Violencia doméstica: diagnóstico de respuesta estatal

Este viernes fue presentado el Diagnóstico sobre las Respuestas del Estado ante la violencia contra las mujeres en Uruguay, realizado en el marco del Programa Integral de Lucha contra la Violencia de Género.

La actividad se desarrolló al inicio de la reunión ordinaria del Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica.
275838_1381510040_197414_1288992369_3

Este Consejo se formó en base a la ley de violencia doméstica que se creó en el año 2002. Está integrado por representantes del Mides, del Ministerio del Interior, del Poder Judicial, Anep, intendencias, entre otras instituciones.

El objetivo es generar un intercambio de información y brindar una atención integral, algo que todavía es un debe en nuestro país.

En esta conferencia se presentó un informe elaborado por un equipo de la Udelar, de la Facultad de Ciencias Sociales liderado por las investigadoras Carla Calce y Gabriela Pacci.

Este documento analizó información hasta junio de 2011 pero según las investigadoras las recomendaciones y resultados mantienen vigencia hasta hoy.

Se actualizaron cifras gracias a un trabajo interinstitucional y se indagó en cómo el Estado está respondiendo a la gran demanda de casos de violencia doméstica.

El 74,22% de los homicidios a mujeres en los últimos años fueron provocados por casos de violencia de género.

Las denuncias por violencia doméstica aumentaron a más del doble en los últimos seis años. Mientras que en el 2005 las denuncias anuales eran cinco mil, en  el 2011 fueron 11.600.

Canelones es el departamento que recibe más denuncias, seguido de Montevideo, Salto, Soriano y Florida que superan las 1000 denuncias por año.

Beatriz Ramírez, directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, líder del Consejo Nacional Consultivo, afirmó que si bien ha habido una mejora en cuanto a atención y servicios, hay un largo camino por recorrer, aun estamos lejos de la verdadera accesibilidad de las mujeres al sistema judicial y subrayó en dónde radica la centralidad de la violencia doméstica.

“Necesitamos un sistema de respuestas. Un sistema que pueda atender las respuestas no puntualmente sino de forma sistémica y que esto permita avanzar en eficacia y erradicar la violencia que es la meta última”.

Por su parte, el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Manuel de la Iglesia Caruncho, definió lo que significa la violencia de género y recalcó la importancia de cumplir con las convenciones y tratados internacionales que Uruguay ratificó.

“La violencia de género es un atentado contra los derechos de la mujeres y por tanto de los derechos humanos. Es por eso que no se puede consentir, un delito que debe ser perseguido y castigado y quien ejerce violencia de género es un delincuente. No es optativo es una obligación combatirlo”.

En España por ejemplo en el 2004 se aprobó la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, la ley distingue y se ocupa del maltrato en la pareja, las agresiones sexuales y el acoso en el medio laboral.

Además, establece que las acciones que se lleven a cabo hay que realizarlas de forma articulada entre los diferentes actores. Se destinó una suma de millones de euros para poder poner en marcha estrategias para la erradicación de la violencia.

Manuel de la Iglesia Caruncho puso como ejemplo que en España, pese a las diferencias y enfrentamientos entre partidos políticos, hay consenso en cuanto a la importancia de la violencia de género y explicó que es un tema prioritario para el Estado.

Sin embargo en Uruguay “aún no se ha podido colocar en la agenda pública como tema de seguridad”, según explicaron las investigadoras de la Udelar que definieron a la violencia doméstica como una grave pandemia social.

En el mismo sentido la licenciada Marisa Lindner, directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, integrante del Consejo Nacional Consultivo, afirmó que la violencia contra las mujeres pone en evidencia situaciones de desigualdad que atentan contra la democracia y la convivencia ciudadana.

“Hablar de violencia hacia las mujeres es hablar de desigualdad, que se construye y se basa en sistemas de creencias, mandatos sociales que aún son legitimados. Estamos en un proceso de reconocimiento muy reciente de que el sometimiento de unas a otros es algo que hace a la democracia, a la convivencia y a vivir sobre la base de construir vínculos de tolerancia e igualdad”.

La investigadora Gabriela Pacci puso énfasis en lo que tiene que ver con la rehabilitación del agresor.

“En cuanto a los varones agresores vemos que hay nuevas medidas y programas pero aun es incipiente. Es de vital importancia profundizar en esta línea porque entendemos que es la mitad de la población involucrada ene sta problemática. Es necesario que la cobertura se extienda”.

Actualmente hay muy pocas instituciones que se ocupan de esto. Uno de los pioneros ha sido el psicólogo Robert Parrado quien hace más de 20 años trabaja con grupos de agresores, y abordan conceptos de base como el significado de la masculinidad y los roles de género.

Este año además, mediante un llamado de la Intendencia de Montevideo, se creó un grupo de atención.

De acuerdo a las cifras más recientes, en 2012 cada diez días una mujer fue asesinada o su vida estuvo en riesgo por situaciones extremas de violencia familiar.

En lo que tiene que ver con la relación entre víctima y agresor, el 45% de los asesinatos que ocurrieron en el 2011 se dio entre parejas separadas.

Lea aquí el informe copleto sobre el diagnóstico.

http://www.espectador.com

A %d blogueros les gusta esto: