Archive for 26/10/15

Cirujanos uruguayos efectuarán innovadora operación en el Maciel


EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO INSUMIRÁ MÁS DE 8 HORAS

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En el Hospital Maciel, que pertenece a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se realizará hoy un complejo procedimiento de Endoprótesis con expertos internacionales, el cual insumirá más de 8 horas de trabajo de los cirujanos especialistas que intervienen, entre ellos el Jefe de Cirugía Vascular del citado nosocomio, Dr. Ricardo Fernández, el Dr. Nick Burfitt, Consultant Interventional Radiologist del Imperial College Hospital NHS Trust de Londres y los Dres. Jorge Hiriart y Mariano Ferreira, expertos invitados de Argentina.

Esta intervención es conocida como endoprótesis fenestrada. Según explicó a LA REPÚBLICA el Dr. Fernández, “la aorta es la arteria principal del organismo. A nivel abdominal da origen a las ramas de los distintos órganos. La dilatación localizada, permanente e irreversible de este vaso se denomina aneurisma. El aneurisma de aorta es una enfermedad potencialmente mortal, debido a su rotura.

El riesgo de rotura aumenta en la medida que el diámetro del aneurisma se agranda. El objetivo de su tratamiento es evitar esta grave complicación. En las últimas décadas han surgido dispositivos que permiten el tratamiento de esta enfermedad mediante técnicas menos invasivas que la cirugía clásica. Se trata de las llamadas endoprótesis.

El desarrollo tecnológico de las endoprótesis ha sido continuo a través del tiempo, contando en la actualidad con modelos sofisticados, hechos en algunos casos a medida para el paciente”.

El especialista continúo describiendo el procedimiento al indicar que “los aneurismas de la aorta abdominal, en su mayoría se originan por debajo de las arterias destinadas a los riñones (renales), dejando un segmento de aorta normal entre dichas arterias y el comienzo de la dilatación. Estos casos permiten el tratamiento endovascular mediante el uso de endoprótesis convencionales, las cuales se implantan dejando libres las arterias renales.

Experiencia importante

Los integrantes del staff del Servicio de Cirugía Vascular del Maciel, según adelantó Fernández, “hemos logrado una experiencia importante en el implante de endoprótesis convencionales, tanto torácicas como abdominales. Nuestro proyecto es desarrollar el tratamiento de casos complejos, para lo cual será fundamental la llegada del angiógrafo montado en el ámbito de una sala de operaciones “híbrida”.

Esta denominación es usada para referirse a una sala de operaciones con un equipo de imagenología fijo (angiógrafo), específicamente diseñada para llevar a cabo cirugía convencional y procedimientos complejos guiados por imágenes”.

Destacó el cirujano el invalorable apoyo que hemos recibido del Equipo de Dirección de nuestro Hospital, en especial del director, Dr. Álvaro Villar”, agregando además “la colaboración del Hospital Pasteur en la preparación de nuestro caso, dada la excelente disposición para aunar esfuerzos”, concluyó.

Fenestrada

Son pequeñas ‘ventanas’ u orificios que tiene la pequeña prótesis vascular que se implanta durante la cirugía.

http://www.republica.com.uy/innovadora-operacion/544088/

“Uruguay va hacia donde va el mundo” en política de fármacos


experta
Al momento de tomar una decisión con respecto a si un tratamiento es financiado o no por una institución o el Estado, es necesario que 80% de la información utilizada provenga de técnicos que realizaron un estudio riguroso y objetivo. Así lo afirma la especialista española Laura Sampietro, que viajó a Uruguay para dar conferencias sobre cómo se evalúa un determinado tratamiento o tecnología. Las charlas se enfocaron a gestores de salud, pero también a pacientes, en medio de un escenario de discusión por artículos del Presupuesto que, según expertos en derecho, limitan el acceso a fármacos de alto costo. Según Sampietro, la resolución sobre los medicamentos, que prioriza a la evidencia científica para avalar el financiamiento de un tratamiento, pone “a Uruguay a nivel de los países más desarrollados” en el tema, porque “no se puede dar todos los medicamentos a todo el mundo”.
Cuando se evalúa un tratamiento, ¿se tiene en cuenta que puede evitar enfermedades que luego pueden generar mayores gastos?

Claro que sí. Cuando se hace la evaluación económica se hacen evaluaciones que tienen en cuenta toda la vida del paciente, todas las derivaciones de la enfermedad, cómo va a evolucionar la enfermedad en el tiempo y cómo si das ese fármaco la evolución va a ser diferente.

