Víctimas de torturas declararon ante el juez en predio militar

El magistrado dijo que las modificaciones arquitectónicas son “normales”
torturas
María del Carmen Maruri tenía 23 años cuando fue al cine Central el 25 de agosto de 1972 a ver una película junto a su pareja y compañero de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T). Un grupo de militares paró la función cinematográfica, los detuvo y los trasladó, encapuchados, al Batallón 13, junto a la Gruta de Lourdes. Los militares le dieron allí la paliza de recibimiento, la pincharon con agujas, le pegaron con una paleta de frontón. Maruri estaba embarazada de cuatro meses. Ayer volvió al batallón para reconocer el lugar y brindarle su declaración al juez Pedro Salazar, que investiga las torturas ejecutadas antes y después del golpe de Estado de 1973. “Es una cosa muy removedora”, dijo Maruri a la prensa al salir del batallón.
La visita ocular al batallón 13 y al 300 Carlos, otro centro clandestino de detención y tortura junto a la Gruta de Lourdes, comenzó a la hora 14. Durante cuatro horas, el juez Salazar recorrió el lugar tomándole testimonios a siete víctimas de las torturas, representados por el abogado Pablo Chargoñia.

También estuvo presente la abogada Rossana Gavazzo, hija del teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, preso desde 2006 por múltiples acusaciones de violación a los Derechos Humanos durante la dictadura.

El juez limitó la cantidad de testigos a siete y explicó al salir del batallón que lo hizo “porque había que poner un límite razonable”. Cuatro hombres que también estuvieron detenidos y fueron torturados en ese predio militar quedaron afuera del batallón, entre ellos, Néstor Rodríguez.
Rodríguez y su pareja, Emilia Ruzo, eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) cuando en una madrugada de julio de 1976 irrupieron en su casa Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y otros militares. Rodríguez, que además militaba en el sindicato de Funsa, fue trasladado junto a su pareja al batallón 300, que reconoció ayer el lugar donde la torturaron.
Aunque Rodríguez no pudo declarar ante el juez, contó a El Observador que en ese batallón fue “colgado”. Los militares ataban sus manos a sus espaldas y lo levantaban con un soga. “Se me abría el pecho y te ibas hundiendo”, recordó.

Hubo modificaciones edilicias
El abogado Chargoñia presentó la denuncia penal en 2011 y, desde entonces, más de 40 personas que fueron torturadas en el Batallón 13 y el 300 Carlos declararon ante el juez Salazar.
Maruri pudo reconocer ayer las baldosas del piso sobre las que amamantó a su hijo recién nacido. “Pude reconocerlo perfectamente porque no estuve vendada todo el tiempo”, aclaró. “Estuve vendada 15 días, pero los restantes siete meses me sacaron al recreo a la Plaza de Armas. Mis familiares venían a la Gruta de Lourdes y nos reconocíamos a 200 metros de distancia. Nos agachábamos y nos parábamos. Así nos íbamos reconociendo. Y así sabían que estábamos vivas y bien”, recordó.
De todas maneras, Maruri advirtió que hubo reformas de varios espacios. El juez Salazar aseguró a la prensa que esas modificaciones edilicias son “normales, por el transcurso del tiempo”.

En contraposición, el abogado Chargoñia cuestionó esas reformas. “Los lugares de represión tienen que ser resguardados por razones de verdad y justicia”, aseguró. Al abogado le llamó la atención que el Ministerio de Defensa Nacional no informara al Poder Judicial sobre estas reformas y advirtió que la Justicia podría solicitar que no se modificaran estos sitios.

A pesar de estas reformas, las personas que sufrieron las torturas recordaron los hechos y mencionaron a los autores. “Siento que sigue mi lucha”, aseguró Maruri. Y agregó: “Todos tenemos que lidiar con nuestras historias. Estas historias son muy fuertes. Yo tengo a mi hijo. Me siento hasta una afortunada. Hay otros que no lo pueden contar. Por las que no lo pueden contar, acá estamos”. l

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