Archive for 5/09/13

Gobierno acordó proyecto que extiende la licencia por maternidad y establece el reintegro con medio horario


El Ministerio de Economía y el de Trabajo culminaron la redacción del proyecto y se disponen a enviarlo al Parlamento. La normativa extenderá a 14 semanas la licencia maternal, sumará 10 días de licencia paternal y otorga el beneficio del medio horario hasta los seis meses del niño.

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Para el envió al Parlamento del texto resta la firma de los demás ministros y del presidente José Mujica, hecho que ocurrirá en las próximas horas.

En la etapa de redacción se utilizó experiencias realizadas en otros países y se valoró los aportes de distintos colectivos que se preocuparon por las madres trabajadoras, como el Pit-Cnt y el Instituto de las Mujeres.

Actualmente en la actividad privada, la licencia por maternidad es de 12 semanas para la madre y 3 días para el padre.

Este proyecto extiende los beneficios, dado que establece 14 semanas de licencia maternal, 13 días de licencia para el padre y el medio horario laboral desde el fin de la licencia maternal hasta los seis meses del niño.

Estos derechos son extendidos para los trabajadores y trabajadores del sector privado, de empresas unipersonales y monotributistas.

Además, aquellos padres que figuran como deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos Personales no podrán utilizar los días de licencia paterna.

El costo de esta actualización de beneficios será cubierta con la actual recaudación de la seguridad social y no significará ningún aporte extra para ninguna de las partes.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
MDS

Mayores de edad serán donantes de órganos a partir de este mes salvo que expresen lo contrario


En setiembre entra en vigencia la Ley que establece que todos los uruguayos mayores de edad son donantes excepto que expresen lo contrario. Quienes no deseen trasplantar sus órganos deberán registrar su decisión en el Registro Nacional de Donantes.

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La nueva ley de donación y trasplante que fue aprobada en el 2012 y comienza a regir en setiembre de este año, permite a los uruguayos tomar una opción ante la decisión de donar o no sus órganos al fallecer.

A partir de los 18 años todos los individuos que no expresan su voluntad en contrario son donantes frente a la ley una vez que haya fallecido.

La directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, Inés Álvarez, explicó que desde que se aprobó esta ley se trabajó en brindar información y concientizar a la población sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para que puedan decidir libremente sobre el futuro de lo que definió “el envase de una persona una vez que deje de ser persona”.

“El principal cambio de esta legislación es que asume el silencio de las personas como una aceptación a la ley y por consecuencia, la aceptación de la donación de sus órganos”, agregó.

La nueva ley exige que aquella persona que no desee ser donante de órganos deberá dirigirse al Registro Nacional de Donantes, ubicado en el cuarto piso del Hospital de Clínicas, y manifestar su voluntad de no ser donante. Este registro funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.

En el caso de los menores de edad, el consentimiento será otorgado por sus representantes legales, siempre y cuando el fallecimiento de ese menor de edad no amerite una pericia forense.

La jerarca destacó que la voluntad de donar los órganos no implica que la persona efectivamente se transforme en donante, ya que es necesaria una muerte encefálica que permita que los órganos se mantengan oxigenados.

Esta condición representa solamente el 1 % de las muertes que se registran en el país, por lo que no todas las personas que se planteen ser donantes podrán llegar a serlo.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
Fuente: Secretaría de Comunicación de Presidencia.
GG

 

Nuevo proyecto permite a padres pedir internación de hijos adictos


NACIONAL – PARLAMENTO

El FA cambió texto del gobierno para internar de forma compulsiva

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La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) resolvió discutir un proyecto sustitutivo al del gobierno para establecer la posibilidad de internar de forma compulsiva a personas adictas. El nuevo texto fue redactado por el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Ernesto Agazzi, y permite a padres de hijos adictos ordenar la internación por parte del nuevo organismo público especializado, mientras la propuesta inicial del Poder Ejecutivo proponía aplicar el procedimiento de internación solo a quien fuera encontrado en vía pública, espacios públicos o privados no habitados. La nueva versión prevé la internación de quien presente un estado grave de “alteración psíquica”, producida por drogas, en un ámbito privado.

El proyecto de Agazzi comenzó a ser analizado por la comisión de Salud del Senado en la tarde de ayer. El lunes, los legisladores de la coalición de izquierdas decidieron analizar esa versión y dejar de lado por el momento el proyecto que regula el mercado de la marihuana, informó La Diaria.

