La resolución de la Junta Departamental de Lavalleja que declaró al departamento libre de minería a cielo abierto y el referéndum que impulsa Tacuarembó alientan a quienes se oponen a Aratirí, pero su alcance legal es dudoso.
Por 19 votos a favor contra 10 en contra, la Junta Departamental de Lavalleja declaró toda el área rural departamental reserva ambiental, con lo que prohíbe las explotaciones de extracción a cielo abierto de cualquier metal. La moción cuenta con el apoyo de la jefa comunal Adriana Peña. La primera señal política clara contra el megaemprendimiento minero de Aratirí para la extracción de hierro – que también abarca a Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó y Durazno- fue recibida con alegría y «como un triunfo» por parte de los movimientos sociales que se oponen de plano al proyecto minero.
No obstante, hay serias dudas sobre la real capacidad de los gobiernos municipales para prohibir la actividad en sus departamentos ya que es regulada por la ley de Minería de Gran Porte aprobada recientemente.
El diputado Álvaro Delgado aventuró un «problema legal muy complejo» porque no queda claro si las directivas de ordenamiento territorial de cada departamento pueden imponerse sobre la ley y la normativa nacional. «Esto requiere de una interpretación jurídica muy compleja y no estamos en condiciones de determinar el verdadero alcance de los pronunciamientos municipales sobre el tema», indicó.
El constitucionalista Martín Risso dijo a El País que se requiere de un profundo estudio de las normativas municipales y nacionales para dar una opinión definitiva.
«La Constitución no habilita este tipo de decisiones de un gobierno departamental. Pero hay que revisar la ley de ordenamiento territorial y las leyes orgánicas municipales para dar una opinión. No hay competencia constitucional para hacer esto y debería haber una habilitación legal para que se tomen este tipo de decisiones a nivel municipal», dijo.
El catedrático en derecho civil, Juan Andrés Ramírez, también dijo a El País que es dudoso el alcance de las decisiones que toman las intendencias en este tema, y prefirió no dar una opinión concluyente. No obstante, recordó que la ley de Minería de Gran Porte, en su artículo 7mo. señala que la actividad solo puede realizarse en suelo categorizado como rural, lo cual es competencia única de los gobiernos municipales.
A nivel político prevalece el apoyo y la intendenta Peña parece ser la única con disposición a enfrentar la actividad minera en su departamento.
En Tacuarembó, la Comisión «Por la Vida y el Agua» espera que la Corte Electoral valide las más de 13.000 firmas presentadas para promover un referéndum que se pronuncie sobre la minería a cielo abierto en el departamento.
El jefe comunal de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, dijo a El País que esperará a que la Corte Electoral se pronuncie sobre las firmas presentadas para el referéndum, y que de promoverse el mismo aguardará su resultado para luego respetarlo y proceder en consecuencia. No obstante, señaló que hay que «estar abierto a escuchar» y aunque admitió que no maneja el tema minero, recordó que cuando se inició la forestación «hubo muy malos augurios y hoy es una actividad que ha ayudado mucho al crecimiento de Tacuarembó».
Ezquerra dijo que no tiene claro si la autonomía departamental le permite oponerse a la ley que regula la minería de gran porte, aunque señaló que de haber un pronunciamiento popular «habrá que hacer lo posible por cumplirlo».
La comisión presentó las firmas el pasado 27 de junio y reclama por «las demoras excesivas de la Corte que no le hacen bien a nuestro sistema republicano ya que perjudican la confianza en los organismos del Estado». La Corte se pronunciará sobre la validez de las firmas en las próximas horas, se confirmó a El País.
Sebastián Ríos, de la comisión de Tacuarembó, afirmó a El País que la resolución de Lavalleja «es un triunfo del movimiento a nivel nacional» y dijo que no descarta «un efecto contagio» en los ediles de su departamento que los lleve a seguir el mismo camino.
El intendente de Durazno, Benjamín Irazábal, dijo a El País que respetará la ley de minería y permitirá el emprendimiento en su departamento aunque se encargará de que cumpla con todas las garantías medioambientales necesarias.
