Aparecen más médicos que se niegan a practicar abortos

SON LA MAYORÍA EN PAYSANDÚ Y RÍO NEGRO; ASSE BLOQUEÓ DATOS DE SORIANO

De los 16 ginecólogos que hay en el departamento de Paysandú, 14 son objetores de conciencia y por tanto se niegan a llevar a cabo abortos. En Río Negro pasa lo mismo con 6 de los 10 médicos en ginecología que hay allí.

En 2014 el 18% de las mujeres que abortaron tenia menos de 20 años. Foto: A. Sánchez

En Soriano las instituciones de los centro de salud públicos se negaron a brindar información aludiendo que una orden de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se los impedía.

Los datos se desprenden del estudio «Estado de situación y desafíos en aborto y salud sexual y reproductiva en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano», realizado por la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MySU) y que será presentado hoy.

El informe, según explicó a El País la directora de la organización, Lilián Abracinskas, da cuenta de la existencia de un «secretismo» por parte de las autoridades a la hora de brindar información sobre salud sexual y reproductiva.»Hay un secretismo, porque nosotros nos dimos cuenta que no se puede entrar a una institución, preguntás y te dan los datos que te tienen que dar. Tenés que preguntar y preguntar, una y otra y otra vez. No hay información en la cartelera, o a veces directamente no hay cartelera; no hay una lista en la que se diga si un médico es objetor de conciencia o no», se quejó Abracinskas.

Objetores.

La directora de MySU adelantó también que los datos del informe permiten deducir que las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) que señalan que en promedio el 30% de los médicos son objetores de conciencia, no se ajusta a la realidad. «Lo que estamos encontrando nos da un porcentaje mucho más alto», precisó.

«Esta es una situación preocupante, porque es difícil saber si el sistema va a dar abasto. El año pasado las cifras mostraron que creció la cantidad de abortos, pero según los datos que tenemos son cada vez más los médicos que declaran objeción de conciencia», añadió Abracinskas.

Ante esta realidad, la directora de MySU señaló que muchas veces sucede que una mujer debe hacer varias consultas antes de encontrar un médico que acepte finalmente recetarle la pastilla para abortar. También advirtió que hay ginecólogos no objetores de conciencia que ya se ven sobrepasados por la cantidad de pacientes que tienen que atender y que se está notando en el interior del país una movilización de mujeres de un departamento a otro para poder hacerse un aborto. A veces no tienen más remedio que viajar a Montevideo.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo, consultado ayer en rueda de prensa sobre la realidad del interior del país en cuanto a la gran cantidad de médicos objetores de conciencia, que la cartera «sigue trabajando» en el tema, pero no dio detalles.

A la situación de Paysandú, Río Negro y Soriano, se le suma la de Salto. Un informe similar hecho por MySU en este último departamento en septiembre 2013, advertía que el 100% de los médicos eran objetores de conciencia. Desde mediados de 2014 una ginecóloga está yendo una vez por semana para hacer los abortos que las mujeres requieran.

Según Abracinskas, recientemente dos ginecólogos jóvenes se instalaron en Salto, pero la información que manejan advierte que uno de ellos ya se habría declarado objetor de conciencia. «No lo tenemos chequeado, porque no nos lo quieren confirmar», explicó la directora de MySU.

Abracinskas, por otra parte, adelantó que ya se prepara un segundo estudio para los departamentos de Rivera, Maldonado y Durazno (o Florida). También, la ONG trabaja junto a la Facultad de Psicología en un informe sobre la situación en Montevideo.

Públicos y privados.

El estudio de MySU discrimina entre centros públicos y privados de los departamentos de Paysandú y Río Negro, y de esos datos se desprende que los médicos que trabajan para las instituciones privadas son quienes tienen más reparos de realizar abortos.

En Paysandú, de los 14 médicos que trabajan para ASSE, solo tres son objetores de conciencia. En tanto, en la privada Comepa, de 12 ginecólogos solo dos son no objetores y de estos solo uno hace abortos.

En Río Negro de los siete médicos de ASSE, tres son objetores de conciencia, y todos ellos son de Young. Esto lleva a que cuando no hay capacidad en Fray Bentos para recibir a las mujeres derivadas desde allí, estas se ven obligadas a viajar a Montevideo. En una de las privadas, Amedrin, los tres médicos que hay no son objetores; pero en la otra, CAMY, los tres que hay sí lo son.

En secreto.

No es la primera vez que una ONG denuncia secretismo en cuanto a la información que se brinda sobre la práctica del aborto. MySU es una organización que está a favor de la legalización de esta práctica. Pero también quienes están en contra han disparado contra el gobierno por la escasez da datos. Movidos por la Vida, Organización Pro-Vida, una ONG antiaborto, se mostró molesta por lo tarde en que se difundieron los datos correspondientes al año 2014.

«El MSP está aún en debe con la ciudadanía, que espera un verdadero reporte con mayor información y rigurosidad, inexistente actualmente, referido a la evolución mensual del número de abortos, departamento por departamento y por edad de las usuarias, a posibles complicaciones sanitarias de mujeres derivadas de prácticas abortivas, entre otros aspectos», declaró la ONG.

MySU, luego de recibir la respuesta de las instituciones de Soriano que advertían que ASSE no les permitía dar información se dirigió a la Administración, que si bien le brindó algunos datos, se negó a decir cuántos ginecólogos hay en el departamento y cuántos de ellos eran objetores de conciencia. Tras esto, Abracinskas llevó a cabo un pedido de informe que aún está en curso.

«Estigma fuertemente presente» entre las mujeres que abortan

Las mujeres que llevan a cabo abortos luego son mal vistas en sus comunidades, según se desprende del informe realizado por la ONG MySU, que abarca los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano.

«A través del estudio se detectó que el estigma vinculado a la práctica del aborto está fuertemente presente en el relato de las mujeres entrevistadas en los tres departamentos abordados», señala un adelanto del estudio, que será presentado hoy a las 18 horas en la sede de la Unión Postal de las Américas España y Portugal (Upaep), ubicada en Cebollatí 1470.

El trabajo de MySU se realizó en dos fases. En la primera, que culminó en diciembre del año pasado, se relevó información sobre el estado de situación de todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo aborto. En la segunda fase, desarrollada entre enero y marzo de 2015, se indagó sobre significados, prácticas, valores y percepciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos a través de entrevistas a mujeres entre 15 y 49 años, de los tres departamentos.

DOCE DE CADA MIL ABORTARON

Unas 8.500 mujeres interrumpieron su embarazo en 2014, según los datos dados a conocer en marzo por el MSP. Esto quiere decir que 12 de cada mil mujeres se hicieron un aborto el año pasado. El 18% de ellas tenía menos de 20 años.

Solo el 9% de las pacientes que se entrevistaron con el equipo interdisciplinario de los centros de salud antes de reafirmar su decisión de abortar, se arrepintieron. Las cifras del MSP también advirtieron que el 60% de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo vive en Montevideo y 40% en el interior.

El MSP asegura que los registros demuestran que no hay “diferencias sustantivas” entre la cantidad de consultas y abortos realizados entre las afiliadas al subsector público y privado. Después de varios meses sin abortos ilegales, en marzo fueron procesadas dos mujeres tras el hallazgo de un feto tirado en una cámara séptica.

http://www.elpais.com.uy/informacion/aparecen-mas-medicos-niegan-abortos.html

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Médicos de hospitales paran por 24 horas

SALUD

Reclaman equiparación salarial para todos los médicos del sector público. La medida se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de marzo

El Sindicato Médico (SMU) resolvió realizar un paro de 24 horas el próximo miércoles 25 en la Asociación de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Los profesionales reclaman equiparación salarial para todos los médicos del sector público, y que ese sea el camino hacia “un laudo único nacional equitativo”.

Advierten, según un comunicado difundido por el gremio, que existen sectores médicos mayoritarios en el sector público y también en el sector privado que cobran sueldos menores a otros sectores y “que vienen siendo postergados en las negociaciones constituyendo los auténticos sacrificados”.

Los médicos también reclaman el “cumplimiento inmediato” del acuerdo con los pediatras de primer nivel de atención. Según el gremio, ASSE no cumplió con un acuerdo firmado en octubre por el que los pediatras, médicos rurales y de familia pasarían a ganar un complemento por cada paciente atendido. Los médicos dicen que los profesionales que atienden en mutualistas sí lo están cobrando, y que de los que atienden en ASSE, sólo una parte percibe el pago. El organismo estatal respondió a los médicos a través de un comunicado que el planteo es inadecuado, ya que asegura que “a la fecha, ASSE se encuentra cumpliendo la distribución total del fondo acordado”.

Sin embargo, los médicos siguen firmes en su postura.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/301013/medicos-de-hospitales-paran-por-24-horas/

Dermatólogos de ASSE reclaman por salarios

SALUD

Aseguran que sus colegas del sector privado ganan 40% que ellos

Los dermatólogos de la Red de Atención Primaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que  trabajan en policlínicas de la periferia y zona metropolitana de Montevideo, reclaman que sus colegas del sector privado ganan 40% que ellos.
Según los especialistas, las diferencias salariales están generando que los dermatólogos opten por el sector privado. “En toda la periferia solo somos seis especialistas trabajando”, dijo a El Observador la dermatóloga Mónica Ricciardi.

La profesional explicó que en los centros privados los médicos cobran por cada paciente que atienden –lo que se denomina acto médico– y por los procedimientos que realizan, por tratarse de una especialidad médico-quirúrgica. Durante el jueves y el viernes dermatología paralizó sus actividades en esa zona de Montevideo y realizaron una movilización en el Centro Coorinado del Cerro, donde se atienden unos 51.000 usuarios al año.

