entregó al Intendente Departamental, a la Junta y a los diputados del departamento.

El intendente Dardo Sánchez (PN) se ha manifestado en este tema alineado a la posición del gobierno nacional. En la Junta el petitorio ingresó a la Comisión de Asuntos Internos y Peticiones, desde donde se hicieron algunas consultas a organismos nacionales que entienden en el tema, para tener insumos y resolver.

Un video convenció a Peña

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, opinaba hace un año, cuando estuvo en Zapicán y Batlle y Ordóñez, que la minería a cielo abierto podía ser una fuente importante de trabajo para la región. Sin embargo, la película “A tajo abierto”, del uruguayo-canadiense Giani Converso, que documenta los perjuicios de la extracción de oro en Perú, la convenció para firmar las papeletas que recogieron el apoyo de más de 7.000 vecinos y obligaron a la Junta Departamental a analizar la moción -finalmente aprobada- para prohibir la minería en Lavalleja.

Las cifras

18

Millones de toneladas anuales de hierro se extraerán de la zona de Valentines.

3

Mil millones de dólares invertirá la india Zamin Ferrous en el proyecto minero.

http://www.elpais.com.uy

Promulgan ley sobre acceso a trabajo para afrodescendientes


El Poder Ejecutivo promulgó la ley nº 19.122 que permite a la población afrodescendiente tener más posibilidades de acceso a puestos de trabajo en empresas públicas y privadas.
Esta ley permite establece que dicho sector de la población ha sido víctima de racismo, discriminación y estigmatización a lo largo de la historia, por lo que se propone establecer este nuevo método de integración.

Entre las acciones afirmativas se incluye destinar el 8% de los puestos de trabajo en los poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatal.

Por su parte, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) determinará un cupo no menor al 8 % destinado a la población afrodescendiente, en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente.

Además, los sistemas de becas, apoyo estudiantil, fuentes de financiamiento para cooperación internacional, así como la beca Carlos Quijano, incorporarán cupos dentro de este mismo marco regulatorio.

La ley también incluye la incorporación el los programas de estudio de temáticas referentes al legado de dicha comunidad en nuestro país, así como sus diversas expresiones culturales, como el arte, filosofía, religión, costumbres, tradiciones y valores, así como también sobre su pasado de esclavitud.

Lea el texto de la ley aquí

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