CEPAL DICE QUE PROFUNDIZA LA VULNERABILIDAD DE LA FAMILIA
La primera investigación sobre los efectos de suspender el pago de la asignación por no enviar a los beneficiarios a estudiar concluye que la medida no ayuda al cumplimiento de la contraprestación y vuelve más vulnerable al núcleo familiar.
Familias que dejaron de percibir asignación desconocen los motivos. Foto: Archivo El País.
El desconocimiento por parte de los padres de los derechos y deberes que impone recibir una prestación del Estado y la ausencia de dispositivos del gobierno que les permita acceder a información y recuperar los cobros una vez que son suspendidos, son, entre otros, aspectos que quedaron de manifiesto en el trabajo «Programas de transferencias, condicionalidades y derechos de la infancia», publicado por Cepal. El trabajo analiza la decisión de suspender los pagos de la asignación por incumplir con la contraprestación.
En diciembre el Ministerio de Desarrollo Social y el BPS informaron que hay 36.798 asignaciones familiares suspendidas porque los menores no concurren a estudiar o tienen un alto número de faltas sin justificación.
El trabajo de la Cepal, realizado en base a una serie de entrevistas con las familias que perdieron el beneficio, sostiene que en el caso uruguayo «las condicionalidades, y, sobre todo la forma en que se han aplicado las sanciones, pueden estar operando, al menos en un determinado grupo de beneficiarios, como un instrumento que empuja a las familias hacia una mayor vulnerabilidad».
Agrega que las condicionalidades tienden a obstaculizar el cobro de la transferencia por factores que, en gran parte, suelen ser ajenos a la voluntad de los beneficiarios.
El documento, publicado en noviembre, fue elaborado por Cecilia Rossel, consultora de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), bajo la supervisión de María Nieves Rico, oficial de Asuntos Sociales de la Cepal.
La investigación sostiene que hay debilidades en el acceso a la información que tienen los beneficiarios sobre los derechos y deberes y los requisitos para acceder a la prestación. «Se evidenciaron confusiones a la hora de identificar tales requisitos. También es visible el desconocimiento de la existencia de contrapartidas y a quién acudir para solicitar información sobre estos aspectos. Esto trae aparejado dificultades en relación con la apropiación de las reglas del juego por parte de las familias, ya que desconocen incluso los procedimientos necesarios para volver a recibir la asignación y, por lo tanto, el derecho al reclamo y/o consulta no se cumple».
Afirma que surgen como causales de no cumplimiento diversas situaciones de vulnerabilidad que para las familias no son posibles de solucionar de modo que se les permita volver a cobrar la transferencia en el corto plazo».
También señala que resulta necesario reflexionar sobre el resultado de suspender la transferencia y si logra cumplir con el cometido de modificar o promover conductas para que padres y madres lleven a sus hijos al centro educativo y a los controles médicos. «El estudio muestra en varios casos que la quita de la asignación familiar, lejos de crear un efecto positivo para el cumplimiento, termina por empeorar su situación, vulnerando más aún el cumplimiento de los derechos de esta población. Con este panorama se pone de relieve la necesidad de contar con dispositivos donde estas familias que incumplen sean captadas e integradas a otras políticas existentes de apoyo y seguimiento, y donde se pudieran trabajar estos factores que no solo son responsables de las inasistencias o abandono del sistema educativo, o la no realización de controles periódicos, sino que vulneran otros derechos de los niños, niñas y adolescentes o de las mujeres, como el de un nivel de vida adecuado», afirma.
Y acota que «la existencia de contrapartidas parece dejar de ser pertinente cuando se evidencia que el control de ellas con la consiguiente quita no es un fenómeno que las familias tengan internalizado. Esto es, las familias no perciben la posibilidad de la quita de la prestación como un factor que los obligue a cumplir con dichas exigencias».
Las expertas entienden que resulta «claro» que «existe el riesgo de contar con un mecanismo que controla sin procesar ni entender con claridad lo que está por detrás de la causa de incumplimiento, impidiendo por tanto llegar más lejos que una política que ofrece una ayuda sin brindar apoyo para el cumplimiento de lo que se exige y, por tanto, modificar las conductas de las familias en la línea de lo buscado originalmente».
Explica que varios jóvenes abandonaron los estudios para empezar a trabajar y desmotivados por el sistema educativo.
«Es claro que en estos casos, la quita de la prestación no parece generar un cambio en relación con la asistencia al sistema educativo, pero tal como está diseñado el procedimiento de la quita tampoco genera ningún dispositivo claro de apoyo para estos jóvenes», concluye.Cepal, asignación familiar, suspensión, escuelas, educación
Problemas en la gestión de la medida
n La investigación de la Cepal detectó, como un elemento que aparece con fuerza en las entrevistas realizadas a las familias que perdieron la asignación familiar, los déficit y problemas visualizados por los beneficiarios en el proceso de suspensión de la transferencia, así como los errores vinculados a la gestión de esta medida, de la que muchos se enteraron el día de cobro.
«En varias entrevistas se puso de relieve el problema que significó para las familias que la información de asistencia educativa utilizada para monitorear el cumplimiento de la condicionalidad solo considerara los centros educativos públicos y dejara fuera los centros de educación no formal o los jardines de infantes privados. Una de las entrevistadas dijo «… [mis hijos] van a una escuela de oficios Don Bosco (…) no tienen ninguna falta. Una de ellas tiene una falta porque fue al médico y la otra tiene un diploma de 0 faltas (…)» (Flavia).
«… [tenía certificados de asistencia] sí, del jardín sí, pero no le sirven para la asignación (…) cuando la nena empiece la escuela si a la nena no le dan la asignación no sé qué voy a hacer, ¿viste?» (Lucrecia).
http://www.elpais.com.uy/informacion/estudio-objeta-que-se-quite.html
Comisión de Salud Laboral 