En setiembre de este año ya habían reclamado una equiparación salarial y el acceso a medicación necesaria para tratar diversas patologías. Ricciardi señaló que lograron conseguir esos medicamentos, pero que aún faltan elementos para realizar procedimientos. “Si se decide en la misma consulta que al paciente hay que realizarle una biopsia hay que derivarlo a un centro hospitalario porque no tenemos los elementos para hacerlo. Eso implica un pase para otro médico y mayores complicaciones para los usuarios”, señaló Ricciardi.

Tampoco cuentan con los elementos necesarios para realizar maniobras de microcirugía, crioterapia y tratamientos de enfermedades de transmisión sexual.

Por estos reclamos, solicitan que el Sindicato Médico del Uruguay se reúna con representantes de ASSE.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/294587/dermatologos-de-asse-reclaman-por-salarios-/

Sumario de ASSE a una médica es anulado por demorar cuatro años

FALLO

TCA consideró que violó el derecho de la profesional a ser juzgada en plazo

En momento en que el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fue cuestionado por pretender sancionar a un médico que denunció carencias en un hospital –y luego debió dar marcha atrás–, el organismo recibió otro golpe a su actuación. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anuló un sumario que ASSE le inició a una médica debido a que se prolongó por cuatro años, plazo ilegítimo y violatorio del Pacto de San José de Costa Rica, que consagra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

El sumario se inició en mayo de 2006 para determinar la eventual responsabilidad administrativa de la médica en la atención a una paciente que falleció en el hospital Maciel. En 2007, el sumario se amplió. En julio de 2010 la médica pidió a ASSE la clausura del sumario puesto que hubo varios dictámenes que aconsejaron el archivo de las actuaciones. A partir de ese momento, el proceso sumarial quedó paralizado.

ASSE, por su parte, justificó la demora en que se trató de un procedimiento excesivamente confuso y en que se realizaron pericias con conclusiones opuestas.

En la sentencia a la que accedió El Observador, el TCA señaló que ASSE incumplió “su deber de instruir y resolver en plazo los recursos administrativos” y por lo tanto violó el Pacto de San José de Costa Rica.

En este caso, la profesional estuvo más de cuatro años bajo sumario administrativo, con suspensión preventiva y retención total de haberes.

El médico que ASSE designó instructor del sumario concluyó primero que la médica “había incurrido en una falta administrativa grave”.

Ante esa conclusión, se le dio traslado y la médica propuso nueva prueba en su defensa. En noviembre de 2007, se amplió el sumario. “A la luz de los nuevos elementos de juicio disponibles, las conclusiones del sumariante variaron radicalmente”, afirmó la sentencia. Finalmente el médico sumariante pidió “que no se aplique sanción a ala sumariada al no haber existido falta administrativa grave”.

Luego, la Comisión Honoraria de Salud Pública (encargada de resolver sobre casos de denuncias de mala praxis) emitió un dictamen en el que concluyó que “la actuación de la profesional no fue la apropiada”.

El documento volvió al Departamento de Sumario de ASSE y de allí al sumariante, quien ratificó lo ya dicho en el sentido de que no correspondía responsabilizar administrativamente a la médica.

Aún así, el sumario siguió tramitándose hasta que en 2010 la profesional pidió el archivo, y ante la falta de respuesta de ASSE recurrió al TCA, organismo que le dio la razón.

“Por lo tanto, aun si se entendiera que no existe un plazo reglamentario vigente y aplicable al caso que nos ocupa, que consagre la caducidad de la pretensión punitiva del Estado (“caducidad del sumario”), correspondería elucidar si el procedimiento disciplinario seguido contra la actora ha tenido una duración que quepa calificar como de razonable”, expresó el TCA.

Agregó que el proceso disciplinario debió durar como máximo dos años ya que es lo que establece el artículo 223 del decreto 500 de 1991.

“Es evidente que, constatada la caducidad del procedimiento sumarial, el Directorio de ASSE debió ordenar la clausura y el archivo de las actuaciones. Sin embargo, ni siquiera examinó el petitorio” de la médica, expresó el fallo.

Volviendo al Pacto de San José de Costa Rica, el TCA opinó que los criterios de duración razonable del debido proceso se aplican también a los procesos administrativos, y citó jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A juicio del TCA , ASSE no puede plantear, como lo hizo, que la participación de la médica demoró el proceso. “Basta con repasar el expediente para advertir que la sumariada propuso una sola vez” pruebas y ello “no supuso ningún obstáculo para su avance”.