El texto, al que accedió El Observador, difiere en varios aspectos con el original enviado por el gobierno, y que formó parte del paquete de medidas “Por la Vida y la Convivencia”. Ahora el FA plantea la creación de un consorcio público en la órbita de la Presidencia, integrado por Salud Pública, Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

“El que, en un ámbito privado, se presentare en estado de grave alteración psíquica, producida por sustancias estupefacientes, podrá ser trasladado a un centro asistencial, a requerimiento de la jefa o jefe de hogar, para lo cual se solicitará al personal del consorcio la conducción de la persona a los efectos de que sea evaluada y asistida sanitariamente si correspondiere”, dice el artículo 6º del proyecto redactado por Agazzi.

Para incluir también las situaciones con adictos en vía pública establece que el procedimiento establecido en la ley “sustituirá” al previsto en el Código Penal.

Así, los padres que conviven con sus hijos adictos y no ven salida posible al drama, mientras la situación genera violencia familiar, deterioro en las personas y en ocasiones delitos para conseguir droga, pueden pedir la internación.

El FA propone en la nueva redacción, además, agregar penas de faltas a las personas adictas que provoquen conductas por fuera de las “buenas costumbres”, como indica el artículo 361 del Código Penal. Cuando se proceda a la internación contra la voluntad de los adictos, de hecho, el equipo del consorcio encargado del caso deberá comunicar al juez de faltas de turno los datos del atendido.

El senador frenteamplista Luis Gallo (Asamblea Uruguay) informó a El Observador que la nueva redacción aportada por Agazzi intenta “dejar de lado el espíritu represivo para hacer el proyecto más sanitarista”. Gallo admitió que hay “discusión” sobre si aplicar o no delitos de faltas a quienes se encuentren en situaciones de “alteración psíquica” producto del consumo de drogas.

Según el procedimiento propuesto en la nueva ley redactada por Agazzi, el adicto es ingresado al centro asistencial respectivo de forma “inmediata” bajo la responsabilidad de los profesionales del nuevo consorcio público. Dentro de las seis horas de ingresada la persona al centro, el equipo técnico deberá elaborar un informe preliminar para evaluar la situación sanitaria del adicto y, con esos elementos, considerar la conveniencia o no de que permanezca en el centro médico. Será el juez quien decidirá, en base a los informes médicos, qué tipo de tratamiento y por cuánto tiempo deberá recibir el adicto. Si los médicos entienden que la persona debe quedar internada, tendrán que redactar dentro de las 24 horas de ingresado un nuevo informe para que el juez decida sobre el caso, dice el nuevo proyecto.

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Calle recordará una tragedia en Malvín


“11 DE AGOSTO”: EL DÍA DE 2010 EN QUE MURIERON 2 OBREROS

La calle Arrascaeta de Malvín pasará a denominarse “Pasaje 11 de Agosto”, en recuerdo del día de 2010 en el que murieron los obreros Ángel Soria (32) y Washington Ferreira (34), quienes pertenecían a la plantilla de la obra del complejo Diamantis Plaza.

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La solicitud fue realizada por el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) y aceptada por la Intendencia de Montevideo. La calle Arrascaeta fue inaugurada el año pasado y se encuentra sobre el tanque cisterna (que evita desbordes en la zona los días de lluvia) colocado bajo tierra por el Diamantis Plaza, como contraprestación por haber construido más de lo permitido en la zona.

Como informara El País, alta velocidad, señales no respetadas y adecuada iluminación fueron los factores que el juez penal Roberto Timbal tuvo en cuenta para procesar con prisión a la conductora I.S.G., de 53 años, que atropelló y mató a los dos obreros en el cruce de la avenida Rivera y Solano López.

En su fallo, el juez señala que los obreros estaban “vestidos con ropa de color naranja y cascos amarillos”. También apunta que “el lugar se encontraba iluminado por focos del alumbrado público”. Valiéndose de testimonios, Timbal estableció que el vehículo de la acusada “circulaba a velocidad excesiva”.

Asimismo, advirtió la existencia de un gran cartel blanco y naranja a la derecha de la calzada, que indicaba “gente en obra”, seguido de otro letrero indicativo y del encargado de la obra que, con chaleco reflectivo y casco, hacía señas para el desvío de vehículos mientras se recogía material de la calle. Este funcionario fue rozado por la conductora cuando eludió el cartel y volvió a la senda embistiendo a los dos trabajadores, según el auto de procesamiento.

