Archive for 29 de diciembre de 2012

ESTE PUENTE TRAE COLA!!!


 

Vecinos expresan rechazo al puente sobre Laguna Garzón

Se reúnen con autoridades de la Dinama; expresaron que “existe apuro” para aprobarlo debido a “presiones políticas” desde “altos cargos” de gobierno

Autoridades de la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) y  alrededor de 80 vecinos de Maldonado se reúnen a esta hora en la Intendencia de ese departamento donde se debate  la construcción del puente sobre la Laguna Garzón.

El director de la Dinama, Jorge Rucks, explicó más temprano los pasos dados hasta el momento respecto al último proyecto elaborado por el arquitecto Rafael Viñoly y afirmó que la iniciativa “cumple” con los requerimientos solicitados por el organismo al  Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Mtop).

La obra es resistida por un grupo de lugareños y así lo hicieron sentir en el correr de la reunión con cuestionamientos que abarcaron desde aspectos técnicos hasta el “impacto” que entienden provocará en todo el entorno de la laguna. Algunos apuntaron contra las autoridades de la Dinama y expresaron que “existe apuro”  para aprobarlo debido a “presiones políticas” desde “altos cargos” de gobierno. Otros destacaron  que “no se han realizado los estudios de impacto ambiental” que se deberían hacer de forma previa.

el observador.

 

 

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Únicos e irrepetibles


Carolina de Pena, junto a su esposo e hijos.
Carolina de Pena, junto a su esposo e hijos. 

La búsqueda de la identidad y las trabas que enfrentan quienes fueron adoptados legal o ilegalmente.

La identidad atraviesa cada individuo, cada familia, cada historia y cada una de sus necesidades. Hablar de identidad y búsqueda de orígenes hace que espontáneamente surjan innumerables connotaciones que dan cuenta de un complejo engranaje difícil de simplificar. Un engranaje signado por tabúes y una añeja tradición de prácticas legitimadas social y legalmente, no siempre malintencionadas, que lentamente comienza a cambiar pero que dejó por el camino muchos estigmas e impedimentos para acceder a la verdad.

Muchos de los uruguayos que Macarena Gelman recibía por intermedio de Abuelas de Plaza de Mayo no encontraban respuesta sobre sus orígenes en el Banco de Sangre de Familiares de desaparecidos argentino. La intención de orientar cómo continuar la búsqueda quedaba determinada por un gran vacío. Se puso en contacto con las abogadas Diana González y Alicia Deus, de la organización Infancia, Adolescencia, Ciudadanía (Iaci), y juntas se ocuparon de prestar apoyo a algunos casos.

Esa experiencia las acercó a las dificultades que debían enfrentar las personas que fueron adoptadas legal o ilegalmente para acceder a la información sobre su origen y sobre su historia, con todos los temores inherentes. Y fue, además, la piedra fundamental del surgimiento de una Red de Origen e Identidad que ya se presentó en el Parlamento y en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y que semana a semana madura y se proyecta.

Hasta 2009, con las modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 18.590), la norma permitía que un niño o niña fuera integrado a una familia y después un juez ratificara la tenencia. Este procedimiento habilitaba a que, comúnmente, el órgano de control de adopciones del ahora Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) no interviniera y no se cumplieran todas las formalidades que deben garantizar los derechos del niño. También era habitual que, después de la intermediación de un tercero que facilitaba la inserción del niño en una pareja, ésta lo anotara como propio en la libreta.

Estas prácticas funcionaban sustentadas por la creencia de que es mejor ocultarle la verdad porque si la sabe, va a sufrir. Un resabio -quizás no superado del todo- de una ley de 1945, la 10.674, que en su momento supuso un avance al establecer la legitimación adoptiva. En su artículo sexto establecía que la tramitación debía ser “reservada en absoluto”. El juez actuante podía “denegar la exhibición, entrega o agregación del expediente, en trámite o archivado” y “cuando el menor fuese pupilo del Consejo del Niño, su ficha individual se destruirá conjuntamente con el expediente”. Además, esta norma preveía un castigo penal para el funcionario que violara la confidencialidad “sin perjuicio de la responsabilidad civil”.

Con esta cultura del secreto instalada, aun después de derogada esta norma, las instituciones y las personas que las sostienen nunca se ocuparon de preservar ni cuidar los archivos. Al recorrer el Registro Civil, el Archivo General de la Nación, los juzgados de Familia, las instituciones de salud, las maternidades y el INAU (que recientemente inició un Programa de Búsqueda de Orígenes, ver nota vinculada) las personas que buscan sus orígenes se encuentran con la desazón de que las bases de datos no fueron guardadas ordenadamente y no siempre los funcionarios tienen buena voluntad.

Los expedientes judiciales referidos a las adopciones suelen contener valoraciones peyorativas de las familias que no cuidaron de sus hijos, principalmente hacia las mujeres. “Lo dejó y no lo quiere”, “no vino más”, “madre abandónica” son algunas de las expresiones más frecuentes que destaca González. “Quizás esa mujer estaba a dos horas de ómnibus, no tenía para el boleto, estaba en una situación de violencia. Esa parte de la historia no está en los expedientes. Uno los lee y no son ciertos. La mayoría no son ciertos”, señala.