“La complejidad de las actuaciones involucradas en el sumario no resultaba un obstáculo para que ese se desarrollara en un tiempo razonable. Y menos aún, para que el procedimiento se dilatara por más de cuatro años”, expresó el fallo.

http://www.elobservador.com.uy/noticia/291940/sumario-de-asse-a-una-medica-es-anulado-por-demorar-cuatro-anos/

ASSE deslinda responsabilidad de hospitales en dos muertes

INTERIOR CERRÓ INVESTIGACIONES POR FALLECIMIENTOS DE BEBÉ Y UNA MUJER

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concluyó que en la muerte de un bebé en Durazno en marzo de 2013 y de una mujer en Paysandú en julio de ese mismo año, «no hubo responsabilidades en el equipo de salud».

Los hospitales del interior continúan en la mira por muertes sospechosas.

Ambos hechos causaron estupor en su momento, pues se denunció negligencia en la atención a los pacientes en los dos hospitales.

El primero de los casos, en el departamento de Durazno, fue el de la muerte de un bebé que había nacido tras solo seis meses de embarazo, por cesárea, el miércoles 27 de marzo de 2013. El lunes de esa semana la joven embarazada de 16 años, llamada Juliana Castro, se sintió mal y se acercó a la policlínica del barrio Unidos en Marcha. Fue revisada y al cabo de unas horas le dijeron que ya estaba estable y la mandaron a su domicilio. Pero al llegar a su casa, la paciente tuvo convulsiones y comenzó a vomitar sangre, por lo que fue llevada al hospital. «Vino con convulsiones porque tenía una eclampsia (enfermedad del embarazo generada por presión alta, convulsiones con pérdida de orina) que lleva a un sufrimiento fetal, lo que deriva en una cesárea, que fue lo que se hizo», dijo en ese entonces a El País el director del centro, Raúl Girreta.

El jueves 11 de julio de 2013, en tanto, en el centro de salud de Guichón, una paciente llegó con un fuerte dolor en el pecho y problemas para respirar. Los médicos pidieron un traslado al Hospital de Paysandú, al advertir que la mujer podría tener un infarto agudo de miocardio. Desde el centro de salud en Guichón dijeron que fue trasladada rápidamente en una de las tres ambulancias con las que contaba el centro en ese entonces, pero la familia de la paciente denunció que el vehículo fue a buscarla desde otro lugar, y que llegó recién al Hospital de Paysandú tres horas después de que los médicos dijeran lo del infarto. Además, ya en ese centro de salud, debió esperar la llegada del especialista. Cuando al fin se presentó el cardiólogo, éste ordenó un nuevo traslado, esta vez a Montevideo, para que se le realizara una angioplastia. Antes de que esto se llevara a cabo, la mujer murió de un paro cardíaco.

La gerenta general de ASSE, Alicia Ferreira, sostuvo a El País que en estos dos casos las investigaciones administrativas que se ordenaron «terminaron sin encontrar responsabilidades en el equipo de salud ni hechos irregulares».

En junio de 2013 ASSE dio a conocer la resolución tras una investigación administrativa por la muerte de Lucía Olivera, que murió desangrada en marzo de 2013 en el Hospital de Paso de los Toros. La Administración resolvió sumariar al director del centro, a la ginecóloga y al médico de guardia, y advirtió que «hubo fallas en la percepción del riesgo por parte de los profesionales actuantes de la dirección del hospital». En tanto, la Justicia procesó al médico general al «establecer que por negligencia el mencionado indagado, al dejar de cumplir con la primera obligación que como profesional médico tiene (prestar asistencia a la paciente), incurrió en la presunta comisión de un delito».

En tanto, la gerenta general de ASSE precisó a El País que otra investigación administrativa por la muerte de un paciente en una ambulancia frente al Hospital de Las Piedras, en agosto pasado, está en manos del Ministerio de Salud Pública (MSP), ya que existen versiones distintas de los hechos por parte de las autoridades del hospital y de la Unidad Coronaria Móvil (UCM), a quien pertenecía la ambulancia. 

La polémica se desató luego que el médico de la emergencia denunciara que el hospital no quiso ingresar al paciente de 74 años, que presentaba un cuadro de desnutrición. El anciano terminó falleciendo de un ataque cardíaco.

Más investigaciones.

En tanto, Ferreira advirtió a El País que ASSE todavía está trabajando en algunas investigaciones administrativas. Por un lado, en la que se abrió el mes de julio pasado, en medio del escándalo por el procesamiento del exdirector, Alfredo Silva, que consiste en monitorear el trabajo que realizan todas las empresas tercerizadas que prestan servicios a los centros públicos de salud (ya sean de limpieza, vigilancia o consejería, entre otros). El objetivo es averiguar si existieron hechos irregulares en los llamados a licitación y controlar cómo vienen realizando sus actividades.

ASSE también mantiene una investigación abierta en julio pasado, con el objetivo de «analizar los procedimientos de todas las empresas que tenían contratos con centros públicos de salud y cuyos responsables fueron procesados el viernes 18» de ese mes, por recambio de equipos de las ambulancias de los hospitales públicos.