¿Qué pasos hay que recorrer para tomar una buena decisión?

La evaluación lo que te proporciona es información que no está sesgada, que es objetiva y que se basa en un conocimiento científico y de la realidad del contexto. Utiliza datos que son fiables. No hay ninguna interpretación sujeta a un conflicto de intereses.
¿Qué sucede con los pacientes? ¿Es común que las asociaciones pidan un fármaco, por ejemplo?

Las asociaciones de pacientes hacen mucha presión no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, para que se financie algún tipo de medicamento. Esto es legítimo porque el paciente quiere el medicamento. Lo que se está haciendo en Europa es intentar culturizar a los pacientes. Hay cursos que se dan para que entiendan qué es la evaluación, por qué se financian unos medicamentos y otros no, por qué un fármaco de entrada no se le puede dar de todo el mundo.
Desde el Ministerio de Salud Pública se alega que la regulación de los medicamentos de alto costo se basa en la evaluación científica, algo que antes no se consideraba fundamental. ¿Qué opina de la nueva situación que se plantea en Uruguay?

Es poner a Uruguay a nivel de los países más desarrollados del mundo en este tema. Está yendo hacia donde va el mundo y hacia donde todos los países tienden a ir, porque este problema no es solo de Uruguay. Lo que está claro es que no se puede pagar todo y cuando inviertes en un lado, dejas de invertir en otro. Hay que asegurar que los pacientes que más se van a beneficiar y que más lo necesitan, reciban el tratamiento.
¿Cómo se le explica a una persona que está luchando con una enfermedad que no se puede financiar un tratamiento porque el dinero no alcanza?

Creo que lo que se tiene que empezar a pensar es en una estrategia de más a largo plazo con los pacientes. Ha de haber un trabajo de base y explicarles por qué se hacen las evaluaciones y hacerles entender que ahora tienen esta enfermedad, pero esa enfermedad puede derivar en otra y tal vez no se pueda financiar. Si no, todo es presión y política.

¿Usted cree que es una obligación del Estado financiar ciertos tratamientos?

Lo que tiene que hacer es sacar el máximo provecho de los recursos que tiene y va a tener que priorizar.
Laura Sampietro es cirujana y master en ciencias de la salud pública. Actualmente es la responsable de la Unidad de Evaluación de Innovaciones y Nuevas Tecnologías Médicas del hospital Clínic de Barcelona y colaboró con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los polémicos archivos de la dictadura


HACIENDO HISTORIA

En el tercer piso de la galería Caubarrere, en el Centro de Montevideo, funciona la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. En la puerta hay solo un rótulo que dice Presidencia de la República. Al entrar, dos guardias detrás de un mostrador.

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Álvaro Rico: “Nunca nos han condicionado”

La oficina está conformada por varias salas pequeñas, y tres de ellas contienen buena parte de la historia de la dictadura. Conforman el “archivo de la secretaría”, una figura que se creó en 2011 y recién ahora se está terminando de saber qué contiene.

La primera sala está destinada al ingreso de nueva documentación. Allí, donde el aire acondicionado sale frío, hay varias cajas en el piso y decenas de carpetas de cartón sobre una mesita. Está trancada con llave. Una segunda sala se dedica al tratamiento documental. “Denuncias”, “Testimonios”, “Legajos”, anuncian las etiquetas en cajas y carpetas organizadas en estantes. Tres archivólogos, que conocen en profundidad el contenido, sacan, miran, guardan. Uno de ellos transcribe a la computadora el legajo de un militar. Dicen que es un trabajo “lindo”, pero aclaran que “la descripción técnica de la tortura no es para cualquiera”. La tercera sala es el depósito. Lo que hay allí ya fue leído, procesado e incorporado a la historia oficial. Buena parte de las carpetas tienen la sigla LDD: legajo de desaparecido.

El principal logro de Isabel Wschebor en los siete meses que lleva a cargo de esa secretaría fue realizar un inventario de toda la documentación que hay allí. Una parte todavía se usa a nivel administrativo y judicial; otra parte ya no. Wschebor, una historiadora con formación en archivos, se propuso “poner la casa en orden” y “generar un sistema para que no se vuelva a desordenar”. Hoy dice sonriente que “la casa está empezando a estar ordenada”.

