Estudio dice no es tan fuerte como en otros países pero «se intensifico»
En Uruguay existe un «incipiente pero igualmente relevante» incremento de los casos de demandas judiciales por acceso a medicamentos que se «intensificó» en 2008, indica un estudio internacional.
Un reciente estudio regional advierte el «incipiente pero igualmente relevante» fenómeno de la judicialización en Uruguay de casos de protección del derecho a la salud, sobre todo, vinculados a la presentación de demandas reclamando el acceso a medicación por parte de pacientes.
«La judicialización, vista como el proceso creciente de reclamos presentados ante los jueces en protección del derecho a la salud, tiene diferente profundidad, alcance e impacto diferencial en los países de Latinoamérica. En algunos de ellos, el fenómeno representa un alto porcentaje de los casos que se tramitan ante los tribunales que atienden en acciones de amparo o tutela, mientras que en otros, la litigación se limita a unos pocos. La situación se ha vuelto manifiesta en algunos países como Brasil, Colombia y Costa Rica, y es también visible en Argentina. En Chile, Perú y Uruguay el fenómeno es más incipiente pero igualmente relevante», dice el estudio.
El trabajo indica que en 2008 «el proceso de judicialización se intensificó» tanto «en el número de reclamos como en las prestaciones reclamadas, incrementándose en el 2009 aunque sin alcanzar dimensiones graves como en el caso de Brasil, Colombia y Costa Rica».
«El fenómeno se comenzó a percibir como un problema serio a nivel local por parte de los prestadores, reguladores y financiadores del sistema de salud», sostiene el trabajo del grupo denominado SaludDerecho, que está integrado por diversas organizaciones internacionales, entre ellas el Instituto del Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
El trabajo, publicado en el libro «Diálogos construyendo futuro en Derechos Fundamentales-Una experiencia latinoamericana sobre procesos de cambio en derecho a la salud y políticas públicas», señala que en Uruguay «se reclaman únicamente medicamentos no priorizados porque no hay incumplimiento de los prestadores en relación a los priorizados».
El documento, que está disponible desde ayer en el sitio web del Poder Judicial, indica que en Uruguay se creó una base de datos electrónica para que los magistrados que reciben reclamos de este tipo puedan consultar jurisprudencia sobre la temática. Sin embargo, el documento sostiene que «los jueces aún no han interiorizado dicha consulta como parte de su dinámica cotidiana».
«Este `fracaso` nos enseña que hay algo más que debe estudiarse o hacerse para que los jueces se incentiven y desarrollen el hábito de utilizar la información allí contenida», expresa el informe, en el que en nombre de Uruguay participaron la directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (Ceju, institución del Poder Judicial donde se forman los jueces), Nilza Salvo, la abogada asesora del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Leticia Gómez y el abogado y socio del estudio Rueda, Abadi & Pereira, Santiago Pereira Campos.
«En Uruguay, a partir de diciembre de 2013, las dos entidades que son objeto más frecuentemente de sentencias de condena por prestaciones no priorizadas (Ministerio de Salud Pública y Fondo Nacional de Recursos) han emprendido una actividad de registro y seguimiento del cumplimiento efectivo de las sentencias, así como de la efectividad para el paciente de la aplicación de la prestación no priorizada», agrega el informe del grupo SaludDerecho, en su capítulo sobre Uruguay en relación a los reclamos judiciales de medicamentos.
Comisión de Salud Laboral 