Sobre esto último, una investigación, a cargo del Departamento de Delitos Complejos de la Dirección General deCrimen Organizado e Interpol, probó la existencia de una maniobra en la que, en un proceso de recambio de la flota de ambulancias, se reemplazó parte del equipamiento de los vehículos nuevos por el de las unidades viejas que a su vez fueron entregadas al proveedor como parte de pago.

DRAMAS EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL INTERIOR

Hospital de Durazno  –  Marzo de 2013

La mujer, con seis meses de embarazo, llegó con convulsiones y vomitando sangre. Mediante cesárea el bebé nació pero luego falleció. Un rato antes le habían dicho que estaba estable. ASSE dijo que equipo médico no fue responsable.

Hospital de Paso de los Toros  – Junio de 2013

Una mujer embarazada murió desangrada durante el parto en el centro. ASSE dictaminó que «hubo fallas en la percepción del riesgo», y en julio pasado sumarió al director del hospital, a la ginecóloga y a un médico.

Hospital de Paysandú  –  Julio de 2013

Una mujer murió de un ataque cardíaco en el hospital. Varias horas antes había ido al centro de salud de Guichón por un dolor en el pecho. Se demoró tres horas para realizar el traslado. ASSE consideró que el equipo médico no es responsable.

Hospital de Las Piedras – Agosto de 2014

Un paciente de 74 años murió de un ataque cardíaco en la puerta del centro, luego de esperar varias horas para ser ingresado. El centro de salud carecía en ese momento de camas. La investigación está en manos del MSP.

http://www.elpais.com.uy/informacion/asse-deslinda-responsabilidad-hospitales-muertes.html

Quiere que le financien parte de asistencia

HOSPITAL DE CLÍNICAS FORMA RECURSOS HUMANOS Y ASPIRA A QUE ASSE REALICE APORTE

El Hospital de Clínicas se apresta a realizar una reestructura que le permita funcionar sin apuros económicos. La prioridad es que ASSE se haga cargo de los costos asistenciales y el Hospital se limite a cubrir los costos de formación docente.

En el nosocomio un equipo técnico evalúa los cambios que estima necesarios. Foto: L. Carreño

El Hospital de Clínicas instaló un grupo técnico para evaluar la situación de la institución. Este grupo de tres médicos presentará en los próximos meses un plan de desarrollo, pensando en la «reinserción» del hospital en el sistema sanitario.

«Contempla no solo el presupuesto necesario para la recuperación de la planta física, sino los aspectos de funcionamiento. Dentro de esto está la inserción del hospital en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), de lo que se ha hablado mucho», dijo a El País Daniel Alonso, director asistente del Hospital.

«Una de las mayores dificultades que notamos es que el hospital está abierto a toda la población de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Y esta población asciende a un millón de usuarios. Es muy difícil controlar la demanda», apuntó.

El centro asistencial ha enfrentado problemas económicos constantes desde hace varios años. Y, si bien entre 2006 y 2010 recibió una inyección monetaria de Venezuela (US$17 millones) para mejorar la planta edilicia, todavía queda mucho por hacer.

«En el periodo presupuestal siguiente el ritmo de inversiones bajó notoriamente de acuerdo a lo que se aprobó en el presupuesto. Se notó muchísimo», dijo Alonso.

La capacidad del hospital le pone el freno a la cantidad de pacientes, acotó, pero considera que el centro debe tener asignada una región geográfica. Para esto desde hace algunas semanas está trabajando en el hospital un equipo técnico para evaluar qué cambios se necesitan y cómo efectuarlos.

Gilberto Ríos, uno de los encargados de esta investigación, explicó que esta todavía se encuentra en una «etapa embrionaria». «Se evalúa la reinserción del hospital en el sistema», explicó.

«Con la información disponible y este equipo de trabajo vamos a tratar de elaborar una propuesta. Luego la Universidad tomará la decisión», agregó.

«Es un hospital docente formador de recursos humanos. Todos pensamos que debe ser así y que debe continuar dependiendo de la Universidad. Pero para atender a un determinado número de población, debe tener reforzado su presupuesto en los aspectos asistenciales. No es la Universidad la que debe contemplar todos los costos asistenciales de equipamiento», apuntó Alonso.

«Necesitás un cierto número para hacer docencia pero si asumís la responsabilidad de un grupo mayor, ya no son necesidades docentes, son asistenciales».

Reformas.

El año pasado, se realizó una consultoría a través de la Organización Panamericana de la Salud, donde se obtuvo un diagnóstico del hospital y se elaboraron algunas líneas estratégicas. «Una es la necesaria recuperación de la planta física», dijo Alonso.

«Aparecieron carencias muy marcadas sobre todo en áreas que fueron postergadas como el área de hospitalización y cuidados convencionales», dijo Alonso.