El mandato de la maternidad sigue teniendo un peso cultural enorme. La decisión de no ser madre no tiene cabida social, ya sea porque la mujer decidió abortar o porque decidió, obligada o no por las circunstancias, que otros se ocupen del cuidado de su hijo. “Hay muchos varones que entregan a sus hijos al cuidado de sus mamás o de sus propias madres y no se los juzga. El mandato de la maternidad es eso, es la mujer como un instrumento y quien no lo cumple queda fuera de la ciudadanía, no tiene derecho”, sostiene la abogada.

Cuando un niño es integrado en una familia en forma plena, jurídicamente -y no sólo- corta el vínculo con la familia biológica. El nuevo núcleo no aparece como “padrinos”, sino como padres y madres que “sustituyen” la familia anterior. “En esa lógica de sustitución, la historia del origen no está integrada al cotidiano de ese niño, lo que está integrado en todo caso es el hecho de ser adoptado”, indica González para explicar cómo de cierta manera subyace la concepción de los hijos como propiedad. Como si la familia de origen y la familia de destino no pudiesen coexistir.

En la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia aprobada en julio en la Cámara de Diputados y que actualmente está siendo estudiada y modificada por la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, se prevé la adopción “con efecto limitado”. Esta modalidad tiene lugar cuando el niño o el adolescente “mantuviera vínculos altamente significativos y favorables a su desarrollo integral con familiares del progenitor de quien se desvinculó o se considerare inconveniente o lesivo a sus derechos el desplazamiento de su estado civil de origen”.

Esta adopción con “efecto limitado” existió con anterioridad a la reforma de 2009 en la legislación uruguaya. Se denominaba adopción “simple” e implicaba, por ejemplo, la pérdida de los derechos sucesorios en su familia adoptiva. En la adopción con “efecto limitado” se considera que la persona continúa “perteneciendo” a su familia de origen y por esa razón conserva todos sus derechos y no tiene una adopción “plena” en su familia de destino. La adopción “plena” significa que el niño o adolescente ingresa “en calidad de hijo, con todos los derechos de tal, a una nueva familia”.

“¿Por qué no puede haber una familia de origen y otra de destino? Esta propuesta [la adopción con “efecto limitado”] es la reacción más explícita de esta pulseada de poder. Es bien grosero porque significa: ‘si tú quieres al menos un poco a alguien de tu familia de origen no eres de los nuestros’. Me parece que se juega con eso: no hemos podido salir de la lógica propietarista. El precio para ser adoptado es renunciar a tu historia y es un precio muy caro”, valoró González. Esta idea refleja, en cierta medida, por qué muchos padres adoptivos sienten rechazo, ofensa o traición cuando sus hijos quieren conocer sus orígenes y también por qué éstos comienzan su búsqueda cuando los padres que los criaron fallecen o se lo ocultan mientras viven. En 2007, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas observó al Estado uruguayo por la existencia de esta modalidad de adopción y le recomendó que apruebe una legislación que “suprima la práctica”.

La reforma de 2009 la suprimió y también estableció que el Estado, por medio de los equipos especializados del INAU, supervise “el cumplimiento del derecho al conocimiento de su origen e identidad” y oriente y apoye en ese proceso tanto a las personas adoptadas como a los adoptantes y a los integrantes de la familia de origen. Pese a este reconocimiento, señala la abogada, el derecho al conocimiento del origen sigue siendo vulnerado diariamente: “Una persona nace en un contexto y es criada en otro. Hay un desvínculo, una ruptura, y en esa ruptura hay un vacío, una parte de la historia que no tienen, a la que no pueden llegar”.

En construcción

La necesidad de organizarse fue inminente y a principios de 2012 Gelman y González comenzaron a contactar personas sensibilizadas con el tema para conformar una Red de Identidad y Búsqueda de Orígenes para visibilizar la problemática, profundizar y debatir en torno al derecho a la identidad y en la medida de sus capacidades facilitar y colaborar en el proceso con personas que encuentran trabas en ese camino. “No es una red de instituciones. Por ahora es una red de personas interesadas en la temática. Eso permite trabajar sin requerir posturas institucionales. La identidad es un tema que todavía está en discusión”, apunta González.

¿Por qué es una red sobre identidad y no sobre adopción? “El sentido de esta red no es el reclamo de derechos por ser adoptados sino el reclamo de derechos por ser personas que no conocen o no tienen todos los datos sobre su origen por ser adoptadas o por otras razones. Tenemos una historia muy larga del Estado vulnerando ese derecho y yo diría que continúa. Lo que queremos es ir generando las condiciones necesarias para facilitar el acceso en igualdad de condiciones, que el Estado, que está obligado a hacerlo, se comprometa con determinado plazo a ordenar en forma fidedigna y no discriminatoria toda esta información”.

La Red elabora una propuesta legislativa -con el fin de incluirla en la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia- que efectivice la sistematización de archivos en los organismos que intervienen en la adopción. En octubre, representantes de la Red se presentaron ante la comisión de Derechos Humanos de Diputados y en noviembre ante la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, donde se discuten dichas modificaciones.

