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Ausentismo laboral: en un año se perdieron 86.500 jornadas por gripe


RR.HH.

Las empresas recurren a campañas de vacunación propias para paliar la merma de personal.

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La gripe es un mal endémico no solo para quienes padecen los típicos síntomas de resfrío, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal y sensación de decaimiento, asociados con esa enfermedad viral, sino también para las empresas que deben hacer frente a la merma de personal y al costo económico que genera el ausentismo laboral que conlleva cada temporada gripal.

A modo de ejemplo, cada año se pierden unos 111 millones de días laborables por esa enfermedad en EE.UU. Eso equivale a unos US$ 7.000 millones por año solo en días de licencia por enfermedad y pérdida de productividad, según datos recabados por la American Health Foundation. Los trabajadores, en promedio, se ausentan entre uno y cinco días con síndrome gripal, acota el relevamiento.

En Uruguay no existe una estimación sobre el costo económico general que acarrea la gripe, no obstante, hay indicios sobre su impacto vital en las empresas.

A nivel local, la temporada de influenza provocó la pérdida de 86.523 jornadas laborales entre el 1° de abril de 2013 y el 23 de abril de este año, según un relevamiento del área de Certificaciones Médicas del Banco de Previsión Social (BPS). Durante ese período, se atendieron a 27.404 trabajadores, quienes recibieron en promedio 3,2 días de certificación.

Del reporte se desprende que las gripes no complicadas representaron el 96,8% de los días, el 98,3% de las personas, y tuvieron un promedio de tres días certificados. En tanto, las que presentaron complicaciones comprendieron el 3,2% de los días y el 1,7% de las personas, con un promedio de seis días certificados. «En ambos casos los períodos de días certificados se encuentran dentro de los tiempos estándar de recuperación», comentaron desde el BPS.

Pinchazos in company

El impacto de la gripe en su economía está llevando a que las empresas cada vez más emprendan campañas de vacunación in company.

De hecho, la Unidad Coronaria Móvil (UCM) ha registrado en este primer mes de vacunación antigripal, una demanda de 150 empresas para recibir el servicio, destacó el gerente de Relaciones Institucionales de la compañía, Jorge Díaz.

Las primeras en replicar esta política de salud ocupacional fueron las multinacionales, siguiendo las directivas de sus casas matrices, y luego se sumaron las nacionales de gran porte.

En esa línea, cada vez más empresas solicitan a UCM servicios de medicina laboral, que además de vacunación, incluyen diagnóstico de puestos de trabajo, chequeos preocupacionales y carné de salud.

Si bien la participación de los trabajadores en los planes de vacunación de las empresas ha crecido -UCM registra un aumento del 50% al 70%- aún hay cierta resistencia a recibir la dosis, por varios factores: desde «miedo al pinchazo», dificultades para acceder al puesto de vacunación o falta de información, señaló Díaz.

Ante ello, «el beneficio de la vacunación no es solo para la empresa, al bajar el ausentismo laboral, sino también para el trabajador que no se enferma, no genera gastos al país ni contagia a su familia», concluyó. n

Los criterios y grupos de riesgo

Los planes de vacunación de una empresa y del Ministerio de Salud Pública difieren en su objetivo. El primero busca «evitar el ausentismo laboral», mientras que el segundo procura evitar la propagación de la enfermedad, especialmente entre los considerados grupos de riesgo, dijo Teresa Picón, directora de Inmunizaciones del MSP. En tal sentido, el público objetivo de la campaña de vacunación (que cuenta con 600.000 dosis) incluye a menores de cinco años, mayores de 65, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, trabajadores de la salud, personal de servicios esenciales (policías, bomberos, militares), docentes, comunicadores, personal de avícolas y criadores de aves.

http://www.elpais.com.uy

BPS entrega $ 750.000 al mes a huérfanos de violencia doméstica


DESDE QUE SE APROBÓ LA LEY SON 112 LOS MENORES BENEFICIARIOS

Un total de 181 menores huérfanos por delitos de violencia doméstica tramitaron la pensión que otorga el BPS desde que se reglamentó la ley, en abril de 2012. El año pasado se registraron 23.988 delitos de este tipo en el país; 66 por día.

En 2012 se registró un récord de 23.988 delitos de violencia doméstica, lo que equivale a 66 casos por día. AP

El Banco de Previsión Social (BPS) recibió, desde abril del año pasado, 181 solicitudes de pensión por parte de tutores de huérfanos por causas de violencia doméstica. De ese total, aprobó 112 solicitudes, mientras que las restantes 69 fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos.

La ley que otorga este beneficio establece una pensión no contributiva y una asignación familiar especial para los niños y adolescentes (menores de 21 años) que hayan quedado huérfanos por violencia familiar. La pensión se gestiona y regentea mediante un tutor, que queda inscripto en los registros del organismo estatal.

Por mes, el BPS entrega por este concepto, poco más de $ 750.000. Esto quiere decir que cada niño o adolescente recibe $ 1.100 mensuales de asignación familiar y una pensión de $ 5.564 por mes. El monto de la pensión es el mismo que se paga por invalidez o vejez.