Sin embargo, todavía no tiene claro qué porcentaje de la documentación sobre la dictadura está allí, en su archivo, y qué tanto está fuera. Lo que se sabe es que hasta el momento han aparecido 24 archivos, 11 de ellos estatales. Parte de la información reside en el Archivo General de la Nación, parte en el Ministerio del Interior, otro tanto en el de Relaciones Exteriores, y así por decenas. Wschebor ha procurado tener copias de varios de ellos.

En estos 10 años de búsqueda de información sobre desaparecidos, los documentos encontrados han sido millones, la forma de procesarlos ha sido más bien artesanal, y las personas involucradas en ese trabajo han variado. ¿Con qué criterio? Con el de quien ha descubierto el archivo.

Sucedió, por ejemplo, cuando en febrero de 2006 la ministra Azucena Berruti encontró, en base a una denuncia anónima, 1.140 microfilmaciones de la Inteligencia militar en el exCGIOR, una escuela de contra inteligencia. En ese entonces, la ministra Berrutti acudió al lugar y lacró la habitación en la que aparecieron los materiales. Se negó a abrir los archivos y puso a dos personas de su confianza a trabajar en la digitalización de la información. Las personas eran María del Carmen Martínez (integrante de Familiares de Desaparecidos y detenida en el centro clandestino Orletti) y Jorge Tiscornia, un ex tupamaro que estuvo preso en el Penal de Libertad entre 1972 y 1985, conocido por haber escrito “el almanaque más grande del mundo” durante su reclusión.

Berruti los nombró por designación directa, sin concurso previo y a través de un contrato de obra por dos años. La oposición sacó chispas por este tema. El Partido Nacional reclamó tener representantes o veedores independientes, pero no tuvo eco. Berruti argumentaba que había muchas mentiras en las microfilmaciones, por lo que la tarea era solo para entendidos.

En ese entonces ya se había formado el equipo de historiadores de la Udelar, creado justamente para la investigación histórica de la dictadura. Álvaro Rico, hoy decano de la Facultad de Humanidades, era el coordinador del grupo y hoy es el supervisor. Sin embargo, los historiadores recién accedieron a la información -no a toda, pero sí a buena parte- años después, cuando el siguiente ministro, José Bayardi, resolvió dejar las microfilmaciones digitalizadas en el Archivo General de la Nación.

-¿No correspondía que ustedes hicieran ese análisis?

Sentado en el despacho del decanato, Rico piensa y se queda en silencio.

-Uno podría pensar que perfectamente ese archivo, revisado en un ámbito tan reservado, pudo ser depurado- se le insiste, y entonces el decano se sincera.

-Sí, podés pensarlo. Hay una cuota de voluntad reservada a los jerarcas. Después las cosas se encauzan a partir de la legislación o de un criterio más armónico y general para todos los organismos.

La legislación que menciona es un conjunto de tres leyes que refieren al tema: la de protección de datos personales y acción de “habeas data”, la de derecho de acceso a la información pública y la que crea el Sistema Nacional de Archivos. Las tres se aprobaron en 2008.

Si bien ninguna describe qué hacer si aparece un archivo (y menos aun referido a la dictadura), la última de las tres le da al Archivo General de la Nación (AGN) la rectoría del sistema.

Podría suponerse que desde la aprobación de esa norma, el AGN pasó a ocuparse de leer y analizar los siguientes archivos que aparecieron, pero no fue así. En 2012, por ejemplo, se descubrieron en el museo MAPI, ex sede de Defensa, 60 cajas con fichas que en un primer momento todos atribuyeron a la época de la dictadura. El director del museo, Facundo de Almeida, llamó a la Intendencia y allí resolvieron dar cuenta al equipo de Rico. Durante meses dos historiadores estudiaron el material en una sala cerrada del MAPI. Escribanos municipales hicieron un inventario. Al final resultó que los documentos no revelaban nada sobre desaparecidos ni asesinatos políticos. Y el AGN no intervino en el proceso.

Ahora volvió a suceder. El viernes 2 de octubre, tras una denuncia del secretario de Derechos Humanos, Javier Miranda, la Justicia allanó la casa del coronel recién fallecido Elmar Castiglioni, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se presume que allí hay información que puede llegar a aclarar la muerte de Fernando Miranda, padre de Javier. Hace más de 20 días que las 60 cajas incautadas por la jueza Beatriz Larrieu están, según supo El País, en un limbo institucional, a la espera de que la jueza y el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, resuelvan quién debe abrirlas (ver más información en el recuadro).

