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Cerró centro para adictos por falta de apoyo oficial


ASSE CORTÓ EL APORTE MENSUAL DE $ 100 MIL A LA ÚNICA ONG PARA DROGADICTOS

Cerró en Soriano el único centro de tratamiento para personas adictas a las drogas por falta de apoyo oficial. La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) le cortó una partida mensual de $ 100.000.

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“El personal fue enviado al seguro por desempleo y los casi 40 jóvenes que estábamos tratando los dejamos en banda”, dijo Eduardo Sarutte, expresidente de Los Juncos, una Organización No Gubernamental (ONG) que atención a adictos a las drogas. Sarutte y otros miembros de la ONG renunciaron “por el manoseo constante de las autoridades de la Junta Nacional de Drogas y ASSE que pusieron permanentemente palos en la rueda”.

“Por la forma de actuar nos da la impresión que lo que menos les interesa es recuperar personas. No pueden dejar cerrar un centro por tan poca plata, cuando más de una vez el secretario general de la JND, Julio Calzada, vino a Mercedes en avión privado”, criticó Sarutte, médico retirado.

Indicó que por cada usuario de la salud en general, el sistema destina entre $ 6 y $ 8 para atender a consumidores de sustancias psicoactivas.

“No sabemos qué hacen con esa enormidad de dinero porque a las ONG como la nuestra no nos dan apoyo ninguno. Dejan así de atender a las personas pobres que son las más vulnerables a la pasta base, una droga asociada directamente con el delito”, denunció Sarutte.

Antecedentes.

El servicio funcionó durante tres años y medio en virtud del apoyo económico proporcionado por la Conferencia Episcopal de Roma. “Incluso dieron otro empujón pero se cansaron de esperar que el Estado asumiera el funcionamiento”, indicó el ex presidente de la ONG.

Desde 2009 han atendido unos 600 jóvenes con problemas de adicciones. “Incluso días atrás en un sonado caso en el que estaban involucrados varios jóvenes consumidores, el juez ordenó la internación y tratamiento en nuestro centro, porque es la única opción, sin saber que habíamos cerrado por falta de recursos”, recordó.

Médico Psiquiatra, psicólogo, asistente social, educadores y personal administrativo fueron enviados al seguro de paro.

“A principios de 2013 gestionamos ante ASSE una financiación teniendo en cuenta que el 90% de los usuarios provienen de allí. Nos dijeron que en 15 días nos responderían, pero fue recién a mitad de año que resolvieron apoyarnos con $ 100 mil durante seis meses. Anunciaron que en abril se pondría en funcionamiento un fideicomiso para gestionar este tipo de centros en todo el país, pero hasta ahora nada”, lamentó Sarutte. La ONG Los Juncos, además, tiene avanzadas las gestiones para trasladar la atención al hogar Asencio, edificio a las afueras de la ciudad de Mercedes cedido en comodato por el INAU. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas prevé aportar $ 1,5 millones y el resto fue gestionado en conjunto por las intendencias de Río Negro y Soriano ante el Fondo de Desarrollo de Interior (FDI).

Esta semana una comitiva encabezada por el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, ediles y representantes de los diputados departamentales y de la ONG El Abrojo, se trasladaron hasta Montevideo para reunirse con Calzada, secretario general de la JND.

Le presentaron mil firmas de familias de adictos que reclaman la reapertura del centro de recuperación. En Mercedes el creciente consumo de drogas y sus vínculos con la delincuencia es uno de los temas que más preocupa.

Colombia: consenso antidrogas

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, abogó ayer jueves en Davos por una concertación internacional, apoyada por estudios científicos, antes de cualquier decisión eventual sobre la regulación de las drogas. “Tenemos que tratar este problema a nivel internacional, porque de lo contrario, lo vamos a llevar de un sitio a otro”, declaró Santos.

http://www.elpais.com.uy

El Departamento de Geriatría de Medicina alerta sobre el maltrato hacia los ancianos


Son 25.000 los adultos mayores en Uruguay que son abusados o maltratados, ya sea por negligencia en los cuidados, abandono, maltrato físico, psicológico, económico o sexual, según indicaron los especialistas en un documento de la cátedra al que accedió UNoticias.

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El Departamento y Cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), en el Día de la Toma de Conciencia sobre el maltrato hacia las personas adultas mayores (15 de junio), lanzó una declaración sobre la situación de vulnerabilidad de los ancianos en Uruguay.

Los médicos plantearon la necesidad de “aportar a esa reflexión y proponer medidas concretas. Carecemos de registros o estadísticas oficiales y los sistemas de detección e información no consideran a esta población de riesgo. Se trata de un grave problema mayor de salud pública y políticas sociales, sub diagnosticado y que raramente deriva en alguna medida cautelar y protección de derechos”, denuncian.

“Si la violencia sobre los niños y las mujeres ingresa tardíamente en la agenda Institucional y de profesiones de la salud y la justicia, la violencia sobre nuestros mayores llega mucho más tarde, existe escasa preparación en el sistema socio sanitario, de seguridad y judicial, acerca de cómo abordarla. Esta carencia que es preciso reconocer y corregir, junto a vacíos legales y respuestas institucionales escasas, establecen la necesidad imperiosa de mejoras en múltiples niveles”, opinan los especialistas.

La Cátedra propone instalar una materia sobre el abuso del adulto mayor en la formación del personal de la salud y las ciencias sociales e incluso del sistema judicial. “Existen vacíos legales que podrían favorecer ciertas formas de abuso, a saber: la norma vigente restringe la violencia al ámbito doméstico y deja fuera la violencia en el ámbito institucional”, advierten. 

Para los especialistas es necesario establecer una protección especial para los adultos mayores, así como se hizo con los niños y adolescentes, debido a su vulnerabilidad ante la sociedad. “Más teniendo en cuenta que por encima de los 85 años sólo el 10% estaría en condiciones cognitivas indemnes y con capacidad de defender sus derechos”, agregan.

También se hace necesario legislar sobre el “abuso patrimonial” sobre los ancianos a los que en muchas ocasiones se los despoja de sus bienes y se los instala en casas de salud “para que no molesten”. En este caso, los profesionales proponen que existan controles previos sobre la capacidad objetiva de consentir del adulto mayor, con una evaluación médica y declaración jurada.

Otro punto son los alojamientos para la tercera edad, los que a criterio de los especialistas, deben contar con más control de parte del Estado, sobre todo en el caso de los apoderados. En estos casos deberían rendir “ante el organismo de contralor y la Justicia, sobre ingresos y gastos efectuados para asistir al adulto mayor, con los ingresos de que son apoderados, como ya realizan directores de Instituciones Públicas”, agregan.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
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