Para recibir este dinero el tutor debe acreditar la concurrencia de los menores beneficiarios a centros de estudio y al tratamiento psicológico que se les indique. “Esta asignación se otorga y se mantiene siempre y cuando ese niño estudie. Se trata de apoyarlo e incentivar su progreso”, enfatizó a El País Sixto Amaro, integrante del directorio del BPS.

Según explicó Amaro, este dinero lo reciben los menores, pero siempre mediante un tutor, a través de una cuenta bancaria creada en el Banco República. “A veces se trata de niños de dos, cuatro o cinco años, que tienen cero autonomía económica, por eso es a través de un tutor”, indicó.

Sin embargo, el BPS aconseja a los tutores y menores que reciben este beneficio, la posibilidad de que el mismo oficie como una caja de ahorro del menor, hasta el cumplimiento de su mayoría de edad.

“Hemos planteado que se pudiera guardar el dinero para cuando el menor cumpla 18 años, pero hay muchos hogares que tutelan a estos niños que no tienen forma ni condiciones para sostenerlo. Y necesitan el dinero mes a mes”, dijo Amaro.

Discriminado entre interior y capital del país, en Montevideo se recibieron 61 solicitudes de pensión y fueron aprobadas 44, mientras que en todo el interior la cifra de solicitudes se incrementó a 120, pero fueron aprobadas 68 peticiones.

Delitos.

Los casos de delitos de violencia doméstica vienen en franco crecimiento año tras año, según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, perteneciente al Ministerio del Interior.

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Mientras en 2011 se registraron 15.868 delitos de violencia doméstica, el año pasado la cifra trepó a 23.988 delitos, lo que representa a un incremento del 66%. A todo esto, en 2005 se registraron 5.853 delitos de violencia doméstica. Para las autoridades del Ministerio del Interior este incremento se relaciona con un mejor tratamiento e información sobre el tema.

“Desde el Ministerio del Interior se creó un módulo de Violencia Doméstica que permite vincular delitos, que hasta el momento se nos escapaban de la estadística. Por ejemplo, cuando desde la Justicia se tipifican lesiones, amenazas, violencia privada, daños, son todos temas que están sobre la base de situaciones de violencia doméstica”, expresó a El País Marisa Lindner, directora de la división de Políticas de Género del Ministerio del Interior.

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Según un diagnóstico presentado ayer sobre las Respuestas del Estado ante la violencia contra las mujeres en Uruguay, el 80% de las personas asesinadas por sus parejas o ex parejas son mujeres. En cuanto a la relación que mantenían las mujeres asesinadas con los victimarios, en el 45% de los casos el autor del crimen y la víctima estaban separadas.

Canelones es el departamento que más denuncias recibió sobre esta causa, con 3.863, según datos del diagnóstico, tomando como muestra el año 2010. Le siguen Montevideo, Salto, Soriano y Florida. Los que registraron menos casos son Rocha (18), Lavalleja (162), Rivera (168) y Cerro Largo (187).

Pulseras.

Actualmente, son 32 los agresores que portan las “tobilleras” de detección para prevenir violencia doméstica, implementadas a partir de febrero de este año. En total, el Ministerio del Interior cuenta con 100 tobilleras y desde que se implementó la medida un total de 61 agresores la portaron, informó Lindner.

Entre quienes portaron tobilleras hubo un solo caso que tuvo como agresora a una mujer, que apuñaló a su marido Luego se comprobó que la mujer también sufría maltratos desde hacia tiempo.

Se han registrado casos de personas que se han extraído el aparato, o que aun con la tobillera electrónica se han acercado a sus víctimas, violando las restricciones. En esos casos, se los procesa por “desacato”.

Lindner evaluó como positiva esta experiencia que, por ahora, sólo se aplica en Montevideo. Desde el Ministerio del Interior creen viable extenderla al resto del país, donde los casos constatados de violencia doméstica son más numerosos que en la capital.

Las cifras

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pesos perciben los menores huérfanos a causa de situaciones de violencia doméstica, entre la pensión y la asignación familiar.

32

son los agresores que al día de hoy portan “tobilleras”. Desde que se implementó la tecnología, ha sido aplicada a 61 personas.

A QUIENES BENFICIA LA LEY

-Desde el 9 de abril del año pasado se abrieron las inscripciones de pensiones para hijos huérfanos por hechos de violencia doméstica, al amparo de la ley 18. 850. Desde ese momento hasta la fecha se han otorgado 112 pensiones, acompañadas de asignación familiar.

-Los beneficiarios de la ley son los solteros y menores de 21 años, salvo que se trate de mayores de 18 con medios de vida propios y suficientes para sustentarse.

-Quedan también protegidos los solteros, mayores de 18 años de edad y absolutamente incapacitados para todo trabajo, salvo que se tratare de mayores de 21 con medios de vida propios.

-En caso de hijos adoptivos, “deberán haber integrado un hogar común con la víctima, conviviendo en su morada, por cinco años a la fecha de fallecimiento de sus padres adoptivos”.

http://www.elpais.com.uy

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