Aún existen salas comunes. «Tratamos de colocar mamparas, separaciones, hacerlas más dignas. Pero son salas antiguas. El baño es común. No disponemos del suficiente aislamiento», explicó. «No es solo una cuestión de confort, sino hace a la calidad de atención. Sobre todo, es necesario contar con áreas aisladas de aislamiento para las enfermedades infecciosas. Hay personas que necesitan aislamiento», advirtió.

El director asistente explicó que el último llamado que realizó la institución para refaccionar un ala hospitalaria «excedió notablemente los costos que se habían previsto».

«El área de consulta externa, con entre 500 y 600 consultas todos los días, también necesita ser mejorada. Los espacios para la sala de espera de los pacientes, los propios consultorios…», dijo.

«El block quirúrgico es un área que necesita una fuerte inversión», agregó. «Y no solo es obra, porque también es equipamiento. Incluye monitores, carros de anestesia, mesas quirúrgicas. Es equipamiento que a los ocho o diez años hay que ir renovando. En este periodo pueden quedar como grandes».

«Este es un punto insoslayable que tenemos que incluir en el presupuesto próximo. Pero pensamos que, por los montos, quizá sea necesario un presupuesto de financiación de la recuperación de la planta física del hospital», dijo.

El Hospital de Clínicas atiende a unas 150.000 consultas comunes al año y otras 40.000 en el servicio de emergencia. Además, cuenta con 9.000 egresos anuales.

El director del Hospital de Clínicas, Víctor Tonto, había dicho en agosto que el presupuesto anual de la institución se consumiría en septiembre, por lo que el Consejo de la Facultad de Medicina pediría un refuerzo presupuestal al Ministerio de Economía y Finanzas por $ 38 millones.

El centro asistencial vive también una relación de tirantez con las mutualistas por la deuda de servicios impagos.

Falta de personal

La falta de personal técnico que maneje equipos de imagenología hace que el Hospital de Clínicas no pueda realizar resonancias o tomografías las 24 horas del día. «Deberíamos tener guardias las 24 horas pero las carencias de personal por renuncias o traslados lo hace imposible», explicó el director asistencial, Daniel Alonso. «Es difícil competir», agregó.

http://www.elpais.com.uy/informacion/hospital-clinicas-quiere-financien-parte.html

Incautan fármacos vendidos en ferias

La IMM halló medicamentos de hospitales públicos

El Servicio de Inspección General de la Intendencia de Montevideo realizó diversos operativos en periferias de toda la ciudad.

De ese modo, terminó incautando miles de medicamentos que se estaban comercializando en forma ilegal.

De acuerdo a lo informado ayer en el portal de la comuna capitalina, los procedimientos se desarrollaron en diversas ferias y periferias.

Entre aquellas en donde se ubicó la venta clandestina mayor, se encuentran las de las calles Micenas y Millán, Nicaragua y Cufré, Ruperto Pérez Martínez y José Castro, Carlos de la Vega y Carlos María Ramírez, y la tradicional dominguera de la calle Tristán Narvaja, en el barrio Cordón.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública han expresado a jerarcas de la Intendencia de Montevideo su preocupación por la venta ilegal de medicamentos, provenientes de hospitales estatales en la vía pública.

En la montaña de los medicamentos incautados se descubrieron dosis de drogas recetadas habitualmente por técnicos de las más diversas especialidades clínicas.

En algunos de los fármacos se halló la identificación con el sello de la propia Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Junto a la preocupación por los robos de las drogas a nivel institucional y su oferta callejera, la Intendencia de Montevideo comunica a la población en general que -independientemente de su origen- la venta de medicamentos está prohibida en las ferias y periferias, y puede constituir un riesgo muy importante para la salud.

http://www.elpais.com.uy/informacion/incautan-farmacos-ilegales-vendidos-ferias.html

IMM rescinde permiso a firma contratada por ASSE

Residuos hospitalarios Constatan «graves incumplimientos»

La IMM rescindió el contrato que tenía con la firma ATT Ambiental por «incumplimiento grave y reiterado» de lo estipulado en materia de tratamiento de «residuos hospitalarios contaminados». La firma tiene un contrato vigente con ASSE.

La Intendencia de Montevideo rescindió el contrato que tenía con la firma ATT Ambiental por «incumplimiento grave y reiterado», sin derecho a «indemnización o reparación alguna» y «con la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento» depositada para hacer el tratamiento de residuos en un predio municipal de Camino Oncativo.

Además, la firma fue intimada a «restituir el inmueble» que ocupa «dentro de los 30 días contados a partir de la notificación de la resolución, bajo apercibimiento de una multa de U.R. 50 ($ 36.500) por cada día de atraso».