A Wschebor, una mujer sonriente y de voz dulce, se le ensombrece la cara cuando se le pregunta sobre las “garantías” en caso de que un nuevo archivo -el de Castiglioni u otros que puedan aparecer- contenga información que involucre o perjudique a personas que hoy están en la función pública. Primero pide “no fantasear con información que no se conoce” (“habría que volver a leer a Freud, porque la capacidad de imaginar es inimaginable”). Segundo, advierte que la desclasificación viene después del tratamiento judicial o administrativo, y que dependerá de ciertos “plazos precaucionales”, que en Uruguay son 30 años desde el momento de la producción del documento. A su juicio, “la información sobre personas que están en actividad hoy debe estar reservada”.

Y cuando se le insiste sobre cómo pueden estar tranquilos los uruguayos de que no se esconderá nada sobre personas en el poder, su respuesta es: “Nosotros damos garantías desde nuestra jerarquía administrativa”. Si llega documentación nueva a la secretaría -como ha llegado cantidad en estos meses, según afirmó-, sus palabras son dos, y a ellas se aferra: “¡Al archivo!”. Y ahí, quienes tienen el cometido de analizar en primer lugar las características de la información son, de acuerdo al protocolo de la secretaría, funcionarios de Presidencia. Para Wschebor, esa debe ser garantía suficiente, porque son personas en servicio público. “Es tan frágil la institucionalidad en Uruguay en este tema, que entramos en especulaciones de las que hay que salir”, concluye.

Para el senador Javier García, a quien le preocupa el asunto desde aquel hallazgo en el exCGIOR, es necesario que haya un marco legal sobre cómo proceder en la desclasificación de documentos, tal como sugiere la Unesco. “El Ejecutivo de entonces ya manejaba el tema a su criterio y sin garantías para nadie. Ahora, lo de Castiglioni refuerza el reclamo que estoy haciendo: debe haber una ley con garantías necesarias para las partes involucradas”, advirtió García. “Me preocupa que solo esté involucrada gente afín al gobierno. Estamos hablando de archivos que pueden tener pesquisas, nombres. Estamos hablando de posibles funcionarios públicos hoy”, planteó.

Piezas de un puzzle.

Cuando se conformó el equipo de historiadores, en 2005, el único archivo de la dictadura con el que se contaba era documentación reunida entre 2000 y 2003 por la Comisión para la Paz. Eran esencialmente legajos de los detenidos desaparecidos, combinados con testimonios y notas periodísticas.
“Cuando empezamos, pensamos que ese era el único archivo y que el resto había sido quemado o destruido. Pero luego empezaron a aparecer”, dijo Rico.

Desde entonces, equipos de 8 o 9 personas en promedio -lo conveniado entre Udelar y Presidencia-, sobre todo estudiantes avanzados o grados 1 y 2, han leído millones de documentos en busca de pequeñas piezas del puzzle de la historia. Aunque han permitido reconstruir el contexto, hasta ahora ninguno de los archivos ha revelado datos sobre dónde están los desaparecidos. Pero si tienen en cuenta cómo empezaron y lo que han avanzado, ellos no pierden la esperanza.

“Durante más de dos años, y en forma artesanal, tres personas trabajamos en la Dirección Nacional de Migración, revisando libros sobre entradas y salidas de 18 puntos cardinales, hoja por hoja, buscando algún represor o alguna víctima que hubieran usado su nombre original para entrar o salir de Uruguay”, contó Rico. ¿El resultado? “Muy modesto”. Se reconstruyó el viaje legal de dos familias solamente.

El trabajo de los historiadores también ha tenido, en ocasiones, cierta cuota de resistencia. Rico recuerda el tiempo que les llevó flexibilizar las condiciones de acceso al archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y cómo debieron aprender de a poco la “jerga” con la que nombrar algunos documentos. En otros casos el esfuerzo ha sido más bien físico, como cuando revisaron un archivo de 300.000 fichas clínicas de Sanidad Militar en un una sala que Rico describe como “insalubre”, y de la que “había que salir a respirar cada tanto”.

Sobre lo “artesanal” de la tarea, y sobre lo escaso de los recursos, todos están de acuerdo. Y cuando se indaga sobre la causa del aparente divorcio entre el discurso oficial, los reclamos de verdad de unos y otros, y las condiciones de trabajo, la respuesta apunta, también, a un mismo lugar: la debilidad institucional.