PILETA DE SANEAMIENTO

El “Pasaje 11 de Agosto” se encuentra sobre una pileta artificial de saneamiento inaugurada el año pasado.

La obra se pensó para solucionar las inundaciones de la calle Asturias sin cambiar la estructura de la red que pasa por el lugar. Pese a su enorme tamaño, el funcionamiento del sistema es sencillo. Cuando la red de saneamiento colapsa por lluvias intensas, un sistema de válvulas libera parte del líquido hacia la pileta. Una vez que la lluvia se detiene, o disminuye en intensidad, el agua retoma su curso por el colector hacia el río.

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Falleció bajo una retroexcavadora


TRABAJABA EN OBRA DE SANEAMIENTO DE LA INTENDENCIA DE FLORES

Un obrero que trabajaba en la obra de saneamiento que se lleva a cabo en el barrio Peñarol de Trinidad falleció al quedar atrapado debajo de una máquina retroexcavadora que realizaba movimientos de tierra en el lugar.

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El fallecido, Juan Sánchez González, de 34 años, casado, con un hijo y su esposa embarazada, era operario de una empresa privada contratada por la Intendencia de Flores para realizar obras de saneamiento y cordón cuneta. La tarea se llevaba a cabo en la calle Washington Beltrán, a la altura de Pécora. En el lugar del accidente se encontraban ayer de tarde la jueza Karina Dennis y la fiscal Gabriela Rusiñol, trabajando junto con la Policía y Bomberos. Representantes del Sunca, (sindicato de la construcción) se hicieron presentes, pero debieron retirarse a pedido de la Justicia, informó La Voz Popular de Flores.

El Intendente de Flores, Armando Castaingdebat, resolvió, en señal de respeto y luto por la muerte del obrero, paralizar las obras en curso en todo el departamento durante toda la jornada de hoy.

El Sunca de Flores convocó para hoy a una marcha a la hora 9:00 en Gral. Flores entre Herrera y Ramírez, en Trinidad.

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Sistema de bicicletas en Ciudad Vieja en suspenso


INTENDENCIA DESCARTÓ 4 PROPUESTAS PRESENTADAS

Cuatro empresas se presentaron a la licitación para explotar un servicio de bicicletas públicas en la Ciudad Vieja, pero la Intendencia resolvió dejar sin efecto el llamado por entender que las ofertas no reúnen “los requisitos mínimos” del pliego.

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La Intendencia pretendía poner a prueba ocho “estaciones” en la Ciudad Vieja. Archivo El País.

La Intendencia pensaba tener en funcionamiento en primavera el “Sistema de Bicicletas Públicas para la Ciudad Vieja”, pero la idea fracasó en un primer intento.

La administración recibió ofertas de las firmas “Sertel Ltda.”, “Ingenia Soluciones Grupo Eléctricas Hermanos Campos”, “Indra Soluciones y Servicios Indracompany S.A.” y “Movus-CPS-Ingenium”, esta última “fuera de hora”. Pero la intendenta Ana Olivera resolvió dejar sin efecto el llamado, por entender que las propuestas “no reúnen los requisitos mínimos exigidos en el Pliego Particular de Condiciones” o presentaron “precios manifiestamente inconvenientes”.

Según informó tras el lanzamiento del llamado el coordinador general de la Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad de la Intendencia, Enrique Moreno, la idea es “tener un sistema automático donde haya estaciones de bicicletas con diseño especial con anclajes”.

El usuario, a través de una tarjeta de STM (Sistema de Transporte Metropolitano), o un teléfono celular, “podría desbloquear la bicicleta, sacarla y luego colocarla en otra estación o en la misma, finalizando su recorrido”.

La Intendencia pretendía que hubiera ocho estaciones en el casco histórico de la ciudad, distribuidas cada 300 metros, con 20 “anclajes”. Todo el sistema se compondría de 80 bicicletas, a un costo de entre US$ 500 y US$ 700 cada una.

La Intendencia solicitó a los oferentes encargarse durante 3 años del mantenimiento de las bicicletas, proveer las estaciones con el software necesario y montar la infraestructura apropiada para realizar el mantenimiento de los birrodados. Todo ello, a cambio de cobrar una parte de los alquileres. La comuna, en tanto, se encargaría de controlar el servicio.