La comuna tomó la decisión tras constatar que durante casi una década la firma fue responsable de «una innumerable sucesión de graves y reiterados incumplimientos de lo estipulado en la licitación respectiva».

La rescisión del contrato es por el usufructo del terreno municipal, pero ATT Ambiental mantiene un contrato -el último llamado fue hace dos años- con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para la gestión de residuos peligrosos generados por los hospitales públicos del área metropolitana. Este llamado fue observado por el Tribunal de Cuentas el 21 de noviembre de 2012.

La empresa había resultado adjudicataria, junto con la firma Aborgama (Ducelit S.A), de una licitación realizada por la Intendencia en 2001.

En mayo de 2004, firmó un contrato de arrendamiento por un plazo de 15 años en el que se preveía la construcción y puesta en marcha de una planta de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios contaminados.

Según la IMM, esto supuso «un largo periplo para que la planta comenzara a funcionar y en consecuencia cumplir con el objeto del contrato, todo lo que consta en el profuso expediente constituido por cinco tomos».

De acuerdo a la resolución firmada por la intendenta Ana Olivera, ATT Ambiental «incurrió en importantes demoras, primero en la construcción de obras, y luego en la puesta en operación de las instalaciones», así como en la obtención de los permisos correspondientes, por ejemplo la Autorización Ambiental Previa o la Autorización Ambiental de Operación, que recién obtuvo en 2009.

Denuncia.

La Intendencia recibió en enero de este año una denuncia en la que se advertía que había «dos firmas operando con un contrato de arrendamiento en el predio de Camino Oncativo y Cepeda» que incumplían las normas, «lo cual conlleva riesgos «para la salud e higiene pública departamental y nacional».

El 21 de diciembre de 2009 se aprobó el Reglamento de Residuos Sólidos Hospitalarios (por decreto 586/009), el cual estableció un nuevo marco regulatorio para la actividad de transporte y tratamiento de los mismos.

El reglamento califica como infracciones graves «el tratamiento no autorizado de residuos sanitarios contaminados» (artículo 27, literal c), así como «el funcionamiento de una instalación de residuos sanitarios contaminados fuera de las condiciones de autorización».

Fuentes consultadas por El País para esta nota, indicaron que ATT Ambiental «ni siquiera tiene planta propia para procesar los residuos», aunque la IMM admitió que la empresa «pagaba regularmente su alquiler (unos $ 200.000 mensuales) y multas por no instalarse».

Solo operó un mes.

El texto de la resolución firmada por Olivera subraya que el establecimiento de ATT Ambiental operó durante solo un mes, en el año 2010, «procesando un volumen pequeño de residuos, debiendo detener su funcionamiento y cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Industria».

«Una vez superada dicha instancia -agrega la resolución- la planta siguió sin operar a pesar de los plazos comprometidos y las multas aplicadas», agrega la resolución.

La Intendencia le siguió otorgando «plazos perentorios» a la firma para la puesta en operación de la planta «bajo apercibimiento de la rescisión del contrato», pero esto tampoco tuvo efecto.

Tras constatar que durante casi una década se registró «una innumerable sucesión de graves y reiterados incumplimientos (…), la Intendencia resolvió tomar esta drástica decisión», agrega el comunicado de IMM.

1.800 toneladas en mvd

Este año se generarán en el país algo más de 2.800 toneladas de residuos hospitalarios considerados «peligrosos», una cifra que se mantiene relativamente constante desde 2003, según datos de un estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública. Gran parte de los desechos es generada en la zona Metropolitana: Montevideo y Canelones desechan unas 1.800 toneladas al año.

A pesar del origen particular de estos residuos, esto representa solo el 20% de lo que genera el sector hospitalario. El restante 80% son asimilables a los domiciliarios (cartón, papel y comida, entre otros) y son tratados por la Intendencia como el resto, aunque utilizando un transporte especial. Los residuos considerados «peligrosos», necesitan un tratamiento especial. Es en este punto donde entran en juego las escasas empresas especializadas que mantienen contratos con ASSE.

http://www.elpais.com.uy/informacion/imm-rescinde-permiso-firma-contratada.html

ASSE eleva a la Justicia investigación por maniobras con ambulancias

salud pública inició sumarios

Una investigación comprobó que en el recambio de la flota de ambulancias, se reemplazó parte del equipamiento de los vehículos nuevos por el de las unidades viejas que a su vez fueron entregadas al proveedor como parte de pago.

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado resolvió hoy enviar al juzgado Letrado de 1° instancia en lo penal especializado en Crimen Organizado una copia del expediente donde contiene las conclusiones de la investigación administrativa interna por presuntas irregularidades en el Departamento de Transporte.

Por el caso, se inició un sumario administrativo.

Una investigación previa probó la existencia de una maniobra en la que, en un proceso de recambio de la flota de ambulancias, se reemplazó parte del equipamiento de los vehículos nuevos por el de las unidades viejas que a su vez fueron entregadas al proveedor como parte de pago.

El caso se inició a fines de 2012 tras una denuncia que presentó un funcionario de ASSE. La jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Gilberto Rodríguez dispondrán la citación de los indagados para la primera quincena de agosto, informaron a El País fuentes vinculadas a la investigación.

Los informantes aseguraron que la maniobra está plenamente probada en al menos siete ambulancias y están seriamente implicados jerarcas de la división talleres de ASSE y también un mecánico.

http://www.elpais.com.uy/informacion/asse-llevo-justicia-investigacion-maniobras.html

Mutuales cortan servicios al Clínicas por las deudas

Contrata afuera lo que podría hacer en el hospital

Mutualistas que venden el servicio de CTI y estudios al Hospital de Clínicas le cortaron el crédito por las deudas contraídas. El presupuesto anual se gastará en dos meses. ASSE se encargará del pago de los exámenes, lo que genera molestias.

El director del Hospital de Clínicas, Víctor Tonto, dijo a El País que el presupuesto anual de la institución se consumirá en septiembre, por lo que el Consejo de la Facultad de Medicina ya resolvió que se le pedirá un refuerzo presupuestal al Ministerio de Economía y Finanzas por $ 38 millones.

Por otra parte, confirmó que instituciones privadas le cortaron el crédito y ya no recibirán pacientes para la realización de estudios médicos o internaciones en CTI. Explicó que la deuda por contratación de servicios con las mutualistas asciende a 14 millones de pesos.

«No es mucho pero cuando uno tiene poco, puede hacer poco», indicó. «Por ochocientos mil pesos nos cortan un servicio, parece poco en relación a otros momentos que tuvo la economía del país, pero es lo que tenemos, la situación de muchas instituciones no es la de antes», acotó.

El Clínicas espera que ASSE asuma el costo de los estudios de los pacientes, lo cual genera malestar en algunos directores de hospitales públicos que entienden que terminarán pagando la cuenta por la «mala gestión» del nosocomio universitario. «Con ASSE tenemos la misma población objetivo, por eso estamos coordinando acciones. Si necesitamos CTI o algún estudio de urgencia lo vehiculizamos a través de ASSE para no resentir la atención médica», explicó Tonto.

Fuentes de ASSE consultadas por El País señalaron que la situación de fondo deriva de una mala gestión del Hospital de Clínicas que contrata en el sector privado estudios que puede hacer en la propia institución. Tonto admitió que las contrataciones no se deben a la falta de equipamiento sino a la imposibilidad de darle un uso continuado. El Clínicas tiene un resonador y equipos para hacer angiografías digitales, pero el personal capacitado para operarlos cumple 24 horas semanales. «Tenemos que pagar afuera lo que el hospital podría hacer, es una pena», dijo Tonto.

Fuentes de ASSE indicaron que los hospitales públicos también tienen que recurrir a las mutualistas porque los angiógrafos funcionan hasta el mediodía y el resonador hasta media tarde. Consideran que es un «desperdicio» tener ese equipamiento que demandó una inversión de millones de dólares con tanto tiempo ocioso mientras los recursos públicos terminan en el sector privado.

Tonto dijo que el resonador funciona hasta las 20 horas mientras que el resto del equipamiento deja de utilizarse al mediodía.

«El problema es que el personal cobra veinte veces más en el sector privado, entones no le sirve tener más dedicación horaria. Son las leyes del mercado y se necesita de una decisión política para revertirlo», afirmó el director del Clínicas. El hospital universitario recibe un presupuesto anual de $ 161 millones a los que se suman $ 70 millones que provee ASSE y de los cuales ya entregó la mitad.

Quienes cuestionan la gestión del Clínicas sostienen que reclama autonomía pero cuando tiene problemas de recursos termina recurriendo a ASSE y quitándole dinero a los hospitales públicos.

En ese sentido, se opina que si ASSE aporta dinero para sostener el normal funcionamiento del hospital, también debería tener incidencia en su gerenciamiento. Se cuestionan aspectos como la subutilización de los equipos, la falta de control en las contrataciones, por ejemplo en materia de días de CTI, y la elección de técnicas costosas que pueden ser suplidas por otras más económicas.

Maniobra al crimen organizado

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado resolvió ayer enviar al juzgado del Crimen Organizado una copia del expediente donde contiene las conclusiones de la investigación administrativa interna por presuntas irregularidades en el Departamento de Transporte. Por el caso, se inició un sumario administrativo. Una investigación previa probó la existencia de una maniobra en la que, en un proceso de recambio de la flota de ambulancias, se reemplazó parte del equipamiento de los ve-hículos nuevos por el de las unidades viejas que a su vez fueron entregadas al proveedor como parte de pago.

http://www.elpais.com.uy/informacion/mutuales-cortan-servicios-clinicas-deudas.html