La Ley 18.331 de Protección de Datos Personales vigente desde 2008 define que las personas tienen “derecho a obtener toda la información que sobre sí mismo se halle en bases de datos públicas o privadas”. Esta norma se complementa con la Ley de Acceso a la Información Pública que garantiza ese “derecho fundamental” y promueve la transparencia en los organismos públicos.

Si el origen está relacionado al derecho a conocer los datos personales, a que éstos estén ordenados y accesibles, y que además sean protegidos del público en general, entonces: ¿cuáles son los datos del hijo y cuáles son sólo de la mujer y de otros integrantes de la familia de origen? ¿Cuáles hacen a la historia del niño y cuáles son condicionantes que pudieron haber provocado la decisión de dar en adopción? ¿Estas condicionantes y la situación en que se tuvo al niño corresponden a la mujer o al hijo? ¿Qué información hace a la identidad? En definitiva, ¿qué es la identidad?

Todas estas interrogantes atravesaron varias de las reuniones de la Red, que cierra 2012 planificando actividades para 2013 que reúnan a actores nacionales e internacionales y visibilice la problemática. La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay, sostiene que la identidad abarca tres niveles: la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares. Este último punto, indica González, implica políticas de Estado para que eso pueda suceder. “La adopción es un fracaso de esas políticas”, afirma.

Y explica: “La adopción no siempre es una respuesta a la pérdida de un vínculo sino a la imposibilidad de cuidados de personas que sí están, que quizás hasta quieren criar pero no se lo permiten las condiciones. El Código de la Niñez y Adolescencia dice que ninguna persona puede sustraerse de sus padres por motivos económicos. Pero sabemos que se suman un montón de vulneraciones de derechos más: la violencia de la pobreza, otras violencias y otras violaciones de derechos. La mayoría de los niños que son integrados a familias adoptivas vienen de sectores muy excluidos socialmente en los que a la pobreza se suma la falta de vivienda, de una historia familiar propia. Son mujeres y varones que no han sido criados, son situaciones de explotación sexual, de mucho deterioro psicosocial”.

La identidad es un derecho y tiene definiciones legales. Pero cuando las personas, sus historias y sus búsquedas van entrando en escena, la letra se hace carne y es otra cosa. Relato a relato, entre subjetividades y las diferentes necesidades, la identidad se va construyendo.

Mochilas

A Carolina de Pena se le llenan los ojos de lágrimas cuando se le pregunta si alguna vez había pensado en la posibilidad de ser hija de desaparecidos. Porque a los que nacieron durante los años del terrorismo de Estado se les instala esta cargosa sospecha. Carolina nació en 1975 pero las pistas que logró obtener parecen indicar que los caminos son otros. Ella no quiere cambiar sus apellidos, quiere saber quiénes son sus padres biológicos porque eso “le cierra un capítulo”.

Pero para Elizabeth Varo el apellido es algo muy importante. Nació en Uruguay el 6 de setiembre de 1972 y vive en Argentina. Su peripecia se relaciona con el pasado reciente. Siempre supo quiénes son sus progenitores. Lleva el apellido materno, pero también quiere llevar el paterno porque eso será “reparador”. Eso le requiere llevar adelante un juicio de Familia en nuestro país, que tuvo una instancia en setiembre, cuando la diaria dialogó con ella, y tendrá la próxima instancia en febrero.

Cuando Elizabeth nació, su padre, Juan Ángel Cendán, se encontraba en la clandestinidad por su militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Por esa razón, su madre, Ana María Varo, la anotó en el Registro Civil con su apellido y una inscripción de “padre desconocido”. En enero de 1973, cuando Elizabeth tenía cuatro meses, la familia se exilia en Chile, donde meses después, el 12 de setiembre, Cendán es detenido junto con otros uruguayos y está desaparecido hasta hoy.

“No tengo un papel que certifique que soy su hija ni un papel que certifique que murió. En mis documentos en la parte de padre no hay nada. ¿Como si yo no tuviera un papá? Lo tengo. Su ADN está en mi sangre. Al principio ni siquiera tenía la certeza de que él me quería”, dice Elizabeth.

Como no tiene familiares paternos para hacerse un examen de ADN, tiene que demostrar con testigos que Cendán era su padre y que cuidó de ella. Estuvo en su nacimiento en el Hospital de Clínicas, la presentó a sus compañeros de militancia y vivió con ella en Uruguay y en Chile, hasta que lo desaparecieron. Elizabeth comenzó a pensar en obtener su apellido paterno cuando estaba embarazada de su hija, que hoy tiene 11 años.

Al saber la fecha de citación del juez dudó. “Dije ‘no quiero’. Lo charlé con mi hija y ella me dijo: ‘hacelo porque quiero el apellido de mi abuelo en mi documento’. Ahí me di cuenta de que también es parte de su identidad, son también sus orígenes, no sólo se remontan a uno”, relató. El 18 de setiembre, Elizabeth llegó desde Argentina para dar su testimonio ante un juez de Familia. “No voy a encontrar justicia. Pero hasta que no me den la sentencia positiva no va a ser reparador. Soy la hija de Juan Ángel Cendán Almada, pero no hay un papel que lo certifique. Lo quiero en mi partida de nacimiento y en mi documento. Ésa es la historia, inhumana, incomprensible”.