«En Cerro Chato hay opiniones dividas sobre la minería pero este no es un partido de fútbol donde se puede hinchar por uno u otro bando. Estamos dentro de una explotación minera regulada por una ley que las empresas deben cumplir. Nosotros somos la policía territorial y vamos a hacer cumplir la ley», dijo. Por su parte, el jefe comunal de Rocha, Artigas Barrios, tampoco objetará el emprendimiento. Dijo a El País que esperará los informes de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sobre el mineroducto que atravesaría su departamento llevando el hierro producido por Aratirí al Océano Atlántico antes de hacer cualquier valoración sobre su conveniencia.
«Desde que existe el oleoducto de José Ignacio, por ejemplo, no hubo accidentes importantes. Supongo que se habrán tomado medidas de previsión para que fuera así. Esto es lo mismo, tengo mucha confianza en la Dinama», comentó Barrios. El intendente dijo también que no tiene noticias de ningún movimiento organizado contra la minería a cielo abierto en su departamento ni ha recibido planteos en ese sentido. «Hay gente preocupada por el puerto de aguas profundas», reconoció. No obstante, en el departamento hay grupos de vecinos de la cadena de balnearios oceánicos que ya anunciaron su presencia en la marcha contra la minería a cielo abierto que hoy se llevará a cabo en Montevideo.
En Treinta y Tres la Comisión en Defensa de la Tierra el Agua y los Recursos Naturales recabó más de 4 mil firmas que acompañaron un petitorio -no vinculante- para que se declare al departamento área protegida libre de megaminería metalífera a cielo abierto, tal como ocurrió en Lavalleja. El documento se entregó al Intendente Departamental, a la Junta y a los diputados del departamento.
El intendente Dardo Sánchez (PN) se ha manifestado en este tema alineado a la posición del gobierno nacional. En la Junta el petitorio ingresó a la Comisión de Asuntos Internos y Peticiones, desde donde se hicieron algunas consultas a organismos nacionales que entienden en el tema, para tener insumos y resolver.
Un video convenció a Peña
La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, opinaba hace un año, cuando estuvo en Zapicán y Batlle y Ordóñez, que la minería a cielo abierto podía ser una fuente importante de trabajo para la región. Sin embargo, la película «A tajo abierto», del uruguayo-canadiense Giani Converso, que documenta los perjuicios de la extracción de oro en Perú, la convenció para firmar las papeletas que recogieron el apoyo de más de 7.000 vecinos y obligaron a la Junta Departamental a analizar la moción -finalmente aprobada- para prohibir la minería en Lavalleja.
Las cifras
18
Millones de toneladas anuales de hierro se extraerán de la zona de Valentines.
3
Mil millones de dólares invertirá la india Zamin Ferrous en el proyecto minero.
http://www.elpais.com.uy
La Comisión de Población de Diputados aprobó ayer por unanimidad la extensión de la licencia por maternidad que se extenderá hasta 14 semanas. La presidenta de la comisión, diputada Berta Sanseverino, dijo que el proyecto que aprobará el martes el plenario “contempla un subsidio por maternidad que es para trabajadores y trabajadores del ámbito privado, aumentando de 12 semanas la licencia por maternidad a 14 semanas. Además amplía la cobertura a mujeres que nunca tuvieron estos beneficios; por ejemplo, una pequeña empresaria con un solo dependiente, que tenga una mercería o un kiosquito, va a tener derecho. También los monotributistas, las artesanas que pagan el monotributo”, expresó. Subrayó que también “habrá una ampliación de la licencia por paternidad, que será hasta 10 días, que es escalonada; primero van a tener tres días, luego cuatro y después 10 días de licencia que se le van a agregar a los tres días que ya tenía. Es decir, que van a tener 13 días continuos, esto a partir del año 2016. También hay un subsidio de lactancia o de cuidado de medio horario hasta los seis meses de edad del bebé, que tanto lo puede usufructuar la mamá como el papá. En principio está pensado para la mamá para que pueda usar ese medio horario”. Para Sanseverino, con la aprobación del proyecto se logra “algo fundamental, que es la igualdad de derecho para las mujeres trabajadores del sector privado con el público, porque los públicos ya tienen el medio horario de lactancia y puede tener ampliaciones de licencia”. Destacó la importante de incorporar a mujeres cooperativistas, monotributristas, “que van a tener esos derechos”. “Estamos ampliando la protección social a todas las trabajadoras. Son pasos que nos alegran mucho. Esta unanimidad la va a reflejar el plenario, ver cómo el Poder Ejecutivo y el Parlamento contribuyen al bienestar de las trabajadoras”. http://www.republica.com.uy
Comisión de Salud Laboral 
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