 

“Este sistema tiene un patrocinador confirmado que es Ancap y estaría la posibilidad de otro patrocinador”, anunció el coordinador general de la Unidad Ejecutiva del Plan de Movilidad de la Intendencia.

La idea es que las bicicletas sirvan como medio de locomoción: “Lo estamos considerando como una posibilidad de transporte. Dentro de la Ciudad Vieja, en un lugar congestionado, puede ayudar, además de que puede ser usado por turistas”, afirmó Moreno, anticipando que “una empresa instalada en la Ciudad Vieja puede darle la posibilidad a sus empleados de que puedan usar las bicicletas para circular por el barrio”.

Iniciativas.

Varias iniciativas han partido desde la Junta Departamental para dotar a la capital de bicicletas públicas.

Hace algunos meses, el edil del Partido Nacional Juan Curbelo presentó un proyecto para crear un sistema de bicicletas públicas en Montevideo, similar a los que funcionan en París, Nueva York, Barcelona, Río de Janeiro y Buenos Aires.

Se trata de una tercera iniciativa de esta naturaleza, luego de las presentadas por la edila frenteamplista Maite López y por el legislador colorado Tulio Tartaglia.

Curbelo propuso que el usuario se registre en un sitio web de la empresa que ofrezca el servicio y que pueda pagar con una tarjeta de crédito.

Tartaglia, en tanto, sugirió un sistema gratuito, también con estaciones de “retiro y entrega”, al cual se podría acceder presentando la cédula, una factura de un servicio público a nombre del interesado (UTE, Antel u OSE), o una certificación policial de domicilio.

Por último, el proyecto de la edila Maite López (el primero que se presentó) proponía un “pago simbólico” por utilizar el servicio. “Podrán acceder aquellos que estén registrados con anterioridad y que posean un carné que los habilite a retirar el vehículo de la estación”, señala su iniciativa.

 

Prohibieron el fútbol en colegio de Garzón para evitar siniestros


LA IMM ACONSEJÓ HABILITAR ACCESOS QUE NO DEN AL CORREDOR

Mientras siguen corriendo los días del plazo que la IMM se autoimpuso para volver una obra viable al Corredor Garzón, en un colegio de Colón se desterraron los juegos con pelotas, para aumentar la seguridad.

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El punch ball es el nuevo juego instituido en un colegio de Colón. Foto: Agustín Martínez

En un centro educativo cuyo patio de recreo da al Corredor Garzón, ya no es posible jugar al fútbol, como se hacía hasta poco tiempo atrás.

En lugar del más popular de los deportes, y de otros que habitualmente se imponen en escuelas de todo Montevideo, como el vóleibol, los niños deben conformarse con un punch ball enganchado a un mástil.

La medida se adoptó en el Centro Integral de Educación Infantil habilitado N° 5, una institución laica, con más de 40 años de experiencia en la zona de Colón.

Este colegio funciona como una asociación civil sin fines de lucro que, a través de una comisión directiva elegida por los padres de los alumnos, realiza la gestión general.

Según dijo a El País la maestra-directora del CIEI, Ana María Machuca, se decidió suspender los juegos con pelota, en el patio abierto del colegio, como forma de prevenir accidentes.

La determinación de las autoridades del CIEI no se tomó a raíz de que los escolares saliesen de las instalaciones enrejadas cada vez que la pelota se iba a la calle. La directora Ana María Machuca también negó a El País que se hubiese decidido la medida de prohibir el fútbol debido a la producción de accidentes, que tuvieran como víctimas a niños del colegio.

En realidad, se buscó proteger a peatones solidarios que -dos por tres- corrían en busca de la pelota para devolverla, en muchas ocasiones distraidos y arriesgando así ser atropellados por los vehículos que transitan por el Corredor Garzón o lo atraviesan.

Más recaudos.

El punto final al fútbol se sumó a otras resoluciones que también se vinculan a evitar siniestros. Por ejemplo, la implementación de una salida alternativa de los alumnos, que no diese de frente a Garzón, algo también solicitado por la Intendencia capitalina..

Machuca afirmó que en el colegio que dirige ya el año pasado se previó y puso en práctica una puerta de ingreso y salida por la calle Casavalle, para de ese modo ir acostumbrando a niños y padres antes de que se inaugurase el millonario Corredor, el 8 de diciembre de 2012.

El CIEI se ubica en Avenida Garzón 1717, hacia la misma vereda que da el club Olimpia, es decir la opuesta a la de la Terminal Colón.