Delegó

El texto que está a continuación lo escribió, de puño y letra, una adolescente que se encontraba institucionalizada para ser apoyada en el maternaje. La fuente que otorgó a la diaria esta carta lo hizo entendiendo que su autora quiere que este mensaje, algún día, le llegue a su hija.

“Lunes, 30 de octubre
Educadora:
Me voy de casa porque, a pesar de todo lo que me has dado, no es lo que yo quiero. (nombre de la hija) me ata demasiado y mi vida la quiero sola. No me voy ni a los conventillos ni a los hogares, sino a buscar mi camino, pero sola. Tú sabes que amo a (nombre de hija) y sé todo el daño que le estoy haciendo, pero no quiero psiquiatras, ni médicos, ni llamados raros. Capaz que después de todo esto me odies y tenés toda la razón del mundo, pero yo quiero lo mejor para mi hija.
Me llevo la foto que nos sacó (nombre del educador) para no olvidarme nunca de que al menos hay un ser que lleva mi vida, mi sangre y a la que le di todo el amor que fui capaz. A (nombre de asistente social) le pido que no me busque porque no me va a encontrar nunca. Yo quiero que pongan a (nombre de hija) con la mejor familia, que le dará todo lo que yo no me siento capaz de darle.
Perdoname (nombre de educadora) por lo yegua que soy, porque lo que sigue va escrito con mi más carga de angustia. Te quiero, los quiero a todos y quiero que mi bebé tenga todo lo mejor del mundo. Sé que no la voy a volver a ver nunca más, pero hace tiempo que me preparé para esto porque sabía que iba a pasar. Quizás te llame para saber qué fue de (nombre de hija). Quien los quiere y que nunca olvidará todo lo que han hecho por mí.

PD: (Nombre de Hija) que seas muy feliz. Te amo”.

Frenos e impulsos

Una niña de ocho años que no había sido informada de su condición de hija adoptiva dibujó durante una consulta con psicólogos una jirafa con trompa de elefante. Los padres habían consultado por crónicos y severos trastornos del sueño. Otro niño de la misma edad estaba fascinado con Superman: “Es que viene de otro planeta; no es como todos los demás, es diferente, sus padres lo mandaron al planeta Tierra para que no muriera y acá lo adoptaron otros padres”.*

Carolina de Pena es docente, vive en Maldonado y tiene 37 años. Se enteró de que era adoptada a los seis años porque su mamá se lo contó. Nunca lo había sospechado. Sus padres la anotaron como propia en la partida, en la que consta que su madre tenía 39 años en 1975, cuando en realidad tenía 49. “¿No se les ocurrió fijarse en la cédula? Es una omisión del Estado”, apunta. Desde que supo, siempre tuvo “deseo de búsqueda”, pero mientras estuvieron vivos sus padres “había un freno”. “Vas para atrás y para adelante. Hay días que tenés ganas de buscar y días que no. Necesitás saber que hay alguien en la misma y apoyo. El apoyo yo lo tengo”, dice aludiendo a su esposo y a sus dos hijos, sus “tres luceros”, que la acompañan durante la entrevista en su casa en Maldonado.

Sus padres, a quienes les agradece la crianza, fallecieron durante su adolescencia. “Si sabían, no iban a abrir la boca. No me iban a dar datos”, asegura. Después, el freno fue otro. “Me parecía que si yo buscaba, era una tabla de salvación porque no tengo a mis padres. Como: ‘vamos a buscar estos otros’. Por eso decidí esperar, estar bien emocional y económicamente, para que no me vayan a achacar ningún interés”.

Cuando el momento llegó, habló con vecinos, con la empleada que trabajaba en su casa, con compañeros de trabajo de sus padres, con hijos de los compañeros de trabajo. “Todo el mundo sabía que era adoptada, es obvio por la diferencia de edad con mi madre. Pero nadie jamás me dijo absolutamente nada”, lamenta. En la búsqueda, sin embargo, dio con una persona de la que tiene la convicción y firmes elementos de sospechas de que sabe, pero no le dice. Además, el abogado y el médico que intervinieron en la adopción se resguardan en su secreto profesional.

Pidió ayuda en el Hospital Pereira Rossell, en el INAU e incluso en Familiares de Detenidos-Desaparecidos. “Siempre pensé en hacerme el ADN [se refiere al Banco de Sangre de desaparecidos] pero más bien pensando en un descarte. Puedo ser hija de una madre adolescente, de un engaño y así puedo seguir con una lista infinita”. En la recorrida por Montevideo, Carolina se contactó con las abogadas de Iaci en momentos en que la Red estaba surgiendo. Al principio fue a contar su experiencia. Luego le interesó la propuesta, la idea de colaborar y hoy es una de las referentes. “Capaz que para mí no encontré solución. Pero se me abrió un mundo, se me amplió el espectro. Hay personas desesperadas buscando y se les va la vida en eso”.

¿Y qué es la identidad para ti? “Te cierra un capítulo. Es algo que me está molestando. Pero no voy a dejar de ser Carolina de Pena. Capaz que después cambio de opinión. Tengo que agradecerles a mis padres por lo que soy, por lo que aprendí y por lo que puedo resolver…”. Se detiene a pensar, mira a su hija y completa: “Muchas cosas de Beatriz son muy parecidas a mí. Mi duda es qué punto de lo que soy hoy lo aprendí de mis padres, qué partes de mí vinieron así, de fábrica, por decirlo de alguna manera, y qué cosas no”.

