Posts Tagged ‘asignación familiar’

Estudio objeta que se quite la asignación como castigo


CEPAL DICE QUE PROFUNDIZA LA VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA

La primera investigación sobre los efectos de suspender el pago de la asignación por no enviar a los beneficiarios a estudiar concluye que la medida no ayuda al cumplimiento de la contraprestación y vuelve más vulnerable al núcleo familiar.

537c0e492e9c6

Familias que dejaron de percibir asignación desconocen los motivos. Foto: Archivo El País.

El desconocimiento por parte de los padres de los derechos y deberes que impone recibir una prestación del Estado y la ausencia de dispositivos del gobierno que les permita acceder a información y recuperar los cobros una vez que son suspendidos, son, entre otros, aspectos que quedaron de manifiesto en el trabajo “Programas de transferencias, condicionalidades y derechos de la infancia”, publicado por Cepal. El trabajo analiza la decisión de suspender los pagos de la asignación por incumplir con la contraprestación.

En diciembre el Ministerio de Desarrollo Social y el BPS informaron que hay 36.798 asignaciones familiares suspendidas porque los menores no concurren a estudiar o tienen un alto número de faltas sin justificación.

El trabajo de la Cepal, realizado en base a una serie de entrevistas con las familias que perdieron el beneficio, sostiene que en el caso uruguayo “las condicionalidades, y, sobre todo la forma en que se han aplicado las sanciones, pueden estar operando, al menos en un determinado grupo de beneficiarios, como un instrumento que empuja a las familias hacia una mayor vulnerabilidad”.

Agrega que las condicionalidades tienden a obstaculizar el cobro de la transferencia por factores que, en gran parte, suelen ser ajenos a la voluntad de los beneficiarios.

El documento, publicado en noviembre, fue elaborado por Cecilia Rossel, consultora de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), bajo la supervisión de María Nieves Rico, oficial de Asuntos Sociales de la Cepal.

La investigación sostiene que hay debilidades en el acceso a la información que tienen los beneficiarios sobre los derechos y deberes y los requisitos para acceder a la prestación. “Se evidenciaron confusiones a la hora de identificar tales requisitos. También es visible el desconocimiento de la existencia de contrapartidas y a quién acudir para solicitar información sobre estos aspectos. Esto trae aparejado dificultades en relación con la apropiación de las reglas del juego por parte de las familias, ya que desconocen incluso los procedimientos necesarios para volver a recibir la asignación y, por lo tanto, el derecho al reclamo y/o consulta no se cumple”. 

Afirma que surgen como causales de no cumplimiento diversas situaciones de vulnerabilidad que para las familias no son posibles de solucionar de modo que se les permita volver a cobrar la transferencia en el corto plazo”.

También señala que resulta necesario reflexionar sobre el resultado de suspender la transferencia y si logra cumplir con el cometido de modificar o promover conductas para que padres y madres lleven a sus hijos al centro educativo y a los controles médicos. “El estudio muestra en varios casos que la quita de la asignación familiar, lejos de crear un efecto positivo para el cumplimiento, termina por empeorar su situación, vulnerando más aún el cumplimiento de los derechos de esta población. Con este panorama se pone de relieve la necesidad de contar con dispositivos donde estas familias que incumplen sean captadas e integradas a otras políticas existentes de apoyo y seguimiento, y donde se pudieran trabajar estos factores que no solo son responsables de las inasistencias o abandono del sistema educativo, o la no realización de controles periódicos, sino que vulneran otros derechos de los niños, niñas y adolescentes o de las mujeres, como el de un nivel de vida adecuado”, afirma.

Y acota que “la existencia de contrapartidas parece dejar de ser pertinente cuando se evidencia que el control de ellas con la consiguiente quita no es un fenómeno que las familias tengan internalizado. Esto es, las familias no perciben la posibilidad de la quita de la prestación como un factor que los obligue a cumplir con dichas exigencias”.