Pablo Chargoña, abogado de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entiende que existe en el Estado una gran “atomización” en materia de cuidado de los archivos de la dictadura. Para él, no se ha invertido lo suficiente en recursos humanos y capacitación para su estudio. “Falta coordinación y ese es un problema adicional. Hay un ejercicio funcional muy disperso y nos preocupa”, dijo. No obstante, elogió la nueva gestión y la intención de hacer un registro. “Hay una actitud diferente”, dice cuando compara a Wschebor con su antecesora, Graciela Jorge. “Con ella no teníamos contacto. No adjudico intenciones, pero hay un cambio de actitud frente a la tarea”, advirtió.

El exministro de Defensa, José Bayardi, sostiene que hay problemas institucionales a la hora de manejar los archivos de la dictadura. “Todo debería estar centralizado y el lugar natural para esto es el Archivo General de la Nación”, opinó.

Wschebor discrepa: para ella, es entendible que cada institución conserve su archivo. “Hay muchas cosas de la historia de las instituciones que no terminan o empiezan el 27 de junio de 1973”, dijo. A su juicio, lo importante es que existan protocolos comunes entre todos los que manejan archivos con información relativa al período. “En eso estamos”, aseguró. Han empezado a hacer reuniones periódicas.

En la secretaría que dirige trabajan 12 personas. Aunque sienten que son pocos, se han propuesto “dar antes de reclamar”. Un pizarrón de su oficina contiene una lista de tareas pendientes: “Hoy no tenemos la tecnología que precisamos”, dice en una parte. “Red: necesitamos mejorar”, alega en otra. Y también: “Mejorar el tema contactos de la secretaría”.

Wschebor también es crítica respecto a la institucionalidad, pero en otro sentido. Ella reclama que se implemente la ley del Sistema Nacional de Archivos y que se generen lugares para albergar documentación, algo que a su entender es una “urgencia de todo el país”. Más importante, aun, que la decisión de cómo procesarla.

Presidencia elige historiadores para leer el archivo Castiglioni

Hace más de 20 días que la jueza Beatriz Larrieu incautó unas 60 cajas del domicilio del excoronel Elmar Castiglioni, material que posiblemente contenga información sobre la dictadura. Sin embargo, hasta ahora no se ha resuelto quiénes leerán y procesarán la documentación.

En una resolución con fecha 9 de octubre, Larrieu dispone que “dicho análisis sea llevado a cabo por técnicos en la materia que actuarán bajo la más estricta reserva en calidad de peritos”. Y resuelve que se designe para el cumplimiento de esa tarea al Archivo Judicial de expedientes Provenientes de la Justicia Militar (Ajprojumi), coordinado por Elba Rama. A su vez, solicita que “la Secretaría de Presidencia se sirva disponer la participación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente mediante la designación de dos historiadores de dicha secretaría, coordinando con Ajprojumi y a disposición de la sede”.

Es decir, Larrieu no se despoja del archivo, e indica una coordinación entre el archivo judicial y la Secretaría de Presidencia. Según supo El País, el interlocutor de Presidencia en estos temas es el prosecretario, Juan Andrés Roballo. Y hasta el momento Roballo no se ha comunicado ni con la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor, ni con el encargado del equipo de historiadores de Udelar, Álvaro Rico.

Otra polémica se ha desatado en torno al “archivo Castiglioni”, y responde a los motivos por los que demoraron tanto en incautarlo.

-¿Se podría pensar que se esperó a la muerte de Castiglioni para ir a buscar las archivos?

-Sí, es una posibilidad que hayan esperado a que se muriera. Es una lectura posible de los hechos porque no está claro cuál ha sido el procedimiento para ir a buscar esa información, responde Pablo Chargoña, abogado de Familiares de Detenidos de Desaparecidos y otras organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Chargoña sostiene que el Poder Ejecutivo tenía conocimiento de la existencia del archivo Castiglioni desde 2008, pero los sucesivos ministros de Defensa estuvieron omisos hasta su fallecimiento. Sin embargo, el exministro de Defensa, José Bayardi, niega haber tenido conocimiento del tema cuando asumió la titularidad del ministerio el 3 de marzo de 2008. “Nunca supe que antes de que yo asumiera se hubiera llevado adelante una operación de contra inteligencia y que se haya dado con esos archivos. Nunca nadie me lo comunicó”, dijo Bayardi a El País. Agregó que se ha tejido “una novela” en torno al tema y su participación. “Yo no tranqué nada”, insistió.

Chargoña dijo que a las organizaciones que representa han llegado versiones sobre otros archivos en domicilios particulares de militares, y Rico entiende que es una posibilidad real. Bayardi, si bien dice no tener información al respecto, considera que por las características de la dictadura resulta difícil que así sea. “Si ocurrió, no creo que haya formado parte de una orden institucional de robar u ocultar archivos. Fue una dictadura burocrática que dejaba todo por escrito”, explicó.