El desvínculo

La adopción implica el entrecruzamiento de “carencias” que pueden resumirse en tres aspectos. En los padres biológicos, la imposibilidad de una mujer de criar a un niño gestado en su vientre y la de un hombre de responsabilizarse por haberla fecundado; en los padres adoptantes, la imposibilidad de una pareja de engendrar; en el niño o niña, la imposibilidad de crecer en su familia de origen.

Esta caracterización de la psicóloga Graciela Montano es parte del libro de Iniciativas Sanitarias Desvínculo-Adopción: una mirada integradora. Una puesta a punto orientada a fortalecer las prácticas profesionales, en el que participaron más de 35 profesionales, presentado el 22 de octubre en el Sindicato Médico del Uruguay. La idea nació hace unos cuatro años y surgió como una necesidad a partir de la aplicación de un modelo de atención que no está preparado y prácticamente no tiene respuestas para las mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción.

“Nos acercamos desde el sentido común y desde la experiencia clínica. Es una realidad: hay mujeres que tienen embarazos que no quieren y terminan desvinculándose. No es frecuente que recurran con ese motivo a la consulta, es un estigma que es muy fuerte. En nuestra cultura el único camino es ser madre. ¿Cómo puede presentarse a un médico y decírselo?”, afirman las psicólogas Ivana Leus y Silvia Avondet, coordinadoras de la publicación e integrantes de la Red. Por esa razón, lo frecuente es que las mujeres lo comuniquen en el momento del parto.

Desde 2006 existe un protocolo de intervención para “situaciones de desvínculo madre de origen-recién nacido en espera” pero que contempla esta circunstancia desde el momento del parto. Se debe dejar constancia en la historia clínica con todos los datos personales y contactos posibles de la familia de origen, no se debe realizar ningún juicio de valor ni debe haber presiones a la mujer, se debe indagar si quiere saber, ver y tener contacto con el recién nacido, con las reservas del caso.

La necesidad de una estrategia de intervención que contemple la escucha y el asesoramiento a las mujeres que manifiestan el deseo de desvincularse del recién nacido se hace más inminente cuando la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo exige que el equipo interdisciplinario plantee a las mujeres que tienen embarazos no deseados esa posibilidad. “El escenario cambia muchas veces. No son decisiones lineales. Por eso hay que tener apoyo y recursos para acompañar en ese camino y también después, porque dejan de ser pacientes”, señalan.

En este momento, explican, las mujeres sufren un “duelo” en el que deben procesar la decisión de hacerse cargo o no de su hijo y elaborar el desvínculo luego del pase en adopción en contextos en que hay otros hijos a su cargo y no cuentan con vínculos que operen como red de sostén. “Lo que recogemos de nuestra experiencia es que llega el año de nacimiento y lo tiene presente, también los años siguientes. Hay una convivencia permanente con eso. Este proceso debe encaminarse dentro del sistema de salud y con los pasos legales necesarios”, explican las especialistas.

Según el protocolo, la decisión de la mujer debe ser comunicada al director del establecimiento sanitario y al departamento de trabajo social o similar, cuyos responsables realizarán un informe técnico que deberá ser elevado al juzgado correspondiente. La resolución judicial se comunica al INAU. También prevé el accionar si la parturienta se “fuga” del centro de salud. “La madre de origen delega en la Institución y en el Estado, el cuidado de su hijo/a y el centro asistencial es responsable del bienestar del niño/a hasta que se expida la autoridad judicial”, reza el documento aprobado por la Administración de Servicios de Salud del Estado.

“Lo piensan como una opción para su hijo y para los otros hijos. Quiero que alguien dé lo que no puedo dar. Es delegar la maternidad, no es abandonar. Nadie busca un embarazo para darlo en adopción”, resaltan las psicólogas. La apuesta es comenzar a abrir espacios y que las mujeres en esta situación no queden por fuera del sistema de salud, del que hoy son expulsadas. “Como sociedad, no tenemos esto muy pensado. Lo ubicamos en el lugar de la exclusión, hay mayor vulnerabilidad y mayor riesgo de aceptar ayudas o compras de personas que buscan hijos”, explican.

Leus y Avondet subrayan la importancia de que las familias adoptivas puedan hablar con sus hijos de dónde vienen. Estos padres, comparan, también debieron procesar un duelo: la infertilidad. En la medida que puedan ir elaborando el “conflicto” en torno a su infecundidad, podrán sentirse habilitados en la función parental y transmitirles a sus hijos que ellos son sus verdaderos padres. En cambio, si continúa presente la idea de que el verdadero hijo es el de sangre, será más difícil pensarse con una identidad de padres adoptivos y aceptar la búsqueda de orígenes por parte de su hijo.

“Deben irse preparando para ser una familia adoptiva, es un proceso. Porque tal vez cuando crezcan no se parezcan a ellos, aparecen temores a que se los roben, no saben cómo ponerle límites porque ‘no es mi hijo’. Es una construcción en la que se debe asumir roles, que son los cimientos de esa integración”, señalan. Cuando la adopción se concreta por fuera de las vías institucionales se hace rápidamente porque “no pueden esperar” y porque se piensa que “la mayor garantía” es que no sepa nada uno del otro, ese niño queda “trasplantado” a una casa nueva, a un barrio nuevo, a una vida nueva. “¿Cómo pueden estar preparados esos padres para hablar de su origen?”, completan.