Este enclave del colegio llevó a que también se considerase destinar una funcionaria del colegio para acompañar a los escolares que se retiran solos y deben cruzar el Corredor en todo su ancho, puesto que toman los ómnibus en la Terminal.

Las charlas que técnicos de Tránsito de la Intendencia de Montevideo brindaron en el CIEI, como lo hicieron en otros colegios y escuelas públicas de la zona de influencia de la controvertida obra vial, sólo estuvieron dirigidas a los niños de 1° y 2° grado, un hecho curioso, ya objetado por ediles de la oposición en más de una oportunidad, teniendo en cuenta que son los más chicos quienes asisten a clase de la mano de algún adulto o jóvenes mayores.

Con única puerta.

A diferencia del Centro Integral de Educación Infantil, hay otras instituciones de enseñanza privadas o públicas que dan a Garzón pero no tienen chance de instrumentar una segunda puerta de ingreso y salida.

El colegio Coloraines, por ejemplo, es también privado y ofrece cursos hasta 5° año de Primaria, pero no está ubicado en un predio con dos frentes, y sus fondos, en vez de contar con salida a una calle, se dan de bruces con las vías del ferrocarril, las que pasan por detrás de la Plaza Vidiella y se extienden hacia la Terminal, como explicaron a El País, padres y abuelos de escolares a los que aguardaban ayer al fin del turno vespertino.

Otro de tantos colegios imposibilitados de proponer puertas alternativas a las que tienen sobre Garzón, es el San José (ubicado al 1867, cerca del cruce con la calle 19 de Junio). Está en medio de una cuadra, y a sus espaldas se hallan construidas las instalaciones de un liceo propio.

Sobre el Corredor Garzón se ubican once escuelas, otras ocho se encuentran en sus cercanías. Funcionan más de tres liceos, varios jardines y la Facultad de Agronomía. En total, la cantidad de centros de estudio de nivel primario y secundario supera la treintena.

La cifra

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es el número de escuelas que se ubican de frente al Corredor Garzón. Funcionan también más de tres liceos y hay varios jardines.

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Derecho a saber, y a saber qué hacer


ANÁLISIS

En nuestro país, los delitos sexuales, desde el atentado violento al pudor a la violación, son más comunes de lo que se cree. Detrás de cada una de esas historias, que solo a veces se transforman en noticia, encontraremos mucho miedo, dolor, sensaciones de indefensión e inesperadas repercusiones en las vidas afectadas, que probablemente nunca conoceremos. La información no siempre se divulga.

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Merece una reflexión aparte la actitud casi permanente de las autoridades de no informar a las comunidades involucradas cuando se cercioran de que están frente a un potencial violador serial que, por sus características, merece estar en el conocimiento de las potenciales victimas, por su propia seguridad.

Parece necesario que exista una estrategia comunicacional que hoy es inadecuada en esta materia. Uno se sorprende que ante la noticia de la existencia de ataques por parte de un violador, con un patrón de conducta similar en determinada zona geográfica, no se informe en tiempo y forma a la sociedad. Y que tampoco se divulgue cuál es la ruta que debe seguir una víctima luego de un episodio de esta índole.

Por eso, aquí van algunas pautas básicas:

Dar noticia a la familia apenas llegue al hogar.

Dar noticia a la policía y traslarse a un centro asistencial, o en su defecto requerir la presencia medica donde esté.

Se debe conservar, en una bolsa de nylon, toda la ropa que tenía puesta la víctima cuando ocurrió el hecho. Es fundamental para obtener evidencia.

Pueden existir indicios relevantes en el cuerpo de la víctima para identificar al agresor y deben ser recogidos profesionalmente por el medico. Por lo tanto, se recomienda no higienizarse hasta haber pasado por las revisiones necesarias.

En cualquier servicio médico ofrecerán la orientación y apoyo necesario. Los médicos deberán tomar las muestras que se requieran para proteger indicios, así como aquellas acciones que verificarán el estado de salud integral de la persona afectada.

Requerir apoyo psicológico especifico, para el probable tránsito en ámbitos judiciales.

*Psicólogo especializado en perfiles criminales; ex comisario de Policía

 

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Por mes se denuncian 25 casos de violación: casi una víctima por día


ADOLESCENTE ERA VIOLADA DURANTE SALIDAS TRANSITORIAS DE UN HOGAR DEL INAU

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En Uruguay se denuncian 25 violaciones por mes en promedio: casi una por día, y no todos los casos llegan a la Justicia. En el mes de agosto se reportaron varias historias dramáticas; la última se registró en el entorno de un hogar de acogida del INAU.

Desde hacía varios meses, el tío y el primo de una adolescente de 14 años que estaba en un hogar de acogida del INAU, iban a buscarla para salir los fines de semana. Nada hacía pensar que algo andaba mal.

Sin embargo, la joven comenzó a mostrar evidentes signos de que algo le ocurría. No dijo absolutamente nada a los funcionarios del hogar, pero intentó suicidarse.

Este hecho prendió las luces de alarma en el centro donde, al parecer, nadie había sospechado nada. Interrogada la chica, terminó confesando que su tío y su primo la violaban sistemáticamente, cada vez que la llevaban a su casa.

Este fin de semana, un juzgado de turno estudió la denuncia y el pedido de procesamiento del fiscal. “Hubo que extender el horario normal, porque el asunto era pavoroso”, relató un funcionario consultado por El País.

El primo de la adolescente, también menor de edad, fue recluido en el INAU, pero el tío aún no pudo ser detenido por la Policía.

Según fuentes judiciales, la chica está en situación de vulnerabilidad total ya que la madre estaba en el exterior y el padre la había abandonado debido a su adicción a las drogas.

El presidente del INAU, Javier Salsamendi, dijo a El País que no estaba en conocimiento de este caso en particular. “Tenemos montones de denuncias y nosotros mismos, permanentemente, denunciamos estas situaciones”, manifestó. No explicó si los controles que deben aplicar los hogares pueden fallar en estas situaciones.

El INAU tiene un protocolo establecido. “Lo primero es hacer la denuncia correspondiente y se realizan las pericias a la involucrada”, señaló Salsamendi. “Es fundamental generar algún grado de certidumbre y veracidad que nos permita manejarnos con seriedad”, agregó.

El País intentó conocer en qué hogar se había producido el episodio. Las fuentes judiciales consultadas dijeron que esa información no podía facilitarse, “para no invidivualizar los casos”.

En aumento.
Los delitos consumados de violación, consignados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en el primer semestre del año, indican que hubo 152 denuncias en 2013: una cifra ligeramente inferior en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, la tendencia anual es ascendente.

En todo 2012 se reportaron 257 denuncias de violaciones consumadas: un 16% más que en el año anterior.

Los casos que se constan en la actualidad parecen indicar que los delitos sexuales se están produciendo en un área más extensa, que no conoce límites ni restricciones.

Carrasco.
La joven de 17 años se había quedado sola el domingo 18 de agosto, en su casa de Carrasco Norte. La familia había ido a almorzar a la casa de la abuela, como cada domingo. Ella decidió que iba a ir más tarde.

Sobre las 13:00 horas, comenzó a escuchar ruidos en el interior de la casa. Tres delincuentes encapuchados, y al parecer drogados, habían ingresado por una ventana lateral.

La joven, asustada, pretendió esconderse, pero uno de los delincuentes la encontró en su cuarto. Mientras los otros dos buscaban qué robar -al final, no se llevaron nada- el tercer integrante de la banda la violó.

Cuando se marcharon los asaltantes, la joven llamó a su familia para comunicar lo que había pasado. Enseguida concurrieron a la Seccional 14a. para realizar la denuncia.

“La Policía tuvo muy poco tacto con un tema tan delicado”, señaló un familiar de la joven. En la comisaría le pidieron que un médico corroborara fehacientemente que había sido violada.

Esta historia motivó una carta de denuncia y rebeldía que se publicó en la sección Ecos, de El País, el pasado domingo.

El caso no fue aclarado hasta ahora. Como muchos que ocurren día a día.

No hay estadísticas que registren la cantidad de denuncias de delitos sexuales en relación con el número de procesados. De hecho, no hay estadísticas que discriminen la cifra de procesados por “violación” o por otros “delitos sexuales”.

Álvaro Garcé, Comisionado Parlamentario Penintenciario, dijo a El País que las personas en prisión por delitos sexuales son “el 6%” de los reclusos; esto es, “unos 600”. Precisó que “no todos están procesados por violación; también hay presos por atentado violento al pudor”.

En el centro.
Uno de los casos recientes más llamativos, que hasta ahora no ha sido aclarado, fue el de la joven de 24 años violada en la Plaza Matriz el pasado 1° de julio, a la salida de una discoteca. Dos indigentes, que solían pernoctar en la zona, fueron señalados por la víctima en una ronda de identificación; uno de ellos tenía una tatuaje en el brazo. La joven sufrió un ataque de pánico en la sede judicial y no pudo ratificar la identidad de los agresores, que fueron dejados en libertad.

El pasado sábado, otra joven que estaba sentada en la escalinata de la explanada de la Intendencia, denunció que pocos minutos después de las 9:00 de la mañana, cuatro individuos la rodearon. Uno de ellos estaba en silla de ruedas.

“No sabés las cosas que te vamos a hacer”, le decían. “Te vamos a violar entre todos”, repetían una y otra vez.

La joven logró zafar y concurrió a la Seccional 2a. para denunciar el hecho. Los cuatro individuos fueron encontrados y arrestados minutos después. Dijeron que estaban “en situación de calle”. Tres de ellos fueron procesados.

La cifra
152
violaciones consumadas fueron reportadas, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el primer semestre.

Casos recientes en el interior
-ARTIGAS: El pasado 15 de agosto El País informó que una pareja fue procesada por la violación de una niña de 9 años. El caso fue descubierto gracias a una denuncia realizada por vecinos del lugar. La pareja estaba compuesta dos hermanos, un hombre de 47 años y una mujer de 45, quienes eran los padres biológicos de la niña violada. La jueza de turno procesó al hombre porviolación y atentado violento al pudor, y a la mujer por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

-COSTA DE ORO: El día 10 de mayo, una joven de 15 años, de nacionalidad malaya, denunció haber sido violada por un individuo cuando iba rumbo al liceo, en El Pinar. La joven caminaba junto a su hermano, pero éste se dio cuenta que le faltaba un cuaderno. Lo fue a buscar, dejando a la joven sola. Ese momento fue aprovechado por el agresor para acercarse a ella y obligarla a acompañarlo hasta las dunas de El Pinar, donde la violó. Tras varios interrogatorios la Policía logró elaborar un identikit del violador (foto) que fue ampliamente publicado por los medios. Este tipo de ataques se repitieron en otras dos ocasiones. Dos mujeres fueron violadas en Salinas y Parque del Plata por un individuo que se ajustaba a la descripción dada por la menor. Desde la primera violación hasta la fecha, la Policía detuvo e interrogó a más de 20 personas, pero solo hizo muestras de ADN a uno de ellos que, según los investigadores, “era muy parecido al identikit”.

Sin embargo, no fue reconocido por las víctimas. Si bien en un principio se pensó que se trataba del mismo atacante, investigadores de la Policía señalaron que “son tres personas diferentes y en casos muy distintos”. El caso provocó alarma y conmoción en las localides de Canelones.

-TACUAREMBÓ: El 23 de agosto, una mujer de 85 años sufrió un ataque sexual por parte de un individuo que hasta ahora no fue identificado. “A mi mamá la violaron de todas las maneras y no pudo defenderse”, dijo Josefa Correa, hija de la víctima, que dialogo días después con El País. “Ella estaba durmiendo. Me dijo que sintió ruido, pensó que era un trueno pero habían roto la seguridad de la ventana. Cuando quiso darse cuenta ya tenía al tipo encima y ahí él le dijo lo que le iba a hacer”, agregó la mujer.

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Promulgan ley sobre acceso a trabajo para afrodescendientes


El Poder Ejecutivo promulgó la ley nº 19.122 que permite a la población afrodescendiente tener más posibilidades de acceso a puestos de trabajo en empresas públicas y privadas.
Esta ley permite establece que dicho sector de la población ha sido víctima de racismo, discriminación y estigmatización a lo largo de la historia, por lo que se propone establecer este nuevo método de integración.

Entre las acciones afirmativas se incluye destinar el 8% de los puestos de trabajo en los poderes del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatal.

Por su parte, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) determinará un cupo no menor al 8 % destinado a la población afrodescendiente, en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente.

Además, los sistemas de becas, apoyo estudiantil, fuentes de financiamiento para cooperación internacional, así como la beca Carlos Quijano, incorporarán cupos dentro de este mismo marco regulatorio.

La ley también incluye la incorporación el los programas de estudio de temáticas referentes al legado de dicha comunidad en nuestro país, así como sus diversas expresiones culturales, como el arte, filosofía, religión, costumbres, tradiciones y valores, así como también sobre su pasado de esclavitud.

Lea el texto de la ley aquí

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