Las expertas entienden que resulta “claro” que “existe el riesgo de contar con un mecanismo que controla sin procesar ni entender con claridad lo que está por detrás de la causa de incumplimiento, impidiendo por tanto llegar más lejos que una política que ofrece una ayuda sin brindar apoyo para el cumplimiento de lo que se exige y, por tanto, modificar las conductas de las familias en la línea de lo buscado originalmente”.

Explica que varios jóvenes abandonaron los estudios para empezar a trabajar y desmotivados por el sistema educativo.

“Es claro que en estos casos, la quita de la prestación no parece generar un cambio en relación con la asistencia al sistema educativo, pero tal como está diseñado el procedimiento de la quita tampoco genera ningún dispositivo claro de apoyo para estos jóvenes”, concluye.Cepal, asignación familiar, suspensión, escuelas, educación

Problemas en la gestión de la medida

n La investigación de la Cepal detectó, como un elemento que aparece con fuerza en las entrevistas realizadas a las familias que perdieron la asignación familiar, los déficit y problemas visualizados por los beneficiarios en el proceso de suspensión de la transferencia, así como los errores vinculados a la gestión de esta medida, de la que muchos se enteraron el día de cobro.

“En varias entrevistas se puso de relieve el problema que significó para las familias que la información de asistencia educativa utilizada para monitorear el cumplimiento de la condicionalidad solo considerara los centros educativos públicos y dejara fuera los centros de educación no formal o los jardines de infantes privados. Una de las entrevistadas dijo “… [mis hijos] van a una escuela de oficios Don Bosco (…) no tienen ninguna falta. Una de ellas tiene una falta porque fue al médico y la otra tiene un diploma de 0 faltas (…)” (Flavia).

“… [tenía certificados de asistencia] sí, del jardín sí, pero no le sirven para la asignación (…) cuando la nena empiece la escuela si a la nena no le dan la asignación no sé qué voy a hacer, ¿viste?” (Lucrecia).

http://www.elpais.com.uy/informacion/estudio-objeta-que-se-quite.html

Mides: desconocimiento de requisito para cobrar asignación no sorprende


MIDES

“El desconocimiento de los requisitos es realmente bajo”, dijo el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social Juan Labat, en entrevista con El Observador

juan-labat_298500

En las oficinas del Banco de Previsión Social o del Ministerio de Desarrollo Social se puede iniciar la solicitud para recibir la asignación familiar para trabajadores de bajos ingresos o la que se otorga a hogares vulnerables a través del Plan de Equidad. En ambos casos, los funcionarios exigen al momento de la inscripción un montón de documentos que acreditan la vinculación con los sistemas educativo y sanitarios. Una vez que el beneficiario empieza a cobrar la asignación, los controles se relativizan. Para Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides, esto no necesariamente es negativo porque uno de los objetivos de la transferencia es aumentar el ingreso.

La encuesta del Instituto de Economía revela que el conocimiento de las condicionantes para cobrar asignación familiar es bajo…

Es bajo, realmente bajo.

¿Lo sabían en el Mides?

Teníamos una idea, sí. No teníamos una medición cabal del asunto. En general, en este tipo de programas, se da. Se dio en el Plan de Emergencia, al principio del Plan de Equidad.

No con valores tan bajos, pero también se dio. Tiene que ver con el ejercicio real o no de los controles. A partir de este año, que un montón de gurises dejaron de cobrar por no ir, va a haber más conciencia, va a ser más conocido.

El hecho de que durante años no se sacaran asignaciones por inasistencia, ¿no es una mala señal para los beneficiarios?

Es una discusión. Está bien, pero si le sacás la asignación lo que hacés es sacarle ingresos a una familia que tiene niños en situación de pobreza, que no están logrando los mínimos necesarios para su desarrollo. Si todo eso lo hago para lograr que vayan al liceo, pero no lo logro, o lo logro solo en un 3%, te volvés a plantear la pregunta: ¿es por acá la cosa? Porque ahora en lugar de tener una privación tienen dos. Esa es la discusión sobre cómo hacer que la política sea efectiva, y no es nada fácil. Con el control claramente ganás credibilidad en el sistema, pero el costo que tiene es que hay un grupo de hogares que viven peor que antes.