Los orígenes son parte de la identidad. “Si la mujer se encuentra en un sistema de salud que en lugar de integrarla, encuentra a alguien que le facilita una pareja frustrada que espera hace mucho tiempo un hijo, eso conduce a la pérdida de información y de cualquier posibilidad de conservarla. Esa información es parte de la historia y esta historia, que es parte de la identidad, queda trunca”.

* Los casos están tomados del libro 
Desvínculo-Adopción. Una mirada integradora, coordinado por Ivana Leus y Silvia Avondet, 2012.

“Mucho por hacer”


Los integrantes del grupo de Identidad y el integrante del Instituto de Derechos Humanos, durante la reunión que mantuvieron en el edificio anexo del Palacio Legislativo.
Los integrantes del grupo de Identidad y el integrante del Instituto de Derechos Humanos, durante la reunión que mantuvieron en el edificio anexo del Palacio Legislativo.

INAU prioriza necesidad de convenios interinstitucionales para abordar el desvínculo desde los centros de salud.

El Código de la Niñez y Adolescencia establece que el único organismo que puede seleccionar familias adoptivas es el INAU, mediante sus equipos especializados. Cualquier otro camino, incluso el judicial, es ilegal. Asimismo, la adopción debe ser una medida “excepcional”; el primer deber del Estado es salvaguardar el derecho del niño o niña a ser cuidado por sus progenitores o por otro referente de su familia de origen.

“Hubo años de ausencia de políticas. Las dificultades económicas y de vivienda no deben ser una variable a tener en cuenta para separar a los niños de sus familias. Lo que sucede es que cuando no existen los recursos internos para poder maternar o paternar, cuando no existen posibilidades de cuidar, ahí es donde el Estado no tiene las herramientas y se vuelve inviable que ese niño pueda retornar a su familia”, apunta Beatriz Scarone, directora del Departamento de Adopciones del INAU.

Otras familias deciden no cuidar. “Son los casos de delegación de la maternidad. Por lo general, las mujeres están solas y en situaciones complejas”, señala Scarone. El escenario de este proceso de decisión, cuando se canaliza por las vías institucionales, son los centros hospitalarios o de primera atención. Por esta razón, desde hace un mes, distintos actores de INAU, de los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Desarrollo Social, y de la organización Iniciativas Sanitarias analizan la creación de un espacio interinstitucional que aborde el desvínculo en el ámbito de la salud. “No para promover la adopción sino para que los equipos sepan qué hacer frente a una situación: acompañar, informar y sostener, ya que suelen ser situaciones desesperantes en las que se pueden tomar decisiones equivocadas”, fundamenta la jerarca.

Motor de búsqueda

Como un primer paso en esa dirección, recientemente el INAU inauguró el Programa de Búsqueda de los Orígenes para contener y asesorar a las personas adoptadas y a sus familias. En convenio con la Facultad de Bibliotecología de la Universidad de la República, rescató 3.800 historias de vida, algunas muy amplias y otras no. Scarone admite que es difícil subsanar la falta de información, consecuencia de tantos años de prácticas irregulares.

No obstante, afirmó que el Departamento de Adopciones está abocado a reordenar su archivo central, para lo cual pretende incorporar a la tarea a los operadores que intervienen en este proceso (Registro Civil, Identificación Civil, MSP, Poder Judicial). “No podemos ser un palo en la rueda, pero también hay que sensibilizar. Es bueno que exista una Red que reclame en ese sentido. Falta muchísimo, se precisa mucho por hacer para que las personas no tengan que salir a buscar por varios lugares. Porque el que busca sus orígenes los busca hoy”, enfatiza.

El INAU dispone de dos profesionales para atender a quienes demandan documentación, y en este marco evalúan en qué situación se encuentran los peticionantes porque la historia puede ser muy compleja o dura. Los alientan a que estén acompañados si lo desean, y antes de entregarles la información se cercioran de que las personas estén en condiciones de recibirla. “Siempre tenemos que ir despacio, los tiempos deben marcarlos las personas”, subraya Scarone. No son sólo adoptados los que demandan, también consultan madres que delegaron su maternidad en el corto plazo.

Tiempo al tiempo

“Los primeros tiempos que deben importar son los de los niños”, enfatiza Scarone. Una vez que el juez dispone la “condición de adoptabilidad”, el INAU cuenta con 45 días para que los niños de cero a dos años retornen a un medio familiar y con 90 para los de entre tres y siete. Hasta ahora, el Poder Judicial no tiene plazos y uno de los objetivos centrales de la nueva reforma del Código de la Niñez y Adolescencia es agilizar esos tiempos. “No puede pasar como pasa que haya que esperar un año y medio para obtener la condición de adoptabilidad”, ejemplifica Scarone.

Por parte del INAU, añade que es necesario continuar capacitando funcionarios a los efectos de que sean capaces de realizar una evaluación ágil sin que el niño pierda las garantías sobre las posibilidades de retorno a su familia de origen. “Esa situación debe ser detectada rápidamente” para transmitirla en forma profunda y detallada al juzgado, sostiene. ¿Cuándo entran en escena las familias de acogida? “Cuando son muy pequeños y se requiere un cuidado personalizado por temas de salud o se está trabajando con una familia de origen para revertir la situación que motivó el ingreso institucional. Las familias de acogida son una respuesta transitoria hasta que se dé respuesta a una situación”.

El INAU cuenta con un Registro Único de Aspirantes a la Adopción que sólo puede ser alterado de acuerdo con las necesidades de los niños. ¿Por qué si hay 85 familias prontas para adoptar hay casi 20 niños que no tienen respuesta? “Son familias que no sienten que tengan la capacidad, que no quieren o no pueden. También esas familias no quieren y no pueden, no sólo la de origen. Los procesos con adultos van a demorar de acuerdo a las posibilidades y capacidades que sientan que tienen para dar respuesta a los niños en condiciones de ser adoptados. Están esperando familias inscriptas en 2008 o 2009. Pero si una familia se presenta hoy y plantea una apertura importante -integrar un grupo de hermanos amplio, aceptar condiciones de salud complejas-, se le va a dar prioridad a su valoración evidentemente”.

Que acepten el origen distinto del niño es un gran paso, afirma Scarone. “El origen diferente de ese hijo como pareja o monoparental es fundamental para poder aceptarlo. No sólo tiene derecho sino que lo más seguro es que quiera saber su origen porque esto hace a su identidad. En el respeto por esa identidad está la capacidad de flexibilidad, de cuidado, de puesta de límites. De eso depende cómo la puedan manejar, cómo la puedan transmitir y cómo el niño la va a tomar y manejar”.

ALGO PARA CAMBIAR!!!


 

Montevideo: repite el 44% de liceales en primero

Repetición en primer año creció siete puntos en 2011

La repetición en primer año de los liceos públicos de Montevideo subió al 44% en 2011. Se trata de un incremento de algo más de siete puntos porcentuales frente a lo sucedido durante el año 2010 de acuerdo a la información manejada para la elaboración del Anuario Estadístico de Educación 2011.

En tanto, la repetición en los segundos años en los liceos de Montevideo trepó a 39,1% y a 41,8% en los terceros.

La información no aparece en el Anuario que se presentó ayer en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) pero fue suministrada a El País por la división Estadística de esa secretaría de Estado.

La repartición resolvió no incluir esos datos en el entendido que le faltaban las cifras correspondientes al Ciclo Básico de UTU, lo que a criterio de los jerarcas impedía hacer una comparación adecuada.

En el Anuario 2011 se consigna que el promedio de repetición en Educación Media de todo el país alcanzó al 29,6% subiendo algo más de 6,6 puntos porcentuales frente a 2010.

Es el nivel de repetición más alto que detectó el MEC desde que confecciona este tipo de estadísticas, hace 10 años.

En el anuario presentado ayer se destaca que los alumnos de Secundaria que se desvincularon del sistema pasaron del 4,1% al 3,4% entre 2010 y 2011. En tanto, la cantidad de estudiantes en 2011 llegó a 331.659, un 2,7% más que en 2008.

Los altos niveles de repetición y la deserción en Secundaria preocupan a la secretaría de Educación del MEC, afirmó el director de la repartición, Luis Garibaldi.

Al respecto, aseguró que el problema no es únicamente del sistema educativo ya que abarca a «toda la sociedad y las familias». «Que la totalidad de los adolescentes sigan estudiando deber ser una meta nacional», afirmó.

En Primaria se está explorando el desarrollo de ciclos educativos que garanticen la no repetición de los alumnos por dos años. «La repetición no es el camino que está resolviendo mejores aprendizajes», consignó Garibaldi. Agregó que será en ese segmento de la educación donde se deberán fijar las principales políticas educativas. Una de las alternativas que viene explorando el MEC es el desarrollo de tutorías y acompañamiento a los estudiantes.

SEPARACIÓN EN SUSPENSO POR CAMBIO EN ANEP

Garibaldi afirmó que aún no se ha logrado la separación de Educación Media en dos organismos, uno se encargaría de manejar el Ciclo Básico y el otro de Bachillerato. El jerarca aseguró que el punto está en la ley de Educación pero no se ha cumplido por los cambios de autoridades en la Administración Nacional de Educación (ANEP). En la presentación del Anuario no había representantes de ANEP ni de los otros organismos de la enseñanza.

El País Digital

 

 

 

UNA BUENA NOTICIA!!!


Hay menos muertes en accidentes pero el 60% tuvo atención tardía

Unasev. Maldonado es el departamento con mayor tasa de mortalidad

CARLOS CIPRIANI LÓPEZ

Este año hubo 84 fallecidos menos que en 2011 en accidentes de tránsito (baja de 14,6%). Sin embargo, el 60% de estas muertes de produjeron en el mismo lugar del siniestro debido a una atención médica tardía, según un informe oficial.

Se presentó al mediodía de ayer en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva el informe anual sobre siniestralidad vial elaborado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

Entre los datos más significativos, se anunció que el porcentaje de lesionados y fallecidos descendió respecto a 2011. Mientras en el pasado año hubo 27.827 heridos, en 2012 se registraron 26.906. En cuanto a las cifras de fallecidos, se bajó de 572 a 488, es decir un 14,6% menos.