Sobre los archivos de Castiglioni, Bayardi entiende que su incautación es “muy importante” aunque debe ser analizada “con cuidado” porque se trata de una colección de un particular que operó en el área de inteligencia y “conoce muy bien todos estos operativos, por lo que podría haber información plantada”. “Quien lea esto debe tener experiencia y saber de inteligencia para distinguir lo real de lo falso. Esto parece ser la obra de alguien obsesionado con la inteligencia”, advirtió.

Rico contó que en estos 10 años de trabajo les ha tocado “periciar” documentos. “Ya hemos desarrollado cierta capacidad de establecer por lo menos dudas, o directamente decir ‘son apócrifos’ porque tienen sellos que imitan cierta unidad militar o firma. La dictadura mentía, escondía o disimulaba fuentes de información”, aseguró.

Chargoña espera que los archivos Castiglioni tengan un tratamiento adecuado. “Hay muchos problemas con la dispersión de información y el acceso a ella porque si quisiéramos pedir algo, no sabemos cómo hacerlo. Las organizaciones de derechos humanos hoy no saben qué tipo de información tiene la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Estamos a ciegas”, dijo.

http://www.elpais.com.uy/que-pasa/polemicos-archivos-dictadura.html

 

Reclaman que medicamentos se evalúen fuera de órbita del MSP


presidente de smu
Presidente del gremio médico dijo que debe existir un órgano independiente
Para el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, la evaluación de tecnologías de la salud, como los medicamentos, debe ser realizada por un organismo independiente al Ministerio de Salud Pública (MSP), algo que en Uruguay no sucede. “Estamos convencidos que las decisiones técnicas deben estar separadas de las decisiones políticas. Y las evaluaciones tecnológicas y de los beneficios sanitarios de la tecnología de alto costo tiene hoy que tener una base preminentemente técnica”, sostuvo durante la apertura de un curso internacional sobre el tema.
Trostchansky destacó la necesidad de que exista una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías y que, a partir de esa evaluación, serán los políticos y gobernantes los que podrán tomar una decisión, “partiendo de la base de que hay una opinión independiente de quien lo va a financiar”, informó el portal del SMU, Ser Médico.

En entrevista con El Observador, la experta española en evaluaciones sanitarias Laura Sampietro manifestó que no necesariamente una agencia de evaluación debe estar separada del órgano político de la salud. De hecho, Sampietro sostuvo que en la mayoría de los países del mundo las agencias nacen primero dentro de la órbita del ministerio de salud y, en ciertos casos, se independizan.
Sampietro dijo que, a pesar de que las agencias estén dentro de la órbita de los ministerios, están lideradas por experttos en el tema que no tienen un rol político, sino meramente técnico y, por ende, no debería existir un conflicto de intereses.

El curso fue organizado por el MSP y el Fondo Nacional de Recursos (FNR), las facultades de Medicina y Química de la Universidad de la República y las agrupaciones de profesionales pertenecientes a la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay y el SMU, y contó con la cooperación de la OPS

Jóvenes piden tener clase y más compromiso a docentes


En el 8º Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciclo Básico, los liceales desafiaron a los profesores a repensar su forma de enseñar
compromiso

“De qué nos sirve exonerar una materia, si al año siguiente no sabemos nada?”, cuestionó una estudiante a la inspectora general de Secundaria, Margarita Grun, mientras esta intentaba calmar los ánimos de unos 90 adolescentes, aproximadamente, que reunidos en Raigón (San José), en el 8º Encuentro Nacional de Estudiantes de Primer Ciclo, reclamaban la presencia de docentes en todas las asignaturas. Grun les explicaba que si no tenían profesor en alguna materia, el sistema preveía la exoneración. “Yo sé que lo que ustedes están pidiendo es aprender y eso es muy loable”, añadió la jerarca.

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La discusión se instaló luego de que una estudiante de tercer año del liceo de Shangrilá planteara en el plenario final del encuentro la ausencia de profesor de biología que había padecido desde que comenzó el año hasta hace un mes atrás, cuando un docente tomó las horas. “Estuve seis meses sin profesor. Ahora tengo a uno (en la materia) y probablemente me vaya a examen”, señaló. La joven explicó que si bien su grupo tenía una profesora asignada a principio de año, concurrió solamente a la primera clase y les comunicó que por problemas de salud iba a ausentarse por unos meses.

La situación narrada indignó a la mayoría de los estudiantes presentes, todos ellos representantes departamentales elegidos por sus propios compañeros. “Habría que pedirle a los profesores un poco más de compromiso”, afirmó otra alumna, después de pedir la palabra. “Son nuestros principales ejemplos, después de nuestras familias, y lo que nos están enseñando es a faltar y a no cumplir con las obligaciones”, agregó.

Enseñar con onda

La preocupación de los estudiantes sobre la ausencia de profesores y el trabajo docente estuvo presente durante todo el plenario. Es que dos de los siete puntos del informe final que elaboraron en el encuentro para presentar a las autoridades del Consejo de EducaciónSecundaria (CES) hacen referencia a ello. En el cuarto punto solicitan nuevos métodos de enseñanza y evaluación docente. En el quinto piden “liceos que funcionen de forma más atractiva”.

La enunciación del cuarto punto establece que “los estudiantes se aburren porque los métodos de enseñanza son muy tradicionales: el profesor habla y los alumnos escriben”. Para remediar esta situación, proponen utilizar métodos más dinámicos en las aulas y mayor dedicación de los profesores.

“Sabemos que los profesores están aptos para cambiar sus formas de enseñar porque así se lo enseñan en el Instituto de Profesores Artigas, entonces les pedimos que piensen cómo enseñan y lo cambien”, manifestó con firmeza un alumno. Inmediatamente, una de sus compañeras pidió la palabra: “Para mí, tiene mucho que ver la onda con la que el profesor entra a clase. A mí no me gusta ir a clase con alguien que tiene mala onda. Entonces, les pediría que metan más onda. Esto tiene mucho que ver con la motivación de los estudiantes”, expresó. El aplauso fue generalizado.

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Para que el liceo sea más atractivo, los jóvenes pidieron extender el horario algún día de la semana, de forma de no tener clases los sábados, que en el centro no haya solamente salones de clase, sino también espacios de recreación como gimnasios y canchas, y abaratar los precios de las cantinas. También reclamaron más tutorías, horarios más extensos en las bibliotecas y agilizar los trámites para que la asignación de suplencias no demore tanto y, así, se pierdan menos clases por falta de profesores.

Nuevos planes

La seriedad con que los estudiantes plantearon el problema obligó a algunos de los docentes presentes a intervenir. “Lo que les podemos decir es que se está trabajando y se está avanzando”, dijo desde el fondo una profesora. Según transmitió, el CES está trabajando en la extensión de las aulas virtuales, con el objetivo de utilizarlas desde cualquier punto del país en caso de escasez de profesores. También intervino la inspectora Nelly Díaz, que al igual que Grun asistió representando a las autoridades del CES. “Se está trabajando en la elaboración de cursos básicos, que estarán disponibles en plataformas, para que ustedes puedan acceder en caso de que no tengan profesor en alguna materia”, señaló. Adelantó que el sistema quedará instrumentado para 2016.

Espacios para quienes “hacen nada”

Los estudiantes también reclamaron por mayor seguridad en los centros educativos y por la desvinculación de sus pares. En cuanto a la seguridad, plantearon los problemas que ocasionan el ingreso al liceo de personas ajenas a la institución y la presencia de grupos callejeros en sus inmediaciones. Una alumna llegó a plantear que más que construir liceos, las autoridades debían preocuparse por construir “espacios” de recreación y formación para los grupos que se encuentran fuera del liceo. “Son personas que durante el día no hacen nada porque no a todos nos gusta lo mismo”, señaló. Para atacar la desvinculación, los estudiantes propusieron trabajar con las familias y “establecer mejores vínculos entre docentes y estudiantes”. También, plantearon “concientizar sobre la importancia de la educación”.

http://www.elobservador.com.uy/jovenes-piden-tener-clase-y-mas-compromiso-docentes-n687939

En Fray Bentos buscan contrarrestar pesticidas


INICIATIVA PARA DISMINUIR CONTAMINACIÓN EN CURSOS DE AGUA

Una interesante experiencia se está desarrollando en la Escuela Agraria de Fray Bentos a iniciativa de la Udelar, UTU y el LATU.

pesticidas

La experiencia se está desarrollando en la escuela agraria de Fray Bentos. Foto: Archivo

Allí se instaló el primer “lecho biológico” con innovación uruguaya para la descontaminación de sitios altamente impactados por los pesticidas. La experiencia se aplicará en principio entre productores de Río Negro, sobre la base de un proyecto financiado por el Banco Mundial.

Se trata del resultado de los estudios de postgrado de la licenciada Anisleidy Rivero Machado, iniciativa que fue financiada por el fondo “María Viñas”. El proyecto permite minimizar el impacto de la agricultura extensiva y el uso intensivo de agroquímicos, que cambió en los últimos años el escenario ambiental del país.

“Es un proyecto de muchos años de trabajo sobre una idea desarrollada entre el LATU y la Facultad de Química, que están preocupados por encontrar una solución a un problema medioambiental como la contaminación de los cuerpos de agua con agroquímicos. Estuvimos buscando bibliografía internacional y vimos que el uso de camas biológicas como un biorreactor sólido, para eliminar estos compuestos, podía ser una vía de solución. Empezamos a usar un modelo sueco, en el que se usan implementos muy baratos como afrechillo, turba y tierra. Esos componentes se mezclan con un hongo”, informó Rivero a El País.

Explicó que este proceso, a nivel científico, se conoce como biorremediación, para restaurar ambientes afectados. “Los compuestos llegan hasta dióxido de carbono y agua con la ayuda de un hongo que hemos aislado de podredumbre blanca de la madera en bosques de eucalipto. Nosotros vamos a hacer que ese hongo sea responsable de la biotransformación y será nuestro aporte a la innovación”, explicó la estudiante y funcionaria del LATU, que cuenta para el trabajo de campo con el apoyo de profesores y estudiantes del curso de tecnólogo ambiental que se dicta en UTU.

Estos hongos poseen poderosos sistemas enzimáticos que pueden descomponer moléculas de reconocida toxicidad, que no serían fácilmente degradadas, empleando otro tipo de tecnologías. Compuestos como endosulfán (insecticida y acaricida organoclorado, altamente tóxico) y el clorpirifos (insecticida organofosforado), cuyos metabolitos de degradación tóxicos poseen en el ambiente una vida media de meses a varios años y por efecto de la lluvia y erosión, pueden diseminarse hasta las corrientes de agua. Con este método, son degradados en cuestión de días.

¿Qué son?

Los biobeds o lechos biológicos son biorreactores diseñados de forma muy económica para degradar pesticidas persistentes rápidamente, impidiendo su diseminación al medio ambiente. Es una herramienta muy empleada en Europa para tratar focos donde se pueden generar altos niveles de contaminación, como es el caso de las zonas de carga y descarga de las máquinas que aplican agroquímicos y el lavado de la maquinaria empleada con este tipo de concentrados.

“La idea es usar una especie de camas para que el triple lavado, los enjuagues o las diluciones preparadas, o el uso del enjuague de las mochilas que usan los productores, sean vertidos y se transforme el agroquímico por el hongo. Teniendo en cuenta que una gota del compuesto activo, según estudios científicos, puede llegar a contaminar hasta 10.000 metros cúbicos de agua, estamos ante una problemática que tenemos que tener muy en cuenta”, destacó Rivero.

La salud de los humanos ante el abuso de los agroquímicos

“Esto sobre lo que estamos trabajando es una forma segura y de bajo costo que permite gestionar desechos peligrosos de agroquímicos, que de otra manera pueden diseminarse a los suelos y las aguas, con los consiguientes riesgos de contaminación difusa. Cuando los agroquímicos no son usados conscientemente, porque mas no quiere decir que es mejor, pueden entrar en las cadenas tróficas y afectar la salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente en general. Por eso es importante controlar las fuentes donde la contaminación puede ser más aguda, porque se puede llegar a combatir”, explicó a El País la responsable del proyecto.

Anisleidy Rivero indicó que los trabajos se encuentran en su fase final. “Es fácil hacer el reactor y lo único que precisamos es reproducir el hongo en un cantidad significativa. Tenemos armado todo el sistema y la idea es empezar a trabajar con los productores de Río Negro sobre la base de un proyecto financiado por el Banco Mundial”, agregó.

El suelo se contamina de diversas formas: cuando se rompen tanques de almacenamiento subterráneo, cuando se aplican pesticidas, por filtraciones del alcantarillado y pozos ciegos, o por acumulación directa de productos industriales o radioactivos. En Uruguay, el uso de los pesticidas ha tenido un peligroso avance en los últimos años con el desarrollo de la agricultura.

http://www.elpais.com.uy/informacion/fray-bentos-buscan-contrarrestar-pesticidas.html

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