¿Cómo se difunden los requisitos?

Cuando te presentás en el mostrador del BPS tenés que entregar todos los papeles que garantizan que sos hábil para cobrar: que asiste al sistema educativo, que tiene los controles de salud, certificado de tenencia de los niños que viven contigo.

Ahí la persona se entera, ¿pero qué pasa después?

En realidad tiene que mandar a los niños a la escuela y al liceo por obligación, por ley, ni siquiera por la asignación. Te puedo garantizar que tampoco saben que por ley tienen que mandarlos. En serio. Uno cuando hace este tipo de cosas se desayuna de ciertas realidades sociales.

¿Pero alguien le vuelve a recordar a la persona cuáles son los requisitos para cobrar la asignación? ¿Hay algún tipo de difusión? Porque, si no, puede decir ‘a mí nadie me dijo’ o ‘a mí nadie me controló’.

Te puedo garantizar que hay un montón de respuestas posibles. Las personas pueden decir que no saben aún sabiendo, porque hay algo que en sociología es muy común y es dar la respuesta socialmente aceptada.

Muchos padres que saben que no es correcto que su hijo no vaya al liceo pueden decirte ‘ah, pero yo no sabía’. Independientemente de eso, por los números del estudio, es obvio que hay mucha gente que de verdad no lo sabe o no lo recuerda.

En ese sentido se pueden hacer campañas. Y se han hecho. Cuando resurgió la asignación familiar, en 2008, durante todo 2008 y 2009 se hicieron campañas para que la gente fuera a cobrar la asignación familiar.

¿Y se logró?

Estaba previsto que en abril de 2009 se hubieran inscripto unos 170 mil hogares a los que les correspondía cobrar.

Hete aquí que en ese momento, con una furiosa campaña del BPS, se presentaron 30 mil.

Los otros 140 mil no se presentaron. Después fueron llegando de a 3 mil o 4 mil y aumentando muy paulatinamente el número de beneficiarios que podrían haber cobrado desde abril, pero por distintos factores (cómo se da la comunicación, los tiempos de la gente para hacer los trámites, los tiempos para conseguir los papeles…) no lo hicieron.

Estas cosas no tienen nada de automático. Son largos procesos. Al día de hoy  no se llegaron a inscribir los 500 mil que en algún momento esperamos que cobraran la asignación. Hoy son del orden de los 400 mil.

Entonces sí se hicieron campañas para difundir los requisitos.

Sí, se hicieron. Fueron globales sobre las asignaciones, pero incluían las contrapartidas. Es un tema polémico, que a los políticos les encanta discutir. Lo único que me preocupa es que cuando discutan no haya un parámetro de cuánto gasta Uruguay en relación al PBI, o cuánto gastan otros países. Porque se habla como si Uruguay gastara fortunas en transferencias monetarias…

¿Cuánto gasta Argentina, por ejemplo?

No tengo cifras precisas ahora, pero del orden de dos veces lo que gastamos nosotros. No es una diferencia menor.

¿Y Brasil?

En este último período está gastando mucho más por los planes Brasil Sin Miseria, y con un paquete mucho más integral de políticas que va más allá de las transferencias.

No estamos en la punta ni lejos de los países que más gastan en estas cosas. Es verdad que hemos mejorado el gasto público en esto, pero no pienses que de tu sueldo van $ 100 a las asignaciones; irán $ 1 o $ 2.

Perfil

Juan Pablo Labat trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social desde su creación, en 2005. Primero fue asesor de la subsecretaría, que ocupaba Ana Olivera. Desde ese rol realizó el seguimiento de la ejecución del Plan de Emergencia (Panes) entre 2005 y 2008. A partir del 2009 trabajó en la Unidad de Seguimiento de Programas como responsable del equipo que asesoraba a la subsecretaría. En 2010, cuando Ana María Vignoli asumió la titularidad del ministerio, fue nombrado director de Evaluación y Monitoreo. Esa área abarca la supervisión de todo lo vinculado a la gestión del Mides en el territorio.

http://www.elobservador.com.uy

A %d blogueros les gusta esto: