Los políticos que en tiempo electoral recorren el país han escuchado un reclamo unánime: en los pueblos con menos cantidad de habitantes no hay quien se haga cargo de los pagos de jubilaciones y las cobranzas de impuestos o tarifas de los entes.
En su reciente visita al pueblo Tomás Gomensoro, varios vecinos pidieron al expresidente Tabaré Vázquez que hiciera lo posible para que se instalara una agencia de cobranza, y así no verse obligados a viajar 30 kilómetros hasta Bella Unión, para pagar los recibos de los servicios estatales.
El candidato se mostró sorprendido de que la empresa UTE ya no cobre las facturas en sus locales. Fuentes empresariales de las redes de cobranzas y pagos, que pidieron reserva, indicaron a El País que Vázquez mandó consultar a su asesores sobre las alternativas para solucionar el problema.
El fenómeno se repite en otras localidades y con otros candidatos; la gente también reclama un lugar en donde cobrar jubilaciones y pensiones.
Para los privados, pagar y cobrar en localidades pequeñas «no es rentable», por el costo de los implementos de seguridad que exige la normativa.
Un comerciante que pretenda instalar una sucursal de las agencias de cobros y pagos necesita contar con un local que posea blindaje, iluminación especial, alarmas, guardia armado y un sistema informático potente. A esto se agregan costos fijos altos relacionados al mantenimiento, seguros contra todo y gastos destinados a cubrir las remesas de dinero.
Se debe desembolsar entre US$ 20.000 y US$ 25.000 para cumplir con los requisitos de seguridad que exige el Ministerio del Interior, según una importante fuente empresarial.
«En un pueblo de 1.000 o 2.000 habitantes, el negocio de pagos y cobranzas en red puede dejar una ganancia de unos $ 5.000 por mes. Eso hace impracticable la apertura de nuevas sucursales en ese tipo de mercado», afirmó otro empresario del sector.
Los consultados entienden que de «mantenerse los actuales requisitos de seguridad», será «imposible» que los privados asuman la tarea en localidades pequeñas.
El asalto a la sucursal Pocitos del Correo, en agosto de 2013, donde hubo dos muertos, profundizó la paulatina retirada de cobradores y pagadores en los pueblos más pequeños. Desde ese entonces el Correo dejó de pagar y cobrar.
A esto se suma que en algunos lugares los pagadores del BPS se niegan a hacer su tarea por miedo a la delincuencia.
Adrián Peña, un caudillo colorado de Canelones aseguró a El País que un centenar de pasivos dejó de cobrar su jubilación en pueblo Tapia, porque los funcionarios alegaron sentirse inseguros al pagar en un club social de la localidad, sin ningún sistema de apoyo.
El BPS decidió dejar de enviar pagadores a esa localidad. Por tanto, los pasivos deben trasladarse 12 kilómetros a la vecina ciudad de San Jacinto, para hacerse de sus haberes.
En ese contexto, Peña ordenó a sus ediles, en la Junta de Canelones, que reclamen a la Intendencia un incremento de las frecuencias de ómnibus entre Tapia y San Jacinto.
En Paysandú, el BPS hace una gira de pagos por 37 localidades. En algunos pueblos se pagan menos de 10 recibos. La particularidad que tiene es que el pago lo hacen en un camión blindado de una empresa privada. Años atrás, el BPS hizo un llamado para todo el país y se presentó esa empresa para hacer los pagos en Paysandú.
Facturas.
En el pueblo Las Flores, en el departamento Rivera, los vecinos tienen que trasladarse a Minas de Corrales o hasta Ansina, localizada en el departamento de Tacuarembó, para pagar facturas o cobrar. En ambos casos recorren 45 kilómetros.
En Cerrillada, localidad ubicada frente al homónimo brasileño, los vecinos juntan los recibos y se los entregan «a la dueña del boliche. Cuando ésta va a Rivera, los paga», afirmó Sonia, una vecina del lugar.
Los pobladores de Achar, Curtina y Paso del Cerro, en Tacuarembó, también se sienten afectados con las medidas de seguridad implementadas desde el Correo uruguayo. A ello se suman decenas de pueblos rurales a los cuales llegó la electrificación rural pero no hay donde pagar su consumo.
La edil del Partido Nacional Greysi Araújo, elevó una nota a la Dirección Nacional de Correos para informar y reclamar por la situación de unos mil ciudadanos de Achar que no pueden abonar sus facturas en esa localidad.
«La resolución del Correo está generando un enorme perjuicio a esa población», explicó en la carta.
En Achar no hay bancos, solamente podían pagar en el Correo. «Los habitantes de nuestra localidad y zonas de influencia, a la hora de pagar los servicios deben desplazarse 50 kilómetros hacia la ciudad de San Gregorio de Polanco», explicó.
En tal sentido, Araújo confirmó que la comunidad espera que algún vecino viaje hacia alguna localidad para pedirle que efectúe el pago.
Para abonar la factura se debe esperar que algún vecino se dirija a Paso de los Toros (a 70 kilómetros), a San Gregorio (a 50 kilómetros) o a Tacuarembó (a 100 kilómetros).
La legisladora departamental de Tacuarembó agregó que «el Correo, como empresa de todos los uruguayos, debería rever la resolución y mantener los servicios que tenía».
En Salto, los habitantes de Villa Constitución y Belén, los de mayor población del departamento, se organizan trasladándose hasta la ciudad capital en ómnibus, llevando varias facturas para no generar recargos a las espera de las posibles gestiones que reconsideren el estado de cosas actual.
Villa Constitución dista a 50 kilómetros de Salto y tiene unos 2.600 habitantes. Ir y volver a la capital tiene un costo de pasaje de $ 160. Las expectativas son pocas en cuanto a que el Correo retome la función de recaudación. Hay algunas personas que se han vuelto pequeñas empresas para hacer la función de mensajeros. Cobran $ 100 pesos por factura, por el riesgo de trasladar caudales entre dos ciudades.
«Ya hubo gente que se quedó con el dinero de algún vecino, pero no se ha querido denunciar para no quedar mal», dijo un comerciante que niega a cumplir este «servicio».
Por otra parte, una firma de cobranzas ha intentado animar a dos o tres dueños de negocios de la Villa para que instalen ese servicio, pero sin éxito. Entre lo que tienen que invertir y la baja rentabilidad que les significaría, no les resulta atractivo.
Doña Nilsa, vecina de la zona de chacras, se lamenta de que ya no puede pagar más la factura de UTE en la Villa, y como muchos recurrió a una amiga para que la asistiera.
«No es bueno andar con plata ajena, pero a mí me dificulta subir al ómnibus y pagar $ 160 solo para ir por un recibo; entonces estoy abusando de una vecina para que me solucione el problema», dijo.
En Belén, los vecinos están muy preocupados. Los separan 90 kilómetros de Salto y un pasaje vale $ 240 para recorrer 180 kilómetros. El alcalde Gustavo Viera hizo oír su voz y transmitió la inquietud en torno al cese del servicio de cobranzas que brindaba el Correo Nacional. No ha recibido respuestas.
Producción: Luis Pérez (Salto); Patricia Mango (Canelones); Freddy Fernández Rivera y Artigas); José Esteves (Tacuarembó); Marco Rivero (Paysandú); Víctor Rodríguez (Durazno).
RECLAMOS INTERNOS SIN SOLUCIÓN
Néstor López Arezo, edil del Frente Amplio de Rivera, hace un año alertó sobre las dificultades que tendrían que enfrentar los pobladores de pequeñas localidades, donde UTE no cobra más. Días atrás, cuando la Mesa Política del FA recibió al director de UTE, Walter Gómez, el edil de izquierda volvió a la carga. En esta ocasión, sugirió que el ente energético, y los demás, «hagan un convenio con ANTEL, que permita cobrar las facturas a través de un 0900, y mediante una llamada del celular, los vecinos puedan pagar sus facturas». Sostuvo el edil que «en todos los boliches de campaña, se venden tarjetas».
El diputado por Durazno Martín Tierno, del Frente Amplio, pidió que las facturas de UTE vuelvan a cobrarse en la sucursal de Blanquillo y no en el local del Correo. Al hacer uso de la palabra en la Cámara de Representantes, el legislador dijo que había intentado reunirse con el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, pero sin embargo hasta el presente no recibió respuesta.
En marzo pasado, el diputado por Tacuarembó, Edgardo Rodríguez (FA), denunció que 700 contribuyentes de Achar no podían pagar sus facturas, por las medidas adoptadas en el Correo. El legislador mantuvo un contacto con la presidenta del Correo, Solange Moreira, quien dijo que se buscaría una solución que hasta el momento no llegó.
http://www.elpais.com.uy/
Comisión de Salud Laboral 
Comentarios recientes