Entre otros datos, se sostuvo que en rutas nacionales el descenso de la mortalidad llegó al 30%. A propósito de las edades de los fallecidos, el segmento más afectado fue el de los jóvenes de 15 a 29 años. El 80% de los motociclistas muertos tenía menos de 30 años. Entre los peatones fallecidos, el 60% eran mayor de 65 años.

CALLES Y RUTAS. Los accidentes en ciudades con fallecidos, el 55,7% de las víctimas viajaban en motos. En la lista de distribución de fallecidos, le siguen los peatones (23,6%), autos (9,5%) y bicicletas (6,1%). Los muertos a raíz de accidentes de ómnibus fue apenas de 0,3%.

En rutas, también quienes viajaban en motos encabezan la lista de fallecidos (39,1%). Le siguen los ocupantes de automóviles (29,2%) y camionetas (12,5%). En este caso es grande el descenso de peatones fallecidos, un 9,4%.

Los ciclistas muertos llegan al 6,8% (muy poco más que en la ciudad), y otra vez el menor porcentaje de muertos corresponde a colisiones o vuelcos de ómnibus (1,0%).

Un dato que el informe destaca tiene que ver con el lugar y el momento en que mueren los accidentados. El 60% pierde la vida en el propio sitio en donde se produce el accidente.

Y esto se debe por una respuesta inadecuada de asistencia médica, ya que hay muchas zonas del país no cubiertas por servicios de emergencia u otros complementarios, dijo Gerardo Barrios, presidente de Unasev, al presentar ayer el informe.

La tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en Uruguay es de 14.8 por cada 100.000 habitantes. Hay cinco departamentos con una tasa superior a 20: Maldonado (30.4), Lavalleja (25.5), Flores (24), Rocha (23.5) y San José (21.2).

En el otro extremo, Montevideo es el departamento con menor mortalidad por accidentes de tránsito: 9.2.

ALCOHOL EN SANGRE. La gráfica de resultados de las espirometrías efectuadas en 2012 presenta valores alentadores en un sentido, si se atiende sólo a los promedios: el 94% dio 0, un 1% osciló entre 0 y 0,3 g/l (gramos por litro de sangre) y el 5% marcó valores superiores a 0,3 g/l.

Sin embargo, al revisar los valores por cada día de la semana se observa que los sábados y domingos el consumo de alcohol de los conductores aumenta en forma progresiva: entre 8,5% y 13,2%.

Frente a esa realidad numérica, Barrios, a quien han definido como «el talibán de las espirometrías», dijo que en esta materia será imprescindible incrementar la fiscalización.

«En los últimos diez años es claro que la movilidad de los uruguayos se incrementó en forma exponencial y el parque automotor no ha dejado también de incrementarse», sostuvo Barrios.

Pero en cambio, se ha estabilizado la cantidad de lesionados desde 2009 «y se reafirmó en 2011, aunque estábamos en una situación dramática», agregó el presidente de Unasev.

El País Digital

SCJ: pulseras no podrán usarse en «muchísimos casos»


El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak dijo el hecho de que «la zona mínima de exclusión tecnológicamente viable» para la utilización de las pulseras electrónicas que permiten controlar que un hombre denunciado por violencia doméstica por su pareja no incumpla la orden de restricción, no puede ser superior a 800 metros, se «inhibe en muchísimos casos el uso del dispositivo».

«Esta distancia planteada en un círculo, determina que en ciudades del interior prácticamente no se puede utilizar porque una de las dos personas quedaría fuera del pueblo (…) Tampoco para parejas que viven en el mismo barrio (porque) la utilización del dispositivo supondría forzar a uno de ellos a mudarse porque las alarmas estarían permanentemente sonando», aseguró el magistrado en declaraciones a radio Carve.

Añadió que esto «limita mucho el campo de actuación» por lo que «inhibe la utilización del aparato» dado que, según explicaron desde el Ministerio del Interior, «no hay tiempo de respuesta efectivo si el cerco es menor a 800 metros».

 

Chediak explicó entonces que será necesario establecer un «doble cerco, el ordenado por el juez y el preventivo del Ministerio del Interior».

Aunque dijo que era «reticente» a dar fechas de inicio del sistema debido a que ha habido «varias postergaciones», el magistrado sostuvo que podría estar funcionando a comienzos de 2013, una vez finalizada la feria judicial.

A fines de noviembre se generó una polémica entre el ministerio del Interior y la Justicia . La cartera anunció que las pulseras habían llegado al país. A partir de esas información la jueza María Elena Emmenengger ordenó que se le colocará una pulsera a un hombre denunciado por violencia doméstica por su pareja para que no incumpla la orden de restricción que se le impuso por 120 días.

La Suprema Corte de Justicia entendió el episodio como una » falla en la comunicación » entre ambos organismos.

En tanto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, indicó que las tobilleras electrónicas «funcionan bien». Según publicó hoy El Espectador, Bonomi aseguró que después de que se presentaran fallas en el funcionamiento de las mismas, la empresa israelí que provee al país el sistema operativo, efectuó un segundo mecanismo de control para el caso de que el primero tenga errores.

